9 de noviembre de 2024

LOS COSTOS DE LA RADICALIZACIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

   Desde hace varias décadas, ningún presidente en México había concentrado tanto poder como la actual administración. Esto se debe a las reformas judiciales y de supremacía constitucional, así como a la mayoría que mantiene en el Congreso y en los gobiernos de las entidades federativas. Esta combinación le otorga una capacidad notable para intervenir en la ley y la Constitución.

   Si el gobierno de la presidenta Sheinbaum optara por una agenda de corte radical que afecte a amplios sectores de la población, aumentaría el riesgo de fracturas sociales. Ejemplos históricos demuestran las consecuencias de estas divisiones, como la Guerra Cristera en México (1926-1929) o la rebelión de la Vendée en Francia (1792). Ambos conflictos surgieron de imposiciones ideológicas que desconocían los valores y tradiciones de la sociedad en su momento.

   La Constitución de 1917 introdujo medidas radicales que reflejaban la visión de una élite intelectual, pero no el sentir popular. Dentro de estas medidas se incluyeron las que imponían restricciones a la libertad religiosa en un país eminentemente católico. La educación fue declarada laica, prohibiendo la participación de instituciones religiosas en la enseñanza (artículo 3), y las órdenes religiosas quedaron proscritas (artículo 5). Además, el artículo 24 restringió la libertad de culto, mientras que el artículo 27 estableció que el Estado podría controlar las propiedades de la Iglesia. Finalmente, el artículo 130 limitó los derechos políticos del clero y restringió el número de sacerdotes por región.

   Inicialmente estas leyes se aplicaron con moderación, salvo en casos como los gobiernos de Tomás Garrido Canabal en Tabasco o Adalberto Tejeda en Veracruz. Sin embargo, el frágil equilibrio se rompió en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles decidió regular los artículos anticlericales con la llamada "Ley Calles". Esta legislación impuso severas restricciones a la Iglesia Católica. La reacción de la Iglesia fue inmediata: en julio de 1926, suspendió el culto público en México, a lo que el gobierno respondió cerrando templos y prohibiendo el culto en hogares.

   Como consecuencia de estas acciones, el 3 de agosto de 1926 ocurrió el primer enfrentamiento entre campesinos católicos y el ejército, iniciando la Guerra Cristera. Este conflicto se extendió principalmente por Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, aunque el descontento se esparcía por todo el país. Esta guerra duró tres años, dejando entre 150,000 y 250,000 muertos.

   Finalmente, el conflicto se estancó militarmente, hasta que el Papa ordenó una negociación. El gobierno mexicano, que buscaba evitar que el movimiento armado apoyara la candidatura opositora de José Vasconcelos y quería consolidar al candidato oficial, Ortiz Rubio, aceptó la negociación que acabó con la guerra en 1929. Sin embargo, el anticlericalismo gubernamental persistió hasta que el presidente Lázaro Cárdenas, en 1938, logró contener a los sectores más radicales de su administración. (Referencia: “La Cristiada” de Jean Meyer)

   Consciente de las posibles consecuencias de una política radical, Cárdenas eligió como sucesor a Manuel Ávila Camacho, evitando a Francisco Mújica, un candidato que quizás hubiera dividido más al país y así logró estabilidad política y religiosa.

  Las leyes anticlericales continuaron vigentes, pero su aplicación se relajó mediante la práctica virreinal de "Obedézcase, pero no se cumpla". Este sistema de simulación legal continuó hasta las reformas de 1992 impulsadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien adecuó los artículos anticlericales de la Constitución y estableció un régimen de tolerancia más acorde con la realidad del país.

   Estas reformas pusieron fin a una simulación de 75 años y corrigieron las tensiones originadas en 1917, que habían costado muchas vidas y generado una constante fricción entre el gobierno y una sociedad mayoritariamente católica. La Guerra Cristera advierte sobre los riesgos de imponer reformas sin tener en cuenta la opinión y las costumbres de la mayoría,  e incluso, de minorías numerosas.

   Hoy en día, aunque el riesgo de una rebelión armada es menor porque la población que se pueda ver afectada no está armada, como sí estaba al final de la Revolución, factores tales como el acceso a armas provenientes de Estados Unidos y el contexto de violencia relacionado con el crimen organizado complican el panorama.

   Actualmente, vivimos en una guerra de baja intensidad que, solo en el sexenio anterior, dejó alrededor de 200,000 muertos. Se estima que unos 175,000 individuos forman parte de grupos delictivos, la mayoría de ellos con acceso a armamento militar, lo que hace viable la posibilidad de armar y alimentar una revuelta en el país.

   Si la presidenta Sheinbaum utilizara su poder para imponer reformas radicales, o si no lograra controlar a los sectores más extremos de su administración, el país podría enfrentarse a una fragmentación interna similar a la de la Guerra Cristera.

  Concentrar un poder tan amplio en una sola persona implica la gran responsabilidad de utilizarlo con moderación y respeto hacia el sentir de la población. De lo contrario, el país podría enfrentarse a una crisis social y humanitaria, cuyos costos serían incalculables.

28 de octubre de 2024

SE AGRAVA EL DESEMPLEO

 

Por: Octavio Díaz García de León


    La reciente reforma judicial y los cambios administrativos están dejando a miles de profesionales del sector público en México en una situación de incertidumbre laboral. Abogados que han dedicado años a ascender dentro del Poder Judicial, siguiendo procedimientos estrictos como exámenes, concursos, y continuando su formación académica con maestrías y doctorados, ven ahora su futuro profesional comprometido. Estos trabajadores, muchos de los cuales han arriesgado incluso su seguridad en el ejercicio de su labor, enfrentarán despidos masivos.

   Una situación similar ocurre en otras instituciones con autonomía constitucional, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya desaparición ha sido anunciada. A pesar de los esfuerzos por consolidar un servicio profesional de carrera, su disolución afectará a cientos de especialistas en transparencia y protección de datos personales que perderán su empleo.

