SOCIEDAD CIVIL A PRUEBA

LA SILLA ROTA  OPINIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

      La sociedad civil ha venido tomando un papel protagónico en la lucha contra la corrupción al grado de asumir un papel de alta responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Pero ello también ha tenido su costo. Desde las críticas recientes que han recibido por el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), las críticas anteriores por la selección del Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo, hasta el espionaje de que fueron víctimas quienes realizaron propuestas clave para el Sistema Anticorrupción. ¿Cuál será el futuro para la sociedad civil que ha decidido tomar un papel relevante en el combate a la corrupción? Se pone en juego su prestigio y posiblemente, la tranquilidad personal de sus integrantes.

     Cuando hablo de sociedad civil en este artículo, no me refiero a todos los que podrían formar parte de ella. Una definición de sociedad civil es “todos aquellos individuos con el título de ciudadanos de una sociedad determinada que actúan de manera colectiva, con el objetivo de tomar decisiones en lo concerniente al ámbito público, por fuera de cualquier tipo de estructura gubernamental” (https://www.definicionabc.com/social/sociedad-civil.php). Esto es demasiado amplio y millones de personas participan de una manera u otra en organizaciones de la sociedad civil tales como clubes deportivos, cámaras, asociaciones de todo tipo, etc.  

     Me refiero a personas que colaboran en organizaciones dedicadas a estudiar el problema y proponer políticas públicas en materia de combate a la corrupción y a algunos académicos quienes han incidido en la formación del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas personas pertenecen a organismos e instituciones que en su mayoría se encuentran en ciudad de México; tienen amplio acceso a medios de comunicación; son muy solicitados como interlocutores por funcionarios del gobierno; son personas con un alto perfil académico, muchos de ellos con estudios avanzados en universidades extranjeras; y en conjunto, quizá no pasen de ser un grupo de 100 personas altamente especializadas y motivadas.

     ¿Representan a la sociedad en su conjunto? No en el sentido clásico de haber sido elegidos como tales. Tampoco son una muestra representativa de la sociedad civil. Sin embargo, por su acceso a los medios de comunicación y a funcionarios gubernamentales tienen gran influencia ante la opinión pública educada y el gobierno, en materia de combate a la corrupción.    

    La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé que la sociedad civil participe en el Sistema a través de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el cual “tiene como objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador”. El Comité Coordinador está integrado por: los titulares de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un representante del CPC, quien lo presidirá.  Por ello, ni el presidente, ni el resto del Comité de Participación Ciudadana tendrán responsabilidad directa por la operación cotidiana de las instituciones que forman parte del Comité Coordinador.

     La misma Ley dice que los miembros del CPC no son empleados de la Secretaría Ejecutiva y que serán remunerados por la vía de honorarios sin vínculo laboral con ella, aunque por otra parte esta Ley dice que de acuerdo al artículo 108 Constitucional, se les considera servidores públicos para efectos de responsabilidades administrativas. 

     A partir de abril, tal y como lo dispuso la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, cinco integrantes de la sociedad civil, proveniente de este selecto grupo especializado en el tema de combate a la corrupción, se incorporaron al Comité de Participación Ciudadana y uno de ellos asumió el cargo de presidente del Comité Coordinador del Sistema.  Además, para operar, al Comité Coordinador se le ha dado una Secretaría Ejecutiva con un presupuesto de 214 millones de pesos en este año que servirán para contratar a 117 personas (Ver). Esta Secretaría Ejecutiva está encabezada por un Secretario Técnico, el Lic. Ricardo Salgado Perrilliat, quien fue elegido por el Comité Coordinador de entre una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana.

   El Secretario Técnico junto con los cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana que en ese momento no presidan al SNA, integran una Comisión Ejecutiva que “tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones”. Por todo ello, la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción tiene la mayor relevancia y en sus manos está buena parte del éxito de dicho Sistema.

     Estas disposiciones son un poco contradictorias. Por una parte, se les quiere dar un carácter de “externos” a los integrantes de la sociedad civil que participan en el SNA, pero por otra parte participan de lleno en las labores de coordinación, inclusive presidiéndolas y son factor clave para el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción. Con ello la sociedad civil ha cruzado un umbral interesante al involucrarse de lleno en tareas de gobierno.

     Afortunadamente, a pesar de la reciente controversia donde el presidente del Senado, Pablo Escudero, expresó preocupación por el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los elegidos cuentan con una larga trayectoria en temas de transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos, temas que, de alguna forma, están relacionados con el combate a la corrupción. Algunos de ellos incluso han tenido puestos de muy alto nivel dentro del gobierno federal, tanto en secretarías como en organismos autónomos.   

    Sin embargo, queda la duda si esta incursión de la sociedad civil en tareas de gobierno y ya no como mero observador crítico de las mismas, no tiene sus riesgos. Recientemente me decía un alto funcionario francés de una de las agencias anticorrupción de su país, que en su institución no participa la sociedad civil, ya que para ello están y para eso les pagan, a sus funcionarios.   Esto no quiere decir que en Francia no haya una sociedad civil muy activa, sino que no interviene directamente en actividades propias del gobierno. Por lo menos no en la agencia del funcionario mencionado. Y es que en Francia y en otros países con instituciones sólidas, no es necesario que la sociedad civil realice funciones de gobierno ya que para eso hay servidores públicos que realizan con eficacia sus tareas o bien, de no cumplir con sus deberes, son removidos.  

