Por:
Octavio Díaz García de León
La
COPARMEX, a través de su dirigencia, interpuso una demanda de amparo por
violación a los derechos humanos por parte de la CNTE debido a los bloqueos y
afectaciones que han ocasionado sus manifestaciones a comerciantes, prestadores
de servicios e industriales. En esta demanda se hace responsable al Presidente,
a los secretarios de Gobernación y Educación, a la titular de la PGR, a los
gobernadores de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre otros, por no
haber tomado las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos
violados.
La
CONCANACO, por su parte, ha anunciado una iniciativa para que aquellos
empresarios afectados por la CNTE, no paguen impuestos. Solicitan además que la
CNTE les pague daños por alrededor de $7,500 millones de pesos que es la
estimación de los perjuicios que les han ocasionado. Semanas antes, las cúpulas
empresariales estuvieron muy activas para impulsar las reformas anticorrupción
y fueron pieza clave para lograr las más de 630 mil firmas de apoyo a la Ley
3de3.
Así
que, a la de por sí complicada negociación con la CNTE, el gobierno federal
debe enfrentar ahora el descontento de los empresarios por las movilizaciones
de los maestros en contra de la reforma educativa, los daños que éstas les han
ocasionado y su oposición a que el gobierno ceda ante las presiones para dar
marcha atrás a las reformas. Por ello, la amenaza de ingobernabilidad está
creciendo en los últimos meses.
El sector
empresarial se había mantenido relativamente inactivo desde que ayudó al PAN y
a Fox a ganar la presidencia en 2000 culminando un proceso de participación
política intenso que inició en la década de los años ochenta del siglo pasado. Este activismo empresarial fue impulsado por
el mal manejo de la economía en las décadas de los setenta y ochenta que llevó
a crisis económicas recurrentes con inflación por encima del 100% anual,
devaluaciones constantes del peso y decrecimiento económico.
Quizá
la mayor ruptura de los empresarios con el gobierno, desde el asesinato de Don
Eugenio Garza Sada en 1973, se dio a raíz de la estatización de la banca,
medida que puso en evidencia el peligro de una presidencia sin contrapesos, la
cual podía tomar decisiones de tanto impacto sin que nadie pudiera oponerse. Pese
a todo, los banqueros decidieron enfrentar al gobierno por la vía legal. La
Asociación de Banqueros de México encabezada por Carlos Abedrop Dávila, encargó
la defensa legal al prominente abogado, Ramón Sánchez Medal, quien interpuso
una demanda de amparo en contra de la expropiación de los bancos. Fue una
defensa valiente porque en aquella época el poder judicial, el poder legislativo,
los gobiernos de estados y municipios estaban sometidos a la autoridad del
presidente en turno, en este caso, José López Portillo. Por supuesto el amparo
no prosperó y hubieron de pasar 10 años para que se regresara a manos privadas
los bancos, aunque de una forma tan desafortunada, que llevó a la quiebra al
sistema bancario nacional y hubo de ser rescatado a través del famoso FOBAPROA.
Desde entonces, la banca nacional pasó a manos de extranjeros casi en su
totalidad.
Encabezados
por Manuel J. Clouthier los empresarios tomaron un papel activo en la política
nacional desde la oposición, aliados al PAN. Pero algo sucedió en 2012 que
desencantó al sector empresarial y prefirieron apoyar al PRI. Quizá el
resurgimiento de López Obrador y que no prendió la campaña de Vázquez Mota.
El
apoyo que los empresarios dieron al PRI para que regresara al poder parece que
se está agotando. Las posibles causas son: la creciente debilidad del Estado
mexicano ante grupos de presión; la reforma fiscal que afectó principalmente a
los empresarios por los aumentos de impuestos; el aumento del IVA en los
estados fronterizos con E.U.; el regreso de la inestabilidad macroeconómica por
el exceso de endeudamiento y un gasto público que ha propiciado mucha
corrupción y no ha tenido efectos positivos en la economía. Esto hace recordar
un posible regreso a las crisis económicas del pasado que tanto daño le
hicieron a México.
Así
como en la década de los ochenta del siglo pasado el activismo empresarial fue
un factor clave para acercar a nuestro país a la democracia, así en esta
coyuntura serán importantes los empresarios para impulsar verdaderos avances en
materia de combate a la corrupción, educación, fortalecer el estado de derecho,
mejorar la seguridad pública y otros factores que desalientan la inversión e
impiden el crecimiento económico.
Recientemente
el senador por Sonora, Francisco Búrquez, miembro distante del PAN y empresario,
ha lanzado un llamado a empoderar al ciudadano y a disminuir el gobierno. Estamos
viendo que mayores impuestos y más gasto no han servido para mejorar la
situación del país, sino solo para alimentar a las clientelas que sostienen a
los partidos políticos. Quizá sea tiempo de reducir el estatismo y regresar el
poder al ciudadano; impulsar a empresarios, profesionistas, trabajadores y estudiantes,
inclusive a burócratas, que cada día ven más reducidos sus salarios y cuentan
con menos seguridad en el empleo ante un servicio profesional de carrera en
declive, para que con su iniciativa participen de manera directa en acciones
que mejoren al país.
Esperemos
que la participación activa de los empresarios sirva para movilizar a la
sociedad y sea nuevamente un factor relevante para ayudar a que México avance
en los temas más urgentes.
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