EL SICARIO DESECHABLE

                                                        Por: Octavio Díaz García de León

La tragedia de Uruapan

    El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una profunda indignación en Michoacán y resonó en todo el país. Su muerte —junto con la del líder limonero Bernardo Bravo— evidencia el grado de descomposición social y el avance del crimen organizado en territorios que deberían ser gobernados por el Estado.

Dos tragedias, dos rostros del mismo país

    La muerte de hombres como Manzo y Bravo duele profundamente: líderes comunitarios que intentaban mejorar su entorno pese a amenazas constantes. Pero también debería dolernos la suerte de esos jóvenes sicarios desechables, quienes pudieron haber sido hombres de bien y terminaron convertidos en instrumentos de los señores de la muerte. Son víctimas de una sociedad indiferente, de autoridades omisas y de familias quebradas. Carne de cañón reclutada por la pobreza, la marginación y el abandono.

 El verdugo sin historia

    El caso impactó por su brutalidad y por la edad del asesino: un joven de 17 años, originario de Paracho y adicto a las metanfetaminas. Su nombre se conoce, pero no pienso repetirlo por respeto a la víctima. Es un rostro anónimo que emergió fugazmente de la invisibilidad para matar y morir en el mismo instante. Nadie sabe con certeza por qué lo hizo. Tal vez fue por dinero; quizá lo amenazaron o le prometieron drogas para alimentar su adicción. O, más probablemente, actuó siguiendo órdenes que no comprendía, bajo la lógica del miedo o la obediencia ciega.

 Un joven que pudo haber sido distinto

    Si hubiera crecido en un entorno más sano, aquel adolescente tal vez tocaría la guitarra —como las que se fabrican en su pueblo—, estudiaría la preparatoria, tendría amigos, ilusiones, una novia, y sueños de futuro. Pero no fue así. Su adicción, su contacto con bandas criminales y su destreza con las armas hablan de una vida deformada por el entorno, por la ausencia familiar y por un Estado incapaz de ofrecer alternativas. Tampoco tuvo conciencia de que lo que estaba en juego era su propia vida; o quizá simplemente no le importaba; tan degradada era esta que podía ser irrelevante cualquier cosa que le ocurriera. Su tragedia no fue solo morir; fue haber dejado de importar mucho antes.

 Una sociedad rota

    El fenómeno de los jóvenes sicarios refleja una sociedad en descomposición. Una sociedad que permite el secuestro y reclutamiento forzoso de adolescentes; que normaliza la violencia y desprecia la vida. Estos jóvenes salieron a buscar un trabajo; lo que encuentran es un entrenamiento despiadado para matar o morir. Igualmente podrida está la otra cara de la comunidad: aquella que tolera y convive con los capos como si fueran empresarios exitosos. Esa complicidad cotidiana sostiene al crimen tanto como las armas. Tenemos una sociedad descompuesta y cómplice, de lo que ocurre en nuestro país. Que elige autoridades que no hacen nada al respecto, o son incapaces o,  peor aún,  son parte de las bandas criminales.

 La economía del mal

    Lo que mueve a los criminales es la codicia desmedida, el deseo de placer inmediato y de poder que da el dinero. Son producto de una cultura consumista que ha sustituido los valores espirituales por el afán de poseer. En su lógica, matar o traficar son solo medios para obtener lo que el mercado promete: lujo, respeto y dominio. Los capos operan como empresarios sin escrúpulos. Dirigen sus negocios con eficiencia y cálculo, salvo que sus reglas se imponen con sangre, fuego y dinero. Para ellos, sus sicarios y sus víctimas, son personas sin valor alguno.

 El reflejo de una nación desgarrada

    Los más de 120 000 desaparecidos y más de 30 000 homicidios dolosos al año no son solo cifras: son síntomas de una sociedad rota. Cuando lo material vale más que la vida, surgen individuos que ven en el crimen una vía de ascenso, personas que prefieren esa vida a una vida centrada en el respeto a las demás personas, a su comunidad y basada en bienes espirituales y no materiales.  Y así, mientras algunos buscan el éxito a través del esfuerzo, otros lo hacen a través de la violencia.

 Educar para rescatar

    La raíz de esta ruptura está en la falta de educación formal y moral, en la ausencia de hogares que enseñen valores y comunidades que ofrezcan esperanza. Sin educación, sin oportunidades y sin dignidad, los jóvenes quedan expuestos al reclutamiento criminal, incapaces de entender que el valor de la vida no solo está en lo que se consume: lo que se consume acaba también por consumirlos.

     Rescatarlos no solo es un deber ético; es una necesidad nacional. Porque si el Estado y la sociedad siguen desentendiéndose, los sicarios desechables y sus víctimas, seguirán siendo el rostro más doloroso de un país que parece acostumbrarse ya a la violencia.

 

MICHOACÁN: UN ESTADO ENLUTADO POR LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

    El homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una profunda indignación en Michoacán y reverberó a nivel nacional e internacional. Su muerte —junto con la del líder limonero Bernardo Bravo —evidencia el grado de descomposición social y el avance del crimen organizado en territorios que deberían ser gobernados por el Estado.  