    Desafortunadamente, debido a la debilidad de algunas de nuestras instituciones y los problemas que las rebasan, tales como la seguridad pública y la corrupción, la misma sociedad civil que impulsó el Sistema Nacional Anticorrupción y diseñó en gran parte este Sistema, ha decidido tomar un papel protagónico en estas labores y asumir tareas sustantivas en el gobierno.    

    Con ello se le pasa una gran parte de la responsabilidad por el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción a estas nuevas instancias ciudadanas y se corre el riesgo de que se diluya la responsabilidad de dar resultados. Ya no se trata de un gobierno en funciones que debe realizar sus tareas, sino ahora también será la responsabilidad de la sociedad civil el que se disminuya la corrupción en nuestro país. ¿Será conveniente para la sociedad civil haber dado este paso desde una posición externa al gobierno, a formar parte del mismo? El tiempo dirá.

Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

EL DINERO COMO OBSESIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

Madre, yo al oro me humillo, 
Él es mi amante y mi amado, 
Pues de puro enamorado 
Anda continuo amarillo. 
Que pues doblón o sencillo 
Hace todo cuanto quiero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 

Francisco de Quevedo

     Hace poco releí el cuento de Jorge Luis Borges, El Zahir. Hace muchos años lo hice por primera vez junto con los demás cuentos que integran esa enciclopedia que por su brevedad se puede pensar que es un Aleph y que forma parte del libro de este nombre.  Allí, en el primer tomo de las obras completas se encontraba incluido este libro cuyos cuentos me ha tomado mucho esfuerzo en entender. Por ello, la relectura no era mala idea. A veces la falta de inteligencia puede ser suplida con paciencia y tenacidad. Había que acometer de nuevo la lectura de este libro.

    Como cualquier texto, estos cuentos tienen varias interpretaciones y quizá ninguna es la que intentó el autor, porque cada lector es diferente.  En esta ocasión El Zahir me ayudó a comprender que el dinero puede ser una obsesión por la cual las personas están dispuestas a cometer los peores crímenes o sacrificar su vida en la búsqueda del mismo.   

    Para Borges, un Zahir es un objeto que tiene la terrible propiedad de que no se puede dejar de pensar en él. En el cuento de Borges todo empieza con una moneda de veinte centavos a la que llama Zahir y en la que no puede dejar de pensar el narrador; pero, dice el autor, así se le llamó también a un tigre, a un ciego de la mezquita de Surakarta, a un astrolabio, a una pequeña brújula, a una pequeña veta en el mármol de uno de los mil doscientos pilares en la Aljama de Córdoba en la judería de Tetuán, o bien al fondo de un pozo. Seguramente habrá otros en los que no se puede dejar de pensar.  

     Pero entre aquellos que identificó Borges como Zahir, está esa moneda con la que empieza su cuento: sencilla, modesta, sin ningún rasgo importante. Pero no es la apariencia inocente de la moneda la que nos da la pista de su relevancia sino lo que ésta significa. La moneda puede ser ese objeto curioso de metal, o un billete, o una cuenta bancaria, o un cheque, o un bitcoin o cualquiera de sus modernas manifestaciones.   La moneda que recibe el narrador en el cuento de Borges es un Zahir, pero, dice el autor, también son todas las monedas paradigmáticas de la historia y cita algunas:  el óbolo de Caronte, el óbolo que pidió Belisario, los treinta dineros de Judas, las dracmas de la cortesana Laís, la onza de oro que hizo clavar Ahab en el mástil, el florín irreversible de Leopold Bloom y entre otros, el luis cuya figura delató a Luis XVI cuando huía. Esta moneda representa al dinero en sus múltiples facetas.

    Dice Borges que la moneda simboliza el libre albedrío porque a través de ella transformamos nuestros deseos en realidades. Nuestras realidades comprables, acotaría, pues hay otras que no lo son. Para cambiar o expandir nuestra realidad que puede ser desagradable o confinada, se anhela tener más dinero y entonces se convierte en una obsesión por hacer crecer nuestra posesión del mismo. Las personas atraídas por ese mágico poder de adquirirlo todo, se suelen confundir perdiendo de vista el fin y concentrándose en los medios. El dinero es solo ese intermediario que podría acercarnos a cumplir sueños y deseos, pero no debe ser un fin en sí mismo, porque no tiene sentido.   

      Desde que se inventó el dinero las personas se han dejado hipnotizar por sus poderes casi mágicos. Y es que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, el hambre y la saciedad, la protección y la indefensión, la felicidad y la infelicidad. Desafortunadamente en nuestra época, la vida de todos se desarrolla en torno al dinero: el trabajo, la economía, el bienestar, la salud, etc., dependen de él y determinan el destino de casi toda la humanidad.  Nos hemos vuelto rehenes de este invento que desata todas las pasiones, especialmente las más bajas. 

     La obsesión por el dinero está en el fondo de nuestra descomposición social. Allí está la respuesta al por qué de la inseguridad pública, el enriquecimiento ilícito sin límites, la corrupción desatada. Políticos corruptos, delincuentes y otros obsesionados con el dinero no se conforman con tener lo suficiente para una vida digna, sino que se empeñan en obtener fortunas que no podrán ser gastadas en varias generaciones. Están dispuestos a causar enormes daños al resto de las personas con tal de acumular dinero. Por ello, los narcotraficantes son capaces de la mayor violencia, cometiendo asesinatos brutales, torturas y mutilaciones  y los corruptos son capaces de causar la miseria de millones de personas desviando para su beneficio personal el dinero que serviría a los necesitados. 

