Por:
Octavio Díaz García de León
En una manifestación inédita en nuestro país ya van 634,143
personas que se unieron para protestar de una manera pacífica y propositiva
contra la corrupción, impulsando con su firma una nueva Ley General de
Responsabilidades Administrativas, también conocida como “Ley 3de3”. Esta
iniciativa de Ley por primera vez tipifica actos de corrupción, establece
sanciones contra los mismos y propone que todo servidor público y persona que
maneje dinero del erario haga públicas sus declaraciones de situación
patrimonial, conflicto de interés y la de impuestos, entre otras disposiciones
novedosas. De aprobarse esta Ley, deberán modificarse la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las equivalentes
en los estados, todas ellas, leyes que complementan al Título Cuarto de nuestra
Constitución.
En la elaboración de la iniciativa de Ley 3de3 participaron
expertos de diversas organizaciones civiles e instituciones académicas. Entre
ellos, Juan Pardinas y Max Kaiser del IMCO, Eduardo Bohórquez de Transparencia
Mexicana, Enrique Cárdenas del Centro de Estudios Espinoza Yglesias, Lourdes Morales
y Mauricio Merino del CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas, entre otros
(http://ley3de3.mx/es/quienes-somos/). Además, muchos de ellos también
fueron grandes impulsores de la reforma constitucional anticorrupción
promulgada el 28 de mayo del año pasado que creó el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Pero esta propuesta
de Ley no es la única que está a discusión estos días. Se estima que, para
completar la reforma constitucional anticorrupción, es necesario modificar o
promulgar alrededor de 20 leyes secundarias. En otro ejercicio muy novedoso, el
Senado de la República ha aceptado la propuesta de que las organizaciones de la
sociedad civil y los expertos participen en la elaboración de la Ley 3de3 y en
las reformas constitucionales anticorrupción con criterios de parlamento
abierto, con lo cual el proceso legislativo se ha enriquecido.
Se propusieron 5 mesas de trabajo en el Senado para
discutir temas como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley
3de3, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, el fortalecimiento de la
Fiscalía Anticorrupción, el fortalecimiento de la fiscalización, las
modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para revivir
a la Secretaría de la Función Pública y a los Órganos Internos de Control que
ya habían desaparecido. Estas mesas iniciaron trabajos a partir del pasado 11
de abril en el Senado y se pueden seguir sus discusiones (http://ley3de3.mx/es/discusion-de-las-leyes-anticorrupcion-en-el-senado/)
También es de resaltarse el foro que organizó el Instituto Nacional
de Acceso a la Información (INAI), “La Información en el Combate a la
Corrupción” organizado por el comisionado Joel Salas y que convocó a la
sociedad a discutir el tema de la transparencia y el combate a la corrupción.
En este foro se mencionó que el acceso a la información no ha tenido impacto
para disminuir la corrupción en nuestro país y se requiere una participación más
activa de la sociedad para que use la información disponible, gracias a la Ley
de Transparencia, en el combate a la corrupción. El INAI, aunque no es parte del Sistema
Nacional Anticorrupción, debe jugar un papel muy relevante en el combate a la
corrupción y este foro le ha señalado el rumbo (http://eventos.inai.org.mx/comonosarreglamos/).
Ha existido por siglos en nuestro país una cierta
tolerancia por parte de la sociedad a los actos de corrupción. Inclusive existe
una cierta presión social para cometerlos, como cuando el funcionario se siente
obligado a recibir un regalo de un proveedor, por no ofenderlo o por no parecer
como tonto ante los ojos de sus compañeros si lo rechazara. Pero la
intolerancia contra la corrupción ha crecido desde hace año y medio a raíz de numerosos
escándalos que han visto la luz pública y es que la corrupción permea en todos
los niveles de gobierno, en los tres poderes, en los partidos políticos, en los
sindicatos, entre los empresarios y de hecho invade a buena parte de la
sociedad. La corrupción daña a los más pobres porque es un “impuesto” regresivo,
a veces excesivo, y en general impide el desarrollo económico del país.
A través de los años el gobierno ha respondido de manera
parcial a este reclamo. En respuesta a los excesos del sexenio de López
Portillo, el presidente de la Madrid con su programa de “Renovación Moral de la
Sociedad” impulsó importantes iniciativas que intentaron contener la corrupción.
Cuando se dio la alternancia, el presidente Fox impulsó iniciativas como la Ley
Federal de Transparencia, la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la
creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a
la Corrupción y la agenda de Buen Gobierno. Estas iniciativas se diluyeron en
la administración del presidente Calderón ante otras prioridades. La
administración del presidente Peña empezó con la promesa de una Comisión Nacional
Anticorrupción que no se concretó y que apenas está tratando de remediarse.
La sociedad se ha vuelto cada vez más intolerante a la
corrupción porque es un fenómeno que afecta a todos los mexicanos en su
economía, en el buen desempeño del gobierno y corroe el tejido social. Ojalá
que el respaldo de más de medio millón de personas a las iniciativas de los
expertos se traduzca en un andamiaje legal que permita reforzar el combate a la
corrupción y que en la próxima administración federal (porque quizá ya no dará
tiempo en esta) se combata a fondo este fenómeno que tanto daña al país.
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Twitter: @octaviodiazg
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