 Un alcalde confrontado con la inseguridad

    Manzo se caracterizó por un discurso y una práctica de enfrentamiento a la delincuencia en su municipio. Su llamado de auxilio a instancias federales no encontró respuesta efectiva; esa soledad institucional expone la debilidad de los gobiernos locales frente a la violencia. Era, además, una figura con trayectoria política diversa: ligado al PRD y a MORENA, fue parte del grupo que apoyó a Marcelo Ebrard en su precampaña presidencial. Ganó la alcaldía como candidato independiente y desplegó un programa local con medidas de seguridad y sociales, tales como farmacias con medicamentos gratuitos.

 Cambio en la economía del crimen

    Históricamente, la actividad delictiva en México se concentró en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. En años recientes se han diversificado: grupos criminales han incorporado actividades como el robo de combustible, el huachicol fiscal y, de manera creciente, la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y pequeñas empresas. Según el INEGI, se cometieron 747,000 delitos de extorsión a empresas en 2023 y es una de las formas de victimización que más ha crecido en los últimos años.

 Pequeños empresarios como víctimas

    La extorsión no solo es el pago de piso: somete al pequeño empresario a pagar por producir, vender o transportar; a comprar insumos de proveedores impuestos y a vender en condiciones controladas por los grupos criminales. Esa presión erosiona el tejido productivo local y desplaza la lógica del mercado hacia una economía de cuotas forzadas. Eso sucede de manera destacada en Michoacán, aunque también en el Estado de México.

 Captura del poder municipal

    El control del territorio pasa también por la captura de autoridades. Los grupos delictivos imponen o condicionan la designación de alcaldes y mandos policiales; e incluso desvían presupuestos municipales.  Esa penetración institucional convierte al municipio en el eslabón más vulnerable de la cadena de seguridad pública: un alcalde aislado y valiente, por sí solo, tiene capacidad limitada para romper redes criminales que cuentan con recursos, armamento y protección interestatal y corre graves riesgos como ya se vio.

 No a la guerra al narco

    La presidenta Sheinbaum dijo recientemente que “Regresar a la guerra contra el narco no es opción” y propone a cambio, que prevalezca el estado de derecho. Pero esto puede resultar ingenuo ante la incapacidad del Estado mexicano y la agresividad de los cárteles. Es mejor plantear que el país se enfrenta a un problema de seguridad nacional que requiere un estado de excepción y que una guerra de baja intensidad como la que vivimos se debe combatir con las mismas armas y reglas que se requieren en una guerra de este tipo. 

 Romper las complicidades: prioridad estratégica

    Un punto de partida ineludible es combatir la corrupción y las complicidades que permiten la impunidad: investigar y sancionar a funcionarios corruptos, transparentar el manejo de recursos, y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas. Un programa serio de combate a la corrupción debilitaría una de las bases de apoyo del crimen organizado y restauraría la confianza ciudadana.

 El riesgo de la autodefensa

    Cuando el Estado se percibe incapaz, la población puede optar por fórmulas de autodefensa como las que se han experimentado en Michoacán. Esa opción, comprensible desde la desesperación, conlleva riesgos graves: tardarían en organizarse, pero pueden escalar las armas y la violencia a niveles comparables al de los grupos criminales, y erosionar aún más el monopolio legítimo de la fuerza que debe residir en el Estado. La disputa por territorios y rentas descendería a una lógica de confrontación con consecuencias humanitarias y económicas devastadoras.  

 Hacia un enfoque de seguridad nacional

    El asesinato de Carlos Manzo es, más que un hecho aislado, un síntoma de un problema estructural: la penetración del crimen en ámbitos locales y la persistente fragilidad de las instituciones. El desafío requiere una lectura de seguridad nacional. La estrategia debe incluir: desarticulación financiera y logística de las organizaciones criminales; fortalecimiento institucional: autonomía y capacidad operativa de municipios, coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y depuración de cuerpos policiacos: programas de desarrollo y sustitución de economías ilícitas en regiones afectadas; transparencia y sanción contra servidores públicos corruptos que facilitan la criminalidad. De lo contrario, la violencia continuará cobrando vidas y dejando territorios fuera del control del Estado hasta convertir al país en un narcoestado.

REZAGADOS EN INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    México enfrenta un serio rezago en materia de innovación gubernamental, de acuerdo con diversos indicadores nacionales e internacionales. Según datos del INEGI, en 2023 solo el 16.2 % de los trámites gubernamentales se realizaron por internet, lo que evidencia un bajo nivel de digitalización. Este atraso resulta especialmente grave si se considera que el gobierno es el principal proveedor de servicios del país. Su eficiencia, o la falta de ella, incide directamente en el bienestar nacional: desde facilitar el cumplimiento de obligaciones ciudadanas hasta ofrecer servicios de calidad en salud, educación, seguridad e infraestructura.

     Además, la innovación administrativa representa una herramienta fundamental para combatir la corrupción. De acuerdo con el INEGI, el 25.3 % de los trámites con el gobierno en 2023, implicaron algún acto de corrupción, con un costo promedio de 3,368 pesos anuales por persona afectada.

 Austeridad mal entendida y deterioro institucional

     En los últimos siete años, México ha experimentado retrocesos importantes derivados de una visión que no valora adecuadamente el papel del Estado en el bienestar social. Una austeridad mal entendida ha debilitado la capacidad del gobierno para prestar servicios de calidad, al preferir repartir dinero directamente al ciudadano para que este se las arregle solo, en lugar de fortalecer la infraestructura y la gestión pública.

