En su novela
más reciente “Justicia”, Gerardo Laveaga quien por cierto ahora es el Comisionado Presidente del Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública Gubernamental y de Protección de Datos
Personales (IFAI), describe de manera bastante descarnada las complejidades del sistema de justicia penal en México. Los
protagonistas son: un taxista asesino que deambula libre por las calles de
México; una estudiante de derecho idealista que se enfrenta a las realidades de
la justicia mexicana; su novio, un joven
abogado banal y próspero de uno de los
despachos de mayor prestigio de la capital e hijo de familia de recursos; un Procurador con abultados antecedentes académicos
en el área de defensa de los derechos humanos, que es ajeno a los tejes y manejes de sus
subordinados; un político corrupto y homosexual que manipula al sistema
judicial a su conveniencia; y
magistrados del más alto tribunal mezclados en componendas de todo tipo. La
trama se desarrolla alrededor del asesinato de una niña, mismo que a pesar de
los esfuerzos de la joven abogada, no sólo queda totalmente impune sino que el
asesino también mata los que lo habían
delatado a pesar de los esfuerzos de la
abogada por defenderlos.
Por el libro
desfilan las tropelías que se supone
ocurren a diario en el sistema de justicia mexicano: fabricación de
culpables por motivos políticos; corrupción y componendas en las cárceles;
arreglos y favores al más alto nivel; jueces que sólo aceptan de los
ministerios públicos casos perfectos, de lo cual se aprovechan los abogados
defensores para liberar a sus clientes criminales; incapacidad de la Procuraduría de encontrar a los culpables, etc... En el
libro se exhiben los vicios y
deficiencias del sistema penal mexicano.
Pero la
realidad, como siempre, supera a la
ficción. El caso de Florence Cassez cuya
liberación se dio hace pocos días, podría haber sido también la trama de una
novela. Así como la obra de Laveaga nos deja consternados por las injusticias
que tan bien describe, a la gran mayoría de la opinión pública mexicana también
ha dejado consternada la liberación de esta persona, especialmente a las
víctimas.
El caso Cassez consta
de hechos que dan forma a una comedia de
enredos: la existencia de una peligrosa banda de secuestradores a la que aparentemente
pertenecía Madame Cassez; el hecho de
que algunas de las víctimas identificaron a la francesa como parte de la banda; la captura
de la banda por la AFI al mando del Ing. García Luna; la recreación de la
captura de los secuestradores y la liberación de sus víctimas, un día después
de la captura real para que las cámaras de la televisión comercial pudieran
difundir este logro de las autoridades; la falta de notificación a tiempo al
consulado francés para que interviniese en la asesoría y defensa de Cassez; la
posible violación a los derechos de Cassez
por no haberse aplicado el procedimiento correcto en su captura; la huída
de las víctimas del país porque siguen amenazadas por los delincuentes; la
intervención del gobierno francés,
especialmente del Presidente Sarkozy, en
lo que pudo convertirse en otra Guerra de los Pasteles, al solicitar que Cassez cumpliese su condena en Francia; la
firmeza del gobierno del ex Presidente Calderón para no ceder en ese envío a
Francia de la prisionera; y finalmente una Suprema Corte que cambió de opinión, coincidiendo su cambio
de posición con el cambio de la
Administración Federal.
El conflicto
heredado por la nueva Administración
resultaba incómodo. Una buena salida para mejorar la relación con
Francia era liberar a Cassez. La Suprema
Corte revisó el caso una vez más y en esta ocasión, a diferencia de la
anterior, le otorga el amparo liso y llano a Florence Cassez por lo cual ella
sale libre de inmediato. Más lógico y
más justo para todas las partes involucradas hubiera sido otorgar el amparo para efectos de
reponer el procedimiento y volver a
juzgarla. Con el fallo otorgado la Suprema
Corte no se pronuncia sobre la culpabilidad de Cassez pero tampoco da
oportunidad de saber si es realmente inocente o culpable. Implica eso sí que la
PGR no hizo bien su trabajo al violar el debido proceso y por lo tanto los
derechos de la acusada. Desafortunadamente se crea un precedente peligroso: los
ministerios públicos tienen fallas al presentar
sus casos y sin embargo ello no implica que
los acusados no sean culpables. ¿Debemos esperar a que los ministerios
públicos presenten casos impolutos ante los jueces en aras de respetar los
derechos de los acusados? Y entonces ¿cuándo recibirán justicia las víctimas?
Si se desea acabar
con la delincuencia y la violencia asociada, no basta pasar por control de confianza a los
policías y profesionalizarlos; no basta con hacer centros de fusión y tener
mejor inteligencia; no basta con unificar fuerzas de seguridad. Se requiere ministerios
públicos capacitados para la investigación y presentación de pruebas; jueces suficientes
para atender los asuntos que inundan los juzgados; procedimientos más sencillos
para desahogar los procesos penales y
que den más garantías a las víctimas. Se
requiere reformar de fondo el sistema de justicia penal mexicano. De no ser así, de la mano de la impunidad, seguirá la violencia.
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