    Además, vienen despidos por los cambios sexenales y un recorte del 10% en la nómina, que afectará a decenas de miles de empleados gubernamentales. El Servicio Profesional de Carrera, que alguna vez garantizaba estabilidad laboral en el sector público, ha quedado prácticamente inoperante. A muchos funcionarios pertenecientes a este Servicio se les pide la renuncia, la cual entregan para evitar represalias o el cierre de oportunidades futuras dentro del gobierno.

    Pero el desempleo no solo se da en el gobierno.  Según datos de la OCDE, en 2023 se graduaron más de 1.1 millones de universitarios en México, de los cuales aproximadamente un tercio, cerca de 400 mil, no ha logrado conseguir empleo. Esto sin contar los miles de egresados de años anteriores que aún siguen en búsqueda de oportunidades laborales.

    La angustia es palpable entre quienes son el sustento de sus familias y no pueden generar ingresos, al enfrentar esta situación de falta de empleo y despidos. Esto es exacerbado por el bajo crecimiento económico del país en los últimos seis años, con un promedio anual de crecimiento del PIB de apenas 0.6%, el más bajo en un sexenio en la historia reciente del país. Este crecimiento de la economía no alcanza para absorber al 1.3% de la población que se incorpora anualmente a la población económicamente activa.

    El mercado laboral en México también presenta otros desafíos estructurales. Muchas carreras universitarias, como las relacionadas con comunicación, ecología y diseño, no cuentan con una demanda suficiente en el mercado laboral. Al mismo tiempo, profesiones saturadas, como derecho y administración de empresas, enfrentan dificultades similares, al producir más egresados de los que el mercado puede absorber. Además, la falta de experiencia, combinada con las deficiencias educativas, coloca a muchos jóvenes en una posición de desventaja frente a las demandas de las empresas. Esto sin incluir a aquellos que no alcanzan educación universitaria, quienes tienen aún más dificultades para encontrar un trabajo bien remunerado.

    Para quienes tienen experiencia profesional especializada, la situación también es compleja. Por ejemplo, ¿qué opciones de empleo tienen quienes se han dedicado a garantizar la transparencia en las instituciones del gobierno? Sus habilidades no son fácilmente transferibles a otros sectores.

    Otro factor a considerar es la discriminación por edad en el sector privado. A partir de los 45 años, las oportunidades laborales disminuyen considerablemente, y en muchos casos, las empresas prefieren despedir a empleados a partir de esta edad,  en favor de trabajadores más jóvenes y con salarios más bajos.

    El gobierno federal, además, ha dejado de ser una opción atractiva para profesionales bien capacitados. Los recortes salariales, la eliminación de prestaciones y la falta de competencia en los liderazgos han transformado el sector público en un refugio para universitarios con poca experiencia o recién egresados de universidades públicas que aceptan condiciones laborales mínimas. Las excepciones, como Pemex y CFE, siguen siendo atractivas, pero sin las conexiones adecuadas, es difícil acceder a estas instituciones.

   Ante la falta de empleo formal, muchos se ven obligados a integrarse a la economía informal. Actualmente, el 54.1% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, lo que representa alrededor de 32 millones de personas. Estos trabajadores, a menudo subempleados o autoempleados, no cuentan con seguridad social ni beneficios laborales. Quizá este sea el único camino que les quede a quienes enfrentan el desempleo.  

    La falta de empleo es un reto constante, y en el actual contexto político y económico de México, las perspectivas no parecen mejorar. La continuidad de las políticas del sexenio anterior por el actual gobierno ha generado un ambiente de incertidumbre que frena la inversión y, con ello, el crecimiento económico. Los profesionales despedidos, los nuevos egresados universitarios y millones más que se incorporan a la fuerza de trabajo enfrentarán grandes dificultades para encontrar empleo. Sin crecimiento económico, las soluciones parecen lejanas.

12 de octubre de 2024

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SHEINBAUM

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    El país enfrenta una grave crisis de seguridad pública, al culminar el sexenio más violento de su historia reciente, con casi 200 mil homicidios dolosos y más de 50 mil personas desaparecidas. Este nuevo sexenio comienza con episodios de gran violencia en lugares como Chilpancingo, Villahermosa, Culiacán, Durango, Guanajuato y Michoacán, entre otros.

    Ante este reto, el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, ha presentado su programa para abordar la seguridad pública, basado en cuatro ejes.

   El primer eje se centrará en atacar las causas subyacentes de la violencia, una estrategia que fue prioritaria en el sexenio de Calderón, aunque sin lograr una reducción significativa en los niveles de criminalidad. Este enfoque requiere constancia y recursos considerables para ofrecer alternativas viables frente a los beneficios económicos que la delincuencia organizada brinda a sus reclutas. Los resultados, de alcanzarse, serían a largo plazo y dependen de un compromiso sostenido.

   El segundo eje busca la consolidación de la Guardia Nacional, que, a pesar de haber sido creada hace cinco años, aún no ha cumplido con las expectativas en materia de seguridad. Este organismo está bajo control militar, lo que limita la influencia directa que el Secretario de Seguridad puede tener en su operación por lo que la efectividad de este eje dependerá en gran medida de las acciones que realicen las fuerzas armadas.

   El tercer eje se enfocará en fortalecer la inteligencia y la investigación sobre la delincuencia organizada, fortaleciendo a las instituciones civiles en este ámbito. Durante el sexenio pasado, esta tarea estuvo mayormente en manos de la inteligencia militar. Para abordar esta área, se planea crear una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, que posiblemente supervise al antiguo CISEN, ahora conocido como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aunque no está claro si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se integrará a este esfuerzo, su participación será crucial para las investigaciones.

    A lo largo de la historia, las instituciones de inteligencia civil han operado con luces y sombras. Por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad, predecesora del CISEN y el CNI, se convirtió en una policía política y estuvo implicada en actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas. El reto será evitar que se repitan estos errores, estableciendo controles de confianza rigurosos para mantener la integridad de estas instituciones.