     El caso del sector salud es ilustrativo. Los consultorios privados adyacentes a farmacias aumentaron su participación en la atención médica de 17.4 % en 2018 a 24.3 % en 2024, según datos de El Economista, lo que refleja una creciente privatización de la atención médica. Tras la desaparición del Seguro Popular, el número de personas sin acceso a servicios médicos pasó de 20.1 a 44.5 millones; en paralelo, el gasto de las familias en salud creció 7.9 % anual en términos reales entre 2022 y 2024.

     A esto se suma el colapso del sistema público de adquisición y distribución de medicamentos. Una operación que antes de 2019 requería por su extrema complejidad alrededor de 500 expertos,  fue concentrada a inicios de 2019, en un grupo de menos de 10 personas, lo que derivó en un desabasto crónico de medicinas y vacunas que dura hasta la fecha, afectando gravemente la salud pública e incrementando los riesgos epidemiológicos por los 6 millones de niños que se dejaron de vacunar el sexenio pasado. Si se usara la tecnología logística de empresas como Amazon, tendríamos un surtido óptimo de medicinas e insumos médicos.

 Impunidad e ineficiencia judicial

     La falta de innovación también afecta al sistema de justicia. En México, solo el 1 % de los delitos concluye con una sentencia condenatoria, reflejo de la saturación e ineficiencia que caracteriza a ministerios públicos y juzgados. En este contexto, la justicia mexicana podría beneficiarse de la incorporación de especialistas en procesos —como ingenieros industriales— quienes podrían  usar herramientas como la teoría de colas para  determinar el personal requerido para atender  los casos  en tiempo; utilizar modelos de localización para ubicar juzgados y ministerios públicos donde se requieren; usar técnicas de programación lineal para distribuir recursos de manera óptima;  o bien,  utilizar simulación de procesos, modelos de control de inventarios, tiempos y movimientos, etc. Incluso nuevas tecnologías como la inteligencia artificial ya permiten generar automáticamente documentos procesales y sentencias, acelerando el trabajo judicial sin sacrificar su rigor.

 Blockchain y la transparencia pública

     Una de las herramientas tecnológicas más prometedoras para combatir la corrupción y aumentar la confianza en las instituciones es la cadena de bloques o blockchain, tecnología empleada por las criptomonedas. Su mayor virtud es la transparencia: todas las transacciones quedan registradas de manera verificable y no pueden alterarse sin consenso. Además, ofrece un nivel muy alto de seguridad gracias a su cifrado, elimina intermediarios y mantiene la información descentralizada. Cada operación conserva un historial rastreable, lo que garantiza trazabilidad y control.

     Aplicada al ámbito gubernamental, esta tecnología permitiría transparentar las contrataciones públicas, asegurar registros confiables de propiedad y tierras —al punto de que podrían sustituir la función notarial— y ofrecer una trazabilidad completa del gasto público desde su origen hasta el beneficiario final. También facilitaría la creación de identidades digitales seguras, auditorías automáticas e inalterables, y un seguimiento preciso de los recursos destinados a programas sociales.

 Hacia una administración pública moderna

     Los ciudadanos que pagan impuestos, cuotas de seguridad social o aportaciones a la vivienda tienen derecho a servicios públicos eficientes, dignos, confiables y sin corrupción. La innovación en el sector público no es un lujo, sino una necesidad. Con ella se puede mejorar la calidad de los servicios, reducir la corrupción, optimizar los recursos y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. Para lograrlo, México necesita una administración pública moderna, profesional y tecnológicamente avanzada que incorpore herramientas como las mencionadas y adopte una cultura de gestión basada en evidencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas.

HACE FALTA RESPETAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

                                                                 Por: Octavio Díaz García de León

    México parece sumergido en una ola interminable de casos de corrupción. Cada día, los medios y las redes sociales difunden denuncias, investigaciones o presuntos escándalos que apuntan a servidores públicos y políticos.
Sin embargo, hay un gran problema: casi nunca sabemos en qué terminan esas acusaciones. ¿Fueron los señalados realmente culpables o los tribunales los exoneraron? Esa falta de cierre daña tanto la credibilidad de la justicia como la reputación de las personas involucradas.

 La presunción de inocencia es importante

      Nuestra Constitución protege un principio esencial: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa que, mientras un juez o autoridad no determinen la culpabilidad, nadie debería ser tratado como delincuente o culpable de una falta administrativa. Entre una denuncia y una sentencia o resolución firme, hay un largo camino que muchas veces se olvida en el debate público.

 El daño reputacional: una condena anticipada

     Cuando se condena a alguien en la opinión pública antes de que finalice un proceso judicial o administrativo y la resolución o sentencia haya quedado firme, el daño puede ser irreversible y sumamente injusto. La reputación de una persona puede quedar destruida, aun si más tarde se demuestra su inocencia.

     Desafortunadamente el espacio público —medios, redes, conversaciones digitales— se ha convertido en un tribunal extralegal. Aunque las evidencias contra una persona sean abrumadoras, las instancias que deben dilucidar si alguien es culpable no son los foros públicos, sino las autoridades competentes. Pero hoy, muchos periodistas, opinadores y usuarios de redes actúan como si fueran juzgadores autorizados.

