DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO

                                                                         Por: Octavio Díaz García de León

    Estados Unidos continúa presionando a México para detener el flujo de drogas ilícitas hacia su territorio. La entrega de 29 capos trasladados a Estados Unidos, hecho inédito en la política mexicana, posiblemente no bastará para apaciguar a Trump y su gabinete. Exigen, además, la detención de políticos de alto nivel, cómplices de narcotraficantes, y podrían recurrir incluso a la intervención militar en territorio mexicano.

   En un artículo reciente de Letras Libres, "Fentanilo y Narcopolítica", Guillermo Valdés ofrece un panorama de las dificultades para frenar el tránsito de drogas de México a Estados Unidos, sin mencionar, por otra parte, que las autoridades estadounidenses han fracasado en contener la demanda y el tráfico en su propio territorio. De ese fracaso se deriva el resto del problema.

   Valdés plantea, en un ejercicio hipotético, que con 150 laboratorios produciendo fentanilo se podría generar, en 8 días, la demanda anual de Estados Unidos. Puesto que estos laboratorios pueden instalarse en cualquier domicilio y, una vez producido lo necesario, cerrarse, afirma que la probabilidad de erradicarlos es prácticamente nula.

   Por su parte, Estados Unidos nada podrá hacer con drones, portaaviones patrullando las costas mexicanas o enviando una expedición punitiva. Esta última medida sería muy contraproducente, como se evidenció en la expedición infructuosa contra Pancho Villa hace más de 100 años, cuando más de 10,000 soldados incursionaron en Chihuahua sin dar con Villa, generando un gran rechazo popular. Lo mismo sucedería ahora. También intentarán capturar capos, lo cual es bueno para la imagen, pero, como se ha visto, de nada sirve, pues los capos se sustituyen tan rápido como son capturados. Valdés propone algunas soluciones interesantes y yo agregaría una.

   Recordemos que lo que impulsa este fenómeno ilegal es el beneficio económico, gran incentivo para los delincuentes que les permite una vida de lujos, fiestas y diversiones. Además, estas ganancias financian precursores, sicarios, armas, autoridades corruptas y toda la infraestructura de inmuebles, vehículos, equipos de espionaje, etc., necesaria para operar; por ello, el esfuerzo debe concentrarse en combatir los flujos ilícitos de dinero.

   El dinero es el flujo vital que motiva y posibilita estos negocios ilegales. No existe motivación más poderosa para que se den estos fenómenos.

 Con la declaración de organizaciones terroristas a varios cárteles de narcotraficantes mexicanos, adquiere primordial importancia el combatir ese flujo transnacional de dinero. Se requiere reforzar tanto a las autoridades responsables como a la legislación especializada. En México, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera no se ha destacado por detener flujos ilegales de dinero provenientes del narcotráfico, sino por su uso político, lo que exige un urgente reenfoque de prioridades y un gran reforzamiento.

   En Estados Unidos existen instituciones como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que si bien está muy atenta a operaciones financieras relevantes, enfrenta grandes dificultades para distinguir entre operaciones legítimas e ilegítimas.

  Estas normas e instituciones enfrentan grandes problemas tales como la adaptación y sofisticación criminal, ya que las organizaciones de narcotraficantes evolucionan continuamente para burlar controles, aprovechando vacíos legales y tecnológicos.

   Otro problema es la jurisdicción transnacional, pues las redes criminales operan en numerosos países, dificultando la coordinación y el intercambio de información entre autoridades de distintas naciones. Además, la corrupción y las complicidades dentro de las instituciones encargadas de combatir el fenómeno, debilitan la eficacia de los mecanismos de control y sanción.

   También existen limitaciones en recursos y capacidad investigativa. De nada sirven leyes y organismos especializados si carecen de recursos humanos, tecnológicos o financieros suficientes para enfrentar la magnitud del problema. Un caso en México es,  por ejemplo,  los escasos recursos con que cuenta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que le impide dar resultados.

    Otro obstáculo es la diversificación y atomización de actividades ilícitas: el dinero del tráfico de drogas se invierte en múltiples actividades , lo que complica su rastreo y el desmantelamiento de las redes de lavado. Además, la mayor parte del lavado de dinero ocurre en Estados Unidos.

    Ante estos problemas,  se debe aumentar el número de personas dedicadas a estas tareas, reforzar sus capacidades tecnológicas y profesionales, y cubrir vacíos legales, tales como la complicidad de notarios corruptos en la adquisición de inmuebles, o en la creación de empresas con capital de fuentes ilegales y tantas otras formas de lavar dinero.

   A diferencia de lo difícil que es erradicar la producción y el tráfico de drogas ilícitas, atacar el flujo ilegal de dinero podría resultar una estrategia más eficaz para combatir el fenómeno. Reducir la demanda de drogas y adoptar otras soluciones propuestas por expertos como Valdés,  también ayudarán a disminuir el tráfico de drogas.

LA SOCIEDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Transparencia Internacional publicó recientemente su evaluación anual de la percepción de la corrupción en el mundo, revelando que México ha caído a los niveles más bajos en 30 años. El país se ubicó en el puesto 140 de 180 evaluados, con una calificación de 26 sobre 100 (siendo 100 la ausencia total de corrupción). La percepción general es que en México hay mucha corrupción.

   Desde la época del presidente Miguel de la Madrid, con su propuesta de Renovación Moral de la Sociedad y la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, han surgido numerosas iniciativas gubernamentales para combatir la corrupción.

