PUEDE SER XÓCHITL

 

 

Por: Octavio Díaz García de León

     Los precandidatos a la presidencia por parte de Morena están en plena campaña desde hace muchos meses, mientras la oposición sigue sin tener a un candidato viable. Han surgido algunas propuestas provenientes de las burocracias partidistas, pero son candidaturas que no encantan a nadie.

    Sin embargo, un nuevo entusiasmo ha surgido desde que Xóchitl Gálvez fue a tocar las puertas de Palacio Nacional y ante la negativa de abrirlas, a pesar de existir un mandato judicial, se vio que ella podría ser quien, con su persistencia y valentía, pudiera sacar a Morena de Palacio Nacional.

   ¿Tiene Xóchitl posibilidades de ganar la presidencia? Probablemente sí. Considerando que los precandidatos de Morena no tienen el carisma ni el arrastre que el presidente López Obrador, estos se pueden desdibujar en una campaña competida.

   Los dos precandidatos de Morena más destacados, ambos descendientes de inmigrantes, Ebrard y Sheinbaum no son candidatos atractivos. De no ser por la aplanadora que impulsa a Sheinbaum desde Palacio Nacional junto con los enormes recursos desviados de la Ciudad de México y, en el caso de Ebrard, por sus propios medios económicos, que no son pocos por lo visto,  por sí mismos tendrían pocas posibilidades de triunfar en la contienda presidencial.

   Ebrard proviene del PRI y militó en diferentes partidos;  apenas recientemente se unió a Morena. Prefirió ceder sus logros políticos al ahora presidente y eso le costó, por poco, quedar fuera del gabinete de López Obrador. Una decisión de última hora lo colocó en una secretaría que fue una congeladora para sus aspiraciones presidenciales. Es un buen tecnócrata y en ocasiones buen político, pero no tiene arrastre con la gente.

    Sheinbaum, también tecnócrata y que se ha hecho al amparo de López Obrador pues no tiene brillo propio, proviene de una izquierda hoy difunta. No sabemos cuál es su ideología o proyecto, pues, a través de su discurso sicofante solo adula al presidente.  Sin carisma alguno, no conecta con las masas, a pesar de todos los recursos que le han metido a su candidatura. Creo que López Obrador ya decidió que sea Sheinbaum su candidata, así que Morena solo servirá para ratificar esa decisión.   

    En cuanto a las alternativas de la oposición, hay una larga fila de aspirantes, pero con pocas posibilidades. Del PRI no se ven prospectos viables y menos ahora con la implosión de su más importante reducto: el Estado de México.  De La Madrid,  colgado de un apellido que ya no dice mucho, tampoco trae un discurso que conecte con las masas. Beatriz Paredes,  ya tuvo mejores tiempos en la burocracia priista.  Alejandro Moreno, salpicado de corrupción por su gestión en Campeche y con dudas sobre sus lealtades, no se ve viable.

    Del PAN, que ha perdido su mística y su compromiso con sus principios,  manejado de una manera caciquil por una cúpula que solo ve por sus intereses, surge un Santiago Creel que no conecta con el pueblo y debería entender que ya pasó su oportunidad hace tiempo, o una vociferante Lilly Téllez que su única bandera es hablar mal del presidente López Obrador.

    El PAN podría proponer un par de gobernadores que han hecho un buen papel, tales como Mauricio Kuri en Querétaro y Mauricio Vila en Yucatán. Lo malo es que ambos están alejados de los reflectores nacionales y difícilmente podrían ganar una elección presidencial. Por su parte, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano se ven con posibilidades de tener un candidato competitivo. Ni hablar de los partidos satélites de Morena que solo se manejan como negocio: el PVEM y el PT.

    Por todo lo anterior,  la figura de Xóchitl Gálvez para encabezar a la oposición es muy atractiva. Especialmente porque no milita en ningún partido y sería una excelente candidata ciudadana.  La hoy senadora ha defendido las mejores causas desde el Senado, ha mantenido una disputa valiente contra el presidente y tiene carisma porque se sabe comunicar en el mismo lenguaje del pueblo, del cual proviene.

    Xóchitl es una persona que surgió desde los niveles más humildes y desventajosos y que a base de gran esfuerzo supo destacar como universitaria, empresaria,   funcionaria pública y política.  En toda su trayectoria no hay actos de corrupción que se le atribuyan y ha mostrado una gran labor en favor de los más desfavorecidos tanto desde el ámbito privado, con su propio dinero,  como desde el público.

   Xóchitl puede ser una candidata presidencial multifacética que podría convencer a las clientelas de Morena, a la clase media y a los empresarios.  Si los partidos de oposición de verdad quieren ganar la elección presidencial, bien harían en considerar a Xóchitl como la candidata que pueda vencer al oficialismo. México está esperanzado en que el próximo presidente sepa gobernar, no sea corrupto y tenga intención de llevarnos a un desarrollo sostenido en lugar de regresarnos al pasado y esa candidata puede ser Xóchitl Gálvez.  