  Entre la corrupción real y la sospecha

     No se trata de defender a maleantes, se trata de que antes de afirmar que lo sean, las autoridades hayan determinado que en verdad son culpables. No todos los casos que circulan en los medios son iguales: hay denuncias que sí revelan actos e-videntes de corrupción, como contratos asignados a empresas fantasma; otras veces se trata de conductas éticamente cuestionables pero no ilegales, como viajes al extranjero o sueldos altos que, sin embargo,  cumplen con toda la normatividad;  finalmente, hay acusaciones que responden a venganzas políticas o personales, aprovechando que basta con señalar a alguien para convertirlo, ante la opinión pública, en “corrupto” o culpable de cualquier falta o delito.

Cuando la política usa la calumnia

    Hemos visto cómo funcionarios o figuras públicas usan las acusaciones como arma política. Por ejemplo, recientemente el exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción tuvo que renunciar a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder defenderse por la vía legal, de unas acusaciones públicas en su contra. Pero este caso no es la excepción. Cada vez es más común este modus operandi: acusar a servidores públicos,  mientras reporteros imprudentes y usuarios de redes amplifican el escándalo,  acabando por convertirse en instrumentos de la calumnia.

 La urgencia de una justicia más rápida

     Habría que poner un alto a estas prácticas que no ayudan a abatir la corrupción y que en ocasiones destruyen vidas y carreras de funcionarios públicos. Frente a esta situación, hace falta más responsabilidad periodística y más eficacia institucional. Los medios deben verificar y dar el beneficio de la duda ante la posible inocencia de los denunciados,  antes de publicar notas que los presentan como culpables; las redes deberían tener filtros contra acusaciones sin sustento; y, sobre todo, las autoridades deben actuar con rapidez y transparencia.

     Ante esta avalancha de acusaciones que vemos todos los días, las autoridades deben informar de sus investigaciones, cuando se hacen públicas,  sin afectar al desarrollo de las mismas y,  sobre todo,  deben acelerar sus procesos para tener resoluciones y sentencias expeditas, las cuales permitan sancionar a los culpables y exoneren y libren de mancha a quienes resultan inocentes.

 El costo de la lentitud judicial

     La lentitud de la justicia mexicana genera impunidad, pero también daño moral. Una acusación falsa, aun sin consecuencias legales, deja rastros en Internet, afectando familias, carreras y honra. Calumnias y difamaciones también son delitos, pero rara vez se persiguen con la misma energía que las denuncias espectaculares.

 Hacia una cultura de responsabilidad

     Necesitamos un cambio de cultura: distinguir entre un presunto culpable y un culpable comprobado. Los periodistas deben recuperar su papel como garantes de la verdad, no como amplificadores del escándalo. Las autoridades deben demostrar que la justicia puede ser rápida, imparcial y eficaz. Solo así México dejará de ser un país donde las acusaciones pesan más que las sentencias, y donde la justicia —en lugar del rumor— sea la que tenga la última palabra.

EN BUSCA DE SHANGRI-LA

  

Por: Octavio Díaz García de León

 

    En 1933, James Hilton publicó Horizontes Perdidos, una novela que se convirtió en un clásico de la literatura utópica. Cuatro viajeros, secuestrados y llevados a una lamasería perdida en el Tíbet,  en la cordillera del Himalaya, descubren un lugar idílico llamado Shangri-La, ubicado en un valle fértil, rico en oro, donde sus habitantes alcanzan la felicidad mediante una vida equilibrada, sin excesos ni privaciones y no se preocupan por el tiempo, alcanzando una gran longevidad. La misión de la lamasería es sencilla y profunda: preservar la cultura universal frente a las fuerzas destructivas de la humanidad.

Utopías y refugios

    A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado cobijo frente a las desgracias de la vida: la enfermedad, la violencia, la escasez. Ante lo implacable de la realidad cotidiana, tradicionalmente se ha buscado una vida ideal en el más allá que ofrecen las religiones: mediante la inmortalidad en el Paraíso y la reencarnación en un mundo perfecto. Pero cada vez más se ha acentuado el deseo de encontrar un lugar ideal en el aquí y ahora. Las utopías suelen situarse en lugares aislados e inaccesibles, como ocurre en el valle que imaginó Hilton. Hoy, en un mundo interconectado, ese aislamiento resulta imposible. Y sin embargo, las personas siguen buscando sus espacios personales en donde podrán realizar su sueño de ser felices.

 Refugios modernos

     La necesidad de un espacio propio y aislado es evidente en las grandes ciudades, donde ganarse la vida y el ruido social generan una ansiedad constante. Cada quien busca su propio refugio según sus posibilidades: una choza frente al mar, una cabaña en el campo, una granja,  un yate en alta mar, un hotel sencillo en una playa, una casa en un pueblo cercano o incluso,  un cuarto lleno de libros o de entretenimiento con juegos electrónicos, aparatos de sonido y computadoras. Se busca un rincón donde la vida deje de ser angustiosa y compleja, y se pueda recuperar la calma necesaria para disfrutar el vivir.

La herencia epicúrea

    Lo que Hilton plasmó en Shangri-La recuerda a la filosofía de Epicuro. Para el pensador griego, el universo es un espacio infinito que contiene a un sinfín de partículas que se mueven sin parar. La felicidad radica en vivir una vida entre amigos, alcanzar la aponía —un cuerpo sin dolor— y la ataraxia —un alma sin perturbaciones—. Los deseos necesarios como la amistad, la alimentación y la seguridad, son suficientes; los vanos como el poder, la fama y el lujo, solo generan insatisfacción porque la vida buena es simple y sobria. Epicuro y sus discípulos se reunían en jardines donde practicaban esta filosofía. Shangri-La es, en cierto modo, un eco de esos jardines: un espacio para vivir de forma sobria y plena, en paz con uno mismo y con los demás.

