3 de marzo de 2025

DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO

                                                                         Por: Octavio Díaz García de León


    Estados Unidos continúa presionando a México para detener el flujo de drogas ilícitas hacia su territorio. La entrega de 29 capos trasladados a Estados Unidos, hecho inédito en la política mexicana, posiblemente no bastará para apaciguar a Trump y su gabinete. Exigen, además, la detención de políticos de alto nivel, cómplices de narcotraficantes, y podrían recurrir incluso a la intervención militar en territorio mexicano.

   En un artículo reciente de Letras Libres, "Fentanilo y Narcopolítica", Guillermo Valdés ofrece un panorama de las dificultades para frenar el tránsito de drogas de México a Estados Unidos, sin mencionar, por otra parte, que las autoridades estadounidenses han fracasado en contener la demanda y el tráfico en su propio territorio. De ese fracaso se deriva el resto del problema.

   Valdés plantea, en un ejercicio hipotético, que con 150 laboratorios produciendo fentanilo se podría generar, en 8 días, la demanda anual de Estados Unidos. Puesto que estos laboratorios pueden instalarse en cualquier domicilio y, una vez producido lo necesario, cerrarse, afirma que la probabilidad de erradicarlos es prácticamente nula.

   Por su parte, Estados Unidos nada podrá hacer con drones, portaaviones patrullando las costas mexicanas o enviando una expedición punitiva. Esta última medida sería muy contraproducente, como se evidenció en la expedición infructuosa contra Pancho Villa hace más de 100 años, cuando más de 10,000 soldados incursionaron en Chihuahua sin dar con Villa, generando un gran rechazo popular. Lo mismo sucedería ahora. También intentarán capturar capos, lo cual es bueno para la imagen, pero, como se ha visto, de nada sirve, pues los capos se sustituyen tan rápido como son capturados. Valdés propone algunas soluciones interesantes y yo agregaría una.

   Recordemos que lo que impulsa este fenómeno ilegal es el beneficio económico, gran incentivo para los delincuentes que les permite una vida de lujos, fiestas y diversiones. Además, estas ganancias financian precursores, sicarios, armas, autoridades corruptas y toda la infraestructura de inmuebles, vehículos, equipos de espionaje, etc., necesaria para operar; por ello, el esfuerzo debe concentrarse en combatir los flujos ilícitos de dinero.

   El dinero es el flujo vital que motiva y posibilita estos negocios ilegales. No existe motivación más poderosa para que se den estos fenómenos.

 Con la declaración de organizaciones terroristas a varios cárteles de narcotraficantes mexicanos, adquiere primordial importancia el combatir ese flujo transnacional de dinero. Se requiere reforzar tanto a las autoridades responsables como a la legislación especializada. En México, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera no se ha destacado por detener flujos ilegales de dinero provenientes del narcotráfico, sino por su uso político, lo que exige un urgente reenfoque de prioridades y un gran reforzamiento.

   En Estados Unidos existen instituciones como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que si bien está muy atenta a operaciones financieras relevantes, enfrenta grandes dificultades para distinguir entre operaciones legítimas e ilegítimas.

  Estas normas e instituciones enfrentan grandes problemas tales como la adaptación y sofisticación criminal, ya que las organizaciones de narcotraficantes evolucionan continuamente para burlar controles, aprovechando vacíos legales y tecnológicos.

   Otro problema es la jurisdicción transnacional, pues las redes criminales operan en numerosos países, dificultando la coordinación y el intercambio de información entre autoridades de distintas naciones. Además, la corrupción y las complicidades dentro de las instituciones encargadas de combatir el fenómeno, debilitan la eficacia de los mecanismos de control y sanción.

   También existen limitaciones en recursos y capacidad investigativa. De nada sirven leyes y organismos especializados si carecen de recursos humanos, tecnológicos o financieros suficientes para enfrentar la magnitud del problema. Un caso en México es,  por ejemplo,  los escasos recursos con que cuenta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que le impide dar resultados.

