Por: Octavio Díaz García de León
Un
inicio complejo en el Poder Judicial
Los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación
asumen sus funciones en un entorno adverso. Llegan con sueldos y
prestaciones recortadas, un rezago importante de casos por resolver, menos
personal de apoyo capacitado y, en muchos casos, faltos de conocimientos:
jueces y magistrados tuvieron cinco días de capacitación, pero eso no los
llevará a los niveles de dominio del puesto que tenían aquellos a quienes
sustituyeron.
La
controversia sobre los sueldos y prestaciones
El tema de las remuneraciones de los
altos funcionarios ha generado una
amplia discusión pública. La ministra Loretta Ortiz expresó en entrevista reciente su
inconformidad por la reducción de su salario, que pasará de poco más de 200
mil pesos mensuales a aproximadamente 137 mil pesos. A esta reducción se suma
la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de separación individualizado, recortes que ya se habían aplicado en el Poder Ejecutivo desde 2018.
Ortiz subrayó que el ingreso actual no corresponde a la magnitud de la
responsabilidad que conlleva el cargo de ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y tiene razón:
ministros, jueces y magistrados deben resolver asuntos de gran complejidad que
afectan el marco jurídico e institucional del país.
Percepción
social y legitimidad política
Sin embargo, desde la perspectiva ciudadana, un salario superior a los 100 mil pesos mensuales puede percibirse como un exceso en un país
donde gran parte de la población sobrevive con ingresos iguales o menores al
salario mínimo ($8,364 mensual) . Esta percepción fue alimentada por López
Obrador, quien dijo: “No crean que
tiene mucha ciencia gobernar”, sugiriendo que los sueldos altos en el sector
público eran injustificados.
No obstante, la realidad es que tareas como diseñar esquemas financieros sofisticados ---
como por ejemplo, las recientes notas pre-capitalizadas creadas por Hacienda
para auxiliar a Pemex --- negociar tratados internacionales como el T-MEC o dirigir instituciones con miles de
empleados, requieren un alto nivel de conocimientos y
experiencia que difícilmente pueden suplirse con improvisados.
La
política de austeridad: herencia y continuidad
La política de austeridad salarial en el gobierno mexicano tiene una larga historia.
Desde los recortes en la época de De la Madrid, pasando por la administración de
Fox, cuando se registraron las mayores reducciones salariales en
términos reales en lo que va de este siglo,
hasta López Obrador, quien quitó
prestaciones importantes y redujo los sueldos. Con Sheinbaum se mantienen salarios y
prestaciones sin cambios, aunque ahora se extienden los recortes al Poder
Judicial de la Federación. Entre 2001 y
2025 los sueldos del personal de mando del gobierno federal, descontando la
inflación, han caído un 53 %, lo que
significa que un funcionario que conservara la misma plaza desde 2001 percibe
hoy menos de la mitad de lo que ganaba entonces en términos de poder
adquisitivo.
Consecuencias
para la calidad institucional
Este proceso de reducción salarial y
de prestaciones plantea riesgos
profundos. Aunque se puede percibir como una forma de moderación en el gasto
público, esto debilita la
capacidad del Estado para atraer y retener talento altamente calificado.
La disminución de sueldos y prestaciones reduce el interés por trabajar
en el gobierno ante la vulnerabilidad de los
funcionarios por presiones políticas y riesgos legales, pues errores administrativos pueden convertirse en procesos
administrativos de responsabilidades e incluso penales, o acusaciones mediáticas que dañan la
reputación. En este contexto, el deterioro
de la calidad en el servicio público es
previsible, acompañada de un aumento en los casos de corrupción como mecanismo
para compensar la pérdida de ingresos y los riesgos asociados al puesto.
Privatización de
servicios y efectos sociales
La austeridad generalizada, también acelera la privatización de servicios públicos esenciales, meta de
neoliberales como Milton Friedman, Thatcher, Reagan y Trump. Por ello, es una
paradoja que sea impulsada por gobiernos de “izquierda”. En
salud, la falta de medicamentos y la saturación de hospitales públicos han
llevado a que cada vez más ciudadanos recurran a clínicas privadas o
consultorios en farmacias. En educación, muchas familias optan por escuelas
privadas buscando mayor calidad, lo que profundiza la desigualdad al dejar a
quienes no tienen recursos, en
instituciones públicas con menos capacidades.
Reflexión
final
El debate sobre los sueldos en el gobierno debe trascender la
confrontación política. No se trata de blindar privilegios, pero sí de
reconocer que un Estado eficaz necesita
servidores públicos bien remunerados, en
especial en áreas donde se toman decisiones que afectan la estabilidad
económica, la seguridad y la vida de millones de personas. Al mismo tiempo, es
indispensable fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y
sanción a la corrupción, de modo que
los altos salarios no sean percibidos como un privilegio injusto, sino como una
garantía de profesionalismo y responsabilidad.
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