LA REFORMA JUDICIAL PENDIENTE

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Con una participación cercana al 13 % del electorado y apenas alrededor del 10 % de votos válidos, se llevó a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, cuyo propósito es sustituir a quienes hoy ocupan esos cargos, proceso que culminará en 2027. Este ejercicio, casi sin precedentes a nivel mundial, corre el riesgo de politizar la impartición de justicia y comprometer la imparcialidad de las resoluciones judiciales.

 El abstencionismo tuvo varias causas. Primero, los candidatos fueron preseleccionados conforme a su afinidad con el partido en el poder, por lo que muchos electores consideraron que no existían opciones reales. Segundo, la complejidad de las boletas disuadió a quienes no conocen el funcionamiento del sistema judicial. Tercero, el Instituto Nacional Electoral (INE) careció de recursos adecuados para garantizar una contienda transparente y, además, tomó decisiones tales como no anular las boletas no utilizadas en las casillas, lo que minó la confianza ciudadana

   No hubo sorpresas en cuanto a quienes resultaron electos, pues se recurrió al uso de acordeones, acarreo y prácticas clientelares para inducir el voto. Con ello, el Poder Ejecutivo y el partido en el gobierno consolidan su control sobre el Poder Judicial; existe incluso la posibilidad de que la delincuencia organizada haya introducido personas afines.

   Además de la elección de ministros, magistrados y jueces, la reforma al Poder Judicial de 2024 incluye otros cambios:

1. Tribunal de Disciplina Judicial. Se crea un órgano independiente que centraliza funciones antes dispersas en las tres instituciones del Poder Judicial federal, tales como la visitaduría judicial y la investigación de responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional. Integrado por cinco magistrados electos, este tribunal tendrá las facultades que ya tenían las visitadurías y las áreas de investigación de responsabilidades, esto es, investigar, substanciar y resolver procedimientos de responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional, resolver recursos de revisión en los procedimientos  administrativos del personal no jurisdiccional -- tratándose de faltas graves --, evaluar y dar seguimiento al desempeño de magistrados de circuito y jueces de distrito, y resolver conflictos laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, así como entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus empleados.

    2. Órgano de Administración Judicial. Se instituye una instancia que tendrá bajo su mando las áreas administrativas de las tres instituciones del Poder Judicial federal, con cinco titulares: uno designado por la Presidencia de la República, otro propuesto por el Senado y tres electos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo su mando queda la Contraloría de Administración Judicial —desaparecen las tres contralorías internas—, encargada de auditar e investigar faltas administrativas del personal no jurisdiccional. Asimismo se le incorporan diversos órganos auxiliares que antes dependían de cada institución por separado.

   En esencia, la reforma sustituye a ministros, magistrados y jueces para colocar nuevas personas en los cargos, y reestructura bajo el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración diversas funciones antes dispersas. A primera vista, parece una reforma de forma y no de fondo, a diferencia de la de 2008.

   Sin embargo, incorpora riesgos adicionales: la politización de la vigilancia del personal jurisdiccional, al otorgar mayor relevancia al Tribunal de Disciplina encabezado por magistrados electos que podrían responder a intereses políticos; y la concentración de funciones de fiscalización administrativa en el Órgano de Administración, que actúa como juez y parte al perseguir faltas administrativas del personal a su cargo, a través de la Contraloría de Administración Judicial.

   La reforma de 2008, que instauró el sistema penal acusatorio oral, fue un avance garantista en derechos humanos, pero se implementó sin recursos ni capacitación suficientes a los responsables de aplicarla. Como resultado, las carpetas de investigación que arman los ministerios públicos se integran de forma deficiente siendo desestimadas por los jueces y, en gran medida, en ello radica el problema de la impunidad, no en el Poder Judicial.

  Por su parte, la reforma de 2024 fue criticada a nivel nacional e internacional por la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la cual viene a sustituir a personal con una larga carrera judicial e incorpora a personas sin experiencia. Además,  tuvo un costo muy elevado y, al ser esencialmente una reforma superficial,  difícilmente mejorará la impartición de justicia. En cambio, aumenta el riesgo de sentencias politizadas y la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.

   Para lograr una verdadera transformación en la impartición de justicia, se requieren otras medidas: revisar el enfoque garantista, reformar y fortalecer a las procuradurías, capacitar a sus responsables y aplicar ingenierías de procesos para optimizar la administración judicial. Ojalá pronto llegue la auténtica reforma de fondo que tanta falta hace.

 

ACEPTAR LA AYUDA DE ESTADOS UNIDOS

Por: Octavio Díaz García de León

 

    El ataque que costó la vida a dos colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México es un indicio importante del poder de la delincuencia organizada. Aunque el asesinato de servidores públicos no es nuevo, en este caso hiere especialmente al partido en el gobierno por la proximidad personal de las víctimas con su liderazgo.

   Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia en 2006, la violencia se agudizó. Ese año, Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de Michoacán, solicitó al gobierno federal apoyo para retomar el control de más de la mitad del territorio estatal que se encontraba en manos de los delincuentes. Fue así como el gobierno de Calderón emprendió una ofensiva centrada primero en los grupos más violentos —Los Zetas y el Cártel del Golfo— sin descuidar a otros cárteles. No obstante, la corrupción en los gobiernos locales y las policías estatales y municipales dificultó implementar la estrategia. Calderón requería más tiempo para lograr resultados ya que la estrategia sí funcionó, como se demostró hacia el final del sexenio,  cuando hubo un descenso en los homicidios dolosos.