Un refugio cercano

    Hace poco visité la Hacienda Aguagordita, a media hora de la ciudad de Aguascalientes. Para sus dueños, quienes llevan una vida agitada atendiendo otros negocios, esta ex hacienda la han convertido en su refugio, su Shangri-La personal. Promovida con discreción,  también  la disfrutan algunos afortunados que allí se hospedan.  Convertida en hotel-spa, tiene un encanto sencillo y natural: delicias gastronómicas que prepara la dueña con alimentos orgánicos producidos en la propia hacienda y un ambiente de tranquilidad en medio del campo.

Encuentros con la felicidad simple

    El dueño de la hacienda me relató la historia de un ermitaño que conoció en la sierra, quien un día dejó atrás a su familia, su empleo y sus bienes materiales para vivir a la intemperie, sin techo, con apenas una fogata como cocina, aislado de todos y rechazando cualquier ayuda externa: encontró la felicidad en disfrutar de lo que le ofrecía la naturaleza. Este ideal de retiro no es ajeno a nuestra historia. Desde los ermitaños que vivían aislados,  hasta los monjes que gozaban de una vida sencilla en monasterios que les permitían una vida de meditación, trabajo sobrio y adoración a Dios. Así, cada quien ha tenido su manera de encontrar su Shangri-La.

¿Dónde está tu Shangri-La?

    En un mundo donde las ciudades nos asfixian con ruido, tráfico, inseguridad y estrés derivado de la lucha por el sustento, la búsqueda de un refugio personal se vuelve casi una necesidad vital. La novela de Hilton nos recuerda que cada persona necesita su propio Shangri-La, un lugar donde se pueda detener el ruido del mundo y reconectar con lo esencial: la amistad, la reflexión y los pequeños placeres que hacen valiosa la vida.

 

Y para ti , amable lector: ¿dónde está tu Shangri-La? ¿En qué rincón encuentras la serenidad que te permite disfrutar de ese fenómeno raro y maravilloso que es la vida? Te escucho.

SUELDOS EN EL GOBIERNO: AUSTERIDAD O EFICACIA

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

Un inicio complejo en el Poder Judicial

     Los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación asumen sus funciones en un entorno adverso. Llegan con sueldos y prestaciones recortadas, un rezago importante de casos por resolver, menos personal de apoyo capacitado y, en muchos casos, faltos de conocimientos: jueces y magistrados tuvieron cinco días de capacitación, pero eso no los llevará a los niveles de dominio del puesto que tenían aquellos a quienes sustituyeron.  

 La controversia sobre los sueldos y prestaciones

     El tema de las remuneraciones de los altos funcionarios ha generado una amplia discusión pública. La ministra Loretta Ortiz expresó en entrevista reciente su inconformidad por la reducción de su salario, que pasará de poco más de 200 mil pesos mensuales a aproximadamente 137 mil pesos. A esta reducción se suma la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de separación individualizado, recortes que ya se habían aplicado en el Poder Ejecutivo desde 2018. Ortiz subrayó que el ingreso actual no corresponde a la magnitud de la responsabilidad que conlleva el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene razón: ministros, jueces y magistrados deben resolver asuntos de gran complejidad que afectan el marco jurídico e institucional del país.

     Percepción social y legitimidad política

     Sin embargo, desde la perspectiva ciudadana, un salario superior a los 100 mil pesos mensuales puede percibirse como un exceso en un país donde gran parte de la población sobrevive con ingresos iguales o menores al salario mínimo ($8,364 mensual) . Esta percepción fue alimentada por López Obrador, quien dijo: “No crean que tiene mucha ciencia gobernar”, sugiriendo que los sueldos altos en el sector público eran injustificados.

    No obstante, la realidad es que tareas como diseñar esquemas financieros sofisticados --- como por ejemplo, las recientes notas pre-capitalizadas creadas por Hacienda para auxiliar a Pemex --- negociar tratados internacionales como el T-MEC o dirigir instituciones con miles de empleados,  requieren un alto nivel de conocimientos y experiencia que difícilmente pueden suplirse con improvisados.

 La política de austeridad: herencia y continuidad

     La política de austeridad salarial en el gobierno mexicano tiene una larga historia. Desde los recortes en la época de De la Madrid, pasando por la administración de Fox, cuando se registraron las mayores reducciones salariales en términos reales en lo que va de este siglo,  hasta López Obrador, quien quitó prestaciones importantes y redujo los sueldos.  Con Sheinbaum se mantienen salarios y prestaciones sin cambios, aunque ahora se extienden los recortes al Poder Judicial de la Federación.  Entre 2001 y 2025 los sueldos del personal de mando del gobierno federal, descontando la inflación,  han caído un 53 %, lo que significa que un funcionario que conservara la misma plaza desde 2001 percibe hoy menos de la mitad de lo que ganaba entonces en términos de poder adquisitivo.

 Consecuencias para la calidad institucional

     Este proceso de reducción salarial y de prestaciones plantea riesgos profundos. Aunque se puede percibir como una forma de moderación en el gasto público, esto debilita la capacidad del Estado para atraer y retener talento altamente calificado.

