Por: Octavio Díaz García de León.
@octaviodiazg
Felicidades a los ciudadanos
de Estados Unidos
que festejan
la independencia de su país
En
días pasados se agotó la gasolina y el diésel en el estado de Aguascalientes.
Zacatecas corrió la misma suerte y una parte de Jalisco también, afectando a la
ciudad de Guadalajara. En el estado de Aguascalientes la mayoría de las
gasolineras cerraron al agotarse sus existencias, después de que largas filas
de vehículos, en algunos casos de varias cuadras y con tiempos de espera de más
de dos horas, terminaron con el abasto de combustible.
Creo
que no hay antecedentes en la historia reciente de nuestro país en donde dos estados estén a punto de la
parálisis por la falta de gasolina, pero
el problema afecta también a Puebla, Jalisco, Tlaxcala, partes de Guanajuato y San Luis
Potosí. Si bien México por décadas ha sido exportador de petróleo, es un
productor ineficiente e insuficiente de gasolina; sale más barato comprarla en el extranjero que
producirla en México. Pero ha demostrado
ser aún más ineficaz para cuidar los ductos que transportan el combustible.
Ya desde octubre del año pasado se reportaban
problemas de abasto en Aguascalientes y
a principios de enero hubo ya una pequeña crisis. En esta ocasión desde
principios de junio se advertían señales de que la cosa podía empeorar y ya
para mediados del mes el problema estaba francamente declarado. Lo increíble es
que a pesar de que desde hace meses se advierte que hay un problema grave de
abasto, haya llegado el día en que efectivamente se agotaron las existencias de
gasolina y diésel. Esta fue una crónica de una crisis largamente anunciada sin
que las autoridades pudieran impedirlo.
Los
habitantes de la ciudad de
Aguascalientes son especialmente
dependientes del uso de coches. Por lo extendido de la ciudad, por las buenas
vialidades con que cuenta, por tener un servicio de transporte público limitado
ya que no llega a todos los rincones de la mancha urbana sino solo a las
vialidades más importantes, el
automóvil se ha vuelto una necesidad y
su uso es clave para el funcionamiento de la ciudad. El impacto que esta
situación puede tener en la capital
y el resto del estado puede ser muy
importante si no se le atiende con celeridad.
De
acuerdo a diversas notas periodísticas el problema se origina por el robo de
combustibles a los ductos de Pemex. Ello ocasiona que no se pueda distribuir la
gasolina por esa vía y se tenga que hacer por medio de pipas, con el peligro
inherente de transportarlo de esa forma y la imposibilidad de abastecer
conforme al consumo requerido. De acuerdo a esas mismas notas, el problema parece estar centrado en el Estado
de Hidalgo de donde salen los ductos de la refinería de Tula aunque el problema es muy grave también en Tamaulipas
y Veracruz, entre otros.
¿Qué
pasa en esas entidades que reportan una alta incidencia de tomas clandestinas? Que
la delincuencia organizada opera sin mayor problema para ordeñar esos ductos y nuevamente
es capaz de poner en jaque a la actividad económica de una buena porción del
territorio nacional. Por otra parte es
una muestra nuevamente de la incapacidad de las autoridades encargadas de la seguridad pública para contener uno de los
problemas más graves que aquejan al sector energético. ¿De qué sirve la reforma
energética si el Estado Mexicano no es capaz de garantizar la seguridad de las operaciones
de su propia empresa petrolera? ¿Qué les espera a los inversionistas
extranjeros? ¿Se les permitirá contratar ejércitos mercenarios como cuando operan en Irak y otros lugares de
alto riesgo? ¿Estaremos viendo la llegada a nuestro territorio de los herederos
de la empresa Blackwater - de triste
memoria por sus abusos y ahora llamada Academi
-, a Haliburton
y a otros mercenarios que florecieron en la década después de los ataques del
11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos?
Lo
preocupante es que el robo de combustible haya llegado a tal extremo de poner en entredicho la viabilidad
de dos estados y en problemas a varios más. Seguramente las alertas de
seguridad nacional ya se encendieron, pues una situación de desabasto generalizado
de gasolina puede afectar no solo la actividad económica sino los servicios de
seguridad, de salud, de emergencia y provocar gran malestar entre la población,
poniendo en riesgo a las instituciones del Estado si la situación se prolonga
en exceso.
De
acuerdo con información de Pemex, a la otrora paraestatal le roban alrededor de
27,000 barriles diarios de gasolina con un costo de 17 mil millones de pesos
anuales. Entre 2013 y 2014 se estima que las pérdidas ascendieron a 33,500
millones de pesos. De enero a octubre de 2014, se perforaron más de 2,481 tomas
clandestinas que representan un tercio más respecto a 2013. Estas pérdidas,
según Petróleos Mexicanos, corresponden a 7.5 millones de barriles y su precio
ronda 1,160 millones de dólares.
Lo
que vivimos en Aguascalientes y Zacatecas estos días es prueba de que la
delincuencia organizada sigue operando con impunidad un negocio sumamente
lucrativo en el que participan funcionarios corruptos de la ex paraestatal y
otras autoridades cómplices. Una vez más,
el reto para el Estado Mexicano es recobrar los espacios perdidos ante la
delincuencia organizada: en este caso los ductos que llevan los combustibles y
normalizar el abasto de combustible de inmediato.
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