    Otro obstáculo es la diversificación y atomización de actividades ilícitas: el dinero del tráfico de drogas se invierte en múltiples actividades , lo que complica su rastreo y el desmantelamiento de las redes de lavado. Además, la mayor parte del lavado de dinero ocurre en Estados Unidos.

    Ante estos problemas,  se debe aumentar el número de personas dedicadas a estas tareas, reforzar sus capacidades tecnológicas y profesionales, y cubrir vacíos legales, tales como la complicidad de notarios corruptos en la adquisición de inmuebles, o en la creación de empresas con capital de fuentes ilegales y tantas otras formas de lavar dinero.

   A diferencia de lo difícil que es erradicar la producción y el tráfico de drogas ilícitas, atacar el flujo ilegal de dinero podría resultar una estrategia más eficaz para combatir el fenómeno. Reducir la demanda de drogas y adoptar otras soluciones propuestas por expertos como Valdés,  también ayudarán a disminuir el tráfico de drogas.

17 de febrero de 2025

LA SOCIEDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Transparencia Internacional publicó recientemente su evaluación anual de la percepción de la corrupción en el mundo, revelando que México ha caído a los niveles más bajos en 30 años. El país se ubicó en el puesto 140 de 180 evaluados, con una calificación de 26 sobre 100 (siendo 100 la ausencia total de corrupción). La percepción general es que en México hay mucha corrupción.

   Desde la época del presidente Miguel de la Madrid, con su propuesta de Renovación Moral de la Sociedad y la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, han surgido numerosas iniciativas gubernamentales para combatir la corrupción.

    Por ejemplo, con Fox se creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Servicio Profesional de Carrera y se digitalizaron innumerables trámites, como la obtención de la CURP. Con Peña se instauró el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se creó la Fiscalía Anticorrupción y se otorgó autonomía al IFAI, transformándolo en el INAI. En este sexenio se está cambiando el nombre de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque casi no cambian sus atribuciones, mientras que se elimina al INAI.

    Todo ello acompañado a lo largo de los años,  de innumerables reformas a la Constitución, a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos,  al código penal, a la ley de adquisiciones, a la de obra pública, a la de transparencia, etc.. Estos programas y cambios a las leyes no han servido para disminuir la corrupción.  

   La razón es que estos intentos que hace el gobierno adolecen de un grave defecto: la falta de una autoridad anticorrupción realmente independiente. Instituciones como la Secretaría Anticorrupción (y su predecesora, la Secretaría de la Función Pública) dependen del presidente de la república; la Fiscalía Anticorrupción tiene muy pocos recursos y casi no se ha notado su actuación; el Comité de Participación Ciudadana que encabeza al SNA,  no cuenta con la fuerza política necesaria para coordinar eficazmente el combate a la corrupción.

   Además, las instituciones que integran el SNA, salvo una, no tienen como mandato principal erradicar la corrupción, sino que abordan temas que inciden marginalmente en ella. Asimismo, intereses políticos impiden que contribuyan eficazmente a combatir la corrupción.

    Si a esto se le suma la falta de voluntad política para atacar la corrupción –como se evidenció en casos como Segalmex o la Estafa Maestra– resulta evidente que el combatir la corrupción desde adentro del gobierno no ha funcionado.  Esto se agrava al considerar que con la reforma judicial, el Poder Judicial ha dejado de funcionar como contrapeso al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al estar en manos del partido en el poder, impide la existencia de mecanismos internos al gobierno que sean eficaces para enfrentar la corrupción.

   Ante este panorama, el único contrapeso viable parece ser la sociedad civil. Los casos sonados de corrupción han salido a la luz principalmente gracias a investigaciones realizadas por organizaciones ciudadanas y periodistas de investigación. Ejemplos notables incluyen el “Toallagate” en el sexenio de Fox; la “Estela de Luz” en el sexenio de Calderón; los casos de la “Casa Blanca de las Lomas” y la “Estafa Maestra” durante el sexenio de Peña; y grandes irregularidades en Segalmex, así como en las obras emblemáticas del sexenio de AMLO.