 

      Nuestro país es víctima de esta obsesión. Demasiadas personas solo ven por sus propios intereses que traducen en acumular dinero sin importar los demás. Borges vio la cualidad terrible del dinero en una moneda inocente de veinte centavos. Supo que la humanidad gira alrededor de él y que los hombres no pueden dejar de pensar en él. Supo que allí está el fin de la humanidad: como objetivo de todos y como destino.

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EL CISEN EN RIESGO LA SILLA ROTA

 Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

      Hace unos días el periódico The New York Times publicó en su primera plana un artículo donde revelaba el espionaje que supuestamente agencias del gobierno mexicano realizaban a periodistas, activistas de derechos humanos, expertos anti corrupción y a algunos de sus familiares. El espionaje se realizó mediante la infiltración en teléfonos “inteligentes” de estas personas, de un software llamado Pegasus, el cual les extrae toda la información y los convierte en instrumentos de espionaje permanente. Los autores del artículo suponen que el espía fue el gobierno federal porque, según lo dicho por el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, solo vende a instituciones de gobierno y únicamente para combatir delincuentes y terroristas. Según otras notas periodísticas, la empresa les vendió esta plataforma a tres instancias del gobierno federal.

      El incidente es muy lamentable. Primero por tratarse de un acto ilegal, ya que la intervención de comunicaciones solo se puede hacer con orden de juez y segundo, de ser cierto que lo hicieron instancias de gobierno, estas se habrían apartado de su mandato que consiste en recabar inteligencia solo de aquellos que representen una amenaza a la seguridad pública o nacional, que no es el caso de los espiados. Urge pues se investigue lo sucedido, empezando por determinar si el proveedor efectivamente solo le vendió al gobierno federal, o también a algún gobierno estatal y/o a particulares. Un aspecto de la mayor importancia es quien hará la investigación, ya que se ha cuestionado que lo haga la PGR dado que es usuaria de Pegasus. 

      Las otras instituciones que adquirieron este software fueron la SEDENA para sus labores de inteligencia militar y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).  En particular el CISEN siempre resulta sospechoso porque las labores de inteligencia que realiza, contemplan la intervención de comunicaciones.

      La sospecha no es nueva. Hay que recordar que el antecesor del CISEN fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una policía política notoria por sus abusos contra los oponentes del régimen y por sus métodos que incluían no solo el espionaje sino la agresión física a estas personas. La DFS también fue víctima de la penetración por parte de los narcotraficantes. Su descomposición llegó a tal grado que el presidente De la Madrid ordenó su desaparición en 1985 cuando su director fue acusado de asesinar al periodista Manuel Buendía.  

      El CISEN se crea en 1989, fusionando a las direcciones generales de Investigación y Seguridad Nacional y la de Investigaciones Políticas y Sociales ambas de la Secretaría de Gobernación. Cuando el presidente Fox llega a la presidencia, intentó desaparecer al CISEN por considerar que más que estar al servicio del Estado mexicano protegiendo la seguridad nacional, estaba dedicado a espiar a los adversarios políticos del régimen, entre ellos al propio Fox cuando era candidato. ¿Cómo fue que el entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel y el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, entonces director general del CISEN, convencieron al presidente Fox de que no lo hiciera? Sería interesante saberlo. Lo que sí ocurrió ese sexenio, fue una labor de desmantelamiento presupuestal que lo debilitó mucho.

      El CISEN sobrevivió al gobierno de Fox y se ha fortalecido mucho en los últimos dos sexenios. En el actual su presupuesto aumentó de manera extraordinaria, especialmente a través de la partida de seguridad nacional, la cual llegó a ascender a casi dos veces el presupuesto normal del CISEN. La partida de seguridad nacional se maneja con absoluta secrecía y casi no se rinden cuentas sobre su uso. Tan solo en 2015 la Secretaría de Gobernación a través del CISEN, utilizó más de 4 mil millones de pesos en esta partida, siendo que el sexenio pasado no pasaba de 150 millones de pesos por año.  ¿En que se ocupó tanto dinero? Se puede suponer que una parte de ello se fue para adquirir software como el Pegasus.

      El CISEN es una gran institución del Estado mexicano cuya existencia no se debería poner en entredicho como lo ha hecho López Obrador, quien piensa desaparecerlo. Su permanencia es necesaria porque México, como cualquier nación del mundo, está obligado a proteger su seguridad nacional y los organismos de inteligencia son pieza clave para hacerlo.  

    El problema es que, así como para la DFS fueron factores para su desaparición, el CISEN también podría destruirse si se le dedicara a realizar espionaje político y   labores de combate al narcotráfico. Lo primero porque es ilegal y lo segundo porque el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico corresponde a las instancias de seguridad pública como PGR, procuradurías estatales y policías y al involucrarse en tareas que no le corresponden, corre el riesgo de ser penetrado por los narcotraficantes.

     El mandato y atribuciones del CISEN se encuentran en la Ley de Seguridad Nacional, que más que una Ley sobre la materia es una Ley que regula al CISEN. Sus tareas, entre otras, consisten en identificar los riesgos que enfrenta la seguridad nacional y generar inteligencia sobre aquellos factores que constituyan amenazas al Estado mexicano. Por ejemplo, movimientos subversivos que intenten tomar el poder por la vía violenta; terrorismo que trate de desestabilizar al país; gobernadores que amenacen la integridad del pacto federal; factores de poder que disputen el gobierno a las instituciones establecidas como el caso de los territorios gobernados por los narcotraficantes y sus cómplices; o bien las amenazas externas, provenientes de Estados Unidos y de la frontera sur.