    La disminución de sueldos y prestaciones reduce el interés por trabajar en el gobierno ante la vulnerabilidad de los funcionarios por presiones políticas y riesgos legales, pues errores administrativos pueden convertirse en procesos administrativos de responsabilidades e incluso penales,  o acusaciones mediáticas que dañan la reputación.  En este contexto, el deterioro de la calidad en el servicio público es previsible, acompañada de un aumento en los casos de corrupción como mecanismo para compensar la pérdida de ingresos y los riesgos asociados al puesto.

 Privatización de servicios y efectos sociales

     La austeridad generalizada, también acelera la privatización de servicios públicos esenciales, meta de neoliberales como Milton Friedman, Thatcher, Reagan y Trump. Por ello, es una paradoja que sea impulsada por gobiernos de “izquierda”.  En salud, la falta de medicamentos y la saturación de hospitales públicos han llevado a que cada vez más ciudadanos recurran a clínicas privadas o consultorios en farmacias. En educación, muchas familias optan por escuelas privadas buscando mayor calidad, lo que profundiza la desigualdad al dejar a quienes no tienen recursos,  en instituciones públicas con menos capacidades.

 Reflexión final

     El debate sobre los sueldos en el gobierno debe trascender la confrontación política. No se trata de blindar privilegios, pero sí de reconocer que un Estado eficaz necesita servidores públicos bien remunerados, en especial en áreas donde se toman decisiones que afectan la estabilidad económica, la seguridad y la vida de millones de personas. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y sanción a la corrupción, de modo que los altos salarios no sean percibidos como un privilegio injusto, sino como una garantía de profesionalismo y responsabilidad.

¿CORRUPCIÓN SIN FRENO?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 Escándalos diarios, respuestas escasas

 

    Casi todos los días, los medios de comunicación publican nuevas denuncias de corrupción en el gobierno federal. Sin embargo, el eco institucional es mínimo: poco se sabe de investigaciones, sanciones o medidas emprendidas por organismos como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) o la Auditoría Superior de la Federación.

   Durante  agosto de 2025, titulares de la prensa nacional exhibieron la magnitud del problema: “Otro Segalmex: 2 mil millones de pesos entregados a empresas fachada”; “Durante 45 años el Mayo sobornó a políticos y militares”; “La gobernadora de Veracruz protege a auditor de Pemex acusado de recibir sobornos”; “Gasolineros acusan extorsión de agencias del gobierno”; “Regalo de libros de texto y gasolina, más pago de médicos,  a Cuba”; “Titular del órgano interno de control de la FGR acusado de corrupción”; “Sobornos a funcionarios de Pemex, acusados en Estados Unidos”; “Red de contrabandistas ligada a mando aduanal”; “Ingresos ilegales del presidente del Senado”.

 Instituciones bajo la lupa

   La SABG ha impulsado reformas internas que prometen mayor eficacia, pero la ciudadanía exige resultados tangibles. También genera expectativa la nueva institución  “Transparencia para el Pueblo”, que sustituyó al extinto INAI y de la cual se sabe poco acerca de su actuación. La transparencia es clave para inhibir la corrupción, y se espera que este organismo supere el desempeño de su antecesor, cuya desaparición fue muy controvertida.

   El Sistema Nacional Anticorrupción también atraviesa cambios relevantes: el INAI dejó de formar parte de ella; está por desaparecer la representación del Consejo de la Judicatura;  y se avecinan relevos en la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Auditor Superior de la Federación. Además, su Secretaría Ejecutiva permanece acéfala desde febrero de 2025. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, carece de recursos suficientes y no se sabe gran cosa sobre los resultados de esta institución.

  La sociedad requiere certezas: ¿están funcionando las instituciones creadas para contener la corrupción o solo existen en el papel?

 El deterioro en los indicadores

  El problema de la corrupción se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional. México perdió cinco puntos respecto a 2023, al pasar de 31 a 26 sobre 100, la calificación más baja de su historia. Con ello cayó 14 lugares en el ranking global, hasta el lugar 140 de 180 países. Entre los miembros de la OCDE, México ocupa el último sitio; en el G20, solo supera a Rusia.  

  Estos datos confirman lo que la prensa y organizaciones civiles documentan a diario: la corrupción en México no disminuye, al contrario, se percibe como un problema cada vez más extendido.

 Promesas incumplidas y cuentas pendientes

   El expresidente López Obrador convirtió el combate a la corrupción en la bandera de su gobierno. No obstante, incumplió su promesa de “acabar con ella”. Durante su sexenio quedaron impunes los grandes casos heredados de Peña Nieto, tales como La Estafa Maestra y La Casa Blanca de las Lomas, y explotaron nuevos escándalos, siendo el de Segalmex uno de los actos de corrupción más graves en la historia de nuestro país.

  Tampoco hubo rendición de cuentas por los sobrecostos de las megaobras: la refinería de Dos Bocas  más que duplicó su costo estimado inicialmente y la cancelación del NAIM costó casi medio billón de pesos (332 mil millones de costos de cancelación y 115 mil millones por construir el AIFA), deuda que aún compromete las finanzas públicas y la operación del saturado y deteriorado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que el AIFA tiene una capacidad de operación sumamente limitada y se encuentra subutilizado.

