CONTRA LA BUROCRACIA

LA SILLA ROTA

          

Por: Octavio Díaz García de León.

    La idea:  El gobierno federal entrante dio a conocer los “50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. Algunas de las medidas pareciera que van enfocadas, más que a combatir la corrupción y generar austeridad, a atacar a la alta burocracia y a debilitar al gobierno federal. Si bien existe un enojo de la sociedad contra el gobierno, tendrán que ser cuidadosos para que las medidas no dañen su desempeño.

   Resulta muy positivo que el gobierno federal entrante esté divulgando una serie de medidas que pretenden implementar a partir de diciembre. Con ello, de ser prudentes y escuchar las objeciones a las mismas, podrán matizar y adaptar a la realidad sus acciones a partir de diciembre y no llegar a diciembre a tomar medidas equivocadas.

    Incluso AMLO puede dar marcha atrás en los “nombramientos” que ha anunciado, como el de Bartlett, que han generado tanta polémica. Todo ello sin siquiera haberlos nombrado formalmente. Sería una estrategia muy inteligente, para deshacerse de compromisos molestos, antes de entrar en funciones.

    Respecto a las medidas de austeridad y combate a la corrupción, reflejan una gran molestia de la sociedad contra los abusos de ciertos funcionarios públicos. Desde los excesos de gobernadores como los Duarte de Chihuahua y Veracruz, o funcionarios como Korenfeld y Lozoya Austin quienes usaban los helicópteros de sus instituciones como si fueran transportes personales, hasta funcionarios de alto nivel que hacen ostentación de camionetas lujosas, escoltas o presumen propiedades que no se justifican con sus salarios. Además, los innumerables casos de corrupción como lo de Odebrecht, la Estafa Maestra y el Socavón.

    Respecto a los 50 lineamientos, hay que destacar que por lo menos 19 ya están contemplados en alguna Ley o disposición normativa y no reflejan las condiciones de trabajo de la burocracia.

    Por ejemplo, se dice que ningún funcionario podrá recibir regalos de más de 5 mil pesos; la actual Ley de Responsabilidades dice que no se podrá recibir ningún tipo de regalo; otra medida dice que no se permitirá contratar a familiares, aspecto que está prohibido desde 1983; y otra medida pretende prohibir que los empleados acudan a trabajar en estado de ebriedad, como si hoy sí se permitiera.

    Muchas de las medidas propuestas y otras no incluidas en esta lista, como el cambiar de ciudad a algunas secretarías y paraestatales, o reducir los sueldos, están destinadas a debilitar a la alta burocracia y en general a todo el gobierno federal. Y este debilitamiento del gobierno no es porque la nueva administración federal quiera un Estado reducido que intervenga lo menos posible en la vida de las personas y les quite pocos impuestos. Al contrario, muchas de las propuestas del virtual presidente electo van en el sentido de tener un Estado fuerte, lo cual es bastante contradictorio.

   Pareciera que con estas medidas se trata de castigar a la alta burocracia, convertirla en chivo expiatorio de lo que no funciona en el país, porque la gente se cansó de un aparato gubernamental excesivo que no ha dado los resultados esperados.

     Por ejemplo, ¿De qué sirven casi medio millón de policías en todo el país y cerca de 300 mil elementos de las fuerzas armadas si la violencia e inseguridad se han incrementado notoriamente?  ¿De qué sirve que el IMSS tenga casi medio millón de empleados si lo que perciben la mayoría de sus usuarios son servicios insuficientes, instalaciones saturadas y otras deficiencias?  ¿De qué sirve que haya casi un millón de maestros al servicio del Estado si los niveles educativos estén por los suelos?

   El Estado monstruoso que se construyó a lo largo del Siglo XX está fallando y requiere un cambio radical. Sin embargo, su reducción no pasa por descabezarlo, sino por quitar personal excesivo en todos los niveles.

   Los ciudadanos no distinguen entre los funcionarios corruptos y los funcionarios que acatan la Ley. La gran mayoría de los trabajadores del gobierno, siguen la regla de oro del servicio público: solo hacen lo que les está permitido.

   Y lo que está permitido está escrito en la Constitución, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y muchas otras normas.  El servidor público está acotado en su actuación por esta enorme camisa de fuerza que le dicta lo que tiene que hacer y lo sanciona si se excede.

   Estas normas las emiten el Poder Legislativo, el presidente y sus secretarios, los órganos de gobierno de las empresas descentralizadas, etc... Lo mismo se reproduce en estados y municipios.

   Por ello, si la burocracia no funciona bien, es por todas las disposiciones normativas que la rigen y no necesariamente porque los burócratas de nivel alto hayan hecho mal su trabajo. 

    Para resolver el problema de fondo, no basta con castigar a la burocracia por hacer lo que les dijeron que hicieran, sino modificar su marco de actuación para que dé los resultados que esperan los mexicanos, tener un programa eficaz de combate a la corrupción y controles internos suficientes para que cumplan con sus objetivos.

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