    Por ejemplo, con Fox se creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Servicio Profesional de Carrera y se digitalizaron innumerables trámites, como la obtención de la CURP. Con Peña se instauró el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se creó la Fiscalía Anticorrupción y se otorgó autonomía al IFAI, transformándolo en el INAI. En este sexenio se está cambiando el nombre de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque casi no cambian sus atribuciones, mientras que se elimina al INAI.

    Todo ello acompañado a lo largo de los años,  de innumerables reformas a la Constitución, a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos,  al código penal, a la ley de adquisiciones, a la de obra pública, a la de transparencia, etc.. Estos programas y cambios a las leyes no han servido para disminuir la corrupción.  

   La razón es que estos intentos que hace el gobierno adolecen de un grave defecto: la falta de una autoridad anticorrupción realmente independiente. Instituciones como la Secretaría Anticorrupción (y su predecesora, la Secretaría de la Función Pública) dependen del presidente de la república; la Fiscalía Anticorrupción tiene muy pocos recursos y casi no se ha notado su actuación; el Comité de Participación Ciudadana que encabeza al SNA,  no cuenta con la fuerza política necesaria para coordinar eficazmente el combate a la corrupción.

   Además, las instituciones que integran el SNA, salvo una, no tienen como mandato principal erradicar la corrupción, sino que abordan temas que inciden marginalmente en ella. Asimismo, intereses políticos impiden que contribuyan eficazmente a combatir la corrupción.

    Si a esto se le suma la falta de voluntad política para atacar la corrupción –como se evidenció en casos como Segalmex o la Estafa Maestra– resulta evidente que el combatir la corrupción desde adentro del gobierno no ha funcionado.  Esto se agrava al considerar que con la reforma judicial, el Poder Judicial ha dejado de funcionar como contrapeso al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al estar en manos del partido en el poder, impide la existencia de mecanismos internos al gobierno que sean eficaces para enfrentar la corrupción.

   Ante este panorama, el único contrapeso viable parece ser la sociedad civil. Los casos sonados de corrupción han salido a la luz principalmente gracias a investigaciones realizadas por organizaciones ciudadanas y periodistas de investigación. Ejemplos notables incluyen el “Toallagate” en el sexenio de Fox; la “Estela de Luz” en el sexenio de Calderón; los casos de la “Casa Blanca de las Lomas” y la “Estafa Maestra” durante el sexenio de Peña; y grandes irregularidades en Segalmex, así como en las obras emblemáticas del sexenio de AMLO.

   Entre las organizaciones que han contribuido a revelar estos hechos se encuentran Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como medios de comunicación como Latinus, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso quienes constantemente exponen casos de corrupción. Otros actores, como los observatorios ciudadanos, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana también han contribuido.

   Ante la ineficacia del gobierno para combatir desde adentro la corrupción,  lo que queda es seguir impulsando y fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil, apoyar al periodismo de investigación –en el que muchos arriesgan su vida– y crear y robustecer, a nivel estatal y municipal, a aquellas organizaciones capaces de vigilar y denunciar los malos manejos de los funcionarios públicos corruptos.

   Las investigaciones de estos organismos de la sociedad civil se pueden convertir en denuncias públicas, aunque quedaría pendiente el que las autoridades investigaran y sancionaran a funcionarios y empresarios corruptos. Por lo menos la presión de la opinión pública se haría sentir y se podrían inhibir algunos de estos comportamientos.  

  La sociedad civil debe participar más activamente en este y otros temas fundamentales que le afectan,  como es el caso de la seguridad, salud y educación. Con su intervención,  quizás algún día el indicador de Transparencia Internacional muestre que nuestro país ha mejorado en el combate a la corrupción.  De lo contrario, la sociedad seguirá siendo dañada gravemente por este fenómeno

APLICAR A MÉXICO LA RECETA TRUMP

                                                                                             Por: Octavio Díaz García de León

    El presidente Donald Trump inició su segundo mandato con la firma de numerosas órdenes ejecutivas destinadas a romper con las políticas de la administración anterior. Algunas de estas medidas han generado alarma, mientras que otras parecen sensatas. ¿Qué pasaría si el gobierno de México aplicara algunas de estas medidas? A continuación, se analizan algunas de estas acciones y como podrían implementarse en México:

 ·  Refuerzo de la seguridad en la frontera sur. Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México, desplegando tropas y reactivando programas como "Quédate en México" para gestionar la migración. México enfrenta desafíos similares en su frontera sur con Guatemala y Belice, donde el control es limitado y prevalecen actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas. Aunque la construcción de un muro no es factible, aumentar la presencia militar y establecer barreras físicas en puntos estratégicos podría mejorar la seguridad fronteriza. Además, México debería intensificar la repatriación de inmigrantes indocumentados para mitigar la presión migratoria en su frontera norte.

· Designación de cárteles como organizaciones terroristas. Trump ha considerado clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permitiría una mayor intervención en su combate. En México, el Código Penal ya permite catalogar a la delincuencia organizada como terrorismo cuando amenaza la seguridad nacional. Aplicar esta designación podría priorizar el combate a estas organizaciones y proporcionar herramientas legales más efectivas para su desarticulación.