   El cuarto eje se centrará en la coordinación entre el gabinete de seguridad y las autoridades estatales, una estrategia que ha sido intentada desde el sexenio de Zedillo con resultados limitados. El programa también destaca la intención de enfocar esfuerzos en los estados y municipios más violentos, buscando su pacificación y reducción de actos delictivos. Sin embargo, no se han detallado las acciones específicas para lograrlo y ya se ha visto que no basta la presencia de numerosas fuerzas militares, como en Sinaloa,  para disminuir la violencia.

  Expertos en seguridad han señalado que este programa no presenta innovaciones ni detalles claros sobre cómo se implementarán estos cuatro ejes. No obstante, el hecho de que ya no se mencione la estrategia de “abrazos, no balazos” es considerado un avance significativo.

  El fortalecimiento de la inteligencia debe ser una prioridad. Aunque la inteligencia actualmente está dominada por las fuerzas armadas, es crucial reconstruir la inteligencia civil y policial para llevar a juicio a los delincuentes de manera efectiva.

   La reforma judicial podría apoyar estos esfuerzos al permitirle al Poder Ejecutivo colocar jueces menos estrictos en cuanto a la solidez de las carpetas de investigación y menos garantistas de los derechos humanos de los acusados,  con lo cual se facilitaría el encarcelamiento de estos,  aunque con ello se podrían violentar sus derechos humanos.

  La posible ratificación de la Titular de la Comisión de Derechos Humanos también podría facilitar el trabajo de las fiscalías, al estar más orientada a apoyar al gobierno en turno  que a la defensa de los derechos humanos.

  En este contexto, la población podría estar más dispuesta a aceptar una estrategia similar a la de Bukele en El Salvador, enfocada en un control más firme sobre el crimen, que a seguir permitiendo la impunidad de los delincuentes.

  Aún queda por ver cómo se reclutarán miles de investigadores de campo, analistas y expertos en técnicas de investigación, así como la creación de plataformas tecnológicas que conviertan la información en pruebas utilizables en procesos judiciales. El presupuesto de 2025 será un indicador clave del compromiso del gobierno con la reconstrucción de la inteligencia civil.

  La nueva administración hereda una situación extremadamente difícil en términos de seguridad pública y corrupción. Se requieren acciones inmediatas y contundentes para recuperar los territorios controlados por el crimen organizado. El programa anunciado por el Secretario de Seguridad es solo el primer paso; el éxito dependerá de la capacidad del gobierno para implementar medidas eficaces y sostenidas que lleguen a la raíz del problema.

28 de septiembre de 2024

LA POSIBLE RUTA DEL DESLINDE DE LA PRESIDENTA

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    Es improbable que dos personas compartan el poder en la presidencia. Si la presidenta Sheinbaum desea asumir plenamente el control, deberá desmantelar los pilares que sostienen la influencia transexenal de López Obrador. Aplicando los principios de la Realpolitik, las siguientes acciones podrían ser necesarias:

    Gabinete. Sustituir a los funcionarios que AMLO designó en posiciones clave, tanto en el gabinete como en las paraestatales, comenzando por la Secretaría de Gobernación. Una posible estrategia sería colocar en niveles inmediatos inferiores a personas leales a Sheinbaum, esperando el momento oportuno para reemplazarlos, como ante una tragedia mal manejada, similar al huracán John.

    Militares. Retirarles las tareas civiles y redirigirlos al combate contra el crimen organizado, apelando a la emergencia de violencia y la recuperación de territorios bajo control delictivo, que ya podría abarcar más de un tercio del país. Se deberá asegurar el futuro económico de los militares para evitar que extrañen los presupuestos que manejan, dejando claro que su lealtad es hacia el presidente en funciones.

    Seguridad. Con la Guardia Nacional bajo control militar, el nuevo secretario de seguridad federal carecerá de una fuerza armada para operar. La coordinación será su única función, volviéndose irrelevante. Será necesario crear una policía civil para transferir la seguridad pública a manos de civiles, mientras que la seguridad nacional quedará con los militares.

   MORENA. La presidenta no controla MORENA. Para consolidar su poder político, deberá formar un nuevo partido y restar militantes a MORENA, replicando lo que este partido hizo con el PRD y el PRI. El Verde, PT y MC apoyarán al partido en el poder, como siempre.

    Presupuesto. Habrá que redirigir recursos a las nuevas prioridades, relegando los proyectos de AMLO. Las finanzas públicas están lo suficientemente frágiles como para que una crisis económica en 2025 permita justificar la toma de control de las finanzas públicas y reemplazar al Secretario de Hacienda. Con el control del presupuesto, será más fácil tomar el mando de otras áreas del gobierno.

   T-MEC.  La renegociación del T-MEC en 2026 podría ser una buena coyuntura para   sacudirse a su adversario político, Ebrard, y poner a una persona de su confianza,  o, si decide abandonar el tratado, dejar a Ebrard allí para que sea él quien le dé sepultura al Tratado.  

   Congreso. Podría comenzar a ganar aliados en el Congreso acudiendo al mercado de legisladores, donde siempre hay mercancía disponible.  Para las elecciones intermedias, ya con un nuevo partido y una oposición débil, podría obtener el control del Poder Legislativo.

    Poder Judicial. Urge crear su propia maquinaria política para influir en la elección de jueces, evitando que MORENA o el Congreso acaparen esos nombramientos.

   Inteligencia. La presidenta deberá tomar control de las instituciones de inteligencia civil, como el Centro Nacional de Inteligencia, dirigido actualmente por militares, para proteger su proyecto. Esta institución, junto con la UIF, será clave para crear expedientes contra opositores políticos, como se hizo en el sexenio que termina.

    Empresarios. Ganar el apoyo empresarial es más sencillo: una vez controlado el presupuesto, los empresarios seguirán la pista del dinero.

   Delincuencia Organizada. Para controlar al crimen organizado, la presidenta debe tener control firme de las fuerzas de seguridad, imponiendo las reglas del juego y, de ser necesario, rompiendo compromisos previos para establecer nuevos pactos de convivencia.

