30 de septiembre de 2025

SUELDOS EN EL GOBIERNO: AUSTERIDAD O EFICACIA

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

Un inicio complejo en el Poder Judicial

     Los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación asumen sus funciones en un entorno adverso. Llegan con sueldos y prestaciones recortadas, un rezago importante de casos por resolver, menos personal de apoyo capacitado y, en muchos casos, faltos de conocimientos: jueces y magistrados tuvieron cinco días de capacitación, pero eso no los llevará a los niveles de dominio del puesto que tenían aquellos a quienes sustituyeron.  

 La controversia sobre los sueldos y prestaciones

     El tema de las remuneraciones de los altos funcionarios ha generado una amplia discusión pública. La ministra Loretta Ortiz expresó en entrevista reciente su inconformidad por la reducción de su salario, que pasará de poco más de 200 mil pesos mensuales a aproximadamente 137 mil pesos. A esta reducción se suma la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de separación individualizado, recortes que ya se habían aplicado en el Poder Ejecutivo desde 2018. Ortiz subrayó que el ingreso actual no corresponde a la magnitud de la responsabilidad que conlleva el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene razón: ministros, jueces y magistrados deben resolver asuntos de gran complejidad que afectan el marco jurídico e institucional del país.

     Percepción social y legitimidad política

     Sin embargo, desde la perspectiva ciudadana, un salario superior a los 100 mil pesos mensuales puede percibirse como un exceso en un país donde gran parte de la población sobrevive con ingresos iguales o menores al salario mínimo ($8,364 mensual) . Esta percepción fue alimentada por López Obrador, quien dijo: “No crean que tiene mucha ciencia gobernar”, sugiriendo que los sueldos altos en el sector público eran injustificados.

    No obstante, la realidad es que tareas como diseñar esquemas financieros sofisticados --- como por ejemplo, las recientes notas pre-capitalizadas creadas por Hacienda para auxiliar a Pemex --- negociar tratados internacionales como el T-MEC o dirigir instituciones con miles de empleados,  requieren un alto nivel de conocimientos y experiencia que difícilmente pueden suplirse con improvisados.

 La política de austeridad: herencia y continuidad

     La política de austeridad salarial en el gobierno mexicano tiene una larga historia. Desde los recortes en la época de De la Madrid, pasando por la administración de Fox, cuando se registraron las mayores reducciones salariales en términos reales en lo que va de este siglo,  hasta López Obrador, quien quitó prestaciones importantes y redujo los sueldos.  Con Sheinbaum se mantienen salarios y prestaciones sin cambios, aunque ahora se extienden los recortes al Poder Judicial de la Federación.  Entre 2001 y 2025 los sueldos del personal de mando del gobierno federal, descontando la inflación,  han caído un 53 %, lo que significa que un funcionario que conservara la misma plaza desde 2001 percibe hoy menos de la mitad de lo que ganaba entonces en términos de poder adquisitivo.

 Consecuencias para la calidad institucional

     Este proceso de reducción salarial y de prestaciones plantea riesgos profundos. Aunque se puede percibir como una forma de moderación en el gasto público, esto debilita la capacidad del Estado para atraer y retener talento altamente calificado.

    La disminución de sueldos y prestaciones reduce el interés por trabajar en el gobierno ante la vulnerabilidad de los funcionarios por presiones políticas y riesgos legales, pues errores administrativos pueden convertirse en procesos administrativos de responsabilidades e incluso penales,  o acusaciones mediáticas que dañan la reputación.  En este contexto, el deterioro de la calidad en el servicio público es previsible, acompañada de un aumento en los casos de corrupción como mecanismo para compensar la pérdida de ingresos y los riesgos asociados al puesto.

 Privatización de servicios y efectos sociales

     La austeridad generalizada, también acelera la privatización de servicios públicos esenciales, meta de neoliberales como Milton Friedman, Thatcher, Reagan y Trump. Por ello, es una paradoja que sea impulsada por gobiernos de “izquierda”.  En salud, la falta de medicamentos y la saturación de hospitales públicos han llevado a que cada vez más ciudadanos recurran a clínicas privadas o consultorios en farmacias. En educación, muchas familias optan por escuelas privadas buscando mayor calidad, lo que profundiza la desigualdad al dejar a quienes no tienen recursos,  en instituciones públicas con menos capacidades.

 Reflexión final

     El debate sobre los sueldos en el gobierno debe trascender la confrontación política. No se trata de blindar privilegios, pero sí de reconocer que un Estado eficaz necesita servidores públicos bien remunerados, en especial en áreas donde se toman decisiones que afectan la estabilidad económica, la seguridad y la vida de millones de personas. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y sanción a la corrupción, de modo que los altos salarios no sean percibidos como un privilegio injusto, sino como una garantía de profesionalismo y responsabilidad.

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