·  Promoción de la independencia energética. Trump ha impulsado políticas para fortalecer la independencia energética de Estados Unidos, incluyendo la reactivación de proyectos de combustibles fósiles con tecnologías como el fracking. México, ante la disminución en la producción de Pemex y la existencia de reservas de gas y petróleo susceptibles de explotación mediante fracking, debería considerar el uso de esta tecnología para restablecer la rentabilidad de Pemex y el abasto nacional de gas natural. Permitir la participación de empresas privadas en la explotación de estos recursos podría compensar la falta de inversión de Pemex. 

·  Reevaluación de la ayuda exterior. Trump ha propuesto reducir la ayuda exterior para priorizar los intereses estadounidenses. México debería reevaluar su asistencia a países como Cuba, Venezuela y las naciones centroamericanas. Es necesario auditar su eficacia y asegurarse de que los fondos beneficien directamente a las poblaciones destinatarias y no a sus gobiernos. También es necesario saber en qué se utilizaron los cientos de millones de dólares que se enviaron a Centroamérica el sexenio pasado. Tan solo en 2023 México envió 150 millones de dólares a Centroamérica y Cuba a fondo perdido.  

·    Mejora de la eficiencia gubernamental. Trump ha enfatizado la necesidad de reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia en el gobierno federal. México ha implementado programas de austeridad que, aunque buscan eficiencia, han afectado la operatividad gubernamental. Otro aspecto donde México lleva mucha delantera a Trump es privilegiando la contratación de fieles al régimen por encima de la contratación de personal capacitado. Establecer un servicio civil de carrera sólido ayudaría a evitar nombramientos de parientes, amigos y recomendados y promovería la profesionalización del servicio público.

·    Revisión de políticas de inclusión. Trump ha criticado las políticas "woke" y busca retornar a criterios tradicionales en temas de género y mérito. México podría revisar sus políticas de inclusión para identificar y corregir posibles excesos, abandonando la parte más dañina y extrema de la doctrina “woke”.

·   Impulso de tecnologías financieras digitales. Trump ha mostrado interés en promover tecnologías financieras digitales, incluyendo criptomonedas. México debería fomentar tecnologías financieras digitales, asegurando una regulación que prevenga fraudes en el caso de las criptomonedas.

·  Transparencia en asuntos de Estado. Trump ha ordenado la desclasificación de archivos relacionados con magnicidios. México podría seguir este ejemplo, promoviendo la transparencia con un sustituto creíble del INAI, no con la propuesta recientemente presentada, en la que habría claros conflictos de interés.

·   Cambiar de nombre a lugares geográficos. El presidente Trump decretó el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América (falta que le cambie de nombre al estado de Nuevo México). Pero ya existen antecedentes en ambas naciones:   para los americanos el río que nos limita se llama Río Grande, y para los mexicanos Río Bravo.  AMLO y Sheinbaum impulsan por razones ideológicas usar el nombre Golfo de California en lugar de Mar de Cortés, así como Trump por las mismas razones impulsa el usar Golfo de América. En estos manejos hay coincidencias.

·   Aranceles. En cuanto a la imposición de aranceles esto no es bueno para nadie. Esperemos se pueda evitar una guerra comercial.

 

    Implementar algunas de estas políticas podrían beneficiar a México y ayudaría a fortalecer la relación bilateral. Una buena señal es que el presidente Trump está dispuesto a negociar los aranceles  y el gobierno de México a ceder en todo lo que solicita, como se mostró en la llamada del 3 de febrero entre ambos presidentes.

 

PLAN MÉXICO: EL RETO DE CRECER

                                                                             Por: Octavio Díaz García de León

    Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el "Plan México", una estrategia económica que busca posicionar al país entre las diez principales economías mundiales para 2030.  Este plan, aunque ambicioso, enfrenta diversos desafíos tanto internos como externos que podrían afectar su implementación y éxito. Algunos elementos de este plan son:

    Inversión propuesta. Se plantea una inversión de 277 mil millones de dólares distribuidos en 2000 proyectos. Sin embargo, no se han detallado públicamente cuáles son estos proyectos ni su viabilidad. Es fundamental que el gobierno proporcione información específica sobre estas iniciativas para evaluar su factibilidad y determinar si se trata de nuevos proyectos o de continuaciones de esfuerzos anteriores. Por ejemplo, la inversión que hizo el año pasado Amazon AWS en Querétaro por 5,000 millones de dólares y que acaba de arrancar su operación,  fue anunciada con bombo y platillo hace unos días como si hubiera tenido su origen este sexenio.

   Generación de empleos. Una de las metas es crear 1.5 millones de empleos especializados en el sector manufacturero. No obstante, surge la interrogante sobre la disponibilidad de personal calificado para ocupar estos puestos. Además, considerando que anualmente se incorporan aproximadamente 1.5 millones de personas a la población económicamente activa, es crucial que el plan también contemple la generación de empleos en otros sectores para absorber esta fuerza laboral adicional.

    Impulso al “Hecho en México”. El plan propone que el 50% de las adquisiciones del sector público y ciertos sectores manufactureros provengan de proveedores nacionales. Este objetivo enfrenta el desafío de identificar proveedores mexicanos que puedan competir en calidad y precio con opciones internacionales. Sin una competencia efectiva, existe el riesgo de incurrir en sobreprecios o adquirir productos de menor calidad, lo que afectaría tanto a los industriales como a los consumidores y usuarios de servicios gubernamentales.

  Metas ambiciosas. Entre los objetivos del plan se incluyen: aumentar la inversión al 28% del PIB; formar 150,000 profesionistas de alto nivel; posicionar a México como la décima economía mundial para 2030; convertirse en el quinto destino turístico a nivel global; reducir significativamente el tiempo necesario para la creación de empresas. Sin embargo no se dan detalles de cómo se alcanzarán estas ambiciosas metas.

