Por: Octavio Díaz García de León
@octaviodiazg
La idea: Una de las
principales banderas del presidente López Obrador ha sido el combate a la
corrupción. A un año de haber iniciado su gobierno hay muestras claras de que
se está combatiendo. Si bien otros asuntos empiezan a dominar las noticias, el
combate a la corrupción debe seguir siendo una prioridad.
Este primer año de gobierno fue abundante en investigaciones
sobre casos de corrupción. Aunque diversas instancias han estado trabajando en
el combate a la corrupción, ha destacado la labor de la Unidad de
Inteligencia Financiera. Por lo menos los casos más sonados en los medios
de comunicación han derivado de investigaciones que lleva a cabo esta Unidad.
Sin embargo, la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) también ha sido relevante, no solo
porque se combaten casos de la administración pasada sino porque también se
investiga a funcionarios de la presente
administración tales como las denuncias
a “superdelegados” y otros funcionarios del actual régimen, con lo cual
demuestra su independencia.
También ha habido iniciativas importantes desde la SFP tales como
el lanzamiento de la plataforma “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de
la Corrupción”, la propuesta de los cinco ejes estratégicos de la Secretaría y el
lanzamiento reciente de la APP para celulares “Denuncia Paisano” con la cual los
paisanos que vienen a visitar a sus familiares esta temporada navideña, podrán
denunciar actos de corrupción.
Los Órganos Internos de Control (OIC) que dependen de la
Secretaría de la Función Pública aún
están en proceso de ajuste debido a que aún no se ha completado el nombramiento de titulares no solo de los OIC sino de los titulares
de siguiente nivel jerárquico (Auditoría, Quejas y Responsabilidades).
Para ello la secretaria, Dra.
Irma Eréndira Sandoval, ha anunciado que privilegiará que dichos puestos
sean ocupados por mujeres y hará una convocatoria para concursar esas
vacantes.
Un aspecto alentador es que la secretaria Sandoval, no permitió que se
le impusiera el nombramiento de los titulares de los OIC y les está dando mayor
independencia a estos órganos al hacer que presupuestalmente dependan
directamente de la SFP, además de la independencia técnica y jerárquica que ya
tenían.
Sin embargo, la reducción de 20% del personal de estructura en
los OIC por razones de austeridad, junto con la desaparición de los titulares
de las áreas de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, ha
reducido las capacidades de respuesta y saturado de trabajo a algunos OIC.
Para hacer frente a la reducción de personal en los OIC será necesario
que la SFP revise sus formas de operación a fin de hacer más eficaz el trabajo.
Por ejemplo, en administraciones anteriores se sobrecargó de tareas
a los OIC, las cuales no tenían impacto relevante en las instituciones; algunas
de estas tareas se continúan realizando. Por otra parte, las demandas constantes de información por
parte de oficinas centrales de la SFP los limitan en su operación cotidiana.
En ese sentido sería conveniente
romper inercias del pasado, abandonar programas que no agregan valor y
mejorar los sistemas de información de la SFP para evitar estar pidiendo
información a los OIC, la cual, en la
mayoría de los casos, se encuentra en las bases de datos de sus oficinas
centrales.
Otro aspecto es el que se incluya en los planes de trabajo de los OIC
más auditorías al desempeño. Sin embargo, ante la carencia de
objetivos adecuados en las entidades y dependencias, estas auditorías
resultarán de poco impacto si antes no se establecen programas y objetivos alineados
al Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales. Dado que eso no
ocurrió en 2019, incluir este tipo de auditorías en 2020 para revisar este año
que termina, probablemente no dé muchos resultados.
Si lo que se quiere es privilegiar el combate a la corrupción, se
podrían impulsar la realización de más auditorías del tipo de cumplimiento
financiero y normativo e incluso auditorías forenses.
Otro aspecto que hace falta para impulsar la lucha contra la corrupción
es reforzar el área de investigaciones especiales de la SFP, desarrollar
habilidades de investigación en las áreas de Quejas de los OIC y proporcionar
herramientas para realizar esas tareas.
Por su parte, el Sistema Nacional Anticorrupción se ha visto
poco y no se percibe que dé resultados. Dicho Sistema ha quedado trunco porque
siguen sin nombrarse los magistrados anticorrupción en el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa y si bien ha
habido reuniones del Comité Coordinador, no han salido acciones de impacto de
dichas reuniones.
Un avance fue ponerse de acuerdo en los formatos para la declaración
de situación patrimonial, pero un gran reto será ver si la información de
dichas declaraciones, que es aportada por el servidor público, podrá
verificarse para detectar enriquecimiento ilícito. En contraste, la Política Nacional Anticorrupción
sigue sin aprobarse.
Este año ha sido de grandes cambios para reorientar a las
instituciones a una política de austeridad e integridad en la gestión pública. El
reto para el año que viene será dar más y mejores resultados en el combate a la
corrupción sin deteriorar los servicios públicos.
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