Escribí
recientemente tres artículos con ideas
acerca de como la nueva Administración podría atender los temas de transparencia, combate a
la corrupción y reestructurar al gobierno federal. Se han dado a conocer ya las
propuestas del Presidente Electo para
realizar cambios en estas áreas. En lo medular tratan del reagrupamiento de funciones en cuatro
Secretarías y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Lo más
relevante es que de ser aprobadas, se
está perfilando la creación de dos supersecretarías desde donde se tendrá el
control del gobierno: Gobernación y Hacienda. Para ello dos secretarías dejarían
de existir y transferirían sus funciones y recursos a estas supersecretarías.
Por una parte
la Secretaría de Seguridad Pública desaparecería y todas sus funciones se
trasladarían a la Secretaría de Gobernación en donde se convertirá en una Subsecretaría
del Interior. Esta nueva Subsecretaría tendría de entrada 36,000 personas y un
presupuesto de $40 mil millones de pesos. O sea por sí misma sería más del
doble de la actual Secretaría de Gobernación. Se supone que en el futuro la
Gendarmería Nacional, con sus 40,000 personas también pasaría a formar parte de esta
Subsecretaría por lo que la Secretaría de Gobernación pasaría a ser una de las más grandes del gobierno federal
con cerca de 100 mil personas bajo su mando y un presupuesto 20% mayor al de
SEDESOL. Por otra parte al Secretario de Gobernación se le darían facultades
para coordinar a toda la Administración Pública Federal (APF) y acordar con los
Secretarios, titulares de órganos desconcentrados y entidades paraestatales las
acciones para el cumplimiento de las órdenes del Presidente. Con estas
atribuciones el control político del país,
el de seguridad pública, el control de los medios masivos de comunicación, la
coordinación de todo el gobierno federal y
otros temas como el Archivo General de la Nación, la Cédula de
Identidad, el aseguramiento del cumplimiento de los derechos humanos por parte
del gobierno, recaerían sobre el Secretario de Gobernación.
La otra
supersecretaría sería la de Hacienda y Crédito Público. Además de las funciones
que ya realiza se le transferirían todas las funciones, personal y presupuesto de
la Secretaría de la Función Pública (SFP), probablemente bajo la figura de una
subsecretaría aunque no se especifica. La única diferencia en relación al
esquema actual sería que los Órganos
Internos de Control, hoy dependientes de la SFP, cambiarían su nombre por el de
Unidades de Auditoría Preventiva y sus titulares serían nombrados por los titulares de las
dependencias y entidades siempre y cuando cumplan con el perfil que establecerá
la Secretaría de Hacienda.
Habría también
reagrupamiento de funciones en la SEDESOL a la que se agregarían
responsabilidades tales como la atención a mujeres, a los
indígenas y a los jóvenes. También se crearía la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano partiendo de la estructura actual de la Secretaría de la Reforma Agraria y se le
adicionarían otras instituciones relacionadas con el tema habitacional y de
fomento a la vivienda.
Por otra parte
se crearía la Comisión Nacional Anticorrupción partiendo de cero. Es decir no
toma ni atribuciones ni recursos de la SFP como se había mencionado. La
creación de esta dependencia requiere de la modificación de 9 artículos de la
Constitución. Una sorpresa en la propuesta del Presidente Peña es que no se
modifica el Artículo 21 Constitucional. La idea era que esta Comisión tuviera
la posibilidad de ejercer la acción penal y quitarle el monopolio de la misma al Ministerio
Público. Al no incluir esta modificación, la materia de trabajo que atenderá la
Comisión deberá ser determinada en su Ley Reglamentaria y su actuación se
limitará al ámbito administrativo, muy
parecido a las atribuciones que tiene hoy en día la SFP. La gran diferencia con
la actual SFP, consiste en que tendrá atribuciones para perseguir casos de
corrupción en el ámbito no sólo federal sino también estatal y municipal. Pero cuando la naturaleza de la
falta sea de carácter penal, deberá dar vista al ministerio público.
Los retos
para el establecimiento de esta Comisión son enormes. Primero se requiere contar
con el andamiaje jurídico que comprende que el Congreso acepte los cambios a la
Constitución. Luego que sean aprobados por la mayoría de los estados. Después, la
promulgación de la Ley respectiva y su reglamento. Otro reto será darle los recursos presupuestarios y aprobar
su estructura orgánica para que pueda iniciar contrataciones de personal.
Además requerirá oficinas, instalaciones especializadas, vehículos y otros
recursos. Asimismo se contempla la obligación de que los Estados y el Distrito
Federal tengan comisiones anticorrupción.
Se crea también el Consejo Nacional Por la Ética Pública que contará con
miembros de la sociedad civil, el Congreso, la Suprema Corte, tres Secretarios (Gobernación, Hacienda y Educación), el Procurador,
los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno del D.F., el Auditor Superior de la
Federación y el Presidente del IFAI. Actuará como Secretario Técnico el
Presidente de la Comisión Anticorrupción.
Ojalá que el
Presidente Peña tenga éxito con este nuevo esquema organizacional y de trabajo.
De entrada se ve mucha concentración de atribuciones en sólo dos secretarías y
el reto de crear desde cero la Comisión Anticorrupción y sus equivalentes en
las entidades federativas.
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Correo: octaviodiazgl@yahoo.com.mx
Referencias:
1. Iniciativa para Crear la Comisión Anti-corrupción.
2. Iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
3. Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
Las dos primeras se encuentran en www.enriquepenanieto.com
La tercera en el diario oficial.
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