   Entre las organizaciones que han contribuido a revelar estos hechos se encuentran Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como medios de comunicación como Latinus, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso quienes constantemente exponen casos de corrupción. Otros actores, como los observatorios ciudadanos, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana también han contribuido.

   Ante la ineficacia del gobierno para combatir desde adentro la corrupción,  lo que queda es seguir impulsando y fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil, apoyar al periodismo de investigación –en el que muchos arriesgan su vida– y crear y robustecer, a nivel estatal y municipal, a aquellas organizaciones capaces de vigilar y denunciar los malos manejos de los funcionarios públicos corruptos.

   Las investigaciones de estos organismos de la sociedad civil se pueden convertir en denuncias públicas, aunque quedaría pendiente el que las autoridades investigaran y sancionaran a funcionarios y empresarios corruptos. Por lo menos la presión de la opinión pública se haría sentir y se podrían inhibir algunos de estos comportamientos.  

  La sociedad civil debe participar más activamente en este y otros temas fundamentales que le afectan,  como es el caso de la seguridad, salud y educación. Con su intervención,  quizás algún día el indicador de Transparencia Internacional muestre que nuestro país ha mejorado en el combate a la corrupción.  De lo contrario, la sociedad seguirá siendo dañada gravemente por este fenómeno

3 de febrero de 2025

APLICAR A MÉXICO LA RECETA TRUMP

                                                                                             Por: Octavio Díaz García de León

    El presidente Donald Trump inició su segundo mandato con la firma de numerosas órdenes ejecutivas destinadas a romper con las políticas de la administración anterior. Algunas de estas medidas han generado alarma, mientras que otras parecen sensatas. ¿Qué pasaría si el gobierno de México aplicara algunas de estas medidas? A continuación, se analizan algunas de estas acciones y como podrían implementarse en México:

 ·  Refuerzo de la seguridad en la frontera sur. Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México, desplegando tropas y reactivando programas como "Quédate en México" para gestionar la migración. México enfrenta desafíos similares en su frontera sur con Guatemala y Belice, donde el control es limitado y prevalecen actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas. Aunque la construcción de un muro no es factible, aumentar la presencia militar y establecer barreras físicas en puntos estratégicos podría mejorar la seguridad fronteriza. Además, México debería intensificar la repatriación de inmigrantes indocumentados para mitigar la presión migratoria en su frontera norte.


· Designación de cárteles como organizaciones terroristas. Trump ha considerado clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permitiría una mayor intervención en su combate. En México, el Código Penal ya permite catalogar a la delincuencia organizada como terrorismo cuando amenaza la seguridad nacional. Aplicar esta designación podría priorizar el combate a estas organizaciones y proporcionar herramientas legales más efectivas para su desarticulación.


·  Promoción de la independencia energética. Trump ha impulsado políticas para fortalecer la independencia energética de Estados Unidos, incluyendo la reactivación de proyectos de combustibles fósiles con tecnologías como el fracking. México, ante la disminución en la producción de Pemex y la existencia de reservas de gas y petróleo susceptibles de explotación mediante fracking, debería considerar el uso de esta tecnología para restablecer la rentabilidad de Pemex y el abasto nacional de gas natural. Permitir la participación de empresas privadas en la explotación de estos recursos podría compensar la falta de inversión de Pemex. 


·  Reevaluación de la ayuda exterior. Trump ha propuesto reducir la ayuda exterior para priorizar los intereses estadounidenses. México debería reevaluar su asistencia a países como Cuba, Venezuela y las naciones centroamericanas. Es necesario auditar su eficacia y asegurarse de que los fondos beneficien directamente a las poblaciones destinatarias y no a sus gobiernos. También es necesario saber en qué se utilizaron los cientos de millones de dólares que se enviaron a Centroamérica el sexenio pasado. Tan solo en 2023 México envió 150 millones de dólares a Centroamérica y Cuba a fondo perdido.  