 El reto de Sheinbaum

  En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta la tarea de demostrar, en los hechos y no solo en el discurso, que el combate a la corrupción es una prioridad. Hasta ahora se registran pocas señales: la destitución de cinco funcionarios de Birmex por sobreprecios en medicamentos y la reapertura de cinco investigaciones contra funcionarios de Pemex, que habían sido cerradas en 2024 y fueron retomadas tras denuncias de autoridades de Estados Unidos. Aunque positivas, estas escasas acciones aún están lejos de derivar en sanciones o en la recuperación de recursos desviados. La duda persiste: ¿se quedarán en gestos políticos o marcarán un cambio de rumbo?

 Conclusión: hechos, no palabras

   México enfrenta un problema estructural de corrupción que erosiona la confianza ciudadana, desvía recursos y pone en riesgo la calidad de los servicios públicos. El discurso oficial ya no basta: la sociedad exige acciones contundentes, sanciones efectivas y un uso responsable de los recursos públicos.

  El próximo informe del Índice de Percepción de la Corrupción en 2026 será un termómetro para evaluar si las instituciones y el gobierno responden con hechos o si, una vez más, el combate a la corrupción se quedará en promesas incumplidas.

¿QUÉ PASA CON LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL?

  

Por: Octavio Díaz García de León

 

   En las últimas semanas, dos noticias han llamado la atención sobre lo que sucede en los órganos internos de control (OIC) federales, instancias clave para el control interno de las instituciones públicas.

   En la Fiscalía General de la República (FGR), su titular solicitó la renuncia al titular del OIC y a sus nueve colaboradores principales, algunos de ellos señalados por presuntos actos de corrupción que incluyen tráfico de influencias, omisiones graves y otros delitos.

   En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el nuevo titular del OIC cesó a 15 funcionarios del OIC. La razón: descubrió que estas personas, contratadas por su antecesor,  tenían redes de nepotismo,  incumplían con horarios, no iban a trabajar y carecían de los perfiles técnicos para el cargo. De acuerdo con reportes periodísticos, algunos de estos “aviadores” operaban políticamente para el Partido del Trabajo en Jalisco.

Un problema de origen: designación y supervisión

   Los titulares de OIC de organismos autónomos como los citados anteriormente, son designados por la Cámara de Diputados. Esto debería garantizar perfiles idóneos, pero los casos recientes muestran deficiencias en los filtros de selección.

   Además, estas autoridades sólo pueden ser removidas por la propia Cámara y carecen de mecanismos claros de rendición de cuentas. Apenas a principios de julio de este año,  se le dio facultades a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para investigar y sancionar por la vía administrativa a estos funcionarios, a pesar de que los primeros fueron nombrados hace más de seis años. 

    Por otra parte, en abril de este año, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) publicó un estudio que identifica los puestos con mayor riesgo de corrupción en la administración pública federal. Entre ellos,  posiciones clave de los OIC que dependen de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). Aunque los hallazgos no son novedosos, sí pone el foco nuevamente en una problemática conocida: la vulnerabilidad de los OIC a presiones políticas y a prácticas irregulares.

Cuando el control interno se convierte en complicidad

   Dicho estudio informa acerca de lo sucedido en el sexenio pasado, cuando la entonces Secretaría de la Función Pública instruyó a las áreas de auditoría a realizar “acompañamientos” a las dependencias auditadas. En la práctica, esto derivó en “negociaciones” para suavizar o eliminar observaciones que podían tener impacto negativo en el erario o en la imagen política de las instituciones. Si bien la función de un OIC incluye asesorar a las instituciones que fiscaliza y prevenir riesgos, estas prácticas no deben cruzar la línea hacia la complicidad, debilitando la autonomía del OIC y la confianza ciudadana.

Reformas y retos pendientes

  Dados estos acontecimientos, la Cámara de Diputados debe mejorar sus procesos de selección, asegurando que los candidatos a titulares de OIC —en instancias donde tiene jurisdicción como FGR, INEGI e INE— y para la próxima elección del Auditor Superior de la Federación, cuenten con trayectoria probada, pasen exámenes técnicos y de control de confianza, y estén sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño.

   Por su parte, la SABG ha emprendido cambios internos para revertir el esquema operativo ineficaz heredado del sexenio pasado. Su nuevo Reglamento Interno clarifica procesos y permite a los OIC que dependen de ella, funcionar mejor que en el pasado.  

  Además, separa la labor de supervisión de entidades y dependencias y la de coordinar a los OIC —que antes realizaban los “comisarios” -- en dos figuras: Directores Generales de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua y titulares de Unidades de Vigilancia.  Esto facilita el vigilar a las instituciones del gobierno federal y la gestión de casi 200 OIC´s y oficinas de representación.

  También la SABG está retomando procesos meritocráticos de selección para nuevos titulares de OIC y oficinas de representación, asegurando mejores perfiles. Falta que el tablero de control de los OIC vuelva a tener la fuerza que tuvo en sexenios anteriores y con la cual se medía la eficiencia y eficacia de los OIC, asegurándose de que cumplieran con sus objetivos.

   Finalmente, está por entrar en operación el centro de control de confianza de la SABG que instrumentará el proceso de evaluación de confianza de los servidores públicos que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel en el gobierno federal, con lo cual  podrá orientar sus esfuerzos a las áreas más vulnerables a la corrupción que no siempre son las administrativas, sino aquellas sustantivas que manejan programas, recursos y decisiones de alto impacto en las instituciones del gobierno federal.