 

EL PODER DE LA PALABRA

 

                                                                         Por: Octavio Díaz García de León

     Los avances en la inteligencia artificial y su capacidad para generar textos han generado temor recientemente. Este miedo  se debe a que el lenguaje no solo sirve para comunicar información, sino que sirve para mover voluntades, despertar pasiones, transformar conciencias y expresar y transmitir emociones. La preocupación de que esta capacidad artificial se use de manera inadecuada es muy válida.  

    En la tradición humanista se ha recogido la idea de que el hombre es el centro del universo, la razón es el centro del hombre y la palabra se encuentra en el centro de la razón. La palabra es un medio especial para manifestar lo que la razón dicta. El cómo se use la razón es otro tema, pues puede usarse con malas intenciones como veremos más adelante.

    Pero lo asombroso es el poder que ejerce la palabra en los seres humanos. La palabra a través de sus diferentes formas y formatos es una de las principales herramientas con que cuentan políticos, sacerdotes de cualquier religión, mercadólogos, abogados, filósofos, literatos, comunicadores, etc.  A través de ella   son capaces de mover a las masas hacia la acción política, legal o religiosa, o bien, para el consumo y el entretenimiento.

    Sería bueno que se usaran los discursos para convencer, mediante el uso de la razón. Pero no ha ocurrido así. Apelar al buen juicio se vuelve un ejercicio inútil, cuando la audiencia a la que van dirigidos acepta sin pensar aquello que les dicen políticos, sacerdotes, mercadólogos e informadores.

    Existe una clase especialmente dañina de políticos, los demagogos, a los cuales Chat GPT, que también se puede usar para bien, describe de la siguiente forma:

 "Explotan las emociones, los prejuicios y los temores de la gente para obtener beneficios personales o políticos. Utilizan estrategias de comunicación que apelan a las emociones y los instintos de las masas en lugar de presentar argumentos racionales basados en evidencias. Suelen utilizar discursos incendiarios, simplificar problemas complejos, demonizar a grupos opositores y prometer soluciones rápidas y sencillas a problemas complejos. Se aprovechan de las frustraciones y descontento de la población en situaciones de crisis, desigualdad o polarización. Su objetivo principal es mantener o aumentar su propio poder y mantenerse en el centro de atención, incluso si eso significa sacrificar el bienestar general o manipular la verdad.”

   Si bien en el siglo XX hubo una importante caterva de demagogos, especialmente dañinos por su carácter genocida como Mussolini, Hitler, Mao, Pol Pot y Castro, en el siglo XXI también ha sido abundante la cosecha de este tipo de políticos.

   Estos personajes son muy eficaces para imponer su voluntad. Son vendedores de ilusiones, donde los datos duros son sustituidos por mentiras, medias verdades e imaginación.

   Los políticos demagogos hacen que la palabra se divorcie de la inteligencia. Dirigen su discurso a una audiencia la cual, por cierto, representa a la gran mayoría de la población,  cuya credulidad, renuncia a la evidencia y al uso de la razón, les permite obtener los votos para perpetuarse en el poder sin importar lo dañinos que resulten sus gobiernos. Lo que prevalece no es la realidad,  sino una entelequia alterna que ellos crean, por ejemplo, a través de “los otros datos”.

   La población pensante se asombra de que un político demagogo atente contra la razón de esa manera. Pero las grandes masas, por el contrario, se fascinan con la palabra que escuchan porque los representa bien: refleja su ignorancia y sus odios; la simplificación les evita el trabajo de pensar por sí mismos; prefieren creer en una realidad alternativa y en lugar de responsabilizarse por su propio destino, eligen ponerse en manos de estos líderes.  

   Los demagogos culpan de los males de la nación a las minorías, tales como a los ricos, las clases medias, los universitarios, los educados, los inmigrantes o simplemente, los diferentes.  Hitler logró manipular en su beneficio a un pueblo educado y culto a base de propaganda, mentiras y su gran demagogia, así como lo han hecho otros líderes contemporáneos tales como Trump, Chávez, Maduro, Morales y tantos otros.

   De esta forma, el poder de la palabra en manos de los demagogos se vuelve un instrumento de dominación que estupidiza a las masas para beneficiarlos, ya que solo buscan perpetuarse en el poder y seguir disfrutando de sus privilegios.

   Lástima que no haya políticos en nuestro continente de la talla de los antiguos griegos o romanos o de algunos contemporáneos como Churchill, Macron o Merkel. Hoy predominan en la región los merolicos que conectan con la gente por su lado más irracional. Para que los pueblos salgan de su subdesarrollo hacen falta líderes de gran talla que apelen a la razón, buscando el bien común, en lugar de perseguir la manipulación de las masas solo para su beneficio personal.  

