POR:
OCTAVIO DÍAZ G. L.
Twitter:
@octaviodiazg
No
cabe duda que el aeropuerto de la Ciudad de México hace muchos años que es
insuficiente, poco funcional y peligroso. Basta viajar a esa Ciudad cualquier domingo
por la noche y lo más probable es que haya demoras por exceso de tráfico. Además
existe el riesgo de los aviones que pasan por zonas muy pobladas de la capital ya
que el aeropuerto está prácticamente en medio de la ciudad. A principios de la administración del
presidente Fox se intentó construir un nuevo aeropuerto, mismo que no se pudo llevar a cabo y se optó por desarrollar aeropuertos cercanos a la Ciudad
de México y construir la Terminal 2, lo
cual solo mitigó un poco el problema. El gran cuello de botella del actual
aeropuerto son sus dos pistas, que no se
pueden usar para despegues o aterrizajes simultáneos.
Por
ello, el anuncio más importante del Segundo Informe del presidente Peña Nieto,
fue el de la construcción del nuevo
aeropuerto de la Cd. de México. Es una obra que costará alrededor de 169,000
millones de pesos (MDP) y tardará de diez a doce años. Eso sin considerar que
estas obras suelen resultar
significativamente más caras y tardar más, ya sea por malas estimaciones o por
características de la obra que solo se van descubriendo conforme avanza la
construcción. El proyecto arquitectónico costará 1,800 MDP, mismo que ya se
adjudicó, y ya se están convocando las primeras licitaciones para las obras
hidráulicas indispensables para la construcción del aeropuerto ya que es una
zona lacustre y con alto riesgo de inundaciones, las cuales costarán alrededor de 17,000 MDP.
Una
obra de esta magnitud presenta innumerables retos: de diseño, técnicos, de construcción, de transparencia y de
corrupción. En cuanto a los dos últimos aspectos existe preocupación por que no
se vayan a desviar fondos para beneficiar a funcionarios públicos o vayan a
financiar campañas políticas. También
está el riesgo de inestabilidad social derivado de las protestas de los
habitantes de Atenco, Texcoco y otros municipios aledaños a los terrenos donde
se va a construir este nuevo aeropuerto.
Para
empezar, al proceso de selección de la firma de arquitectos ganadora del
proyecto arquitectónico, le faltó transparencia. En lugar de convocar a una
licitación pública internacional, se hizo mediante el proceso de invitación a
por lo menos tres personas que en este caso fueron ocho despachos de
arquitectos. Si bien la Ley de Obras Públicas lo permite, es importante que se conozca cuales fueron las razones que se invocaron
para no licitar, de acuerdo con el Art.
42 de dicha Ley. Según declaración de
uno de los participantes - el Arq. Francisco López Guerra en “La Silla Rota” y
publicado en “elgolfo.info” – dijo que su proyecto costaría tan solo una cuarta
parte (31 mil MDP) de lo que costará la del ganador por lo que es importante
explicar los criterios por los que se asignó a un proyecto cuatro veces más caro.
El
presidente Peña ofreció que habrá total transparencia en la construcción del
aeropuerto y para ello se creó la página www.aeropuerto.gob.mx. Allí podemos encontrar, entre otras
cosas, a los 8 despachos invitados y a
los 16 miembros del Comité Honorario de Expertos que seleccionaron al ganador. Este Comité estuvo
integrado por 6 funcionarios de la SCT, dos ex jefes del actual secretario Ruiz
Esparza en la Comisión Federal de Electricidad - uno de ellos aún en dicha
empresa -, un subsecretario de
SEMARNAT, un ex subsecretario de la SCT,
cuatro presidentes y ex presidentes de colegios de profesionistas, el director
de un despacho de consultoría y un
testigo social. Por cierto, el Ing. Alfredo Elías Ayub - miembro de este Comité
- se excusó de intervenir en la opinión
final, seguramente por tener una relación familiar con el arquitecto Fernando
Romero, ganador del proyecto.
En
dicha página se habla que se evaluaron 10 factores y se utilizaron 6 criterios
pero no dice como se llegó a la decisión final. Solo se indica que fue una
decisión unánime del Comité. El proyecto se asignó al despacho encabezado por el Arq. Fernando
Romero, yerno del Ing. Carlos Slim y el más joven de los participantes,
asociado con el arquitecto británico Norman Foster de gran prestigio
internacional en materia de aeropuertos.
Quizá
hubiera sido mejor que en el Comité hubieran participado menos subordinados y
ex jefes del Secretario Ruiz Esparza y que el proceso de selección del ganador se
hubiera dado a conocer con todo detalle. También será importante conocer el
informe del testigo social que participó y esperemos que se haga público pronto.
Para lo que resta, va a ser vital el papel que jueguen los testigos sociales en
todos los procesos de licitación (La Ley obliga a que haya testigos sociales en
toda obra de más de 672.9 millones de pesos) y que las autoridades respeten su
intervención y no intenten descalificarlos como el caso de la licitación de las
tarjetas IAVE en CAPUFE – que depende de la SCT - en donde CAPUFE interpuso una queja contra la
testigo social para en su caso, proceder
legalmente contra ella, lo cual sienta
un muy mal precedente ya que por hacer su trabajo los testigos sociales se
puedan ver expuestos a represalias.
Así
que aún falta mucho para darle más transparencia al proyecto más grande de
infraestructura de esta Administración pero esperamos que mejore y sobre todo, se evite la corrupción.
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