   As bajo la manga. Así como Zedillo encarceló al hermano de Salinas, Sheinbaum podría fortalecer investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción de los hijos mayores de AMLO, creando expedientes judiciales y dejándolos como una espada de Damocles sobre la familia López.

   El deslinde de la presidenta no será fácil si decide recorrer este camino, pero si desea gobernar y dejar un legado propio, deberá tomar medidas decisivas para asumir el control de su presidencia.

   Esperamos que su gestión sea competente y libre de corrupción, y que traiga prosperidad, libertad, seguridad, unión, mejor educación y salud para los mexicanos. ¡Por el bien de México,  le deseo éxito a la presidenta Sheinbaum!

15 de septiembre de 2024

CONTINÚA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

     Según la narrativa del presidente López Obrador, México, en su corta vida como nación independiente, ha atravesado por tres grandes transformaciones. Cada una de ellas ha estado acompañada por cambios constitucionales que reflejan las principales características del régimen en turno.

     Durante la primera transformación México experimentó tres formas de gobierno y perdió más de la mitad de su territorio. Inició en 1821 con un imperio efímero encabezado por el consumador de la independencia, Agustín de Iturbide. Este Primer Imperio concluyó con la proclamación de una república federal y la promulgación de la Constitución de 1824. En 1836 se adoptó un régimen centralista con una nueva constitución que duró hasta 1846,  cuando se restauró la Constitución de 1824. Ese periodo se caracterizó por la presencia de un caudillo: Antonio López de Santa Anna,  quien fue presidente once veces,  entre 1833 y 1855.

    La segunda transformación comenzó en 1857 con la promulgación de la Constitución liberal, que provocó una intensa disputa ideológica, llevando a la Guerra de Reforma y al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Este periodo trajo consigo la invasión francesa, un nuevo imperio y dos figuras políticas que gobernaron México durante 42 años: Benito Juárez y Porfirio Díaz. Juárez fue reconocido como presidente por los liberales desde 1860 y luego, tras la derrota del Imperio en 1867, se mantuvo en la presidencia hasta 1872, prevaleciendo la Constitución de 1857. Posteriormente Díaz gobernó entre 1876 y 1911, salvo un intervalo entre 1880 y 1884.

    La tercera transformación surgió como resultado de la Revolución, tras la renuncia de Díaz y la usurpación de Victoriano Huerta. En 1917 se promulgó una nueva constitución, la misma que sigue vigente, aunque ha sido modificada más de 760 veces. Esta etapa dejó alrededor de un millón de muertos y consolidó a dos caudillos: Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Además,  dio paso a una dictadura de partido que, según Vargas Llosa, sería conocida como la "dictadura perfecta" del PRI, un sistema que perduró 70 años, caracterizado por presidencias sexenales imperiales. Esta transformación terminó con un breve intento de democracia que duró 21 años.

    La “cuarta transformación” está en marcha desde hace seis años encabezada por el presidente López Obrador. Paradójicamente, los cambios más relevantes parecen estar ocurriendo en los últimos días de su mandato, lo que sugiere que estamos ante un proyecto transexenal que podría extenderse durante varios sexenios.

   Para coronar esta “transformación”, la presidenta electa, quien controlará los tres poderes federales y la mayoría de los gobiernos locales, podría fácilmente emitir una nueva carta magna,  consolidando la visión de país  de López Obrador, y cuya influencia política probablemente continúe los siguientes sexenios.

    Pero ¿es necesaria una nueva constitución? En la historia de México, las élites gobernantes han tendido a emitir nuevas leyes como si estas tuvieran el poder de transformar el país. Sin embargo, la realidad es que los gobernantes han utilizado las leyes como herramientas para negociar con oponentes o asegurar apoyos.

 La frase atribuida a Juárez: "A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas", y la expresión de López Obrador: "No me vengan con que la ley es la ley", ilustran cómo el poder se ha ejercido en México, acomodando la ley a los intereses de quienes gobiernan.

   La creación de una nueva constitución o la promulgación de más leyes no cambiaría sustancialmente la realidad del país. En este contexto, quienes necesiten algo del gobierno seguirán recurriendo a la vieja estrategia: "Lo que importa es a quién conoces; la ley y todo lo demás, salen sobrando".

    En un sistema donde la corrupción se concentra en pocas manos, las decisiones se simplifican pues se toman en la cúspide. Así se pueden obtener contratos, eludir leyes o asegurar apoyos, algo que no es ninguna novedad.

   Quienes sepan navegar este sistema piramidal no deberán preocuparse por los cambios en las leyes anunciados recientemente. Los que carecen de contactos o recursos para mover las cosas a su favor, seguirán estando en desventaja, como siempre.  

    Más que verdaderas transformaciones, México ha transitado por una constante histórica en la que el estado de derecho es débil, las instituciones son frágiles, y el Estado no ha logrado consolidarse plenamente. En este escenario, los caudillos y los intereses que los sostienen han predominado sobre las leyes y las instituciones.

    Las reformas promovidas por el gobierno de la “cuarta transformación” parecen más un retroceso que nos aleja de la democracia y el desarrollo económico. Esto es lo que se vislumbra para los próximos sexenios: un México gradualmente más pobre bajo un gobierno paulatinamente más autoritario y con cada vez mayor injerencia de la delincuencia organizada.

2 de septiembre de 2024

INICIA EL SEXENIO DE LA CONTINUIDAD

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

     A lo largo de la historia, cuando había un cambio de administración federal,  los presidentes entrantes trataban de marcar diferencias con su predecesor. Desde cambios en el estilo personal, como construir una cabaña en Los Pinos para parecer menos ostentosos, hasta vivir en Palacio Nacional a la usanza de los virreyes. Además, ponían a personas de su equipo en lugares clave del nuevo gobierno.

