Por: Octavio Díaz García de León.
@octaviodiazg
Después
de la reforma en materia de transparencia al artículo 6 Constitucional el 7 de febrero de 2014, se suponía que la Ley General
respectiva debía estar lista antes de un año. Transcurrieron un año y 3 meses hasta
que el pasado 5 de mayo entró en vigor
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Bueno, es un decir
que entró en vigor. Los artículos transitorios prevén que podrá pasar hasta un
año más para que estén plenamente vigentes las disposiciones de la Ley.
Uno
de los grandes pendientes es el diseño, discusión, aprobación y promulgación de
la nueva Ley Federal de Transparencia y las correspondientes en cada una de las
entidades federativas. Otros aspectos como las obligaciones de transparencia
(todo aquello que debe estar publicado en los portales de internet de las
instituciones obligadas por la Ley) tendrán que esperar meses a que se definan
los criterios respectivos. Quedan también
pendientes la ley de protección de datos personales en posesión del gobierno y
la reforma a la ley de archivos.
Por
lo pronto el nuevo Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI, antes
IFAI) ya le informó a los Poderes Judicial y Legislativo, partidos políticos y
organismos autónomos, entre otros, que
no aplicarán esta nueva Ley hasta que estén listas las leyes secundarias
pendientes.
Las reformas en materia de transparencia son
un buen avance, pero estas ventajas están todavía a un par de años de dar
frutos. Pero hay un fenómeno preocupante. La sociedad organizada y la academia
le dieron un gran impulso a las reformas de 2003 cuando fue promulgada la
primera Ley en la materia y ese impulso duró varios años. Ese interés inicial se
ha perdido. Aunque recientemente revivió el activismo a raíz de las reformas constitucionales y la nueva Ley
General, pareciera que es un tema que empieza a pasar
de moda. Se espera ahora que el activismo venga ya no de la sociedad sino del
INAI y sus organismos equivalentes en las entidades federativas, lo que
equivale a burocratizar la promoción y ejercicio de este derecho.
Tampoco
se aprecia que las ventajas del acceso a la información gubernamental hayan
permeado a estratos más amplios de la población. Y es que no basta con tener
más transparencia y más sujetos obligados si no tenemos una sociedad que demande
esa información que deben proporcionar las instituciones y personas que manejan
recursos públicos.
El acceso a la información pública tampoco se ha
traducido en una mayor rendición de cuentas. Si bien la información podrá estar
disponible, la capacidad de analizarla sigue siendo muy limitada. Solo los
especialistas la entienden y hace falta que se involucren segmentos más amplios
de la población en su uso para reclamar mejores acciones de gobierno y aprovechamiento
de los recursos públicos. En este sentido las escuelas de educación superior
deberían introducir cursos para que sus alumnos aprendan a usar esta
información y a exigir una mayor rendición de cuentas.
Uno
de las promesas incumplidas de la transparencia es pensar que a mayor transparencia
habrá menos corrupción. Incluso los expertos confunden términos al implicar que
transparencia y lucha anticorrupción son sinónimos. Los indicios con que contamos es que a pesar
de las leyes en la materia, no se ha reflejado en reducir la corrupción y menos ahora que se
observa un repunte muy importante de la misma.
Si
bien es cierto que algunos de los casos de corrupción han podido ser descubiertos
gracias a las leyes de transparencia, las redes sociales han sido mucho más eficaces
para darlos a conocer.
El
acceso a la información pública gubernamental solo es una herramienta más para
el combate a la corrupción pero no da resultados en automático. Se tiene que
usar la información con ese propósito y exponer ante la sociedad y las autoridades los hallazgos para que se castigue a los corruptos.
Por
otra parte, después de mucho activismo
reciente por parte de la sociedad organizada y la academia, las reformas
constitucionales en materia anticorrupción fueron ya aprobadas por el Congreso Federal y en la
mayoría de los congresos estatales por lo que próximamente serán promulgadas
por el Presidente. Pero así como en el
caso de las reformas en materia de transparencia, estas reformas anticorrupción tardarán unos
tres años en estar vigentes. Luego habrá
que darles capacidades operativas a las instituciones que se pretende
fortalecer con estas reformas, tarea que probablemente quede para la próxima
administración federal en 2019. Si había
alguna expectativa de que con ellas se atacaría el fenómeno desatado de la
corrupción en un corto plazo, no va a ocurrir así. Esto no quiere decir que no
se pueda hacer algo con las instituciones que ya existen. Solo basta voluntad
política para empezar a trabajar contra la corrupción de inmediato y que la sociedad
participe en este esfuerzo.
La
paradoja está en que la sociedad espera
que el gobierno sea quien combata la corrupción al interior de sus propias
instituciones, pero si los ciudadanos no usan las leyes de transparencia y las
reformas anticorrupción, será muy
difícil que desde adentro se erradiquen los
vicios que aquejan a la burocracia. Estas reformas no darán fruto si no se da
una participación activa de la sociedad.
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