     Para garantizar la sobrevivencia del CISEN es necesario que la sociedad tenga confianza en que sus labores no se apartan de su mandato y los dineros que se le asignan no se utilicen más que para el propósito legal que tienen. La investigación que se realice sobre este caso de espionaje ilegal deberá dejar en claro que esta institución no participó en ello y en caso contrario, se deberá sancionar a los responsables y establecer candados institucionales para que no vuelva a ocurrir. 

      También es importante que rindan cuentas sobre el uso de la partida de seguridad nacional y que lo revisen los entes fiscalizadores responsables sin comprometer el secreto que debe ser guardado en estos casos. Sería muy desafortunado que la partida de seguridad nacional que ya alcanzó montos superiores a los 10 mil millones de pesos se convierta en la nueva partida secreta que antes tenía la Presidencia y de la que tanto se abusó, al grado que el presidente Zedillo la desapareció.

     El que el CISEN espíe no debe sorprender ya que es parte de sus tareas como ocurre con todos los órganos de inteligencia en el mundo. Para ello es necesario que utilice herramientas sofisticadas, como el software Pegasus. Lo que es muy grave es que ese espionaje se realice sobre objetivos que no tienen nada que ver con proteger la seguridad nacional y que además se realicen de forma ilegal.   

      El Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene una gran tarea para vigilar que el CISEN no se desvíe de su mandato. De la misma forma, la Secretaría de la Función Pública a través de su Órgano Interno de Control en el CISEN, podría fiscalizar los recursos del Centro y asegurarse que se les de buen uso.

      No es desapareciendo a una institución indispensable para el Estado mexicano como se podría evitar su mal uso sino asegurándose de que rinda cuentas y si fuera el caso, de que no se desvíe de las tareas que le encomendó la Ley.

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COLABORACIÓN EN LA SILLA ROTA

A partir del pasado 3 de julio inicié mi colaboración en el medio digital La Silla Rota, donde aparecerán mis artículos los lunes, cada quincena, en la Sección Opinión. Gracias por seguirme.

DISTRACCIONES EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

     El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no acaba de nacer y ya está siendo objeto de disputas entre los responsables de su implantación y operación.   Por una parte la sociedad civil ha criticado el procedimiento de selección de los 18 nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que estarán encargados de llevar el tema anticorrupción, así como por el retraso de 3 años en nombrar al fiscal anticorrupción; por otra parte el Senador Pablo Escudero, presidente del Senado y otras personas de las cuales el  periódico El Universal se ha convertido en canal de difusión, se han quejado de favoritismos y conflictos de interés  en el nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Antes también se cuestionó el nombramiento del Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo del SNA.  Si bien el Sistema tiene deficiencias, debería dársele prioridad a terminar de integrarlo con los nombramientos pendientes, darle oportunidad de empezar a funcionar y no distraerse con estas disputas estériles.

     Las críticas contra el Senado, por el proceso de selección de los magistrados y el retraso en el nombramiento del fiscal anticorrupción llevan ya meses. Pero ahora se han enfocado contra la sociedad civil que participa en el Sistema Anticorrupción. Una de ellas tuvo que ver con el proceso de selección del Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo del SNA, cuando el Comité de Participación Ciudadana seleccionó la terna que se propuso al Comité Coordinador del SNA sin haber transparentado los criterios para dicha selección. Fue hasta que surgieron las primeras inconformidades por la falta de transparencia, que se publicaron las evaluaciones de los once finalistas para explicar cómo se llegó a la terna. Sin embargo, a la fecha sigue pendiente que el Comité Coordinador explique las razones por las cuales seleccionó al Lic. Ricardo Salgado Perrilliat como Secretario Técnico y por qué descartó a los otros dos candidatos.

    Otro asunto que ha estado en los medios recientemente es que uno de los candidatos al Comité de Participación Ciudadana y que no fue seleccionado a pesar de tener mejor evaluación que una de las elegidas, se inconformó diciendo que había sido un proceso parcial. Y es que uno de los problemas fue que los miembros de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana pudieron tener  conflicto de interés debido a que intervinieron en el proceso de selección aún cuando los candidatos formaban parte de sus propias organizaciones. El Senador Pablo Escudero reaccionó diciendo que había focos amarillos en la actuación de dicho Comité (http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/1/preocupa-al-senado-sistema-anticorrupcion ).   Esto provocó airadas respuestas por parte de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil aludidas, llegando algunos de ellos a renunciar a sus colaboraciones en el periódico El Universal al acusarlo de ser una campaña orquestada por ese periódico. Habría que analizar si hubo conflicto de interés en la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y si se dejaron o no fuera a mejores candidatos, para en el futuro, perfeccionar este proceso de selección.  

     Finalmente otro de los acontecimientos  que han causado molestia entre las organizaciones de la sociedad civil es que la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y representante del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, le propuso a dicho Comité que se hiciera un exhorto a las autoridades competentes para investigar el caso del espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción,  iniciativa que fue rechazada por el resto del Comité Coordinador argumentando que no se trataba de un caso de corrupción y que por lo tanto estaba más allá de sus atribuciones. Quizá haría falta que el Comité Coordinador se pusiera de acuerdo en definir que entienden por casos de corrupción.  