BANAMEX: VENTA FRUSTRADA

 

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Citibank, el dueño de Citibanamex, anunció a principios de enero de 2022 que se desprendería de sus negocios de banca de consumo y para pequeñas empresas,  conservando  su banca corporativa. Al anuncio siguió un largo proceso de venta que involucró a muchos inversionistas. Todo ello finalmente quedó en nada.

   El último postor, Grupo México,  encabezado por Germán Larrea,  sufrió el embate del gobierno hace unos días cuando se le suspendieron unas importantes concesiones ferroviarias en el Istmo de Tehuantepec y ante la falta de condiciones adecuadas, Citibank anunció que no se llevaría a cabo la venta de Banamex y en su lugar hará una oferta pública inicial de acciones.

   Jocosamente, como suele dirigirse a su base de admiradores, el presidente López Obrador, sugirió que sea el gobierno quien compre el banco, ya que, dijo, es un buen negocio, no tiene chiste manejarlo y al gobierno le sobra dinero para comprarlo.   

   ¿Conviene que el gobierno adquiera Banamex? Por supuesto que no, cuando hay otras prioridades de gran urgencia como el reconstruir el sistema de salud, el sistema educativo y recuperar la seguridad pública, entre muchos otros aspectos que requieren atención urgente.  Sería muy mala idea que el gobierno entre a un negocio que desconoce y en el que su participación no beneficia al país.

   El gobierno de México a lo largo de su historia ha creado instituciones para apoyar el crecimiento económico a través de la banca de desarrollo, la cual ha jugado un papel importante para estimular las inversiones y aportar créditos para proyectos donde la banca comercial difícilmente participa. 

   También intentó ser banquero cuando el presidente López Portillo, en un acto impulsivo y tratando de desviar la atención de la crisis que su gobierno provocó,  estatizó la banca en 1982. A partir de allí, el manejo de los bancos se politizó al darle trabajo a políticos que poco conocían del negocio y que nada aportaron para mejorar a la banca mexicana.

   Esto terminó cuando el presidente Salinas de Gortari entregó la propiedad de los bancos a empresarios “compadres”. Esta privatización fallida hizo que estuviera a punto de quebrar todo el sistema bancario en 1995, lo cual se evitó gracias al FOBAPROA. A raíz de esa crisis,  casi todos los bancos quedaron en manos de inversionistas extranjeros, tal como el propio Banamex, comprado por Citibank.  

   México quizá perdió décadas de desarrollo del sistema bancario con la decisión absurda de López Portillo de estatizar la banca y con la pésima reprivatización posterior realizada por Salinas de Gortari y Aspe, la cual le sigue costando al país miles de millones de pesos a través del FOBAPROA. Esta decisión dañina se llevó a cabo debido a la falta de contrapesos a la presidencia de la república, lo cual ilustra el daño que un presidente desequilibrado le puede hacer al país al tomar decisiones viscerales.

   Por ello, no es una buena idea que Banamex sea adquirido por el Estado.  No es un negocio sencillo de manejar como hace creer el presidente a sus admiradores, y podría poner en riesgo los ahorros de los millones de clientes con que cuenta esta institución, pues al estatizarse ese banco se manejaría con criterios políticos en lugar de empresariales. Afortunadamente Citibank cerró la posibilidad de que el gobierno compre Banamex, una vez que decidió no venderlo a Grupo México.  

   Por otra parte, el largo tiempo que tomó el proceso de venta,  no fortaleció la posición de mercado de Citibanamex pues sus ejecutivos dedicaron la mayor parte de estos largos meses a prepararse para la venta y no para mejorar su estrategia de servicio e intentar recuperar a los clientes que han perdido.

  Valdría la pena que,  ahora que Citibank decidió conservar el banco, se enfoquen en mejorar sus servicios, ampliar su cobertura y aumentar su línea de productos, porque si algo hace falta en nuestro país son servicios bancarios con mejor alcance, calidad y precio.

 El fracaso de la venta de Banamex es desafortunado para los posibles inversionistas que dedicaron tanto tiempo y recursos para realizar sus análisis. Lo peor es que el desenlace fue precipitado por la inoportuna intervención del gobierno en perjuicio de Grupo México.

 El gobierno de López Obrador dio una vez más la señal de que no hay buenas condiciones para que el sector privado invierta en México, si no es mediante contratos con el propio gobierno, los cuales se ganan por medio de corrupción, bajo un esquema de capitalismo de “compadres”.

    Pensar en estatizar la economía, es no querer ver la historia del fracaso que ello representó en los años del populismo priísta, especialmente durante los sexenios de Echeverría y López Portillo. Es querer regresar a un pasado donde el país pierde. Por lo pronto,  qué bueno que Citibanamex siga en manos de sus actuales dueños. Ojalá mejoren sus servicios y recuperen mercado.  