·    Mejora de la eficiencia gubernamental. Trump ha enfatizado la necesidad de reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia en el gobierno federal. México ha implementado programas de austeridad que, aunque buscan eficiencia, han afectado la operatividad gubernamental. Otro aspecto donde México lleva mucha delantera a Trump es privilegiando la contratación de fieles al régimen por encima de la contratación de personal capacitado. Establecer un servicio civil de carrera sólido ayudaría a evitar nombramientos de parientes, amigos y recomendados y promovería la profesionalización del servicio público.


·    Revisión de políticas de inclusión. Trump ha criticado las políticas "woke" y busca retornar a criterios tradicionales en temas de género y mérito. México podría revisar sus políticas de inclusión para identificar y corregir posibles excesos, abandonando la parte más dañina y extrema de la doctrina “woke”.


·   Impulso de tecnologías financieras digitales. Trump ha mostrado interés en promover tecnologías financieras digitales, incluyendo criptomonedas. México debería fomentar tecnologías financieras digitales, asegurando una regulación que prevenga fraudes en el caso de las criptomonedas.


·  Transparencia en asuntos de Estado. Trump ha ordenado la desclasificación de archivos relacionados con magnicidios. México podría seguir este ejemplo, promoviendo la transparencia con un sustituto creíble del INAI, no con la propuesta recientemente presentada, en la que habría claros conflictos de interés.


·   Cambiar de nombre a lugares geográficos. El presidente Trump decretó el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América (falta que le cambie de nombre al estado de Nuevo México). Pero ya existen antecedentes en ambas naciones:   para los americanos el río que nos limita se llama Río Grande, y para los mexicanos Río Bravo.  AMLO y Sheinbaum impulsan por razones ideológicas usar el nombre Golfo de California en lugar de Mar de Cortés, así como Trump por las mismas razones impulsa el usar Golfo de América. En estos manejos hay coincidencias.


·   Aranceles. En cuanto a la imposición de aranceles esto no es bueno para nadie. Esperemos se pueda evitar una guerra comercial.

 

    Implementar algunas de estas políticas podrían beneficiar a México y ayudaría a fortalecer la relación bilateral. Una buena señal es que el presidente Trump está dispuesto a negociar los aranceles  y el gobierno de México a ceder en todo lo que solicita, como se mostró en la llamada del 3 de febrero entre ambos presidentes.

 

20 de enero de 2025

PLAN MÉXICO: EL RETO DE CRECER

                                                                             Por: Octavio Díaz García de León

    Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el "Plan México", una estrategia económica que busca posicionar al país entre las diez principales economías mundiales para 2030.  Este plan, aunque ambicioso, enfrenta diversos desafíos tanto internos como externos que podrían afectar su implementación y éxito. Algunos elementos de este plan son:

    Inversión propuesta. Se plantea una inversión de 277 mil millones de dólares distribuidos en 2000 proyectos. Sin embargo, no se han detallado públicamente cuáles son estos proyectos ni su viabilidad. Es fundamental que el gobierno proporcione información específica sobre estas iniciativas para evaluar su factibilidad y determinar si se trata de nuevos proyectos o de continuaciones de esfuerzos anteriores. Por ejemplo, la inversión que hizo el año pasado Amazon AWS en Querétaro por 5,000 millones de dólares y que acaba de arrancar su operación,  fue anunciada con bombo y platillo hace unos días como si hubiera tenido su origen este sexenio.

   Generación de empleos. Una de las metas es crear 1.5 millones de empleos especializados en el sector manufacturero. No obstante, surge la interrogante sobre la disponibilidad de personal calificado para ocupar estos puestos. Además, considerando que anualmente se incorporan aproximadamente 1.5 millones de personas a la población económicamente activa, es crucial que el plan también contemple la generación de empleos en otros sectores para absorber esta fuerza laboral adicional.

