De acuerdo a
una nota reciente aparecida en el diario Milenio, la violencia
relacionada con la delincuencia
organizada en los últimos seis años se estima que ha producido alrededor de 60,000 asesinatos. Por otra
parte, en declaraciones recientes por parte funcionarios federales de la anterior
y la actual administración federal dicen que
se carece de una estadística confiable que refleje el número de
asesinatos asociados a la violencia desatada por el crimen organizado. No sólo
no hay estadísticas confiables sino que además ésta violencia está acompañada por dos fenómenos muy graves: la
gran mayoría de estos asesinatos ha quedado impune y en 24,000 casos no ha sido posible identificar a las víctimas.
Si nuestras autoridades son incapaces de resolver el más grave de los delitos
que es el homicidio y ni siquiera se puede identificar a las víctimas, ¿qué se puede esperar de los demás delitos? La
sociedad nunca se podrá sentir segura si
ante la avalancha de delitos lo que existe es impunidad. Desafortunadamente los
homicidios sólo son la punta más lamentable del iceberg de la inseguridad en
México como veremos en seguida.
La Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE) que
produce el INEGI, se estima que durante
el 2011 el 24% de la población con más de 18 años - 18.6 millones de personas -
sufrió algún delito, estimándose el número de delitos en 22.4 millones. De
estos, en el 91.6% de los casos no se abrió una averiguación previa, garantizando con ello que
20 millones de delitos queden impunes.
La misma encuesta señala que el costo estimado del delito para las
víctimas fue de 211.9 mil millones de pesos,
equivalentes al 1.38% del PIB. Pero
la delincuencia afecta no solo a las personas sino también a las empresas del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización de Empresas 2012 (ENVE) también realizada por el INEGI, el
37.4% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito – 4.3
millones de delitos cometidos a 1.4 millones de empresas- en 2011; las entidades federativas con mayor incidencia delictiva fueron Nuevo
León, Estado de México, Guanajuato, Baja California y Sonora. Por cierto el
delito más frecuente fueron actos de corrupción por lo que urge que entre en operación
la Comisión Nacional Anticorrupción y su equivalente en las entidades
federativas. El costo de los delitos a empresas se estimó en $115 mil millones
de pesos y las obligó a realizar gastos
para prevenir el delito por $47.7 mil millones de pesos. Sólo se inició
averiguación previa en el 11.9% de los casos garantizando así que el 88.1% de
los delitos quedaran impunes. En resumen tanto para individuos como para
empresas hubo más de 90% de impunidad al no abrirse averiguación previa y un costo de 375
mil millones de pesos más lo que gastan todos los órdenes de gobierno en
prevención y procuración de justicia más el Poder Judicial, lo cual podría ser
otro tanto y entonces llegar al 5% del
PIB.
Las cifras son
desalentadoras pero además, si se pudiera calcular el daño moral, psicológico y
de salud que ocasiona el delito, el impacto social es mucho más elevado. No es
de extrañarse que en estos días surjan grupos de autodefensa en comunidades
rurales, donde además, parece que
cualquier ciudadano puede andar armado impunemente con rifles de asalto. Si
este fenómeno se llegara a extender al medio urbano, aumentaría la posesión de
armas entre aquellos que sólo desean protegerse y podrían surgir “escuadrones
de la muerte” u otros esquemas de “vigilantismo”. De no funcionar
las instituciones de impartición de justicia en México, la sociedad tratará de llenar ese hueco para
defenderse por sí misma.
Por lo que
respecta al número de homicidios y el no poder saber ni siquiera los nombres de
los muertos es necesario que se perfeccionen
las bases de datos de las Procuradurías, pero, más importante, que se aumenten sus capacidades
para acabar con la impunidad. También se requerirán más jueces, más cárceles,
más y mejores policías y más actividades sociales preventivas. Con
respecto a los más de 24,000 muertos sin
identificación y a los casos de asesinados que han sido identificados pero que
nadie se presenta a reclamar los cuerpos, no se ven a los familiares
abarrotando las morgues para buscar a sus
desaparecidos. Son decenas de miles de muertos que no interesan a nadie.
Quizá el problema de fondo es que existe
una tremenda desintegración social.
La mayoría de
los delitos que afectan cotidianamente a
personas y empresas, son del fuero común,
es decir, competencia de Procuradurías y
policías locales. Entonces es allí donde
debe darse la solución. Ya es tiempo que la solución la den los verdaderos
responsables que están a nivel local. No quiere decir que el gobierno federal
no deba hacer nada pero tampoco que deba hacerlo todo, a menos que se cambie la Constitución para
desaparecer a todas las Procuradurías y policías locales y darle la
responsabilidad al gobierno federal para resolver en su totalidad el problema.
Si se quiere que el gobierno federal acabe con la delincuencia apelando a la
buena voluntad de estados y municipios, del Poder Judicial y luego tratando de
coordinar a todos sin tener ninguna autoridad sobre ellos, el problema persistirá.
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