¿NUEVO MAXIMATO?

 

                                                                   Por: Octavio Díaz García de León

   Prácticamente todos los presidentes de México han intentado dejar como sucesor a alguien que les permita continuar su proyecto, o mejor aún, seguir ejerciendo el poder. Casi todos han fracasado. ¿Será el presidente López Obrador la excepción? Esta es la gran pregunta ante la andanada de reformas que está impulsando al final de su gobierno y que perfilan la creación de un régimen autoritario, sin contrapesos y con un poder centralizado en la presidencia.

    Algunas de esta medidas recientes son,  por ejemplo, el intento de obtener la mayoría calificada en 2024 para MORENA en el Congreso, haciendo campaña desde su conferencia matutina; el uso de todo el poder del estado para ganar elecciones locales para su partido; el ataque al Poder Judicial; el intento de desparecer organismos autónomos como el INE y el INAI (desapareció al INEE); el empoderamiento de los militares en tareas que antes manejaban civiles; y el conservar clientelas mediante dádivas y corrupción.  Todas ellas son acciones que apuntan a revertir los avances democráticos que, con sus deficiencias, ya tenía nuestro país.

    La incógnita de si lo logrará la irán despejando los precandidatos a la presidencia por parte de MORENA. En la mas acendrada tradición del PRI hegemónico que gobernó a México por 70 años, los actuales precandidatos buscan el ser designados candidatos a la presidencia por AMLO, demostrando una lealtad sicofante. El tapadísimo y todos sus rituales han vuelto a resurgir.  El presidente es quien decide quien será su sucesor.  

    En el ritual del tapado en los tiempos del viejo PRI, llegó a haber debates entre precandidatos, “consultas” a las bases y otras ficciones que disfrazaban el hecho de que el que decidía era el presidente. En la tradición del obradorismo, su equivalente son las encuestas: ellas deciden si se cancela la construcción de un aeropuerto o si se juzga o no a un presunto delincuente. Se usan también para escoger a los candidatos. En esta simulación, siempre está muy claro que el que decide es el presidente.

   López Obrador ya ha enviado muchas señales de que su candidata a la presidencia es Claudia Sheinbaum y ha puesto en funcionamiento la aplanadora morenista con el uso de los recursos de la ciudad de México, del gobierno federal y de los estados gobernados por su partido. Los demás precandidatos, si no han tomado nota y aún tienen esperanza de ser los elegidos, se llevarán una fuerte decepción.

     Lo cual deja fuera a un buen candidato. Marcelo Ebrard ha demostrado lo que es gobernar bien a la ciudad de México y, como Canciller, asumir con solvencia responsabilidades que no le correspondían tales como el abasto de insumos para la pandemia y hacerse cargo de la estrategia de inmigración. Merecería un proceso justo que le permita competir por la candidatura de MORENA.

   Más allá de estas consideraciones que deberán resolver los propios precandidatos,  y su partido MORENA, queda aún la duda si la Dra. Sheinbaum será la persona fácilmente manipulable y obediente que hoy aparenta ser ante AMLO, en caso de ser electa presidente de México. Lo más probable es que no.

    Porque una cosa es el juego palaciego, en donde doblar la cerviz es la mejor estrategia, y otra es el gobernar empoderada, ante un presidente que intenta mantener un Maximato. Si bien Calles tuvo la fuerza para manipular a Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, bastó la llegada de Cárdenas para que, sin violencia y aspavientos, enviara a Calles al exilio y destituyera a los callistas de su gabinete. En este país no caben dos presidentes en la misma silla.

   ¿Será presidente la Dra. Sheinbaum? Ante la implosión de la oposición, de un PRI cada vez más dispuesto a cambiar de chaqueta ante el regreso del viejo PRI reencarnado en MORENA, que muchos de sus militantes añoran, y ante un PAN capturado por una dirigencia incompetente y ambiciosa que le impide moverse, el escenario se ve muy probable.

   ¿Será Claudia la presidente que espera AMLO, para seguir gobernando más allá de su mandato e imponer su proyecto de regresar al México del siglo pasado? ¿Estará de acuerdo Claudia en continuar ese retroceso y mantener sometido el país a una clase política corrupta y ambiciosa, o será ella quien lleve al país a la modernidad y la prosperidad? Habrá que ver si su preparación académica e intelectual, su capacidad y convicciones serán suficientes para producir a una estadista,  o no le servirán de nada y será solo una marioneta.

    La otra alternativa ante la sucesión presidencial es que la sociedad decida romper con su inercia y asuma su responsabilidad para lograr el gobierno que merecen los mexicanos. Por lo pronto, los partidos políticos no han estado a la altura de ese reclamo y no se ve como la sociedad pueda impedir el regreso del viejo PRI,  que tardó 70 años en derrotar.