    Impulso al “Hecho en México”. El plan propone que el 50% de las adquisiciones del sector público y ciertos sectores manufactureros provengan de proveedores nacionales. Este objetivo enfrenta el desafío de identificar proveedores mexicanos que puedan competir en calidad y precio con opciones internacionales. Sin una competencia efectiva, existe el riesgo de incurrir en sobreprecios o adquirir productos de menor calidad, lo que afectaría tanto a los industriales como a los consumidores y usuarios de servicios gubernamentales.

  Metas ambiciosas. Entre los objetivos del plan se incluyen: aumentar la inversión al 28% del PIB; formar 150,000 profesionistas de alto nivel; posicionar a México como la décima economía mundial para 2030; convertirse en el quinto destino turístico a nivel global; reducir significativamente el tiempo necesario para la creación de empresas. Sin embargo no se dan detalles de cómo se alcanzarán estas ambiciosas metas.

   Aunque se mencionan mecanismos de seguimiento para este Plan, es esencial que se establezcan indicadores claros y se realice un monitoreo constante para evaluar el progreso, realizar ajustes cuando sea necesario y que existan consecuencias para los responsables del plan en caso de no cumplir sus metas.

  Desafíos y obstáculos. Para alcanzar estos objetivos, el gobierno de la presidenta Sheinbaum deberá abordar varios desafíos:

·   El gobierno de Donald Trump podría implementar políticas comerciales más estrictas hacia México, imponiendo aranceles a productos e impuestos a remesas, afectando las exportaciones y nuestras relaciones económicas. Asimismo las deportaciones masivas que ha anunciado representarán un problema humanitario y económico enorme para México.  

·   El gobierno debe demostrar un compromiso real con la inversión privada, evitando que se beneficien solo empresarios amigos del gobierno.

·        Se requiere reducir la deuda y el déficit fiscal del gobierno. 

·    Es importante que las reformas al INFONAVIT no pongan en manos del gobierno los recursos que solo pertenecen a los trabajadores.  

·     Ante el desmantelamiento del Poder Judicial,  es necesario que el gobierno muestre un compromiso real con el estado de derecho.  

·        Es necesario asegurar la competencia económica a pesar de la desaparición del IFETEL y la COFECE y que se señalen los instrumentos que demuestren que son mejores que las instituciones que ha eliminado el gobierno. 

·     Se requiere que haya transparencia y rendición de cuentas gubernamental ante la supresión del INAI, efectuada por el actual gobierno, y como se van a resolver los posibles conflictos de interés que tendrá el propio gobierno ahora que no haya un organismo autónomo que garantice este derecho humano. 

·       Urge combatir eficazmente la corrupción y dar resultados en el corto plazo. 

·     Debe resolver de inmediato el problema de seguridad pública que evite asaltos, extorsiones, secuestros, robos y cobro de derecho de piso.  

·      Es indispensable modernizar la educación pública en lugar de ideologizarla. 

·    Se requiere reconstruir el sistema de salud público, desmantelado el sexenio pasado.  

·       Hay que evitar el dedicar más recursos a los proyectos estatales improductivos del sexenio pasado y volver rentables a Pemex y CFE

 Finalmente, habría que aumentar significativamente la inversión en infraestructura de comunicaciones y transportes.

 

El “Plan México" representa una visión ambiciosa para el desarrollo económico del país. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para enfrentar los desafíos mencionados, establecer mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas, y fomentar un entorno de confianza y colaboración con todos los sectores de la sociedad.

6 de enero de 2025

DROGAS: PROBLEMA COMPLEJO

                                                                         Por: Octavio Díaz García de León

    El tráfico de drogas ilegales es un problema humanitario que causa decenas de miles de muertes al año, tanto por los efectos del consumo excesivo como por la violencia inherente a su comercio ilegal. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2022 murieron más de 100,000 personas en Estados Unidos por sobredosis, en su mayoría relacionadas con opioides como el fentanilo. 

   Recientemente, un reportaje del New York Times ha puesto de relieve la producción de fentanilo en nuestro país, mientras que el gobierno de México se empeñó en desmentirlo, intentando ocultar lo evidente. Por otra parte, el presidente Donald Trump propuso designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ambas posiciones aportan poco a la solución del problema. 