     Algunas reflexiones son:

·         

•        Al realizar tareas de gobierno, los miembros de la sociedad civil que participan en el Sistema Anticorrupción (Se les pagan honorarios y se les considera servidores públicos de acuerdo con la Constitución, para efectos de responsabilidades administrativas), están sujetos a las mismas críticas que cualquier otro funcionario público.

•          La tarea muy valiosa de la sociedad civil ha sido tradicionalmente criticar y exponer las debilidades que tiene el gobierno, pero ahora que ya realizan tareas sustantivas en él, les toca recibir las críticas. Habrá que acostumbrarse. 

•          Quizá todos tienen algo de razón y habrá que mejorar los procesos de selección.

     Pero todo esto no es lo importante y se convierte en distracciones que apartan de las tareas urgentes que el Sistema Anticorrupción debe realizar. Todos los días surgen noticias sobre actos significativos de corrupción. Basta leer las investigaciones periodísticas, por ejemplo, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con los cuales el Comité de Participación Ciudadana tendría para realizar exhortos diarios al Comité Coordinador para que las instituciones que lo integran se pongan a trabajar en ellos. O bien, definir cómo se va a operar la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, ahora que el número de personas obligadas a presentarla pasa de 200 mil a 5 millones a parir del próximo 19 de julio.

     Hay demasiados pendientes y estas disputas y distracciones entre actores clave del Sistema Anticorrupción a quien más le sirven es a los corruptos. El mejor antídoto contra las críticas al SNA será que pronto haya resultados positivos en el combate a la corrupción.

 Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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INSTITUCIONES EN RIESGO POR ESPIONAJE

Por: Octavio Díaz García de León

      Hace unos días el periódico The New York Times publicó en su primera plana un artículo donde revelaba el espionaje que supuestamente agencias del gobierno mexicano realizaban a periodistas, activistas de derechos humanos, expertos anti corrupción y a algunos de sus familiares. El espionaje se realizó mediante la infiltración en los teléfonos “inteligentes” de estas personas, de un software llamado Pegasus, el cual les extrae toda la información y los convierte en instrumentos de espionaje permanente. Los autores del artículo suponen que el espía fue el gobierno federal porque, según lo dicho por el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, esta solo vende a instituciones de gobierno y únicamente para combatir delincuentes y terroristas. Según otras notas periodísticas, la empresa les vendió esta plataforma a tres instancias del gobierno federal.

     El incidente es muy lamentable. Primero por tratarse de un acto ilegal, ya que la intervención de comunicaciones solo se puede hacer con orden de juez y segundo, de ser cierto que lo hicieron instancias de gobierno, éstas se habrían apartado de su mandato que consiste en recabar inteligencia solo de aquellos que representen una amenaza a la seguridad pública o nacional, que no es el caso de los espiados. Urge pues se investigue lo sucedido, empezando por determinar si el proveedor efectivamente solo le vendió al gobierno federal, o también a algún gobierno estatal y/o a particulares. Un aspecto de la mayor importancia es quien hará la investigación, ya que se ha cuestionado que lo haga la PGR dado que es usuaria de Pegasus. 

     Las otras instituciones que adquirieron este software fueron la SEDENA y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).  En particular el CISEN siempre resulta sospechoso porque las labores de inteligencia que realiza, contemplan la intervención de comunicaciones.

    El CISEN se creó en 1989, fusionando a las direcciones generales de Investigación y Seguridad Nacional y la de Investigaciones Políticas y Sociales ambas de la Secretaría de Gobernación. Cuando el presidente Fox llega a la presidencia, intentó desaparecer al CISEN por considerar que más que estar al servicio del Estado mexicano protegiendo la seguridad nacional, estaba dedicado a espiar a los adversarios políticos del régimen, entre ellos al propio Fox cuando era candidato. Lo que sí ocurrió ese sexenio, fue un desmantelamiento que lo debilitó mucho.

      El CISEN sobrevivió al gobierno de Fox y se ha fortalecido mucho en los últimos dos sexenios. En el actual su presupuesto aumentó de manera extraordinaria, especialmente a través de la partida de seguridad nacional, la cual llegó a ascender a casi dos veces el presupuesto normal del CISEN. La partida de seguridad nacional se maneja con absoluta secrecía y casi no se rinden cuentas sobre su uso. Tan solo en 2015 el CISEN, ejerció 4.2 mil millones de pesos en esta partida, siendo que el sexenio pasado no pasaba de 150 millones de pesos por año.

     El CISEN es una gran institución del Estado mexicano cuya existencia no se debería poner en entredicho como lo ha hecho López Obrador, quien piensa desaparecerlo. Su permanencia es necesaria porque México, como cualquier nación del mundo, está obligado a proteger su seguridad nacional y los organismos de inteligencia son pieza clave para hacerlo.  

     El problema es que, así como para la DFS fueron factores para su desaparición, el CISEN también podría destruirse si se le dedicara a realizar espionaje político y   labores de combate al narcotráfico. Lo primero porque es ilegal y lo segundo porque el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico corresponde a las instancias de seguridad pública como PGR, procuradurías estatales y policías y al involucrarse en tareas que no le corresponden, corre el riesgo de ser penetrado por los narcotraficantes.

