Por: Octavio Díaz García de León
Un sistema complejo
que no dio resultados
La reciente declaración de la presidenta Sheinbaum, en la que señala la
necesidad de revisar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por considerarlo
un entramado institucional complejo e ineficaz, reabrió un debate necesario. El
SNA, creado en el sexenio de Peña Nieto, no logró incidir en la disminución de
la corrupción, y aunque existieron oportunidades para corregir su rumbo durante
la administración de López Obrador, lo cierto es que se dejó deteriorar sin que
hubiera una alternativa capaz de ofrecer resultados. Hoy, frente a un problema
que la ciudadanía percibe como uno de los mayores desafíos del país, es
indispensable replantear a fondo el sistema de combate a la corrupción.
Cualquier intento de rediseñar la estrategia de combate a la corrupción
debe partir de algo fundamental: sin voluntad política real, ningún entramado
institucional funcionará. México ha creado sistemas y organismos, pero rara vez
ha dado el paso decisivo de dotarlos de poder, autonomía, recursos y respaldo
político suficiente para enfrentar los intereses que sostienen la corrupción.
Sin ese compromiso, incluso la reforma más sofisticada corre el riesgo de
repetir el fracaso del modelo actual.
Un punto central para cualquier reforma futura es separar con claridad
las funciones de control interno de las funciones anticorrupción. Los órganos
internos de control, las contralorías estatales, la Secretaría Anticorrupción,
los órganos superiores de fiscalización y los tribunales de justicia
administrativa buscan asegurar que las instituciones públicas operen dentro de
la ley y alcancen sus objetivos. Sin embargo, su labor sólo es auxiliar en la
lucha contra la corrupción, pero no es su función sustantiva. El combate
directo a la corrupción recae en la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción y en sus equivalentes estatales. Confundir y mezclar ambos aspectos
ha generado expectativas irreales sobre las capacidades de los organismos dedicados
al control interno.
Marco legal ágil y eficiente
Es necesario revisar la legislación que regula el control interno. La
reforma anticorrupción de 2015–2016 volvió más lento y costoso el procedimiento
administrativo sancionador, generando contradicciones jurídicas y reduciendo la
eficacia del sistema. Es necesaria una actualización de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas para recuperar la agilidad e inmediatez requerida.
Comprender la corrupción en México exige reconocer su carácter múltiple
y la necesidad de estrategias diferenciadas: la corrupción asociada a grupos
delictivos que compran protección; la corrupción electoral que distorsiona la
competencia democrática; la corrupción regulatoria que altera mercados y
favorece intereses económicos; la corrupción judicial que distorsiona la
impartición de justicia; y la corrupción en el manejo de recursos públicos.
Un problema clave es que la fiscalización que realizan las entidades de
control interno se centra en aspectos normativos y procedimentales, por lo que
es inapropiada para combatir la corrupción. La esencia de los actos de
corrupción son los flujos ilícitos de dinero. Sin la capacidad para rastrear
patrimonios, redes de prestanombres y vínculos, transacciones sospechosas,
adquisiciones en efectivo, triangulaciones financieras y en general, lavado de
dinero, cualquier sistema anticorrupción se queda incompleto. Combatir la
corrupción implica seguir el dinero, no solo revisar expedientes.
México necesita una Fiscalía Anticorrupción fortalecida, con
capacidades técnicas y forenses avanzadas, autonomía plena y acceso a registros
patrimoniales, bancarios y de comunicaciones. A ello debería sumarse una Unidad
de Inteligencia Anticorrupción especializada en identificar actos de
corrupción, con herramientas comparables a las instituciones de inteligencia
federal.
La autonomía es también un componente indispensable. Combatir la
corrupción desde la estructura del propio gobierno es extremadamente difícil por
las complicidades internas y conflictos de interés. Por ello, sería pertinente
explorar modelos como el de la CICIG que estableció la ONU en Guatemala, o el modelo de Inspectores Generales de
Estados Unidos.
Ningún sistema anticorrupción puede funcionar sin la participación
activa de la sociedad. Periodistas de investigación, organizaciones civiles,
medios, académicos y centros de análisis han sido responsables de revelar los
mayores casos de corrupción del país. Su papel debe integrarse de manera
explícita en cualquier nueva arquitectura institucional.
Sin un compromiso político firme, sostenido y verificable, ningún
rediseño estructural tendrá impacto real. La declaración de la presidenta
Sheinbaum abre una oportunidad, pero solo se materializará si existe convicción
de enfrentar intereses enquistados y romper pactos de impunidad. El SNA puede
transformarse o incluso desaparecer, pero si no existe voluntad de aplicar la
ley y perseguir la corrupción donde realmente ocurre, ningún modelo
institucional será suficiente.
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