 

RETO PARA FISCALIZADORES

 

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Nunca ha sido fácil el trabajo de los Órganos Internos de Control (OIC) y sus equivalentes,  las contralorías internas. Empezando porque muy pocas personas entienden cuál es su papel y ese desconocimiento incluye a veces a sus propios jefes. Los OIC y contralorías, han existido en nuestro país con diversos nombres desde la época colonial. Más recientemente cobraron fuerza a partir de la reforma anticorrupción que llevó a cabo el presidente Miguel de la Madrid a partir de 1983 cuando crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF).

    Con esta reforma se crearon los órganos de control interno  (luego les cambiaron el nombre) que dependían inicialmente de los titulares de las instituciones y que posteriormente pasaron a depender directamente de la SECOGEF. Esta Secretaría también fue cambiando de nombre y hoy se llama Secretaría de la Función Pública (SFP). También se creó un grupo de comisarios y delegados encargados de verificar el control interno desde los órganos de gobierno de entidades y dependencias. Este esquema fue replicado en las entidades federativas e incluso en los municipios.

   Asimismo, en 1983 se reformó la ley de responsabilidades de los servidores públicos. El diseño institucional de la Secretaría y de los OIC estaba hecho para llevar el control interno del gobierno. Pero con el paso del tiempo, ese propósito se fue distorsionando y se le dio más peso a que estas instancias combatieran la corrupción, siendo una responsabilidad para la cual no están diseñados ni la Secretaría,  ni los OIC.

   La confusión sobre quien debe combatir la corrupción se ha acentuado, especialmente a raíz de la reforma anticorrupción de 2016 que promulgó el presidente Peña y que creó un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) donde participan instituciones cuyo propósito no es el combatir la corrupción, con excepción de una de ellas.

   Por ejemplo, el antiguo IFAI,  ahora INAI, fue objeto de esa confusión impulsada por comisionados anteriores, quienes en su discurso quisieron presentar a esta institución como una garantía de que con su labor se iba a disminuir la corrupción.

    Partieron de la premisa falsa de que a mayor transparencia menor corrupción y como se ha documentado, no existe tal causalidad. El INAI y las demás instituciones que participan en el SNA pueden auxiliar de manera indirecta en el combate a la corrupción, pero ninguna de ellas, excepto la Fiscalía Anticorrupción, tienen como misión combatirla.

   En este contexto, es importante destacar las presiones a las que están expuestos los contralores y titulares de OIC.  Empezando porque en muy contados casos tienen autonomía. La gran mayoría dependen en última instancia de las instituciones a las que fiscalizan.

     Lo cual no estaría mal si los titulares de las instituciones entendieran el papel de los OIC como auxiliares para el control interno y de lo importante que son para cumplir con los objetivos de las instituciones. Pero lo lamentable es que muy pocas instituciones tienen claros sus objetivos y sin ellos de nada sirve el control interno;  además, tampoco entienden el control interno.

    En lugar de ser los OIC y la Secretaría, instancias puramente técnicas en donde se audita, se promueven buenos controles internos, se investigan denuncias y se sancionan a los servidores públicos que incumplen con la normatividad, su labor se ve mermada por consideraciones políticas.

   En ocasiones, los responsables de las instituciones intentan usar a los OIC como instrumento para ocultar malos manejos o para realizar acciones que son contrarias a la norma. Presionan a los OIC y sus jefes para que, en lugar de sancionar responsables, los encubran.

   Otro aspecto, sobre todo cuando arrancan los sexenios, es dedicar a los OIC a buscar las conductas ilícitas de sus predecesores, lo cual está bien,  sobre todo si los órganos de fiscalización anteriores se dedicaron a cubrir los pasos de los corruptos que actuaron antes, pero este propósito se desvirtúa cuando se usan como instrumento de venganza política.

   El caso de la Estafa Maestra es un buen indicador. Durante el sexenio de Peña no se actuó con firmeza al descubrir estas irregularidades y al inicio de este sexenio, en lugar de prestar atención a este enorme fraude, se dio preferencia a revivir casos del sexenio de Calderón, aunque fueran conductas ya prescritas.

   Una muestra del valor de la independencia de las instancias de fiscalización es que el mega fraude en SEGALMEX lo descubrió la Auditoría Superior de la Federación,  la cual tiene independencia del Poder Ejecutivo.

   En este sentido, es importante que los OIC y contralorías gocen de independencia,  se les permita trabajar con un enfoque puramente técnico para que sirvan como verdaderos instrumentos de control interno y no como tapaderas de los gobiernos en turno, ni como instrumentos de venganza política y que su labor se entienda como auxiliares en el combate a la corrupción, no como responsables de este.

