Por:
Octavio Díaz García de León
La
semana pasada terminé mi artículo con el siguiente comentario: “El gran reto será
poner a trabajar el SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y que dé resultados.
Esto puede tomar muchos años, pero no es necesario esperar. Con las instituciones
y leyes que se tienen hoy en día se puede combatir la corrupción sin esperar a
que entre en funcionamiento esta complicada estructura del SNA. Solo hace falta
voluntad.”
Esto
mismo lo he venido repitiendo en esta columna desde hace años porque para
combatir la corrupción no era necesario crear nuevas leyes e instituciones. Sin
demeritar que las reformas anticorrupción son importantes y, si llegan a
funcionar, se podrá combatir la corrupción mejor, lo mas destacable de estas
reformas es que muestran el hartazgo de la sociedad. Las ONG, los empresarios y
los académicos encontraron eco en más de medio millón de personas para proponer
una iniciativa de Ley en contra de la corrupción.
Ya se
empieza a vislumbrar que sí se puede hacer algo contra la corrupción sin
necesidad de esperar. Noticias alentadoras abonan en este sentido:
·
El
Consejero Jurídico de la Presidencia, a través de la PGR, impulsó una controversia
constitucional ante la Suprema Corte en contra de los Congresos de Veracruz y
Quintana Roo, así como a sus respectivos gobernadores Javier Duarte y Roberto
Borge, por la aprobación de las recientes leyes anticorrupción “a modo” en esos
estados hechas para proteger a funcionarios salientes.
·
El
pasado miércoles 27de julio el periódico Reforma informó que la PGR estaba ya
investigando las propiedades del gobernador de Veracruz y de toda su red de
vínculos y prestanombres.
·
En
Nuevo León, el organismo anticorrupción de esa entidad ya está investigando al
ex gobernador Medina y procesando a varios de sus funcionarios.
·
A
nivel federal, el ex director de la empresa paraestatal Exportadora de Sal,
Jorge López Portillo Basave, nombrado al inicio de esta administración, fue inhabilitado
por más de 10 años y multado con 11.25 millones de pesos.
Esto
es una señal de que sí hay interés por combatir la corrupción en los hechos y
no solo a través de propuestas legislativas complicadas que tardarán años en
dar resultados.
Otra señal importante será el qué tan independientes resulten el
próximo Secretario de la Función Pública (SFP), el Fiscal Anticorrupción y los
titulares de los órganos internos de control (OIC). En el caso de los OIC las nuevas leyes
anticorrupción prevén fortalecer su profesionalización, pero deberán sobre todo
fortalecer su independencia.
Hay que
recordar que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
del 2 de enero de 2013 desapareció a los OIC, creando Unidades de Auditoría
Preventiva cuyos titulares serían nombrados por los titulares de las
secretarías y de las paraestatales. Como
esta reforma quedó en suspenso, en la práctica lo que sucedió es que los
titulares de las secretarías, de la PGR y de las paraestatales, nombraron a los
titulares de sus OIC y la SFP solo expidió sus nombramientos.
Esto ha tenido el
inconveniente de quitarle independencia y credibilidad a esos órganos, debilitar
su capacidad para combatir la corrupción al interior de sus instituciones y
disminuir su eficacia fiscalizadora y para sancionar servidores públicos. Con
la nueva reforma habrá que ver si se revierte esta situación y se les da
independencia.
Existen
herramientas para combatir la corrupción las cuales ya se pueden usar como
demuestran los casos mencionados. Las
autoridades investigadoras de actos de corrupción cuentan con las siguientes
herramientas:
1. Lavado
de dinero. La
corrupción requiere realizar movimientos de bienes y fondos que se ocultan. La
Secretaría de Hacienda cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
dedicada a detectar manejos ilícitos de fondos.
2. Red
de vínculos. La gran corrupción
la realizan grupos de funcionarios y empresarios coludidos. Los organismos de inteligencia civil, el CISEN
(SEGOB) y el CENAPI (PGR) tienen capacidad para establecer las redes de
vínculos de los investigados y obtener información sobre sus nexos y
operaciones. También la SFP cuenta con un área especializada para realizar
estas labores.
3. Auditorías. Aunque no están enfocadas a detectar
actos de corrupción, son una buena
herramienta para descubrir malos manejos.
4. Responsabilidades
a Servidores Públicos.
Le Ley de Responsabilidades vigente (La nueva todavía no entra en vigor) prevé
sanciones a servidores públicos. Algunas de las conductas que allí se tipifican
se pueden caracterizar como actos de corrupción, aunque no tengan ese nombre, y,
por lo tanto, se puede sancionar la corrupción.
5. Delitos
cometidos por servidores.
El Código Penal Federal con las reformas recientes (Aunque ya desde antes
estaban tipificadas algunas de estas conductas) ya prevé también sancionar como
delitos, actos de corrupción.
6. Declaraciones
patrimoniales. La SFP
tiene una enorme base de datos de declaraciones patrimoniales de servidores
públicos del gobierno federal que puede servir para revisar la evolución
patrimonial de aquellos que se sospecha se enriquecieron inexplicablemente.
Estas
son algunas de las muchas herramientas que hoy en día existen y están a la
disposición de las autoridades investigadoras para perseguir actos de
corrupción. Como lo ha demostrado el gobierno federal y el gobierno de Nuevo
León, no es necesario esperar para combatir la corrupción. Se podía combatir la
corrupción desde hace años y se puede hoy.
Es urgente poner manos a la obra.
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