  Para ser exitosos en combatir el tráfico de drogas todos los países involucrados tienen que cooperar entre sí y utilizar un enfoque integral atendiendo los diversos componentes del complejo problema. Algunos de estos elementos son:

   Prohibición del consumo. El hecho de que sea ilícita la producción y consumo de drogas ha creado un mercado negro en manos de organizaciones delictivas.  El legalizar algunas drogas desaparecería estos mercados ilícitos. 

   Alta demanda. Según el Observatorio Mundial de Drogas, en 2023 el consumo de drogas en Europa alcanzó los 30 millones de usuarios regulares, mientras que en Estados Unidos los opioides causaron el 75% de las muertes por sobredosis. Ayudaría a aliviar el problema que se instauraran programas eficaces de salud pública contra el consumo de estas drogas. 

   Producción multinacional. Los precursores químicos del fentanilo se producen principalmente en China y se transforman en laboratorios clandestinos en México. La cocaína, por otro lado, proviene de países como Colombia, Perú y Bolivia.  México por su parte tiene una producción significativa de heroína y marihuana. Las autoridades de los países productores deben impedir la producción ilegal de estas sustancias dentro de su territorio. 

   Logística. El tráfico de drogas implica el transporte de precursores y productos terminados a través de múltiples fronteras y hacia el interior de los países,  empleando rutas terrestres, marítimas y aéreas. Cortar esta logística requiere cooperación entre múltiples autoridades nacionales e internacionales y un uso intensivo de métodos de inteligencia. 

   Finanzas. El tráfico de drogas genera flujos financieros significativos. En 2022, se estimó que 292 millones de personas consumieron drogas a nivel mundial. Este consumo masivo implica transacciones financieras que van desde pagos al menudeo hasta grandes sumas destinadas a la producción y logística, incluyendo gastos en corrupción y mano de obra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que los cárteles mexicanos generan entre 19,000 y 29,000 millones de dólares anuales solo por ventas en ese país.  Dado que el flujo de dinero viene de norte a sur se requiere que las autoridades de países consumidores intervengan para cortar estos flujos en el origen y los países de destino tengan mecanismos para detenerlos.  

  Lavado de dinero. Cada etapa del tráfico genera ganancias que deben integrarse a la economía formal. Para ello, los traficantes recurren a esquemas de lavado mediante redes sofisticadas que utilizan paraísos fiscales, empresas ficticias, bienes raíces y transacciones internacionales bancarias para ocultar el origen del dinero. Es importante evitar el lavado de ganancias creando mecanismos tales como evitar que los notarios sean cómplices e implementar controles más estrictos al sector financiero.  

  Red de protección. La operación ilegal requiere redes de protección a los cárteles. En México, esto incluye sicarios y halcones, así como funcionarios corruptos en todos los niveles de gobierno. Se requieren grandes operaciones de contrainteligencia para encarcelar a estos operadores. 

  Corrupción. Se estima que las organizaciones delictivas controlan una parte significativa del territorio mexicano a través de autoridades corruptas. En menor medida, también se observa corrupción en Estados Unidos y otros países afectados. El combate a la corrupción relacionada con el narcotráfico sigue siendo uno de los grandes pendientes en México y otros países.  

  Tráfico de armas. Los delincuentes necesitan armamento para proteger sus negocios y territorios. Según el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, entre el 70% y el 90% de las armas confiscadas en México provienen de Estados Unidos. Es urgente que Estados Unidos tome medidas de fondo para combatir este tráfico ilegal de armas y del lado mexicano se implementen mecanismos eficaces para interceptarlos. 

    Para enfrentar este problema complejo se requiere un enfoque multifactorial y multinacional con un alto grado de cooperación entre las autoridades de los países involucrados. Debería agruparse bajo un solo mando en cada país a todas las autoridades involucradas, para lograr una estrategia conjunta e integral contra el tráfico de drogas.  En México, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana podría ser dicha autoridad. Hoy solo tiene un mandato de coordinación que es insuficiente.