   Aunque se mencionan mecanismos de seguimiento para este Plan, es esencial que se establezcan indicadores claros y se realice un monitoreo constante para evaluar el progreso, realizar ajustes cuando sea necesario y que existan consecuencias para los responsables del plan en caso de no cumplir sus metas.

  Desafíos y obstáculos. Para alcanzar estos objetivos, el gobierno de la presidenta Sheinbaum deberá abordar varios desafíos:

·   El gobierno de Donald Trump podría implementar políticas comerciales más estrictas hacia México, imponiendo aranceles a productos e impuestos a remesas, afectando las exportaciones y nuestras relaciones económicas. Asimismo las deportaciones masivas que ha anunciado representarán un problema humanitario y económico enorme para México.  

·   El gobierno debe demostrar un compromiso real con la inversión privada, evitando que se beneficien solo empresarios amigos del gobierno.

·        Se requiere reducir la deuda y el déficit fiscal del gobierno. 

·    Es importante que las reformas al INFONAVIT no pongan en manos del gobierno los recursos que solo pertenecen a los trabajadores.  

·     Ante el desmantelamiento del Poder Judicial,  es necesario que el gobierno muestre un compromiso real con el estado de derecho.  

·        Es necesario asegurar la competencia económica a pesar de la desaparición del IFETEL y la COFECE y que se señalen los instrumentos que demuestren que son mejores que las instituciones que ha eliminado el gobierno. 

·     Se requiere que haya transparencia y rendición de cuentas gubernamental ante la supresión del INAI, efectuada por el actual gobierno, y como se van a resolver los posibles conflictos de interés que tendrá el propio gobierno ahora que no haya un organismo autónomo que garantice este derecho humano. 

·       Urge combatir eficazmente la corrupción y dar resultados en el corto plazo. 

·     Debe resolver de inmediato el problema de seguridad pública que evite asaltos, extorsiones, secuestros, robos y cobro de derecho de piso.  

·      Es indispensable modernizar la educación pública en lugar de ideologizarla. 

·    Se requiere reconstruir el sistema de salud público, desmantelado el sexenio pasado.  

·       Hay que evitar el dedicar más recursos a los proyectos estatales improductivos del sexenio pasado y volver rentables a Pemex y CFE

 Finalmente, habría que aumentar significativamente la inversión en infraestructura de comunicaciones y transportes.

 

El “Plan México" representa una visión ambiciosa para el desarrollo económico del país. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para enfrentar los desafíos mencionados, establecer mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas, y fomentar un entorno de confianza y colaboración con todos los sectores de la sociedad.

DROGAS: PROBLEMA COMPLEJO

                                                                         Por: Octavio Díaz García de León

    El tráfico de drogas ilegales es un problema humanitario que causa decenas de miles de muertes al año, tanto por los efectos del consumo excesivo como por la violencia inherente a su comercio ilegal. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2022 murieron más de 100,000 personas en Estados Unidos por sobredosis, en su mayoría relacionadas con opioides como el fentanilo. 

   Recientemente, un reportaje del New York Times ha puesto de relieve la producción de fentanilo en nuestro país, mientras que el gobierno de México se empeñó en desmentirlo, intentando ocultar lo evidente. Por otra parte, el presidente Donald Trump propuso designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ambas posiciones aportan poco a la solución del problema. 

  Para ser exitosos en combatir el tráfico de drogas todos los países involucrados tienen que cooperar entre sí y utilizar un enfoque integral atendiendo los diversos componentes del complejo problema. Algunos de estos elementos son:

   Prohibición del consumo. El hecho de que sea ilícita la producción y consumo de drogas ha creado un mercado negro en manos de organizaciones delictivas.  El legalizar algunas drogas desaparecería estos mercados ilícitos. 

   Alta demanda. Según el Observatorio Mundial de Drogas, en 2023 el consumo de drogas en Europa alcanzó los 30 millones de usuarios regulares, mientras que en Estados Unidos los opioides causaron el 75% de las muertes por sobredosis. Ayudaría a aliviar el problema que se instauraran programas eficaces de salud pública contra el consumo de estas drogas. 

   Producción multinacional. Los precursores químicos del fentanilo se producen principalmente en China y se transforman en laboratorios clandestinos en México. La cocaína, por otro lado, proviene de países como Colombia, Perú y Bolivia.  México por su parte tiene una producción significativa de heroína y marihuana. Las autoridades de los países productores deben impedir la producción ilegal de estas sustancias dentro de su territorio. 

   Logística. El tráfico de drogas implica el transporte de precursores y productos terminados a través de múltiples fronteras y hacia el interior de los países,  empleando rutas terrestres, marítimas y aéreas. Cortar esta logística requiere cooperación entre múltiples autoridades nacionales e internacionales y un uso intensivo de métodos de inteligencia. 

   Finanzas. El tráfico de drogas genera flujos financieros significativos. En 2022, se estimó que 292 millones de personas consumieron drogas a nivel mundial. Este consumo masivo implica transacciones financieras que van desde pagos al menudeo hasta grandes sumas destinadas a la producción y logística, incluyendo gastos en corrupción y mano de obra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que los cárteles mexicanos generan entre 19,000 y 29,000 millones de dólares anuales solo por ventas en ese país.  Dado que el flujo de dinero viene de norte a sur se requiere que las autoridades de países consumidores intervengan para cortar estos flujos en el origen y los países de destino tengan mecanismos para detenerlos.  

