¿CORRUPCIÓN SIN FRENO?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 Escándalos diarios, respuestas escasas

 

    Casi todos los días, los medios de comunicación publican nuevas denuncias de corrupción en el gobierno federal. Sin embargo, el eco institucional es mínimo: poco se sabe de investigaciones, sanciones o medidas emprendidas por organismos como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) o la Auditoría Superior de la Federación.

   Durante  agosto de 2025, titulares de la prensa nacional exhibieron la magnitud del problema: “Otro Segalmex: 2 mil millones de pesos entregados a empresas fachada”; “Durante 45 años el Mayo sobornó a políticos y militares”; “La gobernadora de Veracruz protege a auditor de Pemex acusado de recibir sobornos”; “Gasolineros acusan extorsión de agencias del gobierno”; “Regalo de libros de texto y gasolina, más pago de médicos,  a Cuba”; “Titular del órgano interno de control de la FGR acusado de corrupción”; “Sobornos a funcionarios de Pemex, acusados en Estados Unidos”; “Red de contrabandistas ligada a mando aduanal”; “Ingresos ilegales del presidente del Senado”.

 Instituciones bajo la lupa

   La SABG ha impulsado reformas internas que prometen mayor eficacia, pero la ciudadanía exige resultados tangibles. También genera expectativa la nueva institución  “Transparencia para el Pueblo”, que sustituyó al extinto INAI y de la cual se sabe poco acerca de su actuación. La transparencia es clave para inhibir la corrupción, y se espera que este organismo supere el desempeño de su antecesor, cuya desaparición fue muy controvertida.

   El Sistema Nacional Anticorrupción también atraviesa cambios relevantes: el INAI dejó de formar parte de ella; está por desaparecer la representación del Consejo de la Judicatura;  y se avecinan relevos en la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Auditor Superior de la Federación. Además, su Secretaría Ejecutiva permanece acéfala desde febrero de 2025. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, carece de recursos suficientes y no se sabe gran cosa sobre los resultados de esta institución.

  La sociedad requiere certezas: ¿están funcionando las instituciones creadas para contener la corrupción o solo existen en el papel?

 El deterioro en los indicadores

  El problema de la corrupción se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional. México perdió cinco puntos respecto a 2023, al pasar de 31 a 26 sobre 100, la calificación más baja de su historia. Con ello cayó 14 lugares en el ranking global, hasta el lugar 140 de 180 países. Entre los miembros de la OCDE, México ocupa el último sitio; en el G20, solo supera a Rusia.  

  Estos datos confirman lo que la prensa y organizaciones civiles documentan a diario: la corrupción en México no disminuye, al contrario, se percibe como un problema cada vez más extendido.

 Promesas incumplidas y cuentas pendientes

   El expresidente López Obrador convirtió el combate a la corrupción en la bandera de su gobierno. No obstante, incumplió su promesa de “acabar con ella”. Durante su sexenio quedaron impunes los grandes casos heredados de Peña Nieto, tales como La Estafa Maestra y La Casa Blanca de las Lomas, y explotaron nuevos escándalos, siendo el de Segalmex uno de los actos de corrupción más graves en la historia de nuestro país.

  Tampoco hubo rendición de cuentas por los sobrecostos de las megaobras: la refinería de Dos Bocas  más que duplicó su costo estimado inicialmente y la cancelación del NAIM costó casi medio billón de pesos (332 mil millones de costos de cancelación y 115 mil millones por construir el AIFA), deuda que aún compromete las finanzas públicas y la operación del saturado y deteriorado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que el AIFA tiene una capacidad de operación sumamente limitada y se encuentra subutilizado.

 El reto de Sheinbaum

  En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta la tarea de demostrar, en los hechos y no solo en el discurso, que el combate a la corrupción es una prioridad. Hasta ahora se registran pocas señales: la destitución de cinco funcionarios de Birmex por sobreprecios en medicamentos y la reapertura de cinco investigaciones contra funcionarios de Pemex, que habían sido cerradas en 2024 y fueron retomadas tras denuncias de autoridades de Estados Unidos. Aunque positivas, estas escasas acciones aún están lejos de derivar en sanciones o en la recuperación de recursos desviados. La duda persiste: ¿se quedarán en gestos políticos o marcarán un cambio de rumbo?

 Conclusión: hechos, no palabras

   México enfrenta un problema estructural de corrupción que erosiona la confianza ciudadana, desvía recursos y pone en riesgo la calidad de los servicios públicos. El discurso oficial ya no basta: la sociedad exige acciones contundentes, sanciones efectivas y un uso responsable de los recursos públicos.

  El próximo informe del Índice de Percepción de la Corrupción en 2026 será un termómetro para evaluar si las instituciones y el gobierno responden con hechos o si, una vez más, el combate a la corrupción se quedará en promesas incumplidas.

¿QUÉ PASA CON LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL?

  

Por: Octavio Díaz García de León

 

   En las últimas semanas, dos noticias han llamado la atención sobre lo que sucede en los órganos internos de control (OIC) federales, instancias clave para el control interno de las instituciones públicas.

   En la Fiscalía General de la República (FGR), su titular solicitó la renuncia al titular del OIC y a sus nueve colaboradores principales, algunos de ellos señalados por presuntos actos de corrupción que incluyen tráfico de influencias, omisiones graves y otros delitos.