    La administración de Peña Nieto reformuló el esquema hacia una “coordinación” interinstitucional que no logró resultados sustantivos. Incluso intentó gobernar Michoacán enviando a un “comisionado” plenipotenciario quien impulsó el fortalecimiento de las “autodefensas”, incrementando la confusión sin consolidar la autoridad del Estado mexicano.

   López Obrador optó por no confrontar a los delincuentes con su estrategia de “abrazos, no balazos” y promoviendo la defensa de los derechos humanos de los delincuentes. Este enfoque derivó en una tregua tácita que permitió a las organizaciones criminales expandirse y agravar las disputas territoriales.

  Claudia Sheinbaum ha retomado el uso de la fuerza contra los cárteles, impulsada por dos urgencias: la creciente erosión de la gobernabilidad ante grupos que quizá controlan más territorio que el propio Estado; y la presión de Estados Unidos, bajo la administración Trump, para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

  Sin embargo, la estrategia de la presidenta enfrenta tres grandes obstáculos:

 1.  La Marina Armada y el Ejército destinan recursos a tareas civiles —operación de puertos y aeropuertos,  obra pública, administración turística, aduanas, etc. — lo que limita su disponibilidad operativa. Reasignar estas responsabilidades hacia labores de seguridad, requiere desmontar intereses creados entre los propios militares.

 2. Muchas corporaciones policiales estatales y municipales están infiltradas o controladas por cárteles, al igual que gobernadores y presidentes municipales cómplices, lo que vuelve ineficaz cualquier esfuerzo de recuperación de territorios.

 3. El Secretario de Seguridad carece de una fuerza operativa propia. Tras entregar AMLO la Guardia Nacional al Ejército, la Secretaría de Seguridad sólo dispone de personal de inteligencia, sin mando real sobre tropas ni recursos para operaciones de campo y está sujeto a la voluntad de los jefes de la fuerzas armadas sobre quienes no tiene mando.

 Mientras tanto, Estados Unidos ha nombrado a un embajador en México con vasta experiencia militar e inteligencia antinarcóticos, apoyado por el Capitolio,  por lo que se esperan acciones más intervencionistas.

 Hemos visto como la administración de la presidenta Sheinbaum se ha plegado a las exigencias del presidente Trump, con lo que le ha evitado mayores daños al país,  a costa de un sometimiento tácito. Siguiendo esa pauta, lo que queda es aceptar la ayuda que ofrece Estados Unidos para combatir a los cárteles. 

 Históricamente, México y EE. UU. han colaborado en seguridad (Plan Mérida, apoyos de la DEA, operaciones conjuntas). Extender ese esquema—con suministro de equipo militar avanzado, inteligencia de alto nivel y contrainteligencia—podría quebrar las redes de protección de políticos corruptos y dotar de músculo a las fuerzas mexicanas con el envío de tropas americanas entrenadas para combatir insurgencias y que tengan facilidades para operar en México.

 Ante la incapacidad del Estado mexicano por resolver el problema de la inseguridad, un sector considerable de la población —víctima de extorsión, asaltos y violencia cotidiana— podría respaldar una mayor cooperación o incluso una intervención binacional.

 Aunque autorizar operaciones extranjeras en territorio nacional pueda parecer extremo, la magnitud de la crisis de seguridad justifica considerar este recurso. No cabe hablar de “respeto a la soberanía” ante la intervención de Estados Unidos cuando, de facto, los cárteles han arrebatado amplias zonas del territorio nacional al Estado mexicano,  en detrimento de esa soberanía.

 Una alianza reforzada con Estados Unidos no solo mitigaría las presiones diplomáticas y económicas de Washington, sino que podría ser la única vía para restituir al gobierno mexicano el control efectivo de carreteras, ciudades y zonas rurales en manos de delincuentes. En un contexto de emergencia, conviene explorar este enfoque antes de resignarnos a la impunidad y al desgobierno

LA IRRELEVANCIA DEL CÍRCULO ROJO

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

  Recientemente escuché a una destacada integrante del “Círculo Rojo” lamentar que la influencia de este grupo de intelectuales en los asuntos nacionales se ha vuelto irrelevante.

   Puedo identificar tres causas principales: primero, las administraciones de AMLO y Sheinbaum los han confrontado abiertamente; segundo, la dinámica de formación de opinión ha cambiado radicalmente con las redes sociales; y, tercero, existe un desinterés creciente de buena parte de la población por los asuntos públicos.

  El término “Círculo Rojo” apareció a principios de la década de 2000 para distinguir a una élite de “mexicanos informados” (lectores frecuentes de prensa, académicos, líderes de opinión) frente al “Círculo Verde”, conformado por quienes consumían mayormente radio y televisión y participaban poco en el debate público.

   Según esta clasificación, el “Círculo Rojo” agrupa a: periodistas y comunicadores con columnas o espacios de opinión en medios nacionales; académicos y analistas con posgrado en instituciones prestigiosas quienes son autores de ensayos de diversa índole; empresarios y líderes empresariales cuyas opiniones aparecen en foros, columnas o financian medios de comunicación; políticos y exfuncionarios con tribuna mediática (legisladores, excongresistas, exsecretarios, dirigentes de partidos políticos, etc.); líderes de la sociedad civil tales como directores de ONG, fundaciones y think tanks.