 

EL MIEDO A LA TRANSPARENCIA

 

Por: Octavio Díaz García de León

   Desde que se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002 ha habido resistencias en las instituciones de gobierno para entregar la información que obra en su posesión y a la que cualquier persona tiene derecho de acceder.

   Esto era de esperarse, porque los funcionarios no estaban acostumbrados a rendir cuentas y mucho menos a que alguien ajeno al gobierno supiera de las actividades que realizaban. En su torre de marfil,  se sentían intocables y solo les respondían a sus jefes, a quienes debían lealtad total.

  Esto cambió en el sexenio del presidente Fox al promulgarse la Ley antes citada,  y crearse el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) e iniciar dos procesos: la obligación de entregar información generada por el gobierno a cualquiera que la solicitara, sin necesidad de identificarse o manifestar el interés que la movía y la obligación de publicar información de interés general, tal como sueldos de los funcionarios, directorios y resultados de auditorías.  

   Las resistencias estuvieron allí desde el principio. Las sesiones de los comités de transparencia, integrados por el titular del órgano interno de control (OIC), de la unidad de enlace con la sociedad y un representante del titular de la institución se convirtieron en campos de debate constante, siendo los titulares de los OIC los primeros defensores de la transparencia en sus instituciones.  

  ¿Qué les preocupaba a los funcionarios públicos? Que un acto de autoridad que realizaran podría ser visto por cualquier persona y que se pudiera cuestionar la pertinencia de dichas acciones, especialmente si detrás se escondían actos de corrupción.

   Otra inquietud fue que se hiciera pública la declaración patrimonial de aquellos obligados a presentarla.  Había preocupaciones válidas como el revelar aspectos personales que no tenían que ver con la función pública o miedo a ser víctimas de la delincuencia al conocerse sus ingresos y posesiones. Por otra parte, los funcionarios corruptos temían no poder ocultar sus bienes e ingresos obtenidos ilícitamente.  

  Desde el 2002 la lucha por abrir la información ha sido incesante. Las motivaciones para negar información pública son múltiples.  Por ejemplo, ocultar la información cuando se trata de periodistas que la solicitan, por miedo a que los funcionarios reciban críticas en medios de comunicación o se revelen actos de corrupción.

   Recientemente la negativa a entregar información del gobierno, se ha escudado en argumentar que se tratan de asuntos de seguridad nacional, siendo que el revelar dicha información,  de ninguna manera afecta a la seguridad nacional.  

  Por ejemplo, cuando el ex director de Conagua, David Korenfeld,  argumentó motivos de seguridad nacional para no revelar la bitácora del helicóptero de la institución, lo que intentaba ocultar, como se demostró después, era el uso personal que hacía del mismo. Desafortunadamente, en aquella ocasión el INAI estuvo de acuerdo en negar el acceso a dicha información.

   Más recientemente, se ha pretendido ocultar las adquisiciones relacionadas con la pandemia, o con contrataciones para proyectos clave de este sexenio, por motivos de seguridad nacional que no se justifican y así lo han manifestado con sus resoluciones los actuales comisionados del INAI.

   A partir de 2019 se ha desencadenado desde la presidencia de la República un ataque al INAI. El ataque se realiza argumentando que existen abusos en el uso de sus recursos y haciendo creer que existen sueldos exorbitantes, cuando la realidad es que los salarios han disminuido en términos reales desde el 2002 en toda la administración pública federal y en el caso del INAI son incluso inferiores a otros organismos autónomos.

   Otra forma de debilitamiento han sido los recortes presupuestales de tal forma que en 2023 el presupuesto del INAI ni siquiera llega a los niveles que tenía en 2018. Finalmente,  el ataque más directo es dejar inoperante al INAI al no nombrar a los comisionados necesarios para realizar sus funciones. Al momento de escribir estas líneas solo había 4 de los 5 que se requieren para operar.   

    El INAI representa una amenaza a las autoridades cuando estas realizan actos de corrupción y malos manejos de los recursos públicos. Este temor es fundado cuando vemos el mega fraude en SEGALMEX,  expuesto por la Auditoría Superior de la Federación e investigado más ampliamente a través de solicitudes de información,  o cuando se intenta ocultar malos manejos en las obras emblemáticas de este sexenio. Por ello, no extraña que para la actual administración federal,  el mundo ideal es dejar al INAI en la inoperancia, tal como lo manifestó el Secretario de Gobernación.  

   Con el ataque al INAI se pone en riesgo la democracia, la protección de los derechos humanos que tutela y se impide que auxilie en el combate a la corrupción. Es urgente que la sociedad salga a defenderlo, como ha defendido al INE, para que siga siendo un contrapeso real a los otros poderes del Estado.