   Los periodos de transición y los inicios de sexenio daban oportunidad a profesionales de otros grupos políticos para incorporarse a la nueva administración y se abandonaban prácticas que habían dejado de ser populares o perjudicaban a la población. También permitían a los ciudadanos descansar de ciertas costumbres que ya los fatigaban, como los discursos del Tercer Mundo o las mañaneras, así como de los estribillos característicos de los presidentes en turno.

     Muy poco de eso observamos en la actual transición. Quizá desde que Porfirio Díaz entregó el poder a Manuel González y este se lo devolvió, o desde la época de Calles, cuando los presidentes en turno solo eran la fachada del caudillo, no se había visto tanta continuidad en un cambio de gobierno.

    Las señales están a la vista:

    Gabinete: De los nombramientos realizados por la presidenta electa Sheinbaum, la mitad de las personas están muy identificadas con AMLO.

        Agenda legislativa: Las reformas constitucionales que están por aprobarse en septiembre provienen en su mayoría del presidente López Obrador. De las aproximadamente 20 iniciativas, solo tres o cuatro provienen de Sheinbaum. Incluso algunas de las propuestas de AMLO son una manzana envenenada para la próxima presidenta,  como ya se ha observado por las reacciones de mercados financieros, socios comerciales y las protestas populares.

      Disputas internacionales: A un mes de su partida, el presidente López Obrador sigue abriendo frentes de confrontación, ahora con los principales socios comerciales de México: Estados Unidos y Canadá.

         Presupuesto: El presupuesto de 2025 está siendo decidido por el presidente López Obrador con alguna participación de Sheinbaum. Es de esperarse que el Secretario de Hacienda, nombrado por AMLO y ratificado por Sheinbaum, asegure recursos para los proyectos inacabados del presidente saliente (Tren Maya, Dos Bocas, Transístmico, etc. ) y para continuar con los programas de apoyos en efectivo a la población que tan redituables resultaron electoralmente.

     De aprobarse las reformas constitucionales propuestas, que es casi un hecho, le espera al país un sexenio con la mayor concentración de poder en la presidencia. Por su parte, el expresidente gozará también de un gran poder gracias a su dominio del partido MORENA, del Congreso, de los militares y de la mitad del gabinete,   como no se había visto desde los tiempos de Plutarco Elías Calles.

     Estas reformas plantean la posibilidad de desmantelar la democracia en México.  A ello contribuyen:  la mayoría absoluta obtenida en el Congreso por MORENA debido a la sobrerrepresentación; la destrucción del Poder Judicial; el sometimiento de los poderes locales al poder central; la subordinación de los militares, ahora ocupados en tareas civiles, las cuales ofrecen oportunidades de corrupción muy lucrativas; y la desaparición de organismos con autonomía constitucional o la toma de los mismos por personas afines a la presidencia de la república.

      El desencanto con la democracia no es un fenómeno exclusivo de México. En diversos países del mundo, las sociedades rechazan la democracia y eligen a dictadores para que los gobiernen. Además, han surgido regímenes populistas y autoritarios que concentran todo el poder en sus dirigentes.

    De esta forma la destrucción de la democracia avanza en el mundo, sometiendo a los países a la voluntad unipersonal de los caudillos. En estos sistemas, las minorías dejan de tener influencia en la vida pública, y las masas, cooptadas, apoyan su propia destrucción.

     Este proceso tiene un alto costo en términos de derechos humanos, represión, cancelación de derechos políticos y el sometimiento de la población a élites profundamente corruptas. Como ya se ha visto en Venezuela, Nicaragua o Cuba,  ello puede llevar a la destrucción de un país

    Todavía no sabemos cómo actuará la nueva presidenta Sheinbaum teniendo tanto poder, y si el presidente saliente, López Obrador, lo permitirá. Las herramientas para la instauración de un régimen no democrático están por aprobarse o ya se cuenta con ellas. Falta ver si se utilizarán o habrá prudencia.

    Aún existen algunos contrapesos frente al poder absoluto que se avizora para la nueva presidenta y el expresidente: el de la delincuencia organizada, que ya controla grandes territorios del país,  y la presión de Estados Unidos, en caso de que afecte a sus intereses.  Lo más probable es que, tanto con la delincuencia organizada como con Estados Unidos, se continuarán haciendo pactos de convivencia.

    Estamos ante un cambio de sexenio con la mayor continuidad y concentración de poder desde que Calles ponía y quitaba presidentes. Habrá que ver si será para bien o para mal.

17 de agosto de 2024

LA INMORTALIDAD QUE VIENE

 

Por: Octavio Díaz García de León


   Ser inmortal es uno de los anhelos más antiguos de la humanidad. Muchas religiones se han construido sobre la promesa de otorgar la inmortalidad a sus fieles. Hoy en día, con los avances de la ciencia, la posibilidad de alargar radicalmente la vida humana podría estar a solo unas cuantas generaciones de distancia. Quizás, al final del siglo XXI, la expectativa de vida sea varias veces mayor a la actual, que ronda entre los 75 y los 80 años.

    La inmortalidad ha sido estudiada con mayor rigor en las últimas cuatro décadas por académicos de renombre. Entre ellos,  el profesor Stephen Cave, Director del Instituto para Tecnología y Humanidad de la Universidad de Cambridge, quien publicó el libro Inmortalidad en 2012 y, el año pasado, otro en colaboración,  en el cual actualiza sus puntos de vista respecto al tema.

     El profesor Cave señala que existen cuatro vías hacia la inmortalidad:

    Mantenerse vivos o evitar la muerte:  Esto incluye la búsqueda de elíxires mágicos que proporcionen inmortalidad, la ingesta masiva de vitamina C, el transhumanismo y la prolongación de la vida por medios científicos bajo un enfoque ingenieril, entre otros métodos.

   La resurrección:  Esto consiste en la creencia de que, aún si morimos, podemos resurgir en el futuro físicamente en nuestros cuerpos. Las grandes religiones abrahámicas---judaísmo, cristianismo e islam---creen literalmente en la resurrección física de los cuerpos,  y esta constituye una de sus doctrinas centrales. Otra manera de resurrección es la criogenia, en la que se congela a las personas con la esperanza de que puedan revivir en el futuro.

