El
pasado 11 de junio el Presidente Enrique Peña Nieto publicó el decreto que
modifica y adiciona 8 artículos de la Constitución en materia de telecomunicaciones.
Con estas reformas se intenta mejorar la
competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Esto ocurre
meses después de que diversos diagnósticos, entre ellos los de la OCDE,
señalaban las malas condiciones de competencia que existen en el mercado local
lo que provoca que estos servicios concesionados por el estado mexicano estén
en manos de unas pocas empresas con un poder de dominancia que impide la competencia.
México tiene uno de los servicios de telefonía más caros en el mundo y una
oferta limitada prácticamente a dos
empresas en televisión abierta. Es posible que con la reforma ésta situación
cambie.
La
reforma introduce entre otras cosas la obligación del estado de garantizar el
acceso a tecnologías de información y comunicación así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones incluido el de banda ancha e internet. Uno
de los aspectos que se contemplan es impulsar el proyecto que inició el sexenio
pasado de tener un organismo público que provea
el servicio de radiodifusión sin fines de lucro fortaleciendo así al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
(OPMA) con ese fin. Hoy en día OPMA ya transmite mediante señal digital, 5
canales a varias ciudades de la
república. Entre ellos están el Canal 11, el Canal 22, el de la UNAM y el Canal
30 que es nuevo.
Con
esta reforma desaparecen la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
creando en su lugar dos organismos constitucionales autónomos: La Comisión Federal
de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este
último será autoridad en materia de competencia económica en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión. Cada uno de estos organismos tendrá siete
comisionados con designación escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal y con
la ratificación del Senado. La tarea de seleccionar a los comisionados se le ha
encomendado al INEGI, al Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación y al Banco de México. Los
interesados que hayan logrado reunir en
una semana la enorme lista de papeles que les pidieron (Yo conté por lo menos
17), algunos verdaderamente difíciles de conseguir en ese espacio de tiempo,
podrán entrar a participar en el proceso de selección. Luego tendrán que pasar
exámenes en tres áreas del conocimiento muy disímbolas: deberán ser expertos en
derecho (siete especialidades tales como procesal, amparo, administrativo, de
telecomunicaciones, de competencia, internacional, etc.), economía (cinco
especialidades tales como economía de telecomunicaciones, competencia,
monopolios, etc.) e ingeniería (tres especialidades tales como infraestructura
y normalización). Además deberán tener capacidades gerenciales y aprobar un
examen de ética. Un amigo socarrón me decía que ninguno de los comisionados
actuales ni de COFETEL ni de COFECO
pasaría un examen así. No lo sé. Les deseo suerte a los funcionarios de INEGI,
INEVAL y BANXICO a cargo de esta tarea de selección y más suerte aún a los candidatos en sus
exámenes si es que alguno logró reunir los papeles en una semana. Por lo menos
tendrán un mes para estudiar las diez
materias del examen y quedar entre las tres calificaciones más altas. De allí
solo les faltará su ratificación en el Senado y listo: Habemus Comisionados.
Esta
reforma se concentra en el diseño de los nuevos organismos y las facultades de
los comisionados pero no trae casi nada más, lo cual quiere decir que las
reformas de fondo aún están pendientes. Por ejemplo, los cambios a la Constitución incluyen el esquema general de funcionamiento
de COFECOE y del IFETEL; para los comisionados, contempla sus facultades, el
proceso de selección y los requisitos que deberán cumplir. Algo importante que
sí incluye es que las decisiones de estos organismos podrán ser impugnadas sólo
por juicio de amparo indirecto y ya no podrán ser objeto de suspensión. Con
ello se quita el mayor obstáculo que impidió un buen funcionamiento de los organismos
que los precedieron.
En
los artículos transitorios del decreto viene un poco más de sustancia. Por
ejemplo: de inmediato se permite ya la inversión extranjera directa hasta un
100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y hasta un 49% en
radiodifusión; y se pone plazo máximo de
diciembre de 2015 para la transición de la televisión abierta analógica a
digital con lo que se libera la banda de 700 MHZ que ya podrá ser licitada para
otros usos. También hay otras disposiciones para que, en cuanto se cree el IFETEL, se permita que los concesionarios de televisión
restringida transmitan señales de televisión abierta; también deberá determinar
la existencia de agentes dominantes en esos mercados para imponer las medidas
necesarias y evitar que se afecte la competencia.
Así
que tenemos reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y
competencia pero no las reformas de fondo que se requieren. Estas han quedado pendientes a que se emitan las
leyes secundarias y a que inicie la actuación de estos organismos y sus
comisionados. Probablemente para 2014 empecemos a ver por dónde van las nuevas
políticas en estas materias y su impacto en la economía se empezará a notar quizá en 2015.
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