   Con estas reformas y la intervención decidida del OIC en la SABG, cuyo titular fue nombrado por la Presidenta Sheinbaum, la SABG podrá reforzar controles internos,  garantizar la independencia de los OIC para mitigar los riesgos de corrupción dentro de los OIC y que puedan realizar con eficacia el trabajo para el que fueron creados. Falta que la Cámara de Diputados haga lo que le corresponde.  

¿INICIO DEL DESLINDE?

 

Por: Octavio Díaz García de León

  En México no puede haber dos presidentes gobernando. La historia lo ilustra: durante el llamado “Maximato” de Plutarco Elías Calles, hubo tres mandatarios, pero fue Calles quien realmente gobernó hasta que Cárdenas logró desplazarlo. Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, aún no está claro si estamos ante un nuevo Maximato o frente a una Presidenta decidida a ejercer el poder por cuenta propia.

  En un artículo anterior señalé varios factores que apuntaban a ello.  Ese diagnóstico no ha perdido vigencia: los nombramientos y ciertas políticas de la actual administración conservan el sello personal de AMLO. No obstante, comienzan a observarse algunos indicios de autonomía, como el nombramiento del nuevo Secretario de Hacienda y el reciente relevo de Pablo Gómez al frente de la UIF.

  El entorno político y social en el que Sheinbaum debe actuar se ha vuelto más complejo. Por un lado, enfrenta la presión de Estados Unidos, que recurre a la amenaza arancelaria para intentar contener los flujos de drogas y la migración indocumentada. Por otro, las finanzas públicas muestran señales de estrés por seguir amarradas a herencias del pasado: la deuda pública sigue creciendo; el crecimiento económico es muy lento; Pemex enfrenta una crisis de magnitudes casi insostenibles; la CFE registra un deterioro tanto financiero como operativo; y el sector salud no ha logrado superar la crisis del sexenio anterior.

   Adicionalmente, el equilibrio de fuerzas entre los Poderes de la Unión y al interior del partido oficial no ha favorecido a la jefa del Ejecutivo. En el Congreso de la Unión, las bancadas mayoritarias en ambas Cámaras permanecen controladas por legisladores leales a AMLO. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los nuevos ministros guardan afinidad con el expresidente. En Morena, el liderazgo real sigue en manos de su fundador.

  Quizás el frente más visible del distanciamiento con la administración anterior sea el combate al crimen organizado. Bajo la conducción de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia de seguridad ha tomado un rumbo marcadamente distinto, destacando las acciones de inteligencia realizadas por el CNI y otras instancias.

   En los primeros meses de 2025 se reportaron más de 26 000 detenciones por delitos de alto impacto; se aseguraron 204 toneladas de drogas, 14 000 armas de fuego, y se destruyeron 1 193 laboratorios clandestinos en 21 entidades. La captura de líderes de “La Barredora” en Tabasco y el desmantelamiento de redes de extorsión en el Estado de México ejemplifican el nuevo enfoque de “mano dura”, que rompe con la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior.

  En cuanto al huachicol, el gobierno federal ha coordinado operativos que pusieron al descubierto redes de robo y almacenamiento ilícito de combustible a escala industrial. En Coahuila se incautaron 15.48 millones de litros de diésel y gasolina en 129 carrotanques; en Tamaulipas, 10 millones de litros, además de buques y tractocamiones; en Tabasco, 1.5 millones de litros y maquinaria para su procesamiento; y en Veracruz se detectó una refinería clandestina. Estas acciones desafiaron intereses políticos que habían mostrado tolerancia o incluso complicidad con el desvío de hidrocarburos. Sheinbaum envía así un mensaje de ruptura con prácticas que durante años se permitieron en administraciones anteriores.

  También han salido a la luz acusaciones contra figuras cercanas a AMLO. Filtraciones y publicaciones en redes sociales han expuesto viajes y consumos ostentosos de personajes como Mario Delgado, Ricardo Monreal y Andy López Beltrán en destinos turísticos de alto costo, junto con otros funcionarios morenistas que hacen gala de sus fortunas, todo ello sin una explicación clara sobre el origen de sus recursos.

  Especialmente notorios han sido los señalamientos contra el líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, por su posible vinculación con el grupo criminal “La Barredora” en Tabasco.

  A su vez, se difundió la acusación de que la Presidenta se apropió de una vivienda en la que vivió durante 30 años, sin haber pagado por ella. Algunos analistas interpretan este señalamiento como una respuesta de actores inconformes con los ataques en su contra.

  Todo esto pueden ser indicios de querer lograr una administración  autónoma. Sin embargo,  falta mucho para lograrlo.  Sheinbaum deberá debilitar las redes de poder heredadas de su predecesor, construir mayorías políticas propias y garantizar el funcionamiento independiente de los demás Poderes de la Unión.

  La espada de Damocles de la revocación de mandato —una figura promovida por AMLO durante el sexenio pasado— sigue pendiendo sobre ella. Su margen de maniobra dependerá en gran medida de su capacidad para construir una narrativa de éxito —en seguridad, economía y gobernabilidad— que justifique su permanencia en el cargo. Si lo logra, podrá ser una nueva Cárdenas, que rompió con el yugo de su antecesor; de lo contrario, su mandato podría convertirse en la versión contemporánea del Maximato.