     El mandato y atribuciones del CISEN se encuentran en la Ley de Seguridad Nacional. Sus tareas, entre otras, consisten en identificar los riesgos que enfrenta la seguridad nacional y generar inteligencia sobre aquellos factores que constituyan amenazas al Estado mexicano. Por ejemplo, movimientos subversivos que intenten tomar el poder por la vía violenta; terrorismo que trate de desestabilizar al país; gobernadores que amenacen la integridad del pacto federal; o bien las amenazas externas, provenientes de Estados Unidos y de la frontera sur.

     Para garantizar la sobrevivencia del CISEN es necesario que la sociedad tenga confianza en que sus labores no se apartan de su mandato y los dineros que se le asignan no se utilicen más que para el propósito legal que tienen. La investigación que se realice sobre este caso de espionaje ilegal deberá dejar en claro que esta institución no participó en ello y en caso contrario, se deberá sancionar a los responsables y establecer candados institucionales para que no vuelva a ocurrir. 

     El Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene una gran tarea para vigilar que el CISEN no se desvíe de su mandato. No es desapareciendo a una institución indispensable para el Estado mexicano como se podría evitar su mal uso sino asegurándose de que rinda cuentas y si fuera el caso, de que no se desvíe de las tareas que le encomendó la Ley.  

 Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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PREVENIR EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Por: Octavio Díaz García de León

      La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) entra en vigor el próximo 19 de julio después de un año de ser promulgada.  Entre los aspectos controvertidos que tuvo inicialmente esta Ley era la obligación de publicar las declaraciones de situación patrimonial, de posibles conflictos de interés y la fiscal de todos aquellos obligados a presentarlas. Dicha disposición fue modificada mediante veto presidencial, dejando en manos del trabajador del gobierno la decisión de si quiere hacer o no pública esa información.  Esta modificación a la Ley fue impugnada ante la Suprema Corte por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes pretendían que forzosamente se hicieran pública esas declaraciones. Hace unos días la Suprema Corte determinó que no procedía la impugnación, quedando protegidos esos datos si así lo considera el declarante.

      La obligación de presentar declaraciones patrimoniales en México viene por lo menos desde la primera Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos promulgada el 31 de diciembre de 1982, la cual obligaba a presentarla a los funcionarios de cierto nivel jerárquico hacia arriba o a quienes realizaban labores de inspección, vigilancia o manejo de valores. A nivel federal, la Secretaría de Contraloría, hoy Secretaría de la Función Pública, se ha encargado desde entonces de recabar dichas declaraciones: la de inicio, conclusión y la de modificación patrimonial.  Los otros poderes federales tienen procedimientos diferentes para recabar dicha información, pero sus funcionarios también tienen la obligación de presentarla.  

     ¿Cuál es el objeto de que los trabajadores del gobierno presenten sus 3 de 3? El propósito es detectar enriquecimiento ilícito, identificar negocios donde el servidor público tuviera interés y se viera beneficiado indebidamente al usar su puesto, y verificar que sus declaraciones de impuestos sean congruentes con sus ingresos.

     La idea de publicarlas tiene por objeto que la sociedad pudiera revisar esta información y detectar aquellos casos donde la vida que se da el funcionario sea notoriamente incongruente con los ingresos que percibe, con lo cual los ciudadanos podrían denunciarlo ante las autoridades para que se investigue. Sin embargo, ya vimos que, con la decisión de la Suprema Corte, la publicidad de esta información dependerá de si el funcionario quiere hacerlo.

    Tuve la oportunidad de conocer las experiencias de Francia y Rumania respecto a las declaraciones patrimoniales, las cuales han sido muy exitosas dado que ha servido para procesar a funcionarios, ya sea porque no presentan datos fidedignos en sus declaraciones ocultando sus ingresos y bienes o porque a través de ellas se han detectado situaciones irregulares lo cual quiere decir que en México también podría funcionar para reducir la corrupción si se hace adecuadamente.

    Si bien la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial tiene por lo menos 35 años en México, con la nueva Ley 3 de 3, viene un gran cambio ya que el número de personas obligadas a presentar sus declaraciones pasará de 200 mil a alrededor de 5 millones. Es decir, cualquier persona que trabaje en el gobierno deberá presentar estas declaraciones (La declaración fiscal solo aquellos que estén obligados). En esa lista se encuentran todos los trabajadores al servicio del Estado, por ejemplo, soldados, policías, maestros, carteros, enfermeras, médicos, mensajeros, choferes, trabajadores sindicalizados de cualquier tipo, marinos, oficinistas, secretarios, directores generales, ministros, magistrados, diputados, senadores y hasta el presidente.

    Quizá valdría la pena, antes de pasar a su total implementación, hacer un diagnóstico de que tanto han servido estas declaraciones para combatir a la corrupción en los últimos 35 años y ver que necesita mejorarse para que realmente cumpla con su objetivo.

     Un aspecto que impactará en la eficacia de esta medida será el tener los medios para establecerla, dado el enorme crecimiento del número de quienes estarán obligados. Se deberán recabar 5 millones de declaraciones para lo cual se requerirá tener preparados los sistemas de cómputo para recibir y procesar esta información. Luego se deberá contar con la capacidad para investigar la veracidad de dicha información.  Para ello será necesario tener acceso a las bases de datos que contengan información patrimonial (Registros públicos de la propiedad y del comercio, registros vehiculares, cuentas bancarias, etc.) para cruzarlas con las declaraciones patrimoniales y detectar las inconsistencias. También se tendrá que investigar en campo las declaraciones para verificar que sean verídicas, para lo cual se requerirán muestreos aleatorios ya que será imposible revisar al 100%.