    La inmortalidad del alma: La inmortalidad se alcanza no a través de vivir para siempre de manera física, sino a través de un ente espiritual, como el alma. La mayoría de la humanidad cree que las personas tienen alma. Esta creencia es central en el cristianismo, el budismo, el hinduismo y muchas otras religiones. Se considera que el alma puede vivir de manera independiente del cuerpo y ser inmortal.

    El legado:   Esta es una forma indirecta de extender la vida de las personas a través de sus obras. La más tangible es tener hijos, pero también puede lograrse mediante la creación artística, la fama como un político destacado o incluso como un criminal aberrante.

    El autor afirma que ninguna civilización ha sobrevivido sin el respaldo de alguna de estas narrativas, pero concluye que ninguna de las cuatro es verdadera, factible ni deseable.

   A lo largo de los siglos, muchos escritores han tratado el tema de la inmortalidad. Karl S. Guthke en su libro La Vida sin Fin, reseña más de 22 obras que abordan la inmortalidad. Por ejemplo, El Inmortal de Borges y Todos los Hombres son Mortales de Simone de Beauvoir.

   Un artículo escrito en 1973 por Bernard Williams, de la Universidad de Cambridge, sobre la obra de teatro del autor checo Karel Čapek, adaptada a ópera por Leoš Janáček, El secreto de Makropulos, ha tenido una gran influencia en la discusión reciente sobre la inmortalidad, tanto en Cave como en otros autores, al argumentar que el aburrimiento es la razón más relevante para no desearla.

   En su libro más reciente, coescrito con Fisher, ¿Deberías elegir vivir para siempre? Un debate, Cave identifica cuatro problemas asociados con la inmortalidad, basándose en la especulación derivada de los textos de Borges y Čapek, dado que no existen casos de inmortalidad que se puedan investigar:

   Aburrimiento: Si la vida no tiene fin, cualquier actividad placentera acabaría por volverse aburrida.

   Ennui (Tedio, apatía): Incluso antes de volverse aburrida, la repetición de actividades puede llevar a la depresión.

  Falta de sentido:  Si las personas vivieran eternamente, realizarían una cantidad inmensa de actividades, incluidas aquellas que son contradictorias, contrapuestas o repetitivas. Por ello, los proyectos individuales perderían sentido, cada persona perdería su identidad y desparecerían las categorías de bien y mal.

  Procrastinación:  El hecho de tener una vida mortal nos obliga a tomar decisiones considerando el tiempo limitado que tenemos. Tener tiempo sin restricción hace que pierda su valor y, por lo tanto, el tomar decisiones sobre cómo usarlo se vuelve imposible, lo que podría llevar a la parálisis.

    Existen otros problemas relacionados con la inmortalidad, como definir qué es el ser y la identidad cuando se alcanza mediante el “descargar” nuestra conciencia en un dispositivo electrónico. También están los problemas asociados con la sobrepoblación, la justicia social, el trabajo, entre otros.

    El reto será encontrar soluciones a estos problemas ante la posibilidad de que pronto se pueda alcanzar una longevidad varias veces mayor a la actual.

  Por ello, es oportuno profundizar en la investigación filosófica sobre la prolongación radical de la vida. Incluso, esta investigación podría ayudar a encontrar mejores formas de vivir dentro del tiempo que hoy abarca nuestras vidas. Por lo pronto, la pregunta sería: ¿Desearía usted ser inmortal?

2 de agosto de 2024

LA DESAPARICIÓN DEL INAI

 

Por: Octavio Díaz García de León


     Se encuentra en discusión en el Congreso una reforma que contempla la desaparición de los organismos con autonomía constitucional, entre ellos el INAI y los organismos estatales de transparencia. De acuerdo con la propuesta de reforma, las funciones en materia de transparencia recaerían en los propios sujetos obligados y la resolución de los recursos de revisión que interpongan los particulares quedarían de la siguiente forma:  sindicatos a cargo de autoridades laborales de conciliación; partidos políticos los atendería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas;  y para el resto, las resolverán las autoridades de control interno y vigilancia. En materia de protección de datos personales las leyes secundarias señalarán a los responsables de esta función.

    Los recursos humanos de los organismos que desparezcan serían transferidos a las instituciones que asuman sus funciones, “en lo que corresponda”, es decir, solo aquellos que requieran las instituciones que asumirán sus funciones. Asimismo,  se les transferirán los recursos materiales, informáticos y las obligaciones de los organismos que desparecen.

   En el caso del INAI, el 80% del presupuesto es nómina, por lo que, de transferirse la mayoría de las personas,  los ahorros serán insignificantes. Por ello,  la reforma propuesta no trata de generar ahorros sino de concentrar en el Poder Ejecutivo las decisiones sobre las materias que manejan los organismos autónomos que se pretende desaparecer.

   Como lo mencioné en un artículo anterior, el INAI,  desde su creación en 2014, ha sufrido manejos inadecuados de recursos por parte de algunos de sus comisionados.  Por ejemplo, la práctica extralegal de repartirse las plazas del Instituto entre los comisionados; el excesivo número de eventos que organizan y que no le agregan valor a la institución pero sí cuestan;  los viajes sin justificación adecuada de sus altos funcionarios; y una estructura organizacional excesiva de secretarías ejecutivas y direcciones generales,  entre otros.

    En contraste, su antecesor el IFAI, creado en 2003 como organismo sin autonomía constitucional pero con autonomía técnica y administrativa,  tuvo un desempeño muy aceptable durante 11 años con tan solo 5 comisionados y una estructura organizacional modesta.

    Otros problemas de la reforma de 2014 que dio origen al INAI y que he señalado en este espacio, son por ejemplo, el habérsele dado la responsabilidad de la protección de datos personales, lo que le dio dos tareas opuestas: evitar dar información personal y buscar la máxima apertura en materia de información pública.  