LA INVASIÓN QUE VIENE

 

Por: Octavio Díaz García de León

     Algunos congresistas americanos están proponiendo el declarar grupos terroristas a las bandas del narcotráfico que operan en México. Si bien, es muy improbable que ocurra, de aprobarse esta iniciativa, el presidente de Estados Unidos podría ordenar ataques militares a esas organizaciones criminales en territorio mexicano.

    Estas acciones violarían la soberanía de México, pero muestran la desesperación de un gran sector del público americano ante lo que es una catástrofe humanitaria en ese país, en donde mueren al año alrededor de 100 mil personas por sobredosis de fentanilo, el cual proviene en su mayor parte de México.

    Es de esperarse que la sensatez de ambos gobiernos prevalezca y exista una cooperación productiva entre los dos países para combatir el fenómeno y no sea necesaria una intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país.

    En el remoto caso de que se aprobara esta iniciativa en el Congreso de Estados Unidos, las acciones militares de ese país probablemente no serían como en el pasado. Es decir, no es de esperarse que arriben a nuestros puertos buques de guerra americanos,  como ocurrió en 1914 en Veracruz, o que penetren a nuestro territorio divisiones del ejército de Estados Unidos, como sucedió con la Expedición Punitiva en busca de Pancho Villa en 1916, la cual ocupó a 12 mil soldados. Mucho menos una invasión como la de 1847.

   Lo mas probable es que la intervención militar sería más parecida a la que llevan a cabo los Estados Unidos en Afganistán, Pakistán, Siria y otros países con presencia de terroristas.

    Para desarticular las cadenas de producción y tráfico de drogas es posible que la estrategia del vecino país estuviera dirigida a atacar las diferentes etapas del negocio y a la vez,  desarticular las cadenas de corrupción y complicidad de autoridades mexicanas. La estrategia podría ser:

 ·         Desarticular la entrada a México de precursores químicos de drogas y la entrada de producto terminado en tránsito por nuestro país.

 ·          Detectar y destruir los laboratorios que producen la droga. 

 ·         Identificar y destruir los almacenes donde se oculta y concentra la droga. 

 ·         Encontrar, interceptar y/o destruir los medios de transporte. 

 ·         Mover la frontera “virtualmente” para interceptar cargamentos ilegales más al sur de la frontera formal. 

 ·         Desarticular los flujos de dinero ilícito y su lavado. 

 ·         Atacar por la vía legal la corrupción de las autoridades involucradas en el tráfico de drogas en México

 

Para desplegar esta estrategia, se podrían llevar a cabo operativos como los siguientes:

·         Aumentar sustancialmente el despliegue de inteligencia en nuestro territorio,  aumentando el personal encubierto, los informantes, la intercepción y disrupción de comunicaciones electrónicas y usando inteligencia técnica proveída por satélites y vehículos no tripulados (drones). Con ello se podrían detectar las cadenas de producción y corrupción. 

·         Llevar a cabo bombardeos dirigidos por medio de drones a laboratorios, casas de seguridad, almacenes, transportes,  y  otra infraestructura ilegal. 

·         Realizar ataques con proyectiles lanzados desde drones para eliminar a cabecillas de las organizaciones y atacar sus arsenales y equipo paramilitar. 

·         Interceptar los flujos de dinero y combatir su lavado mediante inteligencia financiera.  

·         Establecer operativos para detectar armas, mediante el uso de inteligencia y acciones legales contra los productores y vendedores. 

·         Llevar a juicio a las cortes americanas a las autoridades mexicanas que sean cómplices de los narcotraficantes.

  Esto lo pueden hacer los americanos con o sin ayuda del gobierno de México, en el momento que cuenten con las autorizaciones necesarias de su Congreso y así lo dispongan sus autoridades.

   Pero no es de esperarse, de darse el caso, una gran movilización de tropas y equipo militar dentro de nuestro país, sino operaciones quirúrgicas que no pongan en riesgo la vida de los militares americanos y quizá tratando de evitar daños colaterales entre la población inocente.

   De lograrse desarticular el tráfico de drogas hacia el norte, quedaría un grave problema en México ya que las bandas de delincuentes se enfocarían con más fuerza a desarrollar el mercado interno de drogas, seguir conquistando territorios para extraer rentas, aumentar los secuestros, el robo y cometer otros delitos en nuestro país.

   Por otra parte, los americanos no resolverán su problema si no logran detener la demanda insaciable de drogas. Si estas no entran por México, se empezarán a producir dentro de Estados Unidos y vendrán de otras partes del mundo.

   Lo sensato para ambos países es entrar en una cooperación que sea eficaz en contener el flujo de drogas, armas, dinero ilícito, precursores y atacando la corrupción. Es tiempo de tomar medidas conjuntas mas agresivas en ambos lados de la frontera, especialmente para evitar que México se convierta en un narco estado con serios problemas de gobernabilidad, lo cual se podría agravar con una intervención militar americana.

