Por:
Octavio Díaz García de León
Recientemente se dieron a conocer documentos confidenciales
del despacho de abogados Mossack Fonseca radicado en Panamá (“Los Papeles de
Panamá”), el cual se especializa en servicios financieros para individuos con grandes
capitales y quienes buscan minimizar o evadir pagos al fisco en sus países de
origen, ocultar fortunas, llevar su dinero a lugares más seguros, e incluso,
lavar dinero; todo ello mediante la
creación de empresas fantasma y el depósito de dinero en bancos ubicados en
paraísos fiscales, entre otros esquemas financieros y legales.
La cantidad de
información confidencial filtrada a los medios de comunicación, la cual
asciende a 2.6 terabytes y equivale a once millones de documentos, supera por mucho,
otros casos de filtraciones notables como la revelación que hizo Wikileaks de archivos
diplomáticos secretos de Estados Unidos. La información proveniente del despacho
panameño, se entregó en primera instancia a un periódico alemán, el
Sueddeutsche Zeitung, quien a su vez lo compartió con el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación - un grupo de 107 periodistas de 78
países - para que ayudaran en el análisis de esta información masiva.
Si bien el establecer empresas y trasladar fondos a
paraísos fiscales no es en sí mismo un delito, lo que resulta interesante de la
información filtrada, es que quienes recurren a estos esquemas, no siempre lo
hacen por motivos legítimos. Interesante conocer, por ejemplo, el origen de la
riqueza de estos individuos. Esto es importante en el caso de políticos,
quienes se supone viven de sus sueldos como servidores públicos y que sin
embargo llegan a acumular fortunas inexplicables.
Los “Papeles de Panamá” involucran a
políticos muy importantes de todo el mundo. Por lo menos hay documentos
pertenecientes a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas de 50
países, quienes participan o han participado en sociedades radicadas en 21
paraísos fiscales distintos. Entre ellos se encuentran 12 jefes y ex jefes de
estado, tales como el presidente de Argentina, Mauricio Macri,
el primer ministro de Islandia Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson (quien
tuvo que renunciar a raíz de estas revelaciones), el presidente de
Ucrania Petró Poroshenkoy la familia del primer ministro
pakistaní Nawaz Sharif, entre otros. Destaca entre ellos el
círculo de amistades más cercano del presidente ruso Vladimir Putin (https://panamapapers.icij.org/20160403-putin-russia-offshore-network.html).
Por
lo que respecta a México, las autoridades hacendarias indicaron que están
investigando a 33 personas. Entre los personajes más notorios que usaron los
servicios de este despacho se encuentran Armando
Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, participante en la licitación del tren rápido de Querétaro y ligado
al caso de la “Casa Blanca” perteneciente a la esposa del presidente Peña (http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2014/11/la-casa-blanca-de-las-lomas-y-su.html). Este empresario ha sido contratista del
gobierno del Estado de México y del gobierno federal acumulando más de 800
millones de dólares en contratos. Los papeles revelan que escondió 100 millones
de dólares en negocios fantasma a través de Mossack Fonseca. Otros personajes
mencionados son Ricardo Salinas
Pliego, dueño de TV Azteca,
Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, Emilio Lozoya Austin, ex
director de Pemex, y el narcotraficante
Rafael Caro Quintero, entre otros.
Si bien es muy pronto para saber si gracias a estos documentos
filtrados se podrán imputarles delitos a los allí mencionados, es una
oportunidad para impulsar las investigaciones relacionadas con lavado de dinero,
especialmente aquél proveniente de actos de corrupción. Esto es muy importante tenerlo
en cuenta porque para actuar contra la corrupción no es necesario esperar a que
se promulguen las leyes secundarias que complementan la Reforma Constitucional Anticorrupción
de hace casi un año. Dado que lo más probable es que la legislación secundaria no
estará lista pronto y no alcanzará a estar funcionando plenamente este sexenio,
eso no impide que se investigue a funcionarios corruptos dado que ya existen leyes
e instituciones para hacerlo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar este tipo de
investigaciones y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Como toda
agencia de inteligencia, la UIF se encuentra en unas oficinas tipo bunker y
está cerca de la sede de la Comisión Nacional de Seguridad en la Cd. de México.
Está a cargo del ex procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, a quien
quizá recuerden por haber investigado el infortunado caso de la muerte de la
niña Paulette Gebara Farah, encontrada muerta en su propia recámara después de
varios días de desaparecida.
La UIF tiene entre sus funciones la de realizar labores de
inteligencia para la prevención del lavado de dinero. Establece lineamientos y
criterios para instituciones financieras, realiza labores de análisis de la
información que recaba, recoge pruebas, integra expedientes y presenta las
denuncias correspondientes ante el ministerio público. El lavado de dinero
puede provenir de actividades ilícitas como narcotráfico, secuestro y robo; de dinero
para financiar terrorismo; y aunque no esté tipificado así, también de fondos
provenientes de actos de corrupción realizados por funcionarios públicos, empresarios
cómplices y sus prestanombres.
Aunque la UIF no es parte del Sistema Nacional
Anticorrupción, constituye una herramienta fundamental para combatir la
corrupción, ya que los funcionarios públicos corruptos recurren al lavado de
dinero para ocultar sus recursos ilícitos. Ojalá que no solo se investiguen a
los personajes involucrados en el caso de los “Papeles de Panamá” sino que investigue
también a políticos cuyo enriquecimiento inexplicable los hace sospechosos de
actos de corrupción. _______________________________________________
Twitter: @octaviodiazghttp://heraldo.mx/tag/todo-terreno/ Correo: odiazgl@gmail.com
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