    También hace falta una Ley de Secretos de Estado para proteger la seguridad nacional ya que actualmente la Ley de Transparencia no define con precisión este tema y se presta a la presión del actores gubernamentales que bajo ese pretexto ocultan información que no deberían,  como las contrataciones que se realizan para obras que ejecutan las fuerzas armadas y otras instituciones de seguridad. 

    Otro aspecto que no ayuda al INAI es que no puede sancionar a los sujetos obligados que no entreguen la información que les obliga. Para ello,  tiene que recurrir a los órganos internos de control (OIC)  que dependen de la Secretaría de la Función Pública,  con lo que pierde autonomía. Hay que reconocer que estas situaciones no son frecuentes y por eso no hay muchas sanciones por ese motivo, gracias en parte, a la participación de los OIC en los Comités de Transparencia.

   Si bien existen áreas de mejora en el caso del INAI, los manejos inadecuados de recursos no se deben a un mal diseño institucional sino a los abusos,  discrecionalidad y falta de rendición de cuentas con que actuaban algunos de sus comisionados.  Es un tema más de personas que de la autonomía del organismo.  

   La reforma propuesta no soluciona este problema sino que afecta la independencia requerida para garantizar este derecho humano contemplado en la Constitución. El Poder Ejecutivo puede realizar estas funciones pero se convertirá en juez y parte, por lo que el acceso a la información pública y la protección de datos personales podrían estar en riesgo de aprobarse estos cambios a la Constitución.

   La justificación esgrimida para esta reforma no es el garantizar mayor transparencia, apoyar el combate a la corrupción, facilitar la rendición de cuentas o proteger mejor los datos personales, sino como un supuesto ahorro de recursos. Pera ya vimos   que no habrá tal ahorro al conservarse las estructuras operativas de estos organismos. Si se buscan economías hay que mirar a otra parte: el presupuesto anual del INAI equivale a lo que perdió PEMEX cada 17 horas durante el primer semestre de 2024.

  No se observa como esta reforma que desaparece organismos autónomos y transfiere sus atribuciones al Poder Ejecutivo pueda resultar en una mejor atención a estas funciones indispensables para el país. Falta ver si hay la voluntad política para hacerlo y de no ser así,  dicha reforma se convertirá en un grave retroceso en las materias que atienden estos organismos.

22 de julio de 2024

EL ATENTADO CONTRA TRUMP

 

Por: Octavio Díaz García de León


    Gran conmoción causó el atentado en Pensilvania que estuvo a punto de costarle la vida al expresidente y ahora candidato presidencial Donald Trump. En la memoria de los americanos permanecen vivas las imágenes del asesinato del presidente Kennedy, el atentado contra el presidente Reagan y el homicidio del candidato presidencial Robert Kennedy.  

   Parece que la agresión pudo afectar emocionalmente al candidato Trump. Quizás en su fuero interno se cuestione si en su lucha constante por tener poder solo por tenerlo, (porque no se vio que haya hecho buen uso de él)  vale la pena perder la vida.  Falta ver si los servicios de protección pueden salvarle en caso de que haya futuros atentados. En este caso fallaron lamentablemente y solo la suerte de voltear la cabeza en el momento justo,  evitó su muerte.

   Estados Unidos está pasando por momentos de polarización extrema.  La división entre los ciudadanos de este país amenaza a sus instituciones. Ya Trump intentó dar un golpe de estado al no reconocer que perdió las elecciones en 2020 y azuzar a sus huestes a tomar el Capitolio y a asesinar al vicepresidente Mike Pence, quien corrió grave peligro en esa asonada.

   Por lo pronto,  este intento de asesinato le dio un impulso espectacular a la campaña de Trump al convertirlo en mártir y forzó al presidente Biden a renunciar a su candidatura. Por ello, no han faltado las teorías conspiratorias para decir que fue un autoatentado, aspecto descartable ante lo cerca que estuvo de perder la vida.

   Al momento de escribir estas líneas se sabe poco del tirador que fue muerto unos instantes después de disparar y no están claras las motivaciones de este joven de 20 años, republicano, aparentemente normal y a quien lo echaron de un club de tiro con rifle por ser pésimo tirador. Si fracasó por centímetros en su intento,  está claro que no era tan mal tirador.

   Hasta hace pocas décadas lo normal eran los atentados y asesinatos contra gobernantes. Si nos remontarnos hacia atrás en la historia encontramos que este fenómeno era muy común. Por ejemplo, se recuerda el asesinato de Julio César y de varios emperadores romanos; en la Edad Media la forma más frecuente de acceder a un trono era matando al rey en funciones. Más recientemente, a finales del siglo XIX y principios del XX,  hubo muchos atentados contra gobernantes.

   Después de la Segunda Guerra Mundial,  la política ha traído formas más pacíficas de resolver los cambios de gobierno y por eso no dejan de llamar la atención estos acontecimientos recientes donde se asesina a políticos como el ex primer ministro Shinzo Abe en Japón o como el atentado contra Robert Fico, Primer Ministro de Eslovaquia. Pero en general, en el mundo civilizado, este tipo de sucesos son excepcionales, porque se han encontrado vías democráticas para resolver los desacuerdos entre mayorías y minorías.

   En México se recuerda el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio o más recientemente, el atentado que sufrió el ex Secretario de Seguridad Ciudadana de la Cd. de México y próximo Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

  Pero la violencia política en México está desbordada. No contra grandes personajes,  sino en perjuicio de actores locales.  En el proceso electoral de este 2024,  fueron asesinados por lo menos 30 aspirantes, precandidatos y candidatos. Desafortunadamente este fenómeno se debe no a cuestiones ideológicas sino a disputas territoriales de la delincuencia organizada.

   Por lo pronto, las campañas en Estados Unidos nuevamente tendrán a México como protagonista. Estas se enfocarán a fomentar el odio contra los indocumentados que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos; acusarán a México por robo de empleos derivado del T-MEC;  y amenazarán usar la fuerza militar para combatir a los carteles de la droga en territorio mexicano,  ya que el problema de consumo de drogas en Estados Unidos es ya una emergencia nacional.  

