Por:
Octavio Díaz García de León
El dinero que el gobierno de México
gasta cada año, es dinero que proviene de los impuestos recaudados, de
actividades productivas de empresas del Estado, de la prestación de servicios
que cobra el gobierno y de endeudamiento. Son recursos que todos los mexicanos entregamos al gobierno para que este cumpla
con sus fines, por lo que es de vital importancia que se explique con
claridad cómo se gasta, además de verificar que lo haga bien, es decir, con
honradez, eficacia y eficiencia.
En un extremo hay quien piensa que se
deben pagar los menos impuestos posibles y reducir al mínimo al gobierno. En el
otro extremo, hay quien piensa que las personas deben de entregar todo lo que ganan
al gobierno para que sea este el que determine como repartir nuestro dinero y
sostener un gran aparato gubernamental.
En
México ha prevalecido la tendencia a tener gobiernos excesivos que gastan mucho
y mal. Quizás en el sexenio de Fox hubo intención de
reducirlo, pero no se logró. El resto de los regímenes, desde la “Revolución”,
han impulsado la visión estatista y el gobierno “benefactor” tratando de dar todo
tipo de servicios “gratis” (Que no lo son ya que lo pagamos con nuestros
impuestos).
Hay varios problemas con tener gobiernos
grandes. En primer lugar, se ha
concentrado enorme poder en una muy pequeña clase gobernante que es la que
decide qué hacer con el dinero de los demás. En muchos casos en lugar de ayudar
al país, ha sido para beneficio de ellos mismos a través de la corrupción, para
aumentar su poder y para no perderlo.
En segundo lugar, el suponer que el gobierno va a administrar
mejor el dinero de todos los mexicanos, que los individuos que lo generan con
su trabajo. Allí tenemos el ejemplo
de PEMEX que pierde dinero cuando empresas petroleras de clase mundial son
sumamente rentables. La explicación no es complicada. Los altos funcionarios suelen
manejar sus responsabilidades desde un punto de vista político (Prebendas para
sindicatos, dádivas a clientelas, contratos a los amigos, etc.) y tienen pocos
incentivos para que sus instituciones sean eficaces y eficientes, además que,
en lo personal, tampoco lo tienen para ser honrados como lo ha demostrado la corrupción
que padecemos.
En tercer lugar, el suponer que los recursos públicos se van a usar en lo que se autoriza.
Leonardo Núñez González publicó un libro
muy didáctico que se llama “¿Y dónde
Quedó la Bolita? Presupuesto de egresos ficticio. Como el gobierno hace lo que
quiere con nuestro dinero”. Además
de ser una magnífica guía para que aprendamos a investigar cómo se gasta
nuestro dinero, nos invita a pedir más explicaciones sobre lo que ocurre con
nuestros impuestos.
Antes de pensar en poner más impuestos o
endeudar más al gobierno (Ya se alcanzó un 50% del PIB de deuda en este
sexenio, niveles que no se veían desde las crisis financieras de hace dos
décadas), se requiere que la sociedad pida cuentas sobre ese gasto.
El autor
del libro compara al Presupuesto de Egresos de la Federación con la Cuenta
Pública, que es donde aparece lo que realmente se gastó, lo que le hace
concluir que se trata de un presupuesto
ficticio. Lo gastado no se parece a lo que autorizó la Cámara de Diputados
(Nuestros representantes en este proceso) pero tampoco hay reclamos por estos
incumplimientos. Al grado de que hay nueve cuentas públicas que ni siquiera las
han dictaminado los diputados.
Así, el autor menciona, por ejemplo, que en los últimos 16 años el gobierno
federal gastó 4.1 billones de pesos más que lo autorizado por el Congreso.
Esta cifra es tan estratosférica que equivale al 20% del PIB (Aunque palidece
frente al tamaño de la deuda) o bien, si consideramos que el ingreso familiar
promedio de los mexicanos es de alrededor de 250,000 pesos al año, equivaldría al
trabajo de un año de 16 millones de familias, la mitad de las familias del país.
Todo este gasto excesivo, sin ninguna consecuencia.
Otro ejemplo del abuso que representa el
que se gaste con tanta discrecionalidad el dinero de todos es que, de acuerdo
con la Auditoría Superior de la Federación entre 2011 y 2015, en el estado de Veracruz simplemente desaparecieron
34 mil millones de pesos, aunque probablemente ya sabemos que fueron a
parar a manos del ex gobernador Duarte. En el caso de Aguascalientes “solo”
desparecieron 1,398 millones de pesos.
En lo que respecta al presupuesto del estado de Aguascalientes que en 2015 ascendió a 17 mil millones de pesos, podemos
observar que realmente se gastó 20 mil millones, esto es, un 18% más sin mayor
explicación (http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/informacion/inicio.aspx).
Finalmente, está el problema de la
corrupción. Entre más dinero disponga el gobierno para gastar, más riesgo de
que buena parte del mismo se pierda en corrupción y beneficie a unos cuantos
funcionarios y empresarios corruptos.
Es muy importante que antes de que el gobierno
gaste más de nuestro dinero y por lo tanto pida más impuestos o se endeude más,
se exijan explicaciones de que ocurre con lo que se gastan, exigir rendición de
cuentas con consecuencias para los funcionarios y que haya un eficaz combate a
la corrupción.
Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son
exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna
institución.
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