   En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el nuevo titular del OIC cesó a 15 funcionarios del OIC. La razón: descubrió que estas personas, contratadas por su antecesor,  tenían redes de nepotismo,  incumplían con horarios, no iban a trabajar y carecían de los perfiles técnicos para el cargo. De acuerdo con reportes periodísticos, algunos de estos “aviadores” operaban políticamente para el Partido del Trabajo en Jalisco.

Un problema de origen: designación y supervisión

   Los titulares de OIC de organismos autónomos como los citados anteriormente, son designados por la Cámara de Diputados. Esto debería garantizar perfiles idóneos, pero los casos recientes muestran deficiencias en los filtros de selección.

   Además, estas autoridades sólo pueden ser removidas por la propia Cámara y carecen de mecanismos claros de rendición de cuentas. Apenas a principios de julio de este año,  se le dio facultades a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para investigar y sancionar por la vía administrativa a estos funcionarios, a pesar de que los primeros fueron nombrados hace más de seis años. 

    Por otra parte, en abril de este año, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) publicó un estudio que identifica los puestos con mayor riesgo de corrupción en la administración pública federal. Entre ellos,  posiciones clave de los OIC que dependen de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). Aunque los hallazgos no son novedosos, sí pone el foco nuevamente en una problemática conocida: la vulnerabilidad de los OIC a presiones políticas y a prácticas irregulares.

Cuando el control interno se convierte en complicidad

   Dicho estudio informa acerca de lo sucedido en el sexenio pasado, cuando la entonces Secretaría de la Función Pública instruyó a las áreas de auditoría a realizar “acompañamientos” a las dependencias auditadas. En la práctica, esto derivó en “negociaciones” para suavizar o eliminar observaciones que podían tener impacto negativo en el erario o en la imagen política de las instituciones. Si bien la función de un OIC incluye asesorar a las instituciones que fiscaliza y prevenir riesgos, estas prácticas no deben cruzar la línea hacia la complicidad, debilitando la autonomía del OIC y la confianza ciudadana.

Reformas y retos pendientes

  Dados estos acontecimientos, la Cámara de Diputados debe mejorar sus procesos de selección, asegurando que los candidatos a titulares de OIC —en instancias donde tiene jurisdicción como FGR, INEGI e INE— y para la próxima elección del Auditor Superior de la Federación, cuenten con trayectoria probada, pasen exámenes técnicos y de control de confianza, y estén sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño.

   Por su parte, la SABG ha emprendido cambios internos para revertir el esquema operativo ineficaz heredado del sexenio pasado. Su nuevo Reglamento Interno clarifica procesos y permite a los OIC que dependen de ella, funcionar mejor que en el pasado.  

  Además, separa la labor de supervisión de entidades y dependencias y la de coordinar a los OIC —que antes realizaban los “comisarios” -- en dos figuras: Directores Generales de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua y titulares de Unidades de Vigilancia.  Esto facilita el vigilar a las instituciones del gobierno federal y la gestión de casi 200 OIC´s y oficinas de representación.

  También la SABG está retomando procesos meritocráticos de selección para nuevos titulares de OIC y oficinas de representación, asegurando mejores perfiles. Falta que el tablero de control de los OIC vuelva a tener la fuerza que tuvo en sexenios anteriores y con la cual se medía la eficiencia y eficacia de los OIC, asegurándose de que cumplieran con sus objetivos.

   Finalmente, está por entrar en operación el centro de control de confianza de la SABG que instrumentará el proceso de evaluación de confianza de los servidores públicos que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel en el gobierno federal, con lo cual  podrá orientar sus esfuerzos a las áreas más vulnerables a la corrupción que no siempre son las administrativas, sino aquellas sustantivas que manejan programas, recursos y decisiones de alto impacto en las instituciones del gobierno federal.

   Con estas reformas y la intervención decidida del OIC en la SABG, cuyo titular fue nombrado por la Presidenta Sheinbaum, la SABG podrá reforzar controles internos,  garantizar la independencia de los OIC para mitigar los riesgos de corrupción dentro de los OIC y que puedan realizar con eficacia el trabajo para el que fueron creados. Falta que la Cámara de Diputados haga lo que le corresponde.  

¿INICIO DEL DESLINDE?

 

Por: Octavio Díaz García de León

  En México no puede haber dos presidentes gobernando. La historia lo ilustra: durante el llamado “Maximato” de Plutarco Elías Calles, hubo tres mandatarios, pero fue Calles quien realmente gobernó hasta que Cárdenas logró desplazarlo. Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, aún no está claro si estamos ante un nuevo Maximato o frente a una Presidenta decidida a ejercer el poder por cuenta propia.

  En un artículo anterior señalé varios factores que apuntaban a ello.  Ese diagnóstico no ha perdido vigencia: los nombramientos y ciertas políticas de la actual administración conservan el sello personal de AMLO. No obstante, comienzan a observarse algunos indicios de autonomía, como el nombramiento del nuevo Secretario de Hacienda y el reciente relevo de Pablo Gómez al frente de la UIF.

  El entorno político y social en el que Sheinbaum debe actuar se ha vuelto más complejo. Por un lado, enfrenta la presión de Estados Unidos, que recurre a la amenaza arancelaria para intentar contener los flujos de drogas y la migración indocumentada. Por otro, las finanzas públicas muestran señales de estrés por seguir amarradas a herencias del pasado: la deuda pública sigue creciendo; el crecimiento económico es muy lento; Pemex enfrenta una crisis de magnitudes casi insostenibles; la CFE registra un deterioro tanto financiero como operativo; y el sector salud no ha logrado superar la crisis del sexenio anterior.