   Su rasgo común es la formación académica avanzada (maestrías o doctorados) y una trayectoria en puestos de alto nivel, con vínculos estrechos al poder político y a los dueños de los medios tradicionales. Antes de la era digital, constituían prácticamente la única fuente de opinión pública. Les bastaba opinar en periódicos, radio y televisión para influir en el debate nacional

   Durante décadas, sus propuestas y críticas fueron recibidas e incluso cooptadas por los gobiernos. Presidentes de distintos signos políticos les ofrecían puestos diplomáticos, accesos exclusivos a la Presidencia y apoyos financieros a sus publicaciones, fundaciones y ONG’s.

   Entre los méritos históricos de los integrantes del “Círculo Rojo” cabe destacar que muchos de sus miembros impulsaron reformas clave para la consolidación democrática: un INE independiente, la creación del INAI, COFECE, IFT y otros organismos autónomos, así como leyes anticorrupción que fortalecieron la rendición de cuentas, entre muchas otras iniciativas.

   Esa interlocución se rompió con la llegada de AMLO al poder y ha persistido con Sheinbaum. Sus gobiernos han promovido su propia red de “intelectuales orgánicos”, generalmente leales en el discurso pero con menor reconocimiento académico y ausencia de crítica independiente, confundiéndose a veces con simples propagandistas.

   La conferencista, a la que hice alusión al principio, lamentó que, en los últimos seis años y medio, todos esos avances se han estancado o revertido. Se quejó de que sus denuncias sobre la corrupción que se ha dado en ese periodo y sus críticas a las políticas de la Cuarta Transformación no son atendidas. Por el contrario, ella y otros miembros de este “Círculo Rojo”, han sufrido campañas de desprestigio, amenazas, persecuciones y la pérdida de espacios de opinión en medios tradicionales.

   La transformación digital ha erosionado aún más su papel. Con la fragmentación de audiencias en redes sociales y plataformas en línea, ya no existe un oligopolio de opinión: miles de blogueros, tuiteros, tiktokeros e influenciadores compiten por la atención pública.

   Esto ha provocado dos fenómenos: mayor pluralidad de voces, lo cual diluye el peso exclusivo del “Círculo Rojo” y la proliferación de “mercenarios de la opinión”, pagados por partidos o intereses particulares para distorsionar el debate y manipular a audiencias menos racionales. Las audiencias que consumen estos contenidos sin contar con un juicio crítico para filtrar la información están expuestas a la manipulación de quienes, sin rigor intelectual, emplean técnicas propagandísticas reminiscentes de las desarrolladas por Goebbels.

    El resultado es un debate público más amplio pero de menor rigor: mientras los intelectuales del “Círculo Rojo” garantizaban, por su formación, discusiones más fundamentadas, hoy sus pronósticos y recomendaciones tienen cada vez menos peso y los opinadores de las redes sociales encuentran cada vez más adeptos para justificar, en muchos casos, acciones que dañan a la democracia y al país. .

  Por último, destaca la creciente indiferencia ciudadana. Aunque millones consumen contenidos informativos en redes, la mayoría lo hace como entretenimiento o para desahogar frustraciones, sin involucrarse activamente en la política. Tienden a seguir a los influenciadores más persuasivos o sensacionalistas y a votar según “sugerencias” de esas voces, en lugar de formarse un juicio propio.

   Estamos ante el final del oligopolio de la opinión y el paso a un espacio digital en el que cualquiera puede opinar sin necesidad de argumentos sólidos. El poder real hoy recae en quien dispone de mejores recursos y plataformas para acaparar la atención —incluyendo al propio gobierno—, y ha dejado al “Círculo Rojo” enfrentando una irrelevancia inédita que los obligará a reinventarse o a abandonar la tribuna pública.

 

 

LAS RAZONES DE TRUMP

 

Por: Octavio Díaz García de León

    El presidente Trump pretende transformar, en cuestión de meses, el orden geopolítico y comercial que Estados Unidos construyó durante más de ocho décadas. No solo desató una guerra comercial de alcance global, con algunos paralelismos con las políticas de hace cien años que derivaron en la Gran Depresión, sino que busca abandonar el papel de potencia hegemónica que velaba por la democracia y el orden capitalista mundial.

   Entre los argumentos utilizados por la administración Trump para justificar tales medidas se destacan los siguientes:

·         Reducir el déficit comercial. Supuestamente las prácticas discriminatorias de comercio exterior de los países con los que comercia Estados Unidos provocan un déficit que se pretende reducir, aunque se omite que la balanza de servicios resulta favorable a este país.  

·         Recuperar la pérdida de empleo manufacturero. Se busca revertir la pérdida de empleos en el sector manufacturero, para un segmento de la población menos calificada,  desplazada por el avance tecnológico y la externalización a países donde la producción resulta más barata.

·         Reducción de la deuda pública. Se quiere disminuir la enorme deuda de Estados Unidos para fortalecer a su economía, aunque no le genera problemas a corto plazo, mientras el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial,

·         Disminución del gasto militar. Reducir la inversión en defensa para rebajar la deuda y realizar un cambio geopolítico muy importante al abandonar Estados Unidos su papel de garante de la seguridad de las rutas marítimas, la globalización y de sus aliados.

   Ante este diagnóstico, asesores de Trump tales como Stephen Miran y Peter Navarro, impulsan el uso agresivo y generalizado de aranceles hacia todos los países con los que comercia Estados Unidos.