    Para hacer más eficaz el manejo y análisis de las declaraciones patrimoniales sería conveniente tener diferentes tipos de formatos para recabar la información. Esto se haría segmentando a los sujetos obligados de acuerdo a un mapa de riesgos. Podría haber tres tipos de formatos: los funcionarios más expuestos, dados los montos que manejan y las oportunidades que tienen para cometer actos de corrupción; los que están expuestos a la pequeña corrupción como policías, inspectores, etc., y los que prácticamente no tienen riesgo. Para estos últimos se debería replantear si es necesario que la presenten.

    Este es uno más de los retos que enfrentará el Sistema Nacional Anticorrupción a partir del 19 de julio de este año. Ojalá no se pierda de vista que el objetivo de las declaraciones patrimoniales es la detección de actos de corrupción y no un trámite burocrático más.

Las opiniones en esta columna son a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución..

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SEGUIR LA PISTA DEL DINERO

Por: Octavio Díaz García de León

    En las novelas de detectives una de las recomendaciones para resolver el misterio que plantea su trama suele ser “busca a la mujer” (Cherchez la femme) implicando que detrás de cualquier problema o misterio, la causa suele ser una dama. En los misterios que rodean a la corrupción, un buen lugar por donde empezar es “seguir al dinero” (Aunque no es mala idea buscar también a la dama).

    Por su naturaleza, el dinero de la corrupción no desfila a la vista de todo mundo, pero deja huella. Aunque los actos de corrupción se intentan disimular y  se les suele representar como una acción  “en lo oscurito”, “por debajo de la mesa”, con un billete escondido en la mano al saludar o  un favor discreto para ayudar al amigo a cambio de un dinero, de alguna manera la corrupción se deja entrever y por ello los investigadores de actos de corrupción requieren tener la habilidad para detectar esas señales que indican que los ingresos del personaje no concuerdan con sus gastos para investigarlos a fondo.   

   Desde luego no se puede ocultar totalmente el dinero producto de la corrupción. ¿Para qué robar dinero si no se puede usar para comprar todo tipo de cosas o para darse vida de rey en viajes de lujo o para tirar el dinero en los mejores casinos del mundo? ¿Qué caso tendría dedicar el ingenio y arriesgar (No mucho, por cierto) el pellejo solo para guardar el dinero bajo el colchón?

     En este sentido las leyes de transparencia son un auxiliar para que la sociedad pueda conocer si los funcionarios públicos viven de manera congruente con sus ingresos.  Por ello son importantes las iniciativas que piden publicitar los ingresos y los bienes que tienen los funcionarios públicos. Claro, esto no sirve si no hay una sociedad observante de estos comportamientos irregulares de los funcionarios que denuncie los comportamientos sospechosos, de alguien que verifique que lo que declaran los funcionarios sea cierto y de la existencia de autoridades competentes dispuestas a investigar a fondo.    

    Desafortunadamente son pocas las denuncias ciudadanas respecto a fortunas que surgen aparentemente de la nada, o bien estas no tienen consecuencias porque no se investigan apropiadamente.  Afortunadamente los periodistas sí usan las leyes de transparencia y son quienes con más fuerza han denunciado actos de corrupción.  Falta una respuesta más contundente de las autoridades ante estas denuncias.

    Si bien el papel de los ciudadanos es importante, serán los investigadores especializados en temas de corrupción quienes deberán ser capaces de descubrir las rutas del dinero mal habido y procesar a los presuntos culpables. Para ello sus investigaciones deberán desarrollarse en torno a aspectos tales como:

   Movimientos de dinero. La Secretaría de Hacienda (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen todas las herramientas para detectar movimientos sospechosos de dinero. Si bien la SHCP no es parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sería conveniente que la SHCP proporcione todas las facilidades para tener acceso a la información financiera de funcionarios que se sospeche realizan actos de corrupción.

    Adquisición de bienes.  Para identificar movimientos ilícitos en materia de adquisición de inmuebles hace falta tener acceso a los registros públicos de la propiedad para identificar las propiedades no solo de los funcionarios, sino de su red de vínculos. Armar una red de vínculos requerirá realizar labores de inteligencia, pero el conocer estas redes es una herramienta indispensable para seguir la pista del dinero.  También se deberán aplicar técnicas para la detección de operaciones de lavado de dinero. Los corruptos en realidad no se distinguen de los delincuentes de otro tipo: realizan sus fechorías para obtener recursos que luego intentan legitimar mediante el lavado.   

   Por lo que respecta a la adquisición de otro tipo de bienes tales como automóviles, yates o aviones habrá que recurrir a los registros gubernamentales respectivos para ver si son propiedad de los funcionarios o de su red de vínculos.  En el caso de joyas, obras de arte y metales preciosos, se deberían establecer mecanismos para reportar operaciones de compra/venta que por su cuantía se pudieran clasificar como operaciones relevantes, tal y como se hace con los movimientos bancarios. Podrían ser, por ejemplo, aquellas operaciones con montos superiores a los 100 mil pesos.

   Inversión en empresas. Se deberá investigar las actividades empresariales de los funcionarios y sus redes de vínculos consultando los registros públicos de comercio, sus actividades mediante sus declaraciones fiscales y ver si tienen actividades legítimas a través de las cámaras industriales y de comercio.