 

APROVECHAR LA COYUNTURA MUNDIAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    El anuncio reciente de la instalación en Monterrey de una enorme planta del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, la cual representa una inversión de  cinco mil millones de dólares y generará seis mil empleos, es una pequeña muestra de las enormes oportunidades que se le presentan a nuestro país ante una coyuntura mundial muy favorable. 

   En un artículo anterior decía que Estados Unidos no vendrá a salvarnos de lo que hagamos mal. Si escogemos convertirnos en un país sin democracia, el gobierno de nuestros vecinos quizá lo lamentará, pero no hará nada para evitarlo. También mencioné que para Kissinger, Estados Unidos no tiene amigos sino intereses.  En ese sentido, decía que “Un gobierno más eficaz, fuerte y estable en México y que fuera aliado de los Estados Unidos, podría ayudar a resolver problemas comunes de los dos países.”

    Estamos en un momento coyuntural que representa una gran oportunidad para que México aproveche su cercanía con Estados Unidos, creando alianzas donde ambos países se beneficien y creando las condiciones para que México se vuelva un país muy atractivo para invertir. Pero ello está en nuestras manos, no en la de nuestros vecinos.

   Mientras China fue un país más débil y no representaba una amenaza militar, Estados Unidos utilizó esa relación no solo para establecer operaciones de manufactura, sino para encontrar numerosos proveedores para toda clase de insumos a buen precio y calidad. También aprovechó para vender sus productos en el mercado más grande del mundo.

   Pero eso ha cambiado. China ya se ha convertido en rival de Estados Unidos en el plano geopolítico mundial. También la pandemia demostró la fragilidad de las cadenas de suministro que dependían del tránsito de mercancías desde países lejanos. Por ello, ya no es tan buena opción para Estados Unidos depender de China como fuente de manufacturas y productos estratégicos.

   La relocalización de fábricas, lo que se ha llamado “nearshoring” en el territorio de Estados Unidos y de ser posible en México, aprovechando el T-MEC,  es una gran oportunidad para ambos países. El concepto no es nuevo. Viene desde el programa de maquiladoras y sus sucesores, los cuales han sido un éxito desde los años sesenta.

   Pero para lograr que México sea atractivo, por encima de otros países que compiten por las inversiones de Estados Unidos en esta coyuntura, requiere no solo de estabilidad política, sino de estado de derecho, seguridad pública, menos corrupción, mejor educación para producir técnicos capaces, fuentes de energía limpia y confiable y excelentes comunicaciones,  entre otras cosas.

   Mejorar la seguridad púbica y disminuir la corrupción, requiere de voluntad política y que se rompan las cadenas de interés que hoy en día unen corrupción, delincuencia organizada y gobierno. Un gran obstáculo es la complicidad y corrupción de los gobiernos y de los partidos políticos a donde fluyen recursos ilícitos para financiar campañas.

   Por otra parte, México puede desarrollar energías limpias, teniendo tanto sol y viento para generarlas, invirtiendo en líneas de transmisión eléctrica, el gran cuello de botella, y dejando de usar energías más caras y contaminantes como combustóleo y carbón.

   El presidente López Obrador causó polémica al querer que la planta de Tesla se ubicara en una parte menos desarrollada de México. En parte tiene razón. Pero ante los ojos de los inversionistas, las diferentes regiones de México compiten entre sí, y el sur del país no presenta tantos atractivos como el norte.  

   Se requieren polos de desarrollo en el sur y sureste con infraestructura, energía, comunicaciones, seguridad pública y personal capacitado o por lo menos con capacidad de atraer técnicos. Sin embargo,  el proyecto de zonas económicas especiales iniciado el sexenio pasado, que iba en este sentido,  fue cancelado en 2019 y nada lo sustituyó. Si en lugar de tren maya se hubiera invertido en infraestructura para la manufactura en esas zonas, se hubiese podido aprovechar mejor la coyuntura.

   También se podrían extender los gasoductos hacia el sur del país para aprovechar el gas barato que nos venden los americanos y a lo mejor, buscar aumentar la producción nacional de gas natural permitiendo asociaciones con empresas que tengan el capital y la tecnología del fracking para explotar las grandes reservas que tiene nuestro país.

   La preparación de técnicos se impulsaría, como ya se hizo en el pasado,  con grandes programas de becas con las cuales, estudiantes mexicanos acudan a universidades extranjeras para luego trasladar los adelantos tecnológicos que permitan darle mayor valor agregado a lo que se produce en México

   Hace falta regresar al camino del desarrollo y el progreso. Los Estados Unidos no vendrán a salvarnos, pero si somos inteligentes, podemos aprovechar la cercanía con el país más rico del mundo y el más adelantado tecnológicamente, para que nos remolquen en una alianza que nos permita sacar de la pobreza a la mayoría de los mexicanos.