   Adicionalmente, el equilibrio de fuerzas entre los Poderes de la Unión y al interior del partido oficial no ha favorecido a la jefa del Ejecutivo. En el Congreso de la Unión, las bancadas mayoritarias en ambas Cámaras permanecen controladas por legisladores leales a AMLO. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los nuevos ministros guardan afinidad con el expresidente. En Morena, el liderazgo real sigue en manos de su fundador.

  Quizás el frente más visible del distanciamiento con la administración anterior sea el combate al crimen organizado. Bajo la conducción de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia de seguridad ha tomado un rumbo marcadamente distinto, destacando las acciones de inteligencia realizadas por el CNI y otras instancias.

   En los primeros meses de 2025 se reportaron más de 26 000 detenciones por delitos de alto impacto; se aseguraron 204 toneladas de drogas, 14 000 armas de fuego, y se destruyeron 1 193 laboratorios clandestinos en 21 entidades. La captura de líderes de “La Barredora” en Tabasco y el desmantelamiento de redes de extorsión en el Estado de México ejemplifican el nuevo enfoque de “mano dura”, que rompe con la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior.

  En cuanto al huachicol, el gobierno federal ha coordinado operativos que pusieron al descubierto redes de robo y almacenamiento ilícito de combustible a escala industrial. En Coahuila se incautaron 15.48 millones de litros de diésel y gasolina en 129 carrotanques; en Tamaulipas, 10 millones de litros, además de buques y tractocamiones; en Tabasco, 1.5 millones de litros y maquinaria para su procesamiento; y en Veracruz se detectó una refinería clandestina. Estas acciones desafiaron intereses políticos que habían mostrado tolerancia o incluso complicidad con el desvío de hidrocarburos. Sheinbaum envía así un mensaje de ruptura con prácticas que durante años se permitieron en administraciones anteriores.

  También han salido a la luz acusaciones contra figuras cercanas a AMLO. Filtraciones y publicaciones en redes sociales han expuesto viajes y consumos ostentosos de personajes como Mario Delgado, Ricardo Monreal y Andy López Beltrán en destinos turísticos de alto costo, junto con otros funcionarios morenistas que hacen gala de sus fortunas, todo ello sin una explicación clara sobre el origen de sus recursos.

  Especialmente notorios han sido los señalamientos contra el líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, por su posible vinculación con el grupo criminal “La Barredora” en Tabasco.

  A su vez, se difundió la acusación de que la Presidenta se apropió de una vivienda en la que vivió durante 30 años, sin haber pagado por ella. Algunos analistas interpretan este señalamiento como una respuesta de actores inconformes con los ataques en su contra.

  Todo esto pueden ser indicios de querer lograr una administración  autónoma. Sin embargo,  falta mucho para lograrlo.  Sheinbaum deberá debilitar las redes de poder heredadas de su predecesor, construir mayorías políticas propias y garantizar el funcionamiento independiente de los demás Poderes de la Unión.

  La espada de Damocles de la revocación de mandato —una figura promovida por AMLO durante el sexenio pasado— sigue pendiendo sobre ella. Su margen de maniobra dependerá en gran medida de su capacidad para construir una narrativa de éxito —en seguridad, economía y gobernabilidad— que justifique su permanencia en el cargo. Si lo logra, podrá ser una nueva Cárdenas, que rompió con el yugo de su antecesor; de lo contrario, su mandato podría convertirse en la versión contemporánea del Maximato.

BANCOS EN RIESGO

 

Por: Octavio Díaz García de León

   Una de las formas clave para combatir el tráfico de drogas y la corrupción es seguir la pista del dinero,  como lo he sostenido en esta columna. Durante la Convención Bancaria celebrada en mayo, circuló discretamente la versión de que FinCEN —la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos— preparaba sanciones contra instituciones mexicanas que habrían facilitado operaciones sospechosas vinculadas al narcotráfico.

   El 25 de junio pasado, ese rumor se confirmó. El Departamento del Tesoro designó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de preocupación principal” por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero asociados al tráfico de fentanilo. Como consecuencia, a partir del 4 de septiembre de 2025, todas las instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido recibir transferencias de estas tres empresas mexicanas.

   Las sanciones desataron efectos inmediatos. Clientes alarmados comenzaron a retirar sus fondos, y ante el riesgo de una corrida bancaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de forma temporal a CIBanco e Intercam. Sin embargo, el daño reputacional ya estaba hecho, y es muy probable que estas instituciones tengan que cerrar.

   El riesgo para los bancos radica en su estructura financiera: el capital de los dueños representa apenas el 10 % de los recursos que utiliza la institución para prestar e invertir; el restante 90 % proviene principalmente de los depósitos de personas y empresas. Si los depositantes pierden la confianza y deciden retirar su dinero de forma masiva, el banco no cuenta con la liquidez para hacer frente a esa demanda.

  Por eso existen dos mecanismos de protección: el Seguro de Depósitos administrado por el IPAB, que cubre hasta 400 mil UDIs (equivalentes a más de 3 millones de pesos actuales) por cuentahabiente y por institución; y las intervenciones que realiza la CNBV.

  En una columna reciente, la periodista Peniley Ramírez reveló que FinCEN detectó cuentas sospechosas de lavado en al menos trece bancos adicionales ligadas al caso de García Luna. Esto incrementó el temor de que nuevas medidas del gobierno estadounidense puedan extenderse a otros bancos más grandes.

