@octaviodiazg
No
se había visto un movimiento de médicos
tan importante como el que ocurrió el pasado 22 de junio en las
principales ciudades del país desde el movimiento que tuvo lugar entre noviembre de 1964 y septiembre de 1965 de los
médicos al servicio del estado. El movimiento de hace cincuenta años tuvo que ver con reclamos de carácter laboral
tales como la obtención de plazas, pagos de aguinaldo y mejoras salariales; el
tratamiento que le dio el gobierno del presidente Díaz Ordaz a este movimiento fue
el primer indicio de la dureza de su gobierno ya que no aceptó las demandas y tomó medidas fuertes
contra líderes y participantes. Esto fue un presagio de lo que ocurrió con el movimiento estudiantil de 1968.
A
diferencia del movimiento del 65, las protestas del 22 de junio se iniciaron contra
acciones del Poder Judicial por la emisión de órdenes de aprehensión a 16
médicos en Jalisco acusados de homicidio por negligencia médica debido a la
muerte de un menor que después de 50 días en terapia intensiva falleció. Por
cierto, los médicos que se manifestaron en Guadalajara fueron a pedir ante la delegación
de la PGR que se despenalice la negligencia médica, en lugar de acudir ante su
Congreso que es quien puede modificar las leyes locales dado que son delitos
del fuero común y no es competencia de la PGR. Pero confusiones aparte, la
marcha del 22 de junio también se dirigió hacia el gobierno federal y los
gobiernos estatales por las malas condiciones de trabajo que existen en muchos
de los hospitales y clínicas del sector público (Salud, IMSS, ISSSTE) reflejando una problemática más de fondo.
La
queja de los médicos va en el sentido de que el equipamiento, capacidad de los
hospitales, disponibilidad de los insumos, su calidad, y otras limitaciones
importantes en instalaciones y materiales no permiten tener las condiciones
óptimas para tratar a los enfermos. Podemos deducir entonces que las muertes
evitables en esos hospitales son más frecuentes de lo que nadie quisiera admitir.
Es entendible entonces de que si ocurren estas muertes evitables, los médicos
estén preocupados de que la culpa se les atribuya a ellos cuando existen otros
factores que contribuyen.
Debería
entonces haber una corresponsabilidad del Congreso por no dar los recursos
suficientes, o de los administradores de los sistemas de salud pública por no
procurar esas condiciones óptimas, o de los organismos de fiscalización que no
son capaces de parar la corrupción en las adquisiciones de medicamentos y otros
insumos que los encarecen o que no tienen la calidad necesaria. Tampoco exime a
hospitales del sector privado la existencia de muertes evitables ya que al operar bajo una lógica de lucro le dan
prioridad a las ganancias sobre la salud de los pacientes. Por eso se debe ver
de manera integral todo el tema de atención a la salud.
Pero,
¿es válida la petición de los médicos para pedir que se despenalice el
homicidio por negligencia médica? ¿Qué protección tienen entonces los
pacientes? Existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), órgano desconcentrado
de la Secretaría de Salud cuyo objetivo es “contribuir a resolver los
conflictos suscitados entre los usuarios de servicios médicos y los prestadores
de dichos servicios.” En el caso de la muerte del menor en Jalisco la CONAMED eximió
de responsabilidad a los inculpados pero el juez que giró las órdenes de aprehensión no
opinó igual.
Creo
que no se puede eximir a los médicos ni a ningún otro profesionista de las
responsabilidades penales, civiles y administrativas en que incurran por
negligencia, dolo u omisión. Pero en el caso de los médicos hay que ver en el
contexto en el que operan para mejorarlo de manera urgente ya que ellos luchan
todos los días contra la enfermedad y la muerte. El médico está obligado a dar
todos los medios a su alcance para la cura de una enfermedad pero no puede ser
responsable de si se cura o no el
paciente ya que esto depende más de como
reaccione el organismo del enfermo.
Quizá
para dirimir los casos de prácticas y abusos por parte de los malos médicos,
que los hay, aparte de la CONAMED al
gremio también le hace falta un comité de ética formado solo por miembros de la
profesión al que puedan ser llevados casos de conductas inadecuadas y con ello
el gremio ejerza la autocorrección. El
comité deberá poder impedir que ejerzan la medicina en cualquier institución de
salud aquellos médicos que incurran en
faltas graves. Este comité para
ser eficaz, deberá funcionar con honestidad y no para encubrir. También serviría
para que hubiera otra instancia a la que pudieran acudir los pacientes además
de la CONAMED.
En
paralelo y de manera urgente es necesario que el Estado Mexicano otorgue mejores condiciones de trabajo entre
salarios, insumos e instalaciones a los médicos para que puedan dar una buena
atención al público. Para ello quizá sea necesaria una reorientación en el
gasto público. En lugar de gastar más en carreteras, trenes rápidos y otras
obras de primer mundo, sería mejor invertir en educación y salud. Los buenos médicos y trabajadores de la
salud requieren todo el apoyo de la sociedad pero ellos también tendrán que
hacer lo suyo para expulsar a los malos practicantes de su profesión.
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