17 de septiembre de 2016

EL INAI EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN


Por: Octavio Díaz García de León

     Las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), propusieron que este estuviera formado por cuatro integrantes: la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  Sin embargo, la Ley que creó al SNA incluyó a otras dos instituciones: al Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y crea una nueva figura, el Comité de Participación Ciudadana, quien presidirá al SNA.

     Así quedaron integrados en la Comisión Coordinadora del SNA siete actores muy importantes en el combate a la corrupción a nivel federal, aunque se pudo haber incluido al INEGI, el cual genera estadísticas en materia de corrupción y podría ser la institución que en el futuro realice las mediciones de corrupción en el país para el SNA. Dada la complejidad de la coordinación de las 7 instancias, se contará con una Secretaría Ejecutiva que ayudará en la tarea de coordinar a todo el SNA.

     Desde la promulgación de la primera Ley de Transparencia, se dio la confusión de que la transparencia y el acceso a la información pública equivalían a combatir la corrupción; que bastaban por sí mismas para que la corrupción disminuyera. Los indicadores de medición de la corrupción han demostrado que no fue así. Esta confusión prevaleció a lo largo de 14 años, posponiéndose reformas que eran muy necesarias y atribuyéndole equivocadamente a la transparencia, capacidades de combatir la corrupción solo por el hecho de existir.

     La incorporación del INAI al SNA es de particular importancia porque se podrá hacer del acceso a la información pública una herramienta más vinculada al combate a la corrupción y el INAI tendrá oportunidad de ser más proactivo en esta materia. Para ello tendrá que enfrentar algunas dificultades que existen para ligar el derecho al acceso a la información pública con el combate a la corrupción, como, por ejemplo:

  •         Se ha hecho un gran esfuerzo para poner a disposición de la sociedad la información gubernamental, pero esto no ha sido acompañado del interés de la sociedad por consultarla con el objetivo de combatir la corrupción.
  •        No existen mecanismos para verificar que la información pública sea verídica. Recientemente el IMCO ha tenido problemas con la publicación de las 3de3 declaraciones de políticos destacados de quienes se duda que la información que proporcionaron sea cierta. Las declaraciones patrimoniales a las que están obligados a presentar los servidores públicos desde hace más de 20 años, rara vez se verifica su veracidad.  
  •      La información gubernamental es compleja. Aún para los que tienen años en el gobierno les resulta difícil interpretar los documentos gubernamentales.  
  •     Como los fiscalizadores saben, los funcionarios corruptos se cuidan mucho de cumplir con la normatividad y aparentar que todo está apegado a la Ley. La simple revisión de los documentos que se generan al interior del gobierno no basta para descubrir actos de corrupción.


¿Qué podrían hacer el INAI y los otros órganos garantes de la transparencia para apoyar el combate a la corrupción?

  •  Pasar de un papel pasivo - que solo garantiza el acceso a la información -  a uno proactivo propiciando investigaciones que revelen posibles actos de corrupción.  
  • Validar que la información gubernamental presentada, tanto mediante las obligaciones de transparencia como la información entregada a los solicitantes, sea correcta.
  • Promover el programa de “Lenguaje Claro” para que en los documentos gubernamentales se utilice un lenguaje accesible al ciudadano.
  • Impulsar la creación de portales de trasparencia especializados y didácticos tales como el de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
  • Destacar y publicitar solicitudes de acceso a la información que pueden ser de interés general por su relevancia e interés en el combate a la corrupción. Por ejemplo, publicar mensualmente las 10 solicitudes de acceso a la información más relevantes para el combate a la corrupción.
  •  Propiciar la formación de ONG con capacidad técnica para identificar actos de corrupción a partir de la información pública e involucrar a instituciones académicas con el mismo propósito.
  • Actuar como canal para recibir denuncias ciudadanas derivadas de solicitudes de acceso a la información que hagan sospechar de actos de corrupción y canalizarlas a las autoridades competentes.
  • Participar en el tercer plan de acción de Gobierno Abierto 2016-2018 con los poderes legislativo y judicial a fin de lograr que los datos abiertos se conviertan en información útil para el combate a la corrupción y otros propósitos. Esto mediante la utilización de bases de datos multidimensionales y georreferenciadas con acceso gratuito y amplia interoperabilidad. 

    Qué bueno que el INAI sea parte del SNA y por tratarse de un órgano con gobierno colegiado, deberá cuidar el llevar ante el SNA una postura institucional consensuada entre sus comisionados y no solo el punto de vista de la presidente. El INAI tendrá la responsabilidad de ser una institución más proactiva en el combate a la corrupción para que mediante el acceso a la información pública gubernamental, la sociedad pueda también descubrir y denunciar actos de corrupción. También podrá identificar a través de los recursos de revisión, aquellos casos que provean indicios de que se realizaron actos de corrupción y canalizarlos al SNA para ser investigados. Esperemos que ahora sí la transparencia juegue un papel relevante para disminuir la corrupción.

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