Están
ya por discutirse en el Congreso importantes reformas al sector de energía de
nuestro país. Las más controvertidas son aquellas que proponen romper el
monopolio de PEMEX en la exploración, explotación, distribución y refinación de
hidrocarburos. Desafortunadamente una parte importante de la opinión pública nacional piensa que sólo
el Estado debe realizar estas tareas. Quienes se oponen a que la inversión
privada juegue un papel relevante en estas actividades productivas argumentan,
entre otras cosas, que se afectaría la
soberanía nacional al permitirlo. En pleno siglo XXI pensar que las inversiones
privadas especialmente las extranjeras, pondrían riesgo la soberanía nacional es falso y anacrónico. México tiene instituciones fuertes
para subordinar los intereses de las empresas extranjeras a los intereses de la
nación. Los argumentos contra la participación de capital privado en este
sector son más de carácter ideológico que sustentados en la realidad y se han venido
manejando por décadas desde la estatización de la industria petrolera hasta
nuestros días.
El
18 marzo de 1938 un movimiento de huelga mal atendido por las empresas
extranjeras que tenían la concesión para extraer, procesar y distribuir el
petróleo precipita la decisión del Presidente Cárdenas de nacionalizar o
estatizar a la industria petrolera. La decisión en aquél momento tuvo un gran
apoyo popular; se veía como una muestra
de que los mexicanos no necesitaban de los extranjeros para explotar las
riquezas naturales de la nación y que así los beneficios derivados de esa
explotación llegarían en mayor cantidad y verdaderamente a todos los mexicanos.
La realidad ha sido otra.
Los
beneficiarios de la nacionalización de la industria petrolera no fueron todos
los mexicanos. Sólo algunos. He aquí una lista no exhaustiva:
1. Los
trabajadores de PEMEX,
especialmente los sindicalizados. Las prestaciones, prebendas y sueldos de que
gozan los trabajadores es muy superior a la de otras industrias privadas o
públicas en México. Esto le ha restado competitividad y eficiencia a la
empresa.
2. La
dirigencia sindical.
El hecho de poder manejar discrecionalmente y sin rendir cuentas miles de
millones de pesos del sindicato, ha beneficiado por décadas a una élite de
dirigentes. Para muestra bastan las revelaciones en la prensa acerca del patrimonio del actual líder petrolero
y de sus hijos.
3. Los
contratistas y proveedores con privilegios. A pesar de las medidas para evitar la asignación de
contratos basados en favoritismos, empresarios corruptos y sus cómplices dentro de PEMEX han sabido manipular
la Ley de Adquisiciones y otros mecanismos de tranhsparencia para continuar
añejas prácticas de corrupción.
4. El
Congreso. Se ha pospuesto por décadas una reforma fiscal ya que siempre fue
más fácil obtener recursos de PEMEX que proponer leyes fiscales responsables
que proporcionaran los ingresos que el país requiere y que implican aumentar
impuestos. Hoy en día PEMEX proporciona el
32% de los ingresos del gobierno, proporción que
no ha variado mucho en los últimos años. Por otra parte la recaudación de
impuestos, excluyendo los provenientes del petróleo representan alrededor del
14% del PIB. Aún si sumamos los ingresos derivados del petróleo, ponen a México
como el país de la OCDE con más baja recaudación y por debajo del promedio para Latinoamérica.
Además los diputados han aprovechado ingresos provenientes de PEMEX para
asignar recursos del presupuesto de
egresos para favorecer proyectos clientelares.
5. Gobiernos
que gastaron en exceso.
En la década de los setenta los gobiernos en turno gastaron en exceso.
Especialmente en el sexenio de López Portillo cuando los hallazgos de petróleo
dispararon el gasto público apoyados en esos descubrimientos. Dicho gasto no se
reflejó en inversiones productivas y en su mayor parte se fue a gasto corriente.
Estos excesos se pagaron penosamente en la crisis permanente que vivió nuestro
país en la década de los ochenta cuando
cayeron los precios ´mundiales del petróleo.
El
beneficio para la mayoría de los mexicanos proveniente de los ingresos
generados por el petróleo ha sido muy
escaso y ha provocado que PEMEX sea una de las empresas más ineficientes del
mundo y sin capacidad para realizar las inversiones que requiere para ponerla a
la vanguardia. De permitirse la inversión privada – nacional y extranjera- esto dispararía las entradas de capital a
México. El Instituto Mexicano de la
Competitividad estima que de darse la apertura para invertir en explotación de
petróleo, la inversión extranjera en
2030 podría alcanzar 67,400 millones de dólares por encima de los que habría
(20,283 MDD) sin la apertura. Impactaría en un crecimiento adicional del PIB de
1.7% y se crearían más de 300,000 empleos adicionales. Estos sí son beneficios
tangibles para el país.
Para
lograr atraer esta inversión extranjera se requieren reformas de fondo que
incluyen el modificar a la Constitución.
Estas reformas deben prever que PEMEX deje de tener el monopolio en petroquímica
básica, la refinación y distribución de
combustibles. Con ello PEMEX deberá dejar de operar en aquellos rubros que no
es competitivo tales como en refinación de gasolinas y permitir que empresas
más eficientes lo hagan. Asimismo el permitir que la iniciativa privada
participe en la exploración y explotación del petróleo y gas permitirá explotar
reservas de hidrocarburos de difícil acceso y que requieren inversiones que ni
Pemex ni el estado mexicano pueden realizar. La riqueza petrolera está allí.
Sólo hace falta visión y voluntad para que liberar esa riqueza y convertir a
México de nuevo en una potencia petrolera.
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