Por: Octavio Díaz García de León
México enfrenta un serio rezago en materia de innovación gubernamental,
de acuerdo con diversos indicadores nacionales e internacionales. Según datos
del INEGI, en 2023 solo el 16.2 % de los trámites gubernamentales se realizaron
por internet, lo que evidencia un bajo nivel de digitalización. Este atraso
resulta especialmente grave si se considera que el gobierno es el principal
proveedor de servicios del país. Su eficiencia, o la falta de ella, incide
directamente en el bienestar nacional: desde facilitar el cumplimiento de
obligaciones ciudadanas hasta ofrecer servicios de calidad en salud, educación,
seguridad e infraestructura.
Además, la innovación administrativa representa una herramienta
fundamental para combatir la corrupción. De acuerdo con el INEGI, el 25.3 % de
los trámites con el gobierno en 2023, implicaron algún acto de corrupción, con
un costo promedio de 3,368 pesos anuales por persona afectada.
Austeridad mal
entendida y deterioro institucional
En los últimos siete años, México ha experimentado retrocesos
importantes derivados de una visión que no valora adecuadamente el papel del
Estado en el bienestar social. Una austeridad mal entendida ha debilitado la
capacidad del gobierno para prestar servicios de calidad, al preferir repartir
dinero directamente al ciudadano para que este se las arregle solo, en lugar de
fortalecer la infraestructura y la gestión pública.
El caso del sector salud es ilustrativo.
Los consultorios privados adyacentes a farmacias aumentaron su participación en
la atención médica de 17.4 % en 2018 a 24.3 % en 2024, según datos de El
Economista, lo que refleja una creciente privatización de la atención médica.
Tras la desaparición del Seguro Popular, el número de personas sin acceso a
servicios médicos pasó de 20.1 a 44.5 millones; en paralelo, el gasto de las
familias en salud creció 7.9 % anual en términos reales entre 2022 y 2024.
A esto se suma el colapso del sistema público de adquisición y
distribución de medicamentos. Una operación que antes de 2019 requería por su
extrema complejidad alrededor de 500 expertos, fue concentrada a inicios de 2019, en un grupo
de menos de 10 personas, lo que derivó en un desabasto crónico de medicinas y
vacunas que dura hasta la fecha, afectando gravemente la salud pública e
incrementando los riesgos epidemiológicos por los 6 millones de niños que se
dejaron de vacunar el sexenio pasado.
Si se usara la tecnología logística de empresas como Amazon, tendríamos un
surtido óptimo de medicinas e insumos médicos.
Impunidad e
ineficiencia judicial
La falta de innovación también afecta al sistema de justicia. En
México, solo el 1 % de los delitos concluye con una sentencia condenatoria,
reflejo de la saturación e ineficiencia que caracteriza a ministerios públicos
y juzgados. En este contexto, la justicia mexicana podría beneficiarse de la
incorporación de especialistas en procesos —como ingenieros industriales— quienes
podrían usar herramientas como la teoría
de colas para determinar el personal requerido
para atender los casos en tiempo; utilizar modelos de localización
para ubicar juzgados y ministerios públicos donde se requieren; usar técnicas
de programación lineal para distribuir recursos de manera óptima; o bien,
utilizar simulación de procesos, modelos de control de inventarios,
tiempos y movimientos, etc. Incluso nuevas tecnologías como la inteligencia
artificial ya permiten generar automáticamente documentos procesales y
sentencias, acelerando el trabajo judicial sin sacrificar su rigor.
Blockchain y la
transparencia pública
Una de las herramientas tecnológicas más prometedoras para combatir la
corrupción y aumentar la confianza en las instituciones es la cadena de bloques
o blockchain, tecnología empleada por las criptomonedas. Su mayor virtud
es la transparencia: todas las transacciones quedan registradas de manera
verificable y no pueden alterarse sin consenso. Además, ofrece un nivel muy
alto de seguridad gracias a su cifrado, elimina intermediarios y mantiene la
información descentralizada. Cada operación conserva un historial rastreable,
lo que garantiza trazabilidad y control.
Aplicada al ámbito gubernamental, esta tecnología permitiría
transparentar las contrataciones públicas, asegurar registros confiables de
propiedad y tierras —al punto de que podrían sustituir la función notarial— y
ofrecer una trazabilidad completa del gasto público desde su origen hasta el
beneficiario final. También facilitaría la creación de identidades digitales
seguras, auditorías automáticas e inalterables, y un seguimiento preciso de los
recursos destinados a programas sociales.
Hacia una
administración pública moderna
Los ciudadanos que pagan impuestos, cuotas de seguridad social o
aportaciones a la vivienda tienen derecho a servicios públicos eficientes,
dignos, confiables y sin corrupción. La innovación en el sector público no es
un lujo, sino una necesidad. Con ella se puede mejorar la calidad de los
servicios, reducir la corrupción, optimizar los recursos y reconstruir la
confianza ciudadana en las instituciones. Para lograrlo, México necesita una
administración pública moderna, profesional y tecnológicamente avanzada que
incorpore herramientas como las mencionadas y adopte una cultura de gestión
basada en evidencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas.
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