   Además,  la reciente cooperación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo" Guzmán, con las autoridades de Estados Unidos,  hace previsible que se revelen más nombres, rutas de dinero y vínculos con instituciones financieras mexicanas, lo que podría detonar nuevas sanciones. Estas revelaciones podrían afectar no sólo a bancos,  sino a políticos y funcionarios que han sido cómplices del narcotráfico.

   La posibilidad de que haya más sanciones representa un enorme desafío para el país. Si el IPAB se viera obligado a cubrir los depósitos asegurados de un banco mediano, tendría que emitir miles de millones de pesos en Bonos de Protección al Ahorro o recurrir a financiamiento directo de la Secretaría de Hacienda, incrementando así la deuda pública y generando presión adicional sobre el presupuesto federal. A ello se sumaría un potencial deterioro de la gobernabilidad, al combinarse el temor económico con la desconfianza institucional.

    La Asociación de Bancos de México emitió un comunicado en el que subraya que el sistema bancario mexicano es sólido y cuenta con el respaldo de las autoridades nacionales. Enfatiza que las sanciones impuestas por Estados Unidos sólo afectan operaciones con ese país, sin impacto directo en las transacciones internas. Sin embargo, este comunicado refleja la preocupación del sector: cualquier nueva sanción puede desencadenar una pérdida de confianza que derive en retiros masivos de fondos.

    Para evitar que la incertidumbre se convierta en pánico, las autoridades mexicanas deben actuar con anticipación y firmeza. Una primera medida podría ser ampliar temporalmente la cobertura del IPAB más allá del límite actual de 400 mil UDIs, e informar sobre los mecanismos de acceso al seguro de depósitos. En segundo lugar, el Banco de México podría activar líneas de liquidez que permitan a los bancos responder a retiros sin tener que vender activos con pérdidas. Tercero, las autoridades deberán mostrar datos sólidos sobre capitalización, liquidez y solvencia del sistema.

   Otras acciones incluyen la posible implementación de límites temporales de retiro, así como estimular el uso de medios de pago electrónicos para reducir la presión sobre las sucursales.

   Para la banca mexicana, este episodio representa un fuerte llamado de atención. Es indispensable reforzar los controles internos, modernizar los sistemas de monitoreo, mejorar la detección de transacciones inusuales y revisar con rigor las relaciones con intermediarios y corresponsales extranjeros.

  El riesgo de una crisis de confianza en el sistema bancario no es remoto. En un contexto marcado por la presión de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la cual incluye amenazas comerciales, sanción a instituciones financieras y la amenaza de encarcelar a políticos mexicanos cómplices, el Estado mexicano debe responder de inmediato para contener el temor de los depositantes y garantizar que el sistema bancario continúe siendo un pilar de estabilidad y crecimiento para el país.

MIGRACIÓN INDOCUMENTADA: DEPENDENCIA Y CRIMINALIZACIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

     El gobierno de Estados Unidos ha intensificado recientemente las redadas contra inmigrantes indocumentados en lugares donde antes no solía hacerlo: centros de trabajo y alrededor de los juzgados donde acuden a regularizar su situación. Aunque estas operaciones no han producido un número significativo de detenciones, el hecho de ejecutarlas en espacios de uso cotidiano ha provocado indignación entre las comunidades migrantes y desató protestas en algunas ciudades, a las que la autoridad respondió con mano dura.

  Este endurecimiento contra los inmigrantes no es un fenómeno único de Estados Unidos. En Europa occidental, los discursos contrarios a la llegada de migrantes, particularmente de origen musulmán, se basan en acusaciones de que “traen costumbres incompatibles” o de que incrementan los índices de delincuencia.

 Desafortunadamente, el sentimiento de muchos estadounidenses hacia los migrantes latinoamericanos indocumentados es de rechazo, similar a lo que ocurre en Europa con otras poblaciones migrantes. Esto se debe, en parte, a que los migrantes no se asimilan fácilmente a la cultura estadounidense, pues suelen conservar su idioma, religión y costumbres de origen, a su apariencia étnica y a que existe la percepción de que les quitan empleos a los nativos.

   En América Latina también emergen dinámicas similares. Hablando con un grupo de chilenos recientemente, comentan que perciben mucha mayor inseguridad desde 2022 en su país. Atribuyen parte del problema al ingreso masivo de migrantes, incluidas bandas criminales venezolanas como el “Tren de Aragua” y a la falta de medidas eficaces por parte del gobierno de Gabriel Boric.

   Si rastreamos las causas profundas de la migración en nuestro continente, descubrimos que la pobreza, la inseguridad, la falta de libertades y la ausencia de oportunidades en los países de origen,  empujan a millones a buscar un mejor nivel de vida. México vive movimientos que combinan la emigración económica —la llamada “búsqueda del sueño americano” de trabajadores agrícolas, empleados de hotelería y servicios, e incluso profesionistas altamente calificados— con flujos forzados por la violencia del narcotráfico.

   El programa de maquiladoras iniciado en los sesenta y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) ha generado empleo en el norte de México y ha traído enormes beneficios a los consumidores de todo el mundo. Si bien la demanda de mano de obra barata ha desplazado fábricas de Estados Unidos hacia México, revirtiendo así la necesidad de importar esa mano de obra, la diferencia salarial entre los dos países sigue impulsando la salida de personas hacia el norte.

   Esta situación permite a los migrantes sostener económicamente a sus familias en América Latina, lo que ha generado una fuerte dependencia de las remesas. Por ejemplo, en 2024, las remesas enviadas por mexicanos en el extranjero ascendieron a 64,745 millones de dólares, convirtiéndose en la principal fuente de divisas del país, representando un 44% del total.

   No sorprende, entonces, que algunos políticos estadounidenses planteen gravar las remesas con la intención de desalentar la migración indocumentada. Pero imponer un impuesto a cualquier flujo de dinero que salga de ese país no solo debilita el sustento de millones de familias latinoamericanas, sino que también desalienta a inversionistas, desde pequeños ahorradores hasta grandes fondos, al poner en riesgo la rentabilidad y la seguridad de sus capitales.

   Resulta paradójico que, mientras se criminaliza al inmigrante indocumentado, la economía norteamericana dependa de su mano de obra,  ya que existen tareas que rechaza la fuerza laboral local: labores agrícolas exigentes, limpieza de hoteles y servicios en restaurantes,  o líneas de ensamble excesivamente tediosas.

   Sin embargo, cuando los puestos manufactureros se trasladan a otros países o se automatizan, los trabajadores estadounidenses no siempre encuentran opciones de reconversión. Por ello, sería deseable que el gobierno estadounidense provea capacitación que les permita acceder a empleos en la economía digital o en la manufactura de alto valor agregado, evitando que el descontento social derive en más rechazo hacia quienes llegan en busca de hacer el trabajo que nadie más quiere.

   La experiencia de la amnistía migratoria de 1986 en Estados Unidos, con el presidente Reagan,  muestra que la legalización masiva de los indocumentados no solo mejora sus condiciones de vida, sino que amplía la base contributiva y disminuye la vulnerabilidad a la explotación. Un mecanismo similar, acompañado de controles fronterizos racionales y cooperación binacional, podría reducir la mano de obra oculta y trasladar la discusión de la clandestinidad a la regulación ordenada.

   La vecindad norteamericana ofrece enormes posibilidades de crecimiento conjunto a los tres países. Pero para aprovecharlas es imprescindible reconocer la contribución de los millones de inmigrantes dispuestos a trabajar en las tareas menos atractivas, darles vías de regularización y dotar a los trabajadores desplazados de herramientas para su reinserción. Solo así la migración dejará de verse como un problema que fractura sociedades y se convertirá en una fuerza que impulsa la prosperidad compartida en todo el continente.

LA REFORMA JUDICIAL PENDIENTE

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Con una participación cercana al 13 % del electorado y apenas alrededor del 10 % de votos válidos, se llevó a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, cuyo propósito es sustituir a quienes hoy ocupan esos cargos, proceso que culminará en 2027. Este ejercicio, casi sin precedentes a nivel mundial, corre el riesgo de politizar la impartición de justicia y comprometer la imparcialidad de las resoluciones judiciales.

 El abstencionismo tuvo varias causas. Primero, los candidatos fueron preseleccionados conforme a su afinidad con el partido en el poder, por lo que muchos electores consideraron que no existían opciones reales. Segundo, la complejidad de las boletas disuadió a quienes no conocen el funcionamiento del sistema judicial. Tercero, el Instituto Nacional Electoral (INE) careció de recursos adecuados para garantizar una contienda transparente y, además, tomó decisiones tales como no anular las boletas no utilizadas en las casillas, lo que minó la confianza ciudadana

   No hubo sorpresas en cuanto a quienes resultaron electos, pues se recurrió al uso de acordeones, acarreo y prácticas clientelares para inducir el voto. Con ello, el Poder Ejecutivo y el partido en el gobierno consolidan su control sobre el Poder Judicial; existe incluso la posibilidad de que la delincuencia organizada haya introducido personas afines.

   Además de la elección de ministros, magistrados y jueces, la reforma al Poder Judicial de 2024 incluye otros cambios:

1. Tribunal de Disciplina Judicial. Se crea un órgano independiente que centraliza funciones antes dispersas en las tres instituciones del Poder Judicial federal, tales como la visitaduría judicial y la investigación de responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional. Integrado por cinco magistrados electos, este tribunal tendrá las facultades que ya tenían las visitadurías y las áreas de investigación de responsabilidades, esto es, investigar, substanciar y resolver procedimientos de responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional, resolver recursos de revisión en los procedimientos  administrativos del personal no jurisdiccional -- tratándose de faltas graves --, evaluar y dar seguimiento al desempeño de magistrados de circuito y jueces de distrito, y resolver conflictos laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, así como entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus empleados.

    2. Órgano de Administración Judicial. Se instituye una instancia que tendrá bajo su mando las áreas administrativas de las tres instituciones del Poder Judicial federal, con cinco titulares: uno designado por la Presidencia de la República, otro propuesto por el Senado y tres electos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo su mando queda la Contraloría de Administración Judicial —desaparecen las tres contralorías internas—, encargada de auditar e investigar faltas administrativas del personal no jurisdiccional. Asimismo se le incorporan diversos órganos auxiliares que antes dependían de cada institución por separado.

   En esencia, la reforma sustituye a ministros, magistrados y jueces para colocar nuevas personas en los cargos, y reestructura bajo el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración diversas funciones antes dispersas. A primera vista, parece una reforma de forma y no de fondo, a diferencia de la de 2008.

   Sin embargo, incorpora riesgos adicionales: la politización de la vigilancia del personal jurisdiccional, al otorgar mayor relevancia al Tribunal de Disciplina encabezado por magistrados electos que podrían responder a intereses políticos; y la concentración de funciones de fiscalización administrativa en el Órgano de Administración, que actúa como juez y parte al perseguir faltas administrativas del personal a su cargo, a través de la Contraloría de Administración Judicial.

   La reforma de 2008, que instauró el sistema penal acusatorio oral, fue un avance garantista en derechos humanos, pero se implementó sin recursos ni capacitación suficientes a los responsables de aplicarla. Como resultado, las carpetas de investigación que arman los ministerios públicos se integran de forma deficiente siendo desestimadas por los jueces y, en gran medida, en ello radica el problema de la impunidad, no en el Poder Judicial.

  Por su parte, la reforma de 2024 fue criticada a nivel nacional e internacional por la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la cual viene a sustituir a personal con una larga carrera judicial e incorpora a personas sin experiencia. Además,  tuvo un costo muy elevado y, al ser esencialmente una reforma superficial,  difícilmente mejorará la impartición de justicia. En cambio, aumenta el riesgo de sentencias politizadas y la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.

   Para lograr una verdadera transformación en la impartición de justicia, se requieren otras medidas: revisar el enfoque garantista, reformar y fortalecer a las procuradurías, capacitar a sus responsables y aplicar ingenierías de procesos para optimizar la administración judicial. Ojalá pronto llegue la auténtica reforma de fondo que tanta falta hace.

 

ACEPTAR LA AYUDA DE ESTADOS UNIDOS

Por: Octavio Díaz García de León

 

    El ataque que costó la vida a dos colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México es un indicio importante del poder de la delincuencia organizada. Aunque el asesinato de servidores públicos no es nuevo, en este caso hiere especialmente al partido en el gobierno por la proximidad personal de las víctimas con su liderazgo.

   Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia en 2006, la violencia se agudizó. Ese año, Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de Michoacán, solicitó al gobierno federal apoyo para retomar el control de más de la mitad del territorio estatal que se encontraba en manos de los delincuentes. Fue así como el gobierno de Calderón emprendió una ofensiva centrada primero en los grupos más violentos —Los Zetas y el Cártel del Golfo— sin descuidar a otros cárteles. No obstante, la corrupción en los gobiernos locales y las policías estatales y municipales dificultó implementar la estrategia. Calderón requería más tiempo para lograr resultados ya que la estrategia sí funcionó, como se demostró hacia el final del sexenio,  cuando hubo un descenso en los homicidios dolosos.

    La administración de Peña Nieto reformuló el esquema hacia una “coordinación” interinstitucional que no logró resultados sustantivos. Incluso intentó gobernar Michoacán enviando a un “comisionado” plenipotenciario quien impulsó el fortalecimiento de las “autodefensas”, incrementando la confusión sin consolidar la autoridad del Estado mexicano.

   López Obrador optó por no confrontar a los delincuentes con su estrategia de “abrazos, no balazos” y promoviendo la defensa de los derechos humanos de los delincuentes. Este enfoque derivó en una tregua tácita que permitió a las organizaciones criminales expandirse y agravar las disputas territoriales.

  Claudia Sheinbaum ha retomado el uso de la fuerza contra los cárteles, impulsada por dos urgencias: la creciente erosión de la gobernabilidad ante grupos que quizá controlan más territorio que el propio Estado; y la presión de Estados Unidos, bajo la administración Trump, para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

  Sin embargo, la estrategia de la presidenta enfrenta tres grandes obstáculos:

 1.  La Marina Armada y el Ejército destinan recursos a tareas civiles —operación de puertos y aeropuertos,  obra pública, administración turística, aduanas, etc. — lo que limita su disponibilidad operativa. Reasignar estas responsabilidades hacia labores de seguridad, requiere desmontar intereses creados entre los propios militares.

 2. Muchas corporaciones policiales estatales y municipales están infiltradas o controladas por cárteles, al igual que gobernadores y presidentes municipales cómplices, lo que vuelve ineficaz cualquier esfuerzo de recuperación de territorios.

 3. El Secretario de Seguridad carece de una fuerza operativa propia. Tras entregar AMLO la Guardia Nacional al Ejército, la Secretaría de Seguridad sólo dispone de personal de inteligencia, sin mando real sobre tropas ni recursos para operaciones de campo y está sujeto a la voluntad de los jefes de la fuerzas armadas sobre quienes no tiene mando.

 Mientras tanto, Estados Unidos ha nombrado a un embajador en México con vasta experiencia militar e inteligencia antinarcóticos, apoyado por el Capitolio,  por lo que se esperan acciones más intervencionistas.

 Hemos visto como la administración de la presidenta Sheinbaum se ha plegado a las exigencias del presidente Trump, con lo que le ha evitado mayores daños al país,  a costa de un sometimiento tácito. Siguiendo esa pauta, lo que queda es aceptar la ayuda que ofrece Estados Unidos para combatir a los cárteles. 

 Históricamente, México y EE. UU. han colaborado en seguridad (Plan Mérida, apoyos de la DEA, operaciones conjuntas). Extender ese esquema—con suministro de equipo militar avanzado, inteligencia de alto nivel y contrainteligencia—podría quebrar las redes de protección de políticos corruptos y dotar de músculo a las fuerzas mexicanas con el envío de tropas americanas entrenadas para combatir insurgencias y que tengan facilidades para operar en México.

 Ante la incapacidad del Estado mexicano por resolver el problema de la inseguridad, un sector considerable de la población —víctima de extorsión, asaltos y violencia cotidiana— podría respaldar una mayor cooperación o incluso una intervención binacional.

 Aunque autorizar operaciones extranjeras en territorio nacional pueda parecer extremo, la magnitud de la crisis de seguridad justifica considerar este recurso. No cabe hablar de “respeto a la soberanía” ante la intervención de Estados Unidos cuando, de facto, los cárteles han arrebatado amplias zonas del territorio nacional al Estado mexicano,  en detrimento de esa soberanía.

 Una alianza reforzada con Estados Unidos no solo mitigaría las presiones diplomáticas y económicas de Washington, sino que podría ser la única vía para restituir al gobierno mexicano el control efectivo de carreteras, ciudades y zonas rurales en manos de delincuentes. En un contexto de emergencia, conviene explorar este enfoque antes de resignarnos a la impunidad y al desgobierno

LA IRRELEVANCIA DEL CÍRCULO ROJO

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

  Recientemente escuché a una destacada integrante del “Círculo Rojo” lamentar que la influencia de este grupo de intelectuales en los asuntos nacionales se ha vuelto irrelevante.

   Puedo identificar tres causas principales: primero, las administraciones de AMLO y Sheinbaum los han confrontado abiertamente; segundo, la dinámica de formación de opinión ha cambiado radicalmente con las redes sociales; y, tercero, existe un desinterés creciente de buena parte de la población por los asuntos públicos.

  El término “Círculo Rojo” apareció a principios de la década de 2000 para distinguir a una élite de “mexicanos informados” (lectores frecuentes de prensa, académicos, líderes de opinión) frente al “Círculo Verde”, conformado por quienes consumían mayormente radio y televisión y participaban poco en el debate público.

   Según esta clasificación, el “Círculo Rojo” agrupa a: periodistas y comunicadores con columnas o espacios de opinión en medios nacionales; académicos y analistas con posgrado en instituciones prestigiosas quienes son autores de ensayos de diversa índole; empresarios y líderes empresariales cuyas opiniones aparecen en foros, columnas o financian medios de comunicación; políticos y exfuncionarios con tribuna mediática (legisladores, excongresistas, exsecretarios, dirigentes de partidos políticos, etc.); líderes de la sociedad civil tales como directores de ONG, fundaciones y think tanks.

   Su rasgo común es la formación académica avanzada (maestrías o doctorados) y una trayectoria en puestos de alto nivel, con vínculos estrechos al poder político y a los dueños de los medios tradicionales. Antes de la era digital, constituían prácticamente la única fuente de opinión pública. Les bastaba opinar en periódicos, radio y televisión para influir en el debate nacional

   Durante décadas, sus propuestas y críticas fueron recibidas e incluso cooptadas por los gobiernos. Presidentes de distintos signos políticos les ofrecían puestos diplomáticos, accesos exclusivos a la Presidencia y apoyos financieros a sus publicaciones, fundaciones y ONG’s.

   Entre los méritos históricos de los integrantes del “Círculo Rojo” cabe destacar que muchos de sus miembros impulsaron reformas clave para la consolidación democrática: un INE independiente, la creación del INAI, COFECE, IFT y otros organismos autónomos, así como leyes anticorrupción que fortalecieron la rendición de cuentas, entre muchas otras iniciativas.

   Esa interlocución se rompió con la llegada de AMLO al poder y ha persistido con Sheinbaum. Sus gobiernos han promovido su propia red de “intelectuales orgánicos”, generalmente leales en el discurso pero con menor reconocimiento académico y ausencia de crítica independiente, confundiéndose a veces con simples propagandistas.

   La conferencista, a la que hice alusión al principio, lamentó que, en los últimos seis años y medio, todos esos avances se han estancado o revertido. Se quejó de que sus denuncias sobre la corrupción que se ha dado en ese periodo y sus críticas a las políticas de la Cuarta Transformación no son atendidas. Por el contrario, ella y otros miembros de este “Círculo Rojo”, han sufrido campañas de desprestigio, amenazas, persecuciones y la pérdida de espacios de opinión en medios tradicionales.

   La transformación digital ha erosionado aún más su papel. Con la fragmentación de audiencias en redes sociales y plataformas en línea, ya no existe un oligopolio de opinión: miles de blogueros, tuiteros, tiktokeros e influenciadores compiten por la atención pública.

   Esto ha provocado dos fenómenos: mayor pluralidad de voces, lo cual diluye el peso exclusivo del “Círculo Rojo” y la proliferación de “mercenarios de la opinión”, pagados por partidos o intereses particulares para distorsionar el debate y manipular a audiencias menos racionales. Las audiencias que consumen estos contenidos sin contar con un juicio crítico para filtrar la información están expuestas a la manipulación de quienes, sin rigor intelectual, emplean técnicas propagandísticas reminiscentes de las desarrolladas por Goebbels.

    El resultado es un debate público más amplio pero de menor rigor: mientras los intelectuales del “Círculo Rojo” garantizaban, por su formación, discusiones más fundamentadas, hoy sus pronósticos y recomendaciones tienen cada vez menos peso y los opinadores de las redes sociales encuentran cada vez más adeptos para justificar, en muchos casos, acciones que dañan a la democracia y al país. .

  Por último, destaca la creciente indiferencia ciudadana. Aunque millones consumen contenidos informativos en redes, la mayoría lo hace como entretenimiento o para desahogar frustraciones, sin involucrarse activamente en la política. Tienden a seguir a los influenciadores más persuasivos o sensacionalistas y a votar según “sugerencias” de esas voces, en lugar de formarse un juicio propio.

   Estamos ante el final del oligopolio de la opinión y el paso a un espacio digital en el que cualquiera puede opinar sin necesidad de argumentos sólidos. El poder real hoy recae en quien dispone de mejores recursos y plataformas para acaparar la atención —incluyendo al propio gobierno—, y ha dejado al “Círculo Rojo” enfrentando una irrelevancia inédita que los obligará a reinventarse o a abandonar la tribuna pública.

 

 

LAS RAZONES DE TRUMP

 

Por: Octavio Díaz García de León

    El presidente Trump pretende transformar, en cuestión de meses, el orden geopolítico y comercial que Estados Unidos construyó durante más de ocho décadas. No solo desató una guerra comercial de alcance global, con algunos paralelismos con las políticas de hace cien años que derivaron en la Gran Depresión, sino que busca abandonar el papel de potencia hegemónica que velaba por la democracia y el orden capitalista mundial.

   Entre los argumentos utilizados por la administración Trump para justificar tales medidas se destacan los siguientes:

·         Reducir el déficit comercial. Supuestamente las prácticas discriminatorias de comercio exterior de los países con los que comercia Estados Unidos provocan un déficit que se pretende reducir, aunque se omite que la balanza de servicios resulta favorable a este país.  

·         Recuperar la pérdida de empleo manufacturero. Se busca revertir la pérdida de empleos en el sector manufacturero, para un segmento de la población menos calificada,  desplazada por el avance tecnológico y la externalización a países donde la producción resulta más barata.

·         Reducción de la deuda pública. Se quiere disminuir la enorme deuda de Estados Unidos para fortalecer a su economía, aunque no le genera problemas a corto plazo, mientras el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial,

·         Disminución del gasto militar. Reducir la inversión en defensa para rebajar la deuda y realizar un cambio geopolítico muy importante al abandonar Estados Unidos su papel de garante de la seguridad de las rutas marítimas, la globalización y de sus aliados.

   Ante este diagnóstico, asesores de Trump tales como Stephen Miran y Peter Navarro, impulsan el uso agresivo y generalizado de aranceles hacia todos los países con los que comercia Estados Unidos.

    Una vez aplicados, se clasificaría a los países en dos grupos: aquellos que se alineen a los intereses estadounidenses y acepten las medidas, como México,  y aquellos que confronten a Estados Unidos, como China. En este último caso, los aranceles que se han impuesto son de un 145% para productos chinos, mientras que China impuso un 125% sobre productos estadounidenses. Además, estos asesores proponen imponer un impuesto sobre los intereses generados por los bonos del Tesoro americanos a sus tenedores extranjeros.

 Entre las consecuencias derivadas de estas políticas se señalan:

·         Retorno de empleos manufactureros. La reubicación de algunas actividades productivas a Estados Unidos podría generar nuevos empleos en sectores desplazados por la externalización, pero tardaría años el proceso y encarecería los productos para el consumidor americano. También es posible que esos nuevos empleos los tomen robots o programas de inteligencia artificial.

·         Medidas de represalia. Canadá, Europa y China han tomado medidas para restringir la importación de productos estadounidenses y otros países podrían hacer los ismo tratando de aislar a Estados Unidos.  

·         Reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos podría intentar lograr una mayor autosuficiencia, pero el cambio de las cadenas de suministro globales implicaría costos elevados y un proceso de ajuste prolongado.

·         Impacto inflacionario. Los aranceles se traducen en costos adicionales para los consumidores, funcionando como un nuevo impuesto que podría alcanzar billones de dólares, afectando el poder adquisitivo de los estadounidenses.

·         Desestabilización de mercados financieros. La incertidumbre generada por estas medidas provoca importantes caídas en las bolsas de valores, afectando a millones de ahorradores, especialmente pensionados,  que invierten en el mercado de acciones.

·         Nuevas tensiones internacionales. Las ambiciones territoriales de Estados Unidos hacia Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, y el dejar a Rusia invadir a sus vecinos, incrementan el riesgo de conflictos internacionales.

·         Pérdida del estatus del dólar como moneda de reserva. Estas medidas debilitan la confianza en el dólar, arriesgando a que la enorme deuda estadounidense se vuelva impagable al no estar dispuestos los países agraviados por Estados Unidos a prestarle dinero.

 Ante la reacción mundial y el daño que se ocasiona a los Estados Unidos, Trump pospuso 90 días la aplicación de los aranceles extraordinarios a aquellos países que no adoptaron medidas de represalia. No obstante, de continuar esta estrategia,  podría desencadenar una crisis política interna y la pérdida del respaldo de los empresarios más poderosos que lo apoyaron, además de las enormes repercusiones que tendrá el trastocar el orden comercial internacional.  

 En cuanto a México, al someterse a las demandas de Estados Unidos sin adoptar represalias, ha logrado limitar el impacto de los aranceles al colocarse en niveles relativamente más bajos que otros países. Esto podría hacer que renazcan los proyectos del “nearshoring”, a medida que Estados Unidos intenta reconfigurar sus cadenas de suministro y fortalecer la manufactura local, aunque los niveles de aranceles impuestos a México ya le causan un grave perjuicio.

 La situación es extremadamente volátil debido a la incertidumbre por los cambios constantes de Trump a sus políticas y, de continuar su guerra comercial, aumentará el riesgo de una recesión mundial.