    Una vez aplicados, se clasificaría a los países en dos grupos: aquellos que se alineen a los intereses estadounidenses y acepten las medidas, como México,  y aquellos que confronten a Estados Unidos, como China. En este último caso, los aranceles que se han impuesto son de un 145% para productos chinos, mientras que China impuso un 125% sobre productos estadounidenses. Además, estos asesores proponen imponer un impuesto sobre los intereses generados por los bonos del Tesoro americanos a sus tenedores extranjeros.

 Entre las consecuencias derivadas de estas políticas se señalan:

·         Retorno de empleos manufactureros. La reubicación de algunas actividades productivas a Estados Unidos podría generar nuevos empleos en sectores desplazados por la externalización, pero tardaría años el proceso y encarecería los productos para el consumidor americano. También es posible que esos nuevos empleos los tomen robots o programas de inteligencia artificial.

·         Medidas de represalia. Canadá, Europa y China han tomado medidas para restringir la importación de productos estadounidenses y otros países podrían hacer los ismo tratando de aislar a Estados Unidos.  

·         Reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos podría intentar lograr una mayor autosuficiencia, pero el cambio de las cadenas de suministro globales implicaría costos elevados y un proceso de ajuste prolongado.

·         Impacto inflacionario. Los aranceles se traducen en costos adicionales para los consumidores, funcionando como un nuevo impuesto que podría alcanzar billones de dólares, afectando el poder adquisitivo de los estadounidenses.

·         Desestabilización de mercados financieros. La incertidumbre generada por estas medidas provoca importantes caídas en las bolsas de valores, afectando a millones de ahorradores, especialmente pensionados,  que invierten en el mercado de acciones.

·         Nuevas tensiones internacionales. Las ambiciones territoriales de Estados Unidos hacia Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, y el dejar a Rusia invadir a sus vecinos, incrementan el riesgo de conflictos internacionales.

·         Pérdida del estatus del dólar como moneda de reserva. Estas medidas debilitan la confianza en el dólar, arriesgando a que la enorme deuda estadounidense se vuelva impagable al no estar dispuestos los países agraviados por Estados Unidos a prestarle dinero.

 Ante la reacción mundial y el daño que se ocasiona a los Estados Unidos, Trump pospuso 90 días la aplicación de los aranceles extraordinarios a aquellos países que no adoptaron medidas de represalia. No obstante, de continuar esta estrategia,  podría desencadenar una crisis política interna y la pérdida del respaldo de los empresarios más poderosos que lo apoyaron, además de las enormes repercusiones que tendrá el trastocar el orden comercial internacional.  

 En cuanto a México, al someterse a las demandas de Estados Unidos sin adoptar represalias, ha logrado limitar el impacto de los aranceles al colocarse en niveles relativamente más bajos que otros países. Esto podría hacer que renazcan los proyectos del “nearshoring”, a medida que Estados Unidos intenta reconfigurar sus cadenas de suministro y fortalecer la manufactura local, aunque los niveles de aranceles impuestos a México ya le causan un grave perjuicio.

 La situación es extremadamente volátil debido a la incertidumbre por los cambios constantes de Trump a sus políticas y, de continuar su guerra comercial, aumentará el riesgo de una recesión mundial.

 

LA BRUTALIDAD DEL NARCO

  

Por: Octavio Díaz García de León

El hallazgo de un rancho convertido en campo de entrenamiento y exterminio, atribuido a uno de los cárteles más poderosos del crimen organizado y ubicado en Teuchitlán, Jalisco, visibilizó nuevamente el fenómeno de los desaparecidos, que lleva décadas ocurriendo en México.

Se estima que existen más de 125,000 personas desaparecidas en el país, de los cuales casi la mitad en los últimos 6 años. Los grupos criminales suprimen a las víctimas, partiendo de la premisa de que “sin cuerpo, no hay delito”, llegando así la impunidad en este delito a tasas del 99%.

Son impactantes los testimonios respecto a lo ocurrido en dicho rancho: reclutamiento forzado, métodos de entrenamiento violentos, rituales salvajes,  formas de disciplina inhumanas y la facilidad con la que los reclutados eran desechados. Todo ello muestra la extrema brutalidad del narco en lo que académicos como el Dr. Carlos Alberto Sánchez, de la Universidad Estatal de San José en California, han denominado “la cultura del narco”.

En su libro A Sense of Brutality. Philosophy after narco-culture, Sánchez aborda desde una perspectiva filosófica el problema de esta brutalidad extrema. El autor propone que, más allá de ser únicamente un fenómeno criminal, la cultura del narco constituye un nuevo paradigma de pensamiento y vivencia que desafía las concepciones tradicionales sobre la moral, la estética y la existencia.

La cultura del narco se manifiesta en todas las facetas de la vida cultural: en las artes plásticas, la música, la religión, la literatura, el cine, las series de televisión, los estilos de vida y los códigos de conducta, acompañada de una violencia extrema. Lo paradójico es que esta cultura es creada por personas consideradas racionales e incluso inteligentes, lo que puede resultar incomprensible, vista desde fuera.

A su vez, la sociedad mexicana está profundamente impregnada de la cultura del narco. Por ejemplo, en plataformas como Netflix predominan las series sobre narcos, como si ese fuera el reflejo cotidiano de México y los narco corridos se han ido adueñando del gusto popular.

El narcotráfico es una manifestación extrema de un capitalismo desenfrenado y un consumismo llevado al límite. Los narcos buscan obtener riqueza a toda costa para gastar sin restricciones durante su breve carrera profesional, e incluso tras su muerte, como se evidencia en el panteón Jardines del Humaya en Culiacán, repleto de mausoleos de figuras del crimen organizado.

 Sánchez describe cómo, en contextos de ausencia o debilitamiento del Estado, el narcotráfico se transforma no solo en una fuente de ingresos y poder, sino también en un referente cultural que moldea la identidad y el comportamiento social. La narrativa del sicario o del capo se difunde ampliamente, y la violencia, en lugar de limitarse a ser un instrumento de represión, se convierte en un lenguaje simbólico capaz de comunicar mensajes de poder, resistencia y fortaleza.

 El rasgo más oscuro, y a la vez definitorio, de esta cultura es su brutalidad. Se evidencia en la manera en que se inflige la muerte a las víctimas: no se ejecuta de forma “funcional” y rápida, sino mediante un sufrimiento prolongado e inimaginable, que culmina en finales atrozmente violentos, como decapitaciones y amputaciones.

 Quizás este fenómeno de violencia extrema derive de la cultura castrense, como ilustra Stanley Kubrick en su película Full Metal Jacket, dado que muchos grupos del crimen organizado han sido formados o reforzados por exmilitares.

 Tanto para los militares que entrenan soldados como para los narcos, la brutalidad funciona para cosificar al ser humano: al convertir a la víctima en objeto, se deshumaniza. El sicario ya no está matando a otro ser humano como él, sino deshaciéndose de un pedazo de carne que obstaculiza su negocio. 

 Para ello establecen métodos para eliminar a las “personas molestas”. Así nació la especialidad de los “pozoleros”, encargados de disolver los cuerpos para no dejar huella, aunado a la proliferación de miles de fosas clandestinas y campos de exterminio equipados con hornos crematorios.

 Para el narco, la ejemplaridad y el infundir terror no siempre constituyen el objetivo principal. Aunque circulen videos en internet que muestran ejecuciones terribles y, en los noticieros se presenten imágenes de cuerpos torturados y desmembrados, lo más aterrador y frecuente es la desaparición de los cuerpos, lo cual añade una dimensión adicional de terror para los familiares y la sociedad.

Final del formulario

 Cuando un fenómeno tan violento rebasa nuestra capacidad de explicación, es comprensible que los filósofos traten de encontrarle sentido. Se busca identificar vías para erradicar esta cultura nacida del consumismo y el capitalismo extremo, facilitada por un Estado débil y una sociedad indiferente y frecuentemente cómplice.

 Figuras como Nayib Bukele han manifestado que “México lo puede hacer”, haciendo uso, irónicamente, de la misma cultura de brutalidad para combatirla. Sin embargo, es fundamental que existan caminos más racionales y éticos para enfrentar esta problemática. Quizás en los planteamientos filosóficos del Dr. Sánchez podamos encontrar algunas respuestas.

 

NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

   El presidente Trump busca redefinir el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Estados Unidos ha sido un pilar en la seguridad global, desplegando su fuerza militar y promoviendo la democracia en diversas regiones, ahora parece adoptar una postura más aislacionista y perseguir nuevas ambiciones territoriales.

   La retórica y la actitud de Trump hacia Ucrania muestra un acercamiento importante con Rusia, lo que permitiría que este país avance en sus reivindicaciones territoriales y en la reconfiguración del extinto imperio soviético, a cambio de que Putin lo apoye en sus propios reclamos territoriales que incluyen el incorporar a Canadá a la “Unión Americana”, tomar el Canal de Panamá y anexarse Groenlandia, aunque dichas amenazas no se han traducido en una política formal. 

   Trump aún no ha mostrado cuáles son sus ambiciones geográficas hacia México, más allá de cambiar unilateralmente el nombre del Golfo de México,  pero no sería extraño que manifestara el querer anexarse Baja California y podría, aventurándonos un poco, decir que quiere crear un “protectorado” en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a fin de poner una barrera territorial entre su país y el sur del continente para evitar la “invasión de personas y drogas.” Suena descabellado, pero así suenan las ambiciones territoriales que ya ha manifestado.

  El impacto de estos cambios en la geopolítica mundial se traduce en algo que hasta hace unos meses se veía como impensable: la posibilidad de que México vea amenazada su seguridad nacional por parte de Estados Unidos, el cual podría intentar incursionar con su ejército en nuestro país en busca de narcotraficantes y querer apoderarse de territorio mexicano.

  Es importante recordar que la seguridad nacional se refiere a la defensa del Estado mexicano y su soberanía, mientras que la seguridad pública se enfoca en la protección de los individuos y sus propiedades. Distinguir entre ambas es fundamental para una adecuada formulación de políticas.

   En este sentido, se ha expresado en discursos oficiales y debates públicos la necesidad de reforzar nuestra soberanía nacional. Por ejemplo, recientemente se reformó la Constitución, de manera inocente, para prohibir intervenciones extranjeras. Pero a una potencia militar agresiva, lo que menos le preocuparía es cumplir con nuestras leyes. Tampoco es de esperarse un levantamiento popular generalizado contra un posible invasor, invocando nuestro himno nacional. Esto no ocurrirá,  pero si se diera algún grado de oposición impulsado por un discurso patriotero, dada la diferencia de fuerzas militares, acabaría en un baño de sangre de mexicanos, no de invasores.

  Pero las nuevas amenazas a la seguridad nacional no solo vienen del exterior. Del interior provienen las disputas por agua y tierras, la actuación en territorio nacional de servicios de inteligencia extranjeros contrarios al interés nacional, así como la presencia de grupos islámicos radicales y otras organizaciones terroristas.

   Finalmente, otro factor de preocupación es el control de extensos territorios por parte del crimen organizado como ha ocurrido en el “Triángulo Dorado”, ubicado en la confluencia de Chihuahua, Sinaloa y Durango, desde hace décadas y que se ha extendido a gran parte del país. Además, el fenómeno delincuencial se ha tornado cada vez más violento, lo cual se evidencia con el descubrimiento de campos de exterminio y las miles de fosas clandestinas a donde van a parar los restos de las víctimas de los criminales.

   A pesar de que el crimen organizado es un problema que compete a las instancias de seguridad pública, también representa una grave amenaza para la seguridad nacional. Por ello, se requiere un esfuerzo coordinado del Estado para desmantelar las redes de narcopolítica y recuperar el control territorial.

   Esto ocurre en un contexto en que instituciones como SEDENA, la Marina Armada y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están debilitadas por dedicarse a resolver problemas de seguridad pública y las primeras dos por atender asuntos de carácter civil tales como la construcción de obras públicas y la administración de trenes, aeropuertos, hoteles, aduanas, puertos, etc., lo cual diluye su capacidad para proteger la seguridad nacional.

    A su vez el CNI debería volver a ser la institución de inteligencia civil dedicada a salvaguardar la seguridad nacional,  mientras que las funciones de inteligencia para la seguridad pública se deberían concentrar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.   

   Ante estos escenarios sin precedentes, derivados de desafíos externos y peligros internos, es imperativo colocar la protección de nuestra seguridad nacional en la agenda pública e institucional. Además, se debe regresar a los civiles las tareas administrativas; reconstruir a la policía civil federal;  y reenfocar con los recursos necesarios, a las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO

                                                                         Por: Octavio Díaz García de León

    Estados Unidos continúa presionando a México para detener el flujo de drogas ilícitas hacia su territorio. La entrega de 29 capos trasladados a Estados Unidos, hecho inédito en la política mexicana, posiblemente no bastará para apaciguar a Trump y su gabinete. Exigen, además, la detención de políticos de alto nivel, cómplices de narcotraficantes, y podrían recurrir incluso a la intervención militar en territorio mexicano.

   En un artículo reciente de Letras Libres, "Fentanilo y Narcopolítica", Guillermo Valdés ofrece un panorama de las dificultades para frenar el tránsito de drogas de México a Estados Unidos, sin mencionar, por otra parte, que las autoridades estadounidenses han fracasado en contener la demanda y el tráfico en su propio territorio. De ese fracaso se deriva el resto del problema.

   Valdés plantea, en un ejercicio hipotético, que con 150 laboratorios produciendo fentanilo se podría generar, en 8 días, la demanda anual de Estados Unidos. Puesto que estos laboratorios pueden instalarse en cualquier domicilio y, una vez producido lo necesario, cerrarse, afirma que la probabilidad de erradicarlos es prácticamente nula.

   Por su parte, Estados Unidos nada podrá hacer con drones, portaaviones patrullando las costas mexicanas o enviando una expedición punitiva. Esta última medida sería muy contraproducente, como se evidenció en la expedición infructuosa contra Pancho Villa hace más de 100 años, cuando más de 10,000 soldados incursionaron en Chihuahua sin dar con Villa, generando un gran rechazo popular. Lo mismo sucedería ahora. También intentarán capturar capos, lo cual es bueno para la imagen, pero, como se ha visto, de nada sirve, pues los capos se sustituyen tan rápido como son capturados. Valdés propone algunas soluciones interesantes y yo agregaría una.

   Recordemos que lo que impulsa este fenómeno ilegal es el beneficio económico, gran incentivo para los delincuentes que les permite una vida de lujos, fiestas y diversiones. Además, estas ganancias financian precursores, sicarios, armas, autoridades corruptas y toda la infraestructura de inmuebles, vehículos, equipos de espionaje, etc., necesaria para operar; por ello, el esfuerzo debe concentrarse en combatir los flujos ilícitos de dinero.

   El dinero es el flujo vital que motiva y posibilita estos negocios ilegales. No existe motivación más poderosa para que se den estos fenómenos.

 Con la declaración de organizaciones terroristas a varios cárteles de narcotraficantes mexicanos, adquiere primordial importancia el combatir ese flujo transnacional de dinero. Se requiere reforzar tanto a las autoridades responsables como a la legislación especializada. En México, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera no se ha destacado por detener flujos ilegales de dinero provenientes del narcotráfico, sino por su uso político, lo que exige un urgente reenfoque de prioridades y un gran reforzamiento.

   En Estados Unidos existen instituciones como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que si bien está muy atenta a operaciones financieras relevantes, enfrenta grandes dificultades para distinguir entre operaciones legítimas e ilegítimas.

  Estas normas e instituciones enfrentan grandes problemas tales como la adaptación y sofisticación criminal, ya que las organizaciones de narcotraficantes evolucionan continuamente para burlar controles, aprovechando vacíos legales y tecnológicos.

   Otro problema es la jurisdicción transnacional, pues las redes criminales operan en numerosos países, dificultando la coordinación y el intercambio de información entre autoridades de distintas naciones. Además, la corrupción y las complicidades dentro de las instituciones encargadas de combatir el fenómeno, debilitan la eficacia de los mecanismos de control y sanción.

   También existen limitaciones en recursos y capacidad investigativa. De nada sirven leyes y organismos especializados si carecen de recursos humanos, tecnológicos o financieros suficientes para enfrentar la magnitud del problema. Un caso en México es,  por ejemplo,  los escasos recursos con que cuenta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que le impide dar resultados.

    Otro obstáculo es la diversificación y atomización de actividades ilícitas: el dinero del tráfico de drogas se invierte en múltiples actividades , lo que complica su rastreo y el desmantelamiento de las redes de lavado. Además, la mayor parte del lavado de dinero ocurre en Estados Unidos.

    Ante estos problemas,  se debe aumentar el número de personas dedicadas a estas tareas, reforzar sus capacidades tecnológicas y profesionales, y cubrir vacíos legales, tales como la complicidad de notarios corruptos en la adquisición de inmuebles, o en la creación de empresas con capital de fuentes ilegales y tantas otras formas de lavar dinero.

   A diferencia de lo difícil que es erradicar la producción y el tráfico de drogas ilícitas, atacar el flujo ilegal de dinero podría resultar una estrategia más eficaz para combatir el fenómeno. Reducir la demanda de drogas y adoptar otras soluciones propuestas por expertos como Valdés,  también ayudarán a disminuir el tráfico de drogas.

LA SOCIEDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Transparencia Internacional publicó recientemente su evaluación anual de la percepción de la corrupción en el mundo, revelando que México ha caído a los niveles más bajos en 30 años. El país se ubicó en el puesto 140 de 180 evaluados, con una calificación de 26 sobre 100 (siendo 100 la ausencia total de corrupción). La percepción general es que en México hay mucha corrupción.

   Desde la época del presidente Miguel de la Madrid, con su propuesta de Renovación Moral de la Sociedad y la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, han surgido numerosas iniciativas gubernamentales para combatir la corrupción.

    Por ejemplo, con Fox se creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Servicio Profesional de Carrera y se digitalizaron innumerables trámites, como la obtención de la CURP. Con Peña se instauró el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se creó la Fiscalía Anticorrupción y se otorgó autonomía al IFAI, transformándolo en el INAI. En este sexenio se está cambiando el nombre de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque casi no cambian sus atribuciones, mientras que se elimina al INAI.

    Todo ello acompañado a lo largo de los años,  de innumerables reformas a la Constitución, a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos,  al código penal, a la ley de adquisiciones, a la de obra pública, a la de transparencia, etc.. Estos programas y cambios a las leyes no han servido para disminuir la corrupción.  

   La razón es que estos intentos que hace el gobierno adolecen de un grave defecto: la falta de una autoridad anticorrupción realmente independiente. Instituciones como la Secretaría Anticorrupción (y su predecesora, la Secretaría de la Función Pública) dependen del presidente de la república; la Fiscalía Anticorrupción tiene muy pocos recursos y casi no se ha notado su actuación; el Comité de Participación Ciudadana que encabeza al SNA,  no cuenta con la fuerza política necesaria para coordinar eficazmente el combate a la corrupción.

   Además, las instituciones que integran el SNA, salvo una, no tienen como mandato principal erradicar la corrupción, sino que abordan temas que inciden marginalmente en ella. Asimismo, intereses políticos impiden que contribuyan eficazmente a combatir la corrupción.

    Si a esto se le suma la falta de voluntad política para atacar la corrupción –como se evidenció en casos como Segalmex o la Estafa Maestra– resulta evidente que el combatir la corrupción desde adentro del gobierno no ha funcionado.  Esto se agrava al considerar que con la reforma judicial, el Poder Judicial ha dejado de funcionar como contrapeso al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al estar en manos del partido en el poder, impide la existencia de mecanismos internos al gobierno que sean eficaces para enfrentar la corrupción.

   Ante este panorama, el único contrapeso viable parece ser la sociedad civil. Los casos sonados de corrupción han salido a la luz principalmente gracias a investigaciones realizadas por organizaciones ciudadanas y periodistas de investigación. Ejemplos notables incluyen el “Toallagate” en el sexenio de Fox; la “Estela de Luz” en el sexenio de Calderón; los casos de la “Casa Blanca de las Lomas” y la “Estafa Maestra” durante el sexenio de Peña; y grandes irregularidades en Segalmex, así como en las obras emblemáticas del sexenio de AMLO.

   Entre las organizaciones que han contribuido a revelar estos hechos se encuentran Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como medios de comunicación como Latinus, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso quienes constantemente exponen casos de corrupción. Otros actores, como los observatorios ciudadanos, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana también han contribuido.

   Ante la ineficacia del gobierno para combatir desde adentro la corrupción,  lo que queda es seguir impulsando y fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil, apoyar al periodismo de investigación –en el que muchos arriesgan su vida– y crear y robustecer, a nivel estatal y municipal, a aquellas organizaciones capaces de vigilar y denunciar los malos manejos de los funcionarios públicos corruptos.

   Las investigaciones de estos organismos de la sociedad civil se pueden convertir en denuncias públicas, aunque quedaría pendiente el que las autoridades investigaran y sancionaran a funcionarios y empresarios corruptos. Por lo menos la presión de la opinión pública se haría sentir y se podrían inhibir algunos de estos comportamientos.  

  La sociedad civil debe participar más activamente en este y otros temas fundamentales que le afectan,  como es el caso de la seguridad, salud y educación. Con su intervención,  quizás algún día el indicador de Transparencia Internacional muestre que nuestro país ha mejorado en el combate a la corrupción.  De lo contrario, la sociedad seguirá siendo dañada gravemente por este fenómeno

APLICAR A MÉXICO LA RECETA TRUMP

                                                                                             Por: Octavio Díaz García de León

    El presidente Donald Trump inició su segundo mandato con la firma de numerosas órdenes ejecutivas destinadas a romper con las políticas de la administración anterior. Algunas de estas medidas han generado alarma, mientras que otras parecen sensatas. ¿Qué pasaría si el gobierno de México aplicara algunas de estas medidas? A continuación, se analizan algunas de estas acciones y como podrían implementarse en México:

 ·  Refuerzo de la seguridad en la frontera sur. Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México, desplegando tropas y reactivando programas como "Quédate en México" para gestionar la migración. México enfrenta desafíos similares en su frontera sur con Guatemala y Belice, donde el control es limitado y prevalecen actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas. Aunque la construcción de un muro no es factible, aumentar la presencia militar y establecer barreras físicas en puntos estratégicos podría mejorar la seguridad fronteriza. Además, México debería intensificar la repatriación de inmigrantes indocumentados para mitigar la presión migratoria en su frontera norte.

· Designación de cárteles como organizaciones terroristas. Trump ha considerado clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permitiría una mayor intervención en su combate. En México, el Código Penal ya permite catalogar a la delincuencia organizada como terrorismo cuando amenaza la seguridad nacional. Aplicar esta designación podría priorizar el combate a estas organizaciones y proporcionar herramientas legales más efectivas para su desarticulación.

·  Promoción de la independencia energética. Trump ha impulsado políticas para fortalecer la independencia energética de Estados Unidos, incluyendo la reactivación de proyectos de combustibles fósiles con tecnologías como el fracking. México, ante la disminución en la producción de Pemex y la existencia de reservas de gas y petróleo susceptibles de explotación mediante fracking, debería considerar el uso de esta tecnología para restablecer la rentabilidad de Pemex y el abasto nacional de gas natural. Permitir la participación de empresas privadas en la explotación de estos recursos podría compensar la falta de inversión de Pemex. 

·  Reevaluación de la ayuda exterior. Trump ha propuesto reducir la ayuda exterior para priorizar los intereses estadounidenses. México debería reevaluar su asistencia a países como Cuba, Venezuela y las naciones centroamericanas. Es necesario auditar su eficacia y asegurarse de que los fondos beneficien directamente a las poblaciones destinatarias y no a sus gobiernos. También es necesario saber en qué se utilizaron los cientos de millones de dólares que se enviaron a Centroamérica el sexenio pasado. Tan solo en 2023 México envió 150 millones de dólares a Centroamérica y Cuba a fondo perdido.  

·    Mejora de la eficiencia gubernamental. Trump ha enfatizado la necesidad de reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia en el gobierno federal. México ha implementado programas de austeridad que, aunque buscan eficiencia, han afectado la operatividad gubernamental. Otro aspecto donde México lleva mucha delantera a Trump es privilegiando la contratación de fieles al régimen por encima de la contratación de personal capacitado. Establecer un servicio civil de carrera sólido ayudaría a evitar nombramientos de parientes, amigos y recomendados y promovería la profesionalización del servicio público.

·    Revisión de políticas de inclusión. Trump ha criticado las políticas "woke" y busca retornar a criterios tradicionales en temas de género y mérito. México podría revisar sus políticas de inclusión para identificar y corregir posibles excesos, abandonando la parte más dañina y extrema de la doctrina “woke”.

·   Impulso de tecnologías financieras digitales. Trump ha mostrado interés en promover tecnologías financieras digitales, incluyendo criptomonedas. México debería fomentar tecnologías financieras digitales, asegurando una regulación que prevenga fraudes en el caso de las criptomonedas.

·  Transparencia en asuntos de Estado. Trump ha ordenado la desclasificación de archivos relacionados con magnicidios. México podría seguir este ejemplo, promoviendo la transparencia con un sustituto creíble del INAI, no con la propuesta recientemente presentada, en la que habría claros conflictos de interés.

·   Cambiar de nombre a lugares geográficos. El presidente Trump decretó el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América (falta que le cambie de nombre al estado de Nuevo México). Pero ya existen antecedentes en ambas naciones:   para los americanos el río que nos limita se llama Río Grande, y para los mexicanos Río Bravo.  AMLO y Sheinbaum impulsan por razones ideológicas usar el nombre Golfo de California en lugar de Mar de Cortés, así como Trump por las mismas razones impulsa el usar Golfo de América. En estos manejos hay coincidencias.

·   Aranceles. En cuanto a la imposición de aranceles esto no es bueno para nadie. Esperemos se pueda evitar una guerra comercial.

 

    Implementar algunas de estas políticas podrían beneficiar a México y ayudaría a fortalecer la relación bilateral. Una buena señal es que el presidente Trump está dispuesto a negociar los aranceles  y el gobierno de México a ceder en todo lo que solicita, como se mostró en la llamada del 3 de febrero entre ambos presidentes.