   Todo ello por la incapacidad de nuestro país para resguardar su frontera sur, generar empleos suficientes, proporcionar seguridad pública, educación y servicios de salud, entre otros, para evitar la emigración de nuestros compatriotas en busca de mejores oportunidades y calidad de vida.

   También por la incapacidad para combatir a los cárteles de la delincuencia quienes trafican drogas con impunidad y se han convertido en gobiernos de facto en buena parte del territorio nacional, imponiendo gobernantes y corrompiendo a las autoridades encargadas de combatirlos.

   De endurecerse la posición de Estados Unidos contra México, podremos esperar una intervención cada vez mayor de nuestros vecinos en asuntos internos de nuestro país. Si eso ayuda a solucionar problemas que México no puede resolver,  gran parte de los mexicanos les estará agradecido. Pero si esa intervención es perjudicial, ojalá que el nuevo gobierno federal pueda resolverlos antes.

8 de julio de 2024

LÍDERES DISFUNCIONALES

  

Por: Octavio Díaz García de León


    ¿Personas mayores de 75 años pueden gobernar a un país? Esta pregunta se ha convertido en el centro del debate en la competencia presidencial de Estados Unidos.  Reconociendo que hay personas de esa y más edad que están muy lúcidos y con buena salud, también es cierto que el envejecimiento causa un desgaste natural, no solo en capacidades físicas,  sino también mentales.

     La expectativa de vida ha venido aumentando en las últimas décadas por lo que el número de personas de más de 80 años está aumentando. Esta tendencia se irá incrementando de tal forma que vidas milenarias serán posibles dentro de unas cuantas generaciones.

    Pero hay que tomar en cuenta que en el envejecimiento hay una disminución de las capacidades físicas y mentales de las personas. Por ejemplo, la reducción del tamaño del cerebro lo cual afecta a la memoria.  Existen también enfermedades propias de la edad avanzada como el Alzheimer, enfermedad que sufrió Ronald Reagan ya como presidente,  o el Parkinson que sufrió el Papa Juan Pablo II.

    En México, la gran mayoría de presidentes han iniciado su mandato con menos de sesenta años. Son muy pocos los  sexagenarios:  hubo cuatro en el siglo XIX;  dos en el XX: Huerta y Ruiz Cortines;  y dos en el XXI: AMLO y Sheinbaum.  

   Pero la edad nunca debe ser el único factor a considerar cuando se trata de seleccionar a quien debe dirigir un gobierno o empresa. Hay líderes jóvenes con muy mala salud física o mental o con muy poco talento para el puesto que ocupan.

    Un líder, ya sea que vaya a dirigir a una empresa o a encabezar un gobierno, requiere de una serie de competencias, conocimientos, condición física y salud mental que le permita atender los retos de su puesto.

     La iniciativa privada suele ser muy cuidadosa en sus procesos de selección, especialmente para los puestos más elevados y verifica todo lo anterior en los candidatos, aunque a veces fallan en la parte de salud mental,  pues es frecuente encontrar en puestos elevados directivos con problemas mentales.

   Por ejemplo, Elon Musk padece de autismo.  Eso no le impidió sacar adelante proyectos que parecían imposibles,  como su programa de cohetes espaciales reusables. Algo similar ocurría con Steve Jobs, otro de los genios empresariales,  quien padecía trastorno obsesivo compulsivo y narcisismo. 

   Por su parte, en el gobierno no hay un proceso de selección de ese tipo, por lo que   llegan a puestos de muy alta responsabilidad personajes que no tienen los perfiles o salud adecuados.

   Tenemos el caso del presidente López Obrador quien sufrió infartos antes y durante su mandato, entre otros problemas de salud. Por otro lado, respecto a su salud mental,  se ha cuestionado algunos aspectos de su comportamiento pero no está claro si es por astucia política o por disfunción mental.

    En cuanto a la nueva presidenta, no se sabe nada sobre su salud física y mental. Durante la campaña presidencial se evidenció el sobrepeso de la candidata de la oposición y la delgadez de la ganadora. Ambas fueron capaces de soportar una intensa campaña por lo que es de suponer que su salud física fue la adecuada, pero desconocemos si su salud mental es buena.

   Si bien en las empresas es posible que comportamientos psicopáticos de sus líderes les permitan lograr resultados extraordinarios, también las pueden llevar a la quiebra. En el caso de países, tener líderes psicópatas es un grave riesgo. Por ejemplo, Hitler, con su odio enfermizo hacia los judíos asesinó a más de 6 millones; Stalin con su paranoia, mató a cerca de 20 millones de sus ciudadanos; y Mao con su apego obsesivo a ideologías disfuncionales, causó decenas de millones de muertes a sus gobernados. Más cercanos a nuestro tiempo, líderes con patologías narcisistas como Trump, Erdogan, Orban, Putin y otros,  son un peligro para la democracia y pueden ocasionar guerras civiles o guerras contra otras naciones. 

    Estos personajes causan daños incalculables a países o negocios si estos no cuentan con una gobernanza que incluya fuertes equilibrios internos. Desafortunadamente,  muchos de estos líderes no tienen contrapesos suficientes y tratan de desmantelarlos para someter a todos a su voluntad, porque uno de sus rasgos suele ser el autoritarismo. Si a eso le agregamos una corte de sicofantes, entonces podrán llevar a cabo las peores locuras contra países y empresas.

    El problema no es necesariamente la edad avanzada, sino el estado de salud mental y física, y las aptitudes que tengan los líderes.  Por ello, en cualquier gobierno o empresa,  los dirigentes o quienes aspiren a serlo,  deberían someterse a exámenes rigurosos de inteligencia, capacidades, salud mental, salud física y control de confianza,  para que sean un factor de decisión en el proceso de selección para ocupar un puesto. De no ser así, países y empresas se pueden llevar sorpresas muy desagradables.