NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

   El presidente Trump busca redefinir el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Estados Unidos ha sido un pilar en la seguridad global, desplegando su fuerza militar y promoviendo la democracia en diversas regiones, ahora parece adoptar una postura más aislacionista y perseguir nuevas ambiciones territoriales.

   La retórica y la actitud de Trump hacia Ucrania muestra un acercamiento importante con Rusia, lo que permitiría que este país avance en sus reivindicaciones territoriales y en la reconfiguración del extinto imperio soviético, a cambio de que Putin lo apoye en sus propios reclamos territoriales que incluyen el incorporar a Canadá a la “Unión Americana”, tomar el Canal de Panamá y anexarse Groenlandia, aunque dichas amenazas no se han traducido en una política formal. 

   Trump aún no ha mostrado cuáles son sus ambiciones geográficas hacia México, más allá de cambiar unilateralmente el nombre del Golfo de México,  pero no sería extraño que manifestara el querer anexarse Baja California y podría, aventurándonos un poco, decir que quiere crear un “protectorado” en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a fin de poner una barrera territorial entre su país y el sur del continente para evitar la “invasión de personas y drogas.” Suena descabellado, pero así suenan las ambiciones territoriales que ya ha manifestado.

  El impacto de estos cambios en la geopolítica mundial se traduce en algo que hasta hace unos meses se veía como impensable: la posibilidad de que México vea amenazada su seguridad nacional por parte de Estados Unidos, el cual podría intentar incursionar con su ejército en nuestro país en busca de narcotraficantes y querer apoderarse de territorio mexicano.

  Es importante recordar que la seguridad nacional se refiere a la defensa del Estado mexicano y su soberanía, mientras que la seguridad pública se enfoca en la protección de los individuos y sus propiedades. Distinguir entre ambas es fundamental para una adecuada formulación de políticas.

   En este sentido, se ha expresado en discursos oficiales y debates públicos la necesidad de reforzar nuestra soberanía nacional. Por ejemplo, recientemente se reformó la Constitución, de manera inocente, para prohibir intervenciones extranjeras. Pero a una potencia militar agresiva, lo que menos le preocuparía es cumplir con nuestras leyes. Tampoco es de esperarse un levantamiento popular generalizado contra un posible invasor, invocando nuestro himno nacional. Esto no ocurrirá,  pero si se diera algún grado de oposición impulsado por un discurso patriotero, dada la diferencia de fuerzas militares, acabaría en un baño de sangre de mexicanos, no de invasores.

  Pero las nuevas amenazas a la seguridad nacional no solo vienen del exterior. Del interior provienen las disputas por agua y tierras, la actuación en territorio nacional de servicios de inteligencia extranjeros contrarios al interés nacional, así como la presencia de grupos islámicos radicales y otras organizaciones terroristas.

   Finalmente, otro factor de preocupación es el control de extensos territorios por parte del crimen organizado como ha ocurrido en el “Triángulo Dorado”, ubicado en la confluencia de Chihuahua, Sinaloa y Durango, desde hace décadas y que se ha extendido a gran parte del país. Además, el fenómeno delincuencial se ha tornado cada vez más violento, lo cual se evidencia con el descubrimiento de campos de exterminio y las miles de fosas clandestinas a donde van a parar los restos de las víctimas de los criminales.

   A pesar de que el crimen organizado es un problema que compete a las instancias de seguridad pública, también representa una grave amenaza para la seguridad nacional. Por ello, se requiere un esfuerzo coordinado del Estado para desmantelar las redes de narcopolítica y recuperar el control territorial.

   Esto ocurre en un contexto en que instituciones como SEDENA, la Marina Armada y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están debilitadas por dedicarse a resolver problemas de seguridad pública y las primeras dos por atender asuntos de carácter civil tales como la construcción de obras públicas y la administración de trenes, aeropuertos, hoteles, aduanas, puertos, etc., lo cual diluye su capacidad para proteger la seguridad nacional.

    A su vez el CNI debería volver a ser la institución de inteligencia civil dedicada a salvaguardar la seguridad nacional,  mientras que las funciones de inteligencia para la seguridad pública se deberían concentrar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.   

   Ante estos escenarios sin precedentