Por: Octavio Díaz García de León
México parece
sumergido en una ola interminable de casos de corrupción. Cada día, los medios
y las redes sociales difunden denuncias, investigaciones o presuntos escándalos
que apuntan a servidores públicos y políticos.
Sin embargo, hay un gran problema: casi nunca sabemos en qué terminan esas
acusaciones. ¿Fueron los señalados realmente culpables o los tribunales los
exoneraron? Esa falta de cierre daña tanto la credibilidad de la justicia como
la reputación de las personas involucradas.
La presunción de
inocencia es importante
Nuestra Constitución protege un principio
esencial: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso
significa que, mientras un juez o autoridad no determinen la culpabilidad,
nadie debería ser tratado como delincuente o culpable de una falta
administrativa. Entre una denuncia y una sentencia o resolución firme, hay un
largo camino que muchas veces se olvida en el debate público.
El daño reputacional: una condena anticipada
Cuando se condena a
alguien en la opinión pública antes de que finalice un proceso judicial o
administrativo y la resolución o sentencia haya quedado firme, el daño puede
ser irreversible y sumamente injusto. La reputación de una persona puede quedar
destruida, aun si más tarde se demuestra su inocencia.
Desafortunadamente el
espacio público —medios, redes, conversaciones digitales— se ha convertido en
un tribunal extralegal. Aunque las evidencias contra una persona sean
abrumadoras, las instancias que deben dilucidar si alguien es culpable no son
los foros públicos, sino las autoridades competentes. Pero hoy, muchos
periodistas, opinadores y usuarios de redes actúan como si fueran juzgadores
autorizados.
Entre
la corrupción real y la sospecha
No se trata de defender a maleantes, se trata
de que antes de afirmar que lo sean, las autoridades hayan determinado que en
verdad son culpables. No todos los casos que circulan en los medios son iguales:
hay denuncias que sí revelan actos e-videntes de corrupción, como contratos
asignados a empresas fantasma; otras veces se trata de conductas éticamente
cuestionables pero no ilegales, como viajes al extranjero o sueldos altos que,
sin embargo, cumplen con toda la
normatividad; finalmente, hay
acusaciones que responden a venganzas políticas o personales, aprovechando que
basta con señalar a alguien para convertirlo, ante la opinión pública, en
“corrupto” o culpable de cualquier falta o delito.
Cuando la política usa
la calumnia
Hemos visto cómo
funcionarios o figuras públicas usan las acusaciones como arma política. Por
ejemplo, recientemente el exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional
Anticorrupción tuvo que renunciar a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación para poder defenderse por la vía legal, de unas acusaciones públicas
en su contra. Pero este caso no es la excepción. Cada vez es más común este
modus operandi: acusar a servidores públicos, mientras reporteros imprudentes y usuarios de
redes amplifican el escándalo, acabando
por convertirse en instrumentos de la calumnia.
La urgencia de una
justicia más rápida
Habría que poner un
alto a estas prácticas que no ayudan a abatir la corrupción y que en ocasiones
destruyen vidas y carreras de funcionarios públicos. Frente a esta situación,
hace falta más responsabilidad periodística y más eficacia institucional. Los
medios deben verificar y dar el beneficio de la duda ante la posible inocencia
de los denunciados, antes de publicar
notas que los presentan como culpables; las redes deberían tener filtros contra
acusaciones sin sustento; y, sobre todo, las autoridades deben actuar con
rapidez y transparencia.
Ante esta avalancha de
acusaciones que vemos todos los días, las autoridades deben informar de sus
investigaciones, cuando se hacen públicas,
sin afectar al desarrollo de las mismas y, sobre todo, deben acelerar sus procesos para tener
resoluciones y sentencias expeditas, las cuales permitan sancionar a los
culpables y exoneren y libren de mancha a quienes resultan inocentes.
El costo de la
lentitud judicial
La lentitud de la
justicia mexicana genera impunidad, pero también daño moral. Una acusación
falsa, aun sin consecuencias legales, deja rastros en Internet, afectando
familias, carreras y honra. Calumnias y difamaciones también son delitos, pero
rara vez se persiguen con la misma energía que las denuncias espectaculares.
Hacia una cultura de
responsabilidad
Necesitamos un cambio de cultura: distinguir
entre un presunto culpable y un culpable comprobado. Los periodistas deben
recuperar su papel como garantes de la verdad, no como amplificadores del
escándalo. Las autoridades deben demostrar que la justicia puede ser rápida,
imparcial y eficaz. Solo así México dejará de ser un país donde las acusaciones
pesan más que las sentencias, y donde la justicia —en lugar del rumor— sea la
que tenga la última palabra.