    Una de las grandes motivaciones de las personas que se corrompen es el obtener dinero y bienes para su uso personal. Para detectar casos de corrupción, se requiere seguir la pista del dinero y sus transformaciones en bienes de todo tipo. Por ello sería conveniente que la Secretaría Ejecutiva del SNA, así como las nuevas autoridades investigadoras que existirán en algunas de las instancias del SNA, cuenten con investigadores especializados en lavado de dinero y sean capaces de identificar actos de enriquecimiento ilícito en el patrimonio de los funcionarios corruptos y sus redes. Este será uno más de los retos que enfrente el Sistema Nacional Anticorrupción.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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QUE SIGUE EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Por: Octavio Díaz García de León

       Todos los días surgen noticias sobre problemas de corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción está lejos de entrar en funcionamiento.  Organizaciones como mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el periódico en internet Animal Político y en general los medios de comunicación, constantemente reportan casos de corrupción. Uno de los más recientes se refiere a sobornos que la empresa brasileña Odebrecht le dio al gobierno de Michoacán encabezado entonces por el perredista Leonel Godoy. Por su parte, en las recientes elecciones estatales, las acusaciones de compra de votos, cuyos recursos seguramente vienen de actos de corrupción, fueron denunciados durante los procesos electorales.

      Pero sigue sin haber consecuencias. Las denuncias públicas no se traducen en casos administrativos o penales que lleven a los acusados a proceso. La captura del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en Panamá es un avance, pero aún está por verse que vengan a dar a una cárcel mexicana los ex gobernadores que saquearon a sus estados.

     La semana pasada se nombró al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pero la lista de nombramientos pendientes en el Sistema sigue siendo larga: el fiscal anticorrupción, los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el nombramiento de contralores en los órganos autónomos. Tan solo armar la estructura de la Secretaría Ejecutiva del SNA, requerirá incorporar una plantilla de alrededor de 200 personas. Todo ello ha tomado demasiado tiempo y tomará más. Lo malo es que las expectativas son muy altas y la paciencia de la sociedad muy corta.

      En esta nueva etapa de combate a la corrupción (Desde 1982 ha habido muchos intentos por combatirla desde adentro del gobierno) la sociedad civil ha asumido un papel protagónico, tanto en el diseño de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) como por su participación en el Comité de Participación Ciudadana del SNA y al haber asumido la presidencia del Comité Coordinador de dicho Sistema.

     Con ello la sociedad civil asume una función de gobierno y una gran responsabilidad por dar resultados. Se pone a prueba su capacidad de gestión, primero para conseguir recursos para operar y luego para mover a las estructuras burocráticas que coordinan. Ambos resultan un reto tal que en ello suelen fracasar hasta los burócratas y políticos más avezados.    

     La apuesta para la sociedad civil es elevada. Si da resultados pronto, se abrirán más caminos para que autoridades no elegidas por la vía electoral sino por procesos meritocráticos o en base a cuotas partidistas, lleven a cabo funciones de gobierno. De darse por la vía meritocrática, entonces el ideal de Platón en su República se podría ver cristalizado con el gobierno de los filósofos desplazando a los políticos de sus funciones tradicionales. De darse el segundo caso, se pueden poner en riesgo las instituciones al nombrar personas que tomarán decisiones con criterios políticos y no técnicos. Por otra parte, de no tener éxito el experimento de llevar al poder a la sociedad civil, se podría dañar el papel de esta en temas de gobierno y ser ignorados en el futuro.  

     Por lo pronto y ya puestos en la realidad cotidiana, el Comité Coordinador del SNA tiene que moverse muy rápido para lograr resultados. Por principio de cuentas tiene que coordinar a instituciones muy bien establecidas, con sus propias agendas y mandatos, los cuales actualmente no están alineados al propósito de combatir a la corrupción sino con las tareas propias que les dan las leyes que los rigen. También deberán vencer intereses creados de todo tipo, redes de protección entre funcionarios y otros obstáculos que serán difíciles de vencer.  Sin embargo, les ayudaría que se dieran unos golpes rápidos contra la corrupción y se publicitaran adecuadamente.

    Empezando por pedir resultados inmediatos sobre los casos más notorios como el de Odebrecht, empresa que a la fecha sigue sin ser inhabilitada, la farmacéutica Teva, el caso de CAPUFE, el uso para efectos personales de helicópteros por parte del ex director de PEMEX que denunció la Auditoría Superior de la Federación, etc.  

     Los brazos operativos del SNA, tanto la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control junto con la Auditoría Superior de la Federación seguramente tienen casos de corrupción ya identificados cuya judicialización se puede concretar en el muy corto plazo. Ya se ha visto que aun sin Fiscal Anticorrupción, la PGR ha podido realizar acciones para que se capturen a los ex gobernadores prófugos y sus colaboradores, así que solo se requiere procesar los casos que ya están maduros. 

    El Comité Coordinador podría darles seguimiento puntual a esos casos relevantes. Si bien la Secretaría de Hacienda no es parte del Comité Coordinador del SNA, la información que tienen el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera permitiría seguir la huella del dinero mal habido de los corruptos con lo que se solidificarían los casos más notorios.

     El Comité Coordinador del SNA se podría empezar a colgar algunas medallas de los asuntos relevantes que las instituciones bajo su Coordinación ya están cocinando y con ello ganar credibilidad para mostrar que el SNA puede dar resultados rápidos. Ojalá lo hagan pronto y no sigan esperando otras cosas.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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