  Lavado de dinero. Cada etapa del tráfico genera ganancias que deben integrarse a la economía formal. Para ello, los traficantes recurren a esquemas de lavado mediante redes sofisticadas que utilizan paraísos fiscales, empresas ficticias, bienes raíces y transacciones internacionales bancarias para ocultar el origen del dinero. Es importante evitar el lavado de ganancias creando mecanismos tales como evitar que los notarios sean cómplices e implementar controles más estrictos al sector financiero.  

  Red de protección. La operación ilegal requiere redes de protección a los cárteles. En México, esto incluye sicarios y halcones, así como funcionarios corruptos en todos los niveles de gobierno. Se requieren grandes operaciones de contrainteligencia para encarcelar a estos operadores. 

  Corrupción. Se estima que las organizaciones delictivas controlan una parte significativa del territorio mexicano a través de autoridades corruptas. En menor medida, también se observa corrupción en Estados Unidos y otros países afectados. El combate a la corrupción relacionada con el narcotráfico sigue siendo uno de los grandes pendientes en México y otros países.  

  Tráfico de armas. Los delincuentes necesitan armamento para proteger sus negocios y territorios. Según el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, entre el 70% y el 90% de las armas confiscadas en México provienen de Estados Unidos. Es urgente que Estados Unidos tome medidas de fondo para combatir este tráfico ilegal de armas y del lado mexicano se implementen mecanismos eficaces para interceptarlos. 

    Para enfrentar este problema complejo se requiere un enfoque multifactorial y multinacional con un alto grado de cooperación entre las autoridades de los países involucrados. Debería agruparse bajo un solo mando en cada país a todas las autoridades involucradas, para lograr una estrategia conjunta e integral contra el tráfico de drogas.  En México, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana podría ser dicha autoridad. Hoy solo tiene un mandato de coordinación que es insuficiente.

LA IMPORTANCIA DE ENTENDER LO MEXICANO

                                                                  Por: Octavio Díaz García de León

   

    Los mexicanos no acabamos de entendernos. Queremos una cosa y hacemos otra. Como nación, aspiramos a un desarrollo económico que nos posicione como potencia mundial, pero nuestra economía va en declive por decisiones gubernamentales erradas. Aspiramos a avanzar científicamente, pero se promueven creencias mágicas, se eliminan becas, se quita presupuesto y se desestima la ciencia.

     Buscamos una educación de primer nivel para nuestros niños, pero se evitan evaluaciones, se promueve el pase automático y se enseña ideología en lugar de ciencia. Soñamos con un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, pero el gobierno es incapaz de comprar medicinas e insumos básicos y sus hospitales están saturados. Queremos paz y seguridad, pero estamos a merced de la delincuencia.  

     Nos aferramos a un "ideal", pero nuestras contradicciones nos impiden alcanzarlo. Esto no es algo nuevo. Desde la independencia, los mexicanos hemos sido nuestros propios enemigos, atrapados en un ciclo de confrontaciones y autosabotajes.

     Tras la Revolución, un grupo de intelectuales intentó desentrañar el enigma del ser mexicano. Samuel Ramos fue pionero en este esfuerzo y planteó que: "Mientras no se defina el modo de ser del mexicano, cualquiera empresa de renovación será una obra ciega destinada al fracaso." Agrega Ramos: “A mi entender, no podremos elevar nuestra vida nacional al plano de la cultura si no precisamos concretamente lo que queremos.”

     Sin embargo, existe un gran consenso sobre lo que deseamos para México: seguridad e ingresos dignos;  oportunidades de desarrollo intelectual, profesional, y empresarial; mejor educación y salud; prosperidad y libertad. A pesar de esta claridad, la realización de estas aspiraciones sigue siendo esquiva.

     ¿Qué es lo que falla? Durante las décadas de los treinta a los cincuenta del siglo pasado, filósofos como Samuel Ramos, Emilio Uranga, Octavio Paz y Jorge Portilla analizaron a fondo las deficiencias del mexicano. En menor medida, otros identificaron algunos aspectos positivos,  tales como José Vasconcelos, Antonio Caso y Leopoldo Zea quienes vislumbraron virtudes en el carácter del mexicano.

     La pregunta acerca de qué es lo mexicano sigue vigente en la actualidad para intentar mejorar a nuestro país. ¿Cómo abordar esta tarea tan compleja? La elección del método depende del propósito que se persiga. Si el objetivo es comprender cómo piensa el mexicano en un momento dado para fines prácticos, tales como vender productos, influir en sus creencias o asegurar el éxito de un partido político, se requiere un enfoque científico, que recurra a encuestas, grupos de enfoque y análisis de grandes bases de datos. Si el objetivo es obtener algo más permanente de lo que constituye lo mexicano, habrá que recurrir a una reflexión filosófica.

     Ejemplo de un enfoque filosófico es lo que hizo Emilio Uranga a mitad del siglo pasado. Describió al mexicano como un ser inacabado, incapaz de realizar plenamente todas sus potencialidades, moldeado por la incertidumbre, el azar y la contingencia. Esta falta de cierre existencial generaría zozobra, pero también abriría posibilidades infinitas de desarrollo. Según Uranga, este estado de incertidumbre explica comportamientos característicos como la desgana, la emotividad, la fragilidad, la insuficiencia, la melancolía y el machismo.

    Sorpresivamente, al describir al mexicano, Uranga describe al hombre de nuestros días. Por ello, si el mexicano padece desde hace mucho las tribulaciones que sufre el hombre contemporáneo, pareciera que estaría más preparado para afrontar al mundo actual.

     Pero no es así. El mexicano (hombres y mujeres),  tiende a refugiarse en su individualidad y en su presente, careciendo de una determinación por sacar al país de su atraso. Esta actitud se manifiesta con las expresiones  “a ver qué pasa…” o “ni modo…”, que se traducen en resignación e inmovilidad y le impiden transformar su realidad a fondo.

     Por otra parte, quienes emigran,  a menudo logran desarrollarse plenamente y contribuir al país que los acoge. Esto sugiere que no es el mexicano como individuo, sino las condiciones sociales, políticas y culturales del país las que lo constriñen.

     Para superarnos como nación habría que vencer la incompetencia de una clase política solo interesada en el poder, la indiferencia de una clase empresarial que solo ve por sus intereses y la falta de una élite intelectual capaz de movilizar a los mexicanos. Esto mantiene al país en un estado de ensimismamiento, atrapado en un pasado mítico, un presente problemático y careciendo de un proyecto verdaderamente transformador.

     La reflexión filosófica sobre lo mexicano sigue siendo necesaria porque nos puede dar pistas de como destrabar lo que nos impide lograr todas nuestras potencialidades como país. Aunque convertirla en acción concreta es un gran desafío, como buscaba Samuel Ramos, lograrlo ayudará a pasar de la resignación a la construcción de un proyecto que permita a México y a los mexicanos trascender sus limitaciones.

RETOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

 

Por: Octavio Díaz García de León

    México necesita un crecimiento económico acelerado para que las personas más desfavorecidas puedan salir de la pobreza y el resto de la población alcance mejores niveles de vida. La estrategia de repartir dinero en programas sociales sin contar con una fuente de ingresos creciente y sostenible para el gobierno que solo se logra con crecimiento económico, conduce a un endeudamiento cuyo límite ya estamos alcanzando.

    Este reto fue analizado en un seminario de perspectivas económicas en la Universidad Panamericana al que asistí. Una de las ponentes fue la empresaria Altagracia Gómez, cercana a la presidenta Sheinbaum y nombrada coordinadora del Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización. Este organismo busca fungir como enlace entre el gobierno y el sector empresarial, promoviendo una política industrial que, entre otras tareas, define dónde y cómo deben instalarse ciertas industrias

    Es de señalarse que el colocar a empresarios destacados como representantes del gobierno puede no ser adecuado. Por un lado, su papel de defender políticas gubernamentales que podrían afectar al sector privado resulta incómodo, como lo experimentó Alfonso Romo durante la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una decisión que fue muy perjudicial para todos. Por otro lado, la empresaria Gómez podría enfrentar cuestionamientos si sus empresas reciben beneficios por esa relación privilegiada con el gobierno.  Un modelo más transparente sería que esta interlocución recayera solo en el Secretario de Economía y este fuera el responsable del diseño de la política industrial.

    En el seminario, Altagracia Gómez, de 32 años, abogada, heredera y directiva de un importante conglomerado industrial jalisciense que incluye a MINSA, DINA, ALMER y Grupo PEO, propuso medidas clave para impulsar el crecimiento económico el cual, según otro panelista, el Dr. Julio Santaella, ha sido menos que mediocre al promediar solo un 1% anual entre 2017 y 2024.

  Para revertir esta tendencia, Gómez subrayó la necesidad de fortalecer el ecosistema empresarial, lo que requiere infraestructura adecuada, energía asequible, una fuerza laboral calificada y certeza jurídica. En cuanto a infraestructura, enfatizó que el país necesita carreteras modernas, ferrocarriles de carga, puertos marítimos funcionales y aeropuertos avanzados para garantizar la competitividad logística, ya que México ni siquiera está entre los 50 países más competitivos en este rubro.

  Gómez señaló que la articulación de los elementos antes mencionados, incluyendo energía barata, puede crear un ecosistema favorable para la inversión. Sin embargo, no mencionó otros aspectos igualmente fundamentales, tales como garantizar la seguridad jurídica, el estado de derecho, el combate a la corrupción, una educación básica de alta calidad, una mejor seguridad pública y un sistema de salud eficiente, los cuales también son condiciones indispensables para el crecimiento económico.

   Dijo que es conveniente desarrollar corredores industriales, como el Bajío, y polos de desarrollo en ciudades atractivas para industrias específicas, como Aguascalientes en el sector automotriz o Querétaro en el aeroespacial y desarrollar proveedores locales para que las empresas que manufacturan en México utilicen insumos nacionales, cumpliendo con los estándares de calidad, precio y logística exigidos por las grandes multinacionales.

    El gobierno,  por su parte,  debe reforzar su banca de desarrollo para apoyar a las PYMES y simplificar los trámites administrativos, los cuales, según comentó la Lic. Gómez, ascienden a más de 22,000, y que actualmente son un obstáculo para el crecimiento empresarial y fomentan la corrupción, por lo que urge un programa ambicioso de simplificación administrativa.

   Sugiere la empresaria el que empresas y gobierno compren de manera preferente a PYMES. A este respecto hay que señalar que desde hace años se incorporó esta obligación para el gobierno en la Ley de Adquisiciones y con ello ha surgido el fenómeno de favorecer a PYMES que no tienen las capacidades y que son fachada para realizar actos de corrupción, aspecto que habrá que evitar.

   En cuanto a la relación con Estados Unidos, Gómez se mostró optimista respecto al presidente Trump, confiando en que muchas de sus promesas de campaña que son perjudiciales para México, no se materializarán, aduciendo que tampoco cumplió sus amenazas en su administración anterior y que las economías de ambos países son complementarias, lo que favorece acuerdos como el TMEC.

   Finalmente, subrayó que son los empresarios nacionales quienes mueven la economía de México, implicando que no es el gobierno quien lo hace, por lo que será importante dar los apoyos necesarios a la iniciativa privada.

   Aunque las propuestas de Gómez no son novedosas y han sido intentadas en administraciones previas, con su experiencia empresarial, Altagracia Gómez tiene claridad sobre lo que México necesita para crecer. Si bien su papel podría asemejarse al de Alfonso Romo como interlocutora entre la iniciativa privada y el gobierno, queda por ver si desde su encargo podrá realmente impulsar el crecimiento económico que el país requiere.

LOS COSTOS DE LA RADICALIZACIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

   Desde hace varias décadas, ningún presidente en México había concentrado tanto poder como la actual administración. Esto se debe a las reformas judiciales y de supremacía constitucional, así como a la mayoría que mantiene en el Congreso y en los gobiernos de las entidades federativas. Esta combinación le otorga una capacidad notable para intervenir en la ley y la Constitución.

   Si el gobierno de la presidenta Sheinbaum optara por una agenda de corte radical que afecte a amplios sectores de la población, aumentaría el riesgo de fracturas sociales. Ejemplos históricos demuestran las consecuencias de estas divisiones, como la Guerra Cristera en México (1926-1929) o la rebelión de la Vendée en Francia (1792). Ambos conflictos surgieron de imposiciones ideológicas que desconocían los valores y tradiciones de la sociedad en su momento.

   La Constitución de 1917 introdujo medidas radicales que reflejaban la visión de una élite intelectual, pero no el sentir popular. Dentro de estas medidas se incluyeron las que imponían restricciones a la libertad religiosa en un país eminentemente católico. La educación fue declarada laica, prohibiendo la participación de instituciones religiosas en la enseñanza (artículo 3), y las órdenes religiosas quedaron proscritas (artículo 5). Además, el artículo 24 restringió la libertad de culto, mientras que el artículo 27 estableció que el Estado podría controlar las propiedades de la Iglesia. Finalmente, el artículo 130 limitó los derechos políticos del clero y restringió el número de sacerdotes por región.

   Inicialmente estas leyes se aplicaron con moderación, salvo en casos como los gobiernos de Tomás Garrido Canabal en Tabasco o Adalberto Tejeda en Veracruz. Sin embargo, el frágil equilibrio se rompió en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles decidió regular los artículos anticlericales con la llamada "Ley Calles". Esta legislación impuso severas restricciones a la Iglesia Católica. La reacción de la Iglesia fue inmediata: en julio de 1926, suspendió el culto público en México, a lo que el gobierno respondió cerrando templos y prohibiendo el culto en hogares.

   Como consecuencia de estas acciones, el 3 de agosto de 1926 ocurrió el primer enfrentamiento entre campesinos católicos y el ejército, iniciando la Guerra Cristera. Este conflicto se extendió principalmente por Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, aunque el descontento se esparcía por todo el país. Esta guerra duró tres años, dejando entre 150,000 y 250,000 muertos.

   Finalmente, el conflicto se estancó militarmente, hasta que el Papa ordenó una negociación. El gobierno mexicano, que buscaba evitar que el movimiento armado apoyara la candidatura opositora de José Vasconcelos y quería consolidar al candidato oficial, Ortiz Rubio, aceptó la negociación que acabó con la guerra en 1929. Sin embargo, el anticlericalismo gubernamental persistió hasta que el presidente Lázaro Cárdenas, en 1938, logró contener a los sectores más radicales de su administración. (Referencia: “La Cristiada” de Jean Meyer)

   Consciente de las posibles consecuencias de una política radical, Cárdenas eligió como sucesor a Manuel Ávila Camacho, evitando a Francisco Mújica, un candidato que quizás hubiera dividido más al país y así logró estabilidad política y religiosa.

  Las leyes anticlericales continuaron vigentes, pero su aplicación se relajó mediante la práctica virreinal de "Obedézcase, pero no se cumpla". Este sistema de simulación legal continuó hasta las reformas de 1992 impulsadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien adecuó los artículos anticlericales de la Constitución y estableció un régimen de tolerancia más acorde con la realidad del país.

   Estas reformas pusieron fin a una simulación de 75 años y corrigieron las tensiones originadas en 1917, que habían costado muchas vidas y generado una constante fricción entre el gobierno y una sociedad mayoritariamente católica. La Guerra Cristera advierte sobre los riesgos de imponer reformas sin tener en cuenta la opinión y las costumbres de la mayoría,  e incluso, de minorías numerosas.

   Hoy en día, aunque el riesgo de una rebelión armada es menor porque la población que se pueda ver afectada no está armada, como sí estaba al final de la Revolución, factores tales como el acceso a armas provenientes de Estados Unidos y el contexto de violencia relacionado con el crimen organizado complican el panorama.

   Actualmente, vivimos en una guerra de baja intensidad que, solo en el sexenio anterior, dejó alrededor de 200,000 muertos. Se estima que unos 175,000 individuos forman parte de grupos delictivos, la mayoría de ellos con acceso a armamento militar, lo que hace viable la posibilidad de armar y alimentar una revuelta en el país.

   Si la presidenta Sheinbaum utilizara su poder para imponer reformas radicales, o si no lograra controlar a los sectores más extremos de su administración, el país podría enfrentarse a una fragmentación interna similar a la de la Guerra Cristera.

  Concentrar un poder tan amplio en una sola persona implica la gran responsabilidad de utilizarlo con moderación y respeto hacia el sentir de la población. De lo contrario, el país podría enfrentarse a una crisis social y humanitaria, cuyos costos serían incalculables.

SE AGRAVA EL DESEMPLEO

 

Por: Octavio Díaz García de León

    La reciente reforma judicial y los cambios administrativos están dejando a miles de profesionales del sector público en México en una situación de incertidumbre laboral. Abogados que han dedicado años a ascender dentro del Poder Judicial, siguiendo procedimientos estrictos como exámenes, concursos, y continuando su formación académica con maestrías y doctorados, ven ahora su futuro profesional comprometido. Estos trabajadores, muchos de los cuales han arriesgado incluso su seguridad en el ejercicio de su labor, enfrentarán despidos masivos.

   Una situación similar ocurre en otras instituciones con autonomía constitucional, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya desaparición ha sido anunciada. A pesar de los esfuerzos por consolidar un servicio profesional de carrera, su disolución afectará a cientos de especialistas en transparencia y protección de datos personales que perderán su empleo.

    Además, vienen despidos por los cambios sexenales y un recorte del 10% en la nómina, que afectará a decenas de miles de empleados gubernamentales. El Servicio Profesional de Carrera, que alguna vez garantizaba estabilidad laboral en el sector público, ha quedado prácticamente inoperante. A muchos funcionarios pertenecientes a este Servicio se les pide la renuncia, la cual entregan para evitar represalias o el cierre de oportunidades futuras dentro del gobierno.

    Pero el desempleo no solo se da en el gobierno.  Según datos de la OCDE, en 2023 se graduaron más de 1.1 millones de universitarios en México, de los cuales aproximadamente un tercio, cerca de 400 mil, no ha logrado conseguir empleo. Esto sin contar los miles de egresados de años anteriores que aún siguen en búsqueda de oportunidades laborales.

    La angustia es palpable entre quienes son el sustento de sus familias y no pueden generar ingresos, al enfrentar esta situación de falta de empleo y despidos. Esto es exacerbado por el bajo crecimiento económico del país en los últimos seis años, con un promedio anual de crecimiento del PIB de apenas 0.6%, el más bajo en un sexenio en la historia reciente del país. Este crecimiento de la economía no alcanza para absorber al 1.3% de la población que se incorpora anualmente a la población económicamente activa.

    El mercado laboral en México también presenta otros desafíos estructurales. Muchas carreras universitarias, como las relacionadas con comunicación, ecología y diseño, no cuentan con una demanda suficiente en el mercado laboral. Al mismo tiempo, profesiones saturadas, como derecho y administración de empresas, enfrentan dificultades similares, al producir más egresados de los que el mercado puede absorber. Además, la falta de experiencia, combinada con las deficiencias educativas, coloca a muchos jóvenes en una posición de desventaja frente a las demandas de las empresas. Esto sin incluir a aquellos que no alcanzan educación universitaria, quienes tienen aún más dificultades para encontrar un trabajo bien remunerado.

    Para quienes tienen experiencia profesional especializada, la situación también es compleja. Por ejemplo, ¿qué opciones de empleo tienen quienes se han dedicado a garantizar la transparencia en las instituciones del gobierno? Sus habilidades no son fácilmente transferibles a otros sectores.

    Otro factor a considerar es la discriminación por edad en el sector privado. A partir de los 45 años, las oportunidades laborales disminuyen considerablemente, y en muchos casos, las empresas prefieren despedir a empleados a partir de esta edad,  en favor de trabajadores más jóvenes y con salarios más bajos.

    El gobierno federal, además, ha dejado de ser una opción atractiva para profesionales bien capacitados. Los recortes salariales, la eliminación de prestaciones y la falta de competencia en los liderazgos han transformado el sector público en un refugio para universitarios con poca experiencia o recién egresados de universidades públicas que aceptan condiciones laborales mínimas. Las excepciones, como Pemex y CFE, siguen siendo atractivas, pero sin las conexiones adecuadas, es difícil acceder a estas instituciones.

   Ante la falta de empleo formal, muchos se ven obligados a integrarse a la economía informal. Actualmente, el 54.1% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, lo que representa alrededor de 32 millones de personas. Estos trabajadores, a menudo subempleados o autoempleados, no cuentan con seguridad social ni beneficios laborales. Quizá este sea el único camino que les quede a quienes enfrentan el desempleo.  

    La falta de empleo es un reto constante, y en el actual contexto político y económico de México, las perspectivas no parecen mejorar. La continuidad de las políticas del sexenio anterior por el actual gobierno ha generado un ambiente de incertidumbre que frena la inversión y, con ello, el crecimiento económico. Los profesionales despedidos, los nuevos egresados universitarios y millones más que se incorporan a la fuerza de trabajo enfrentarán grandes dificultades para encontrar empleo. Sin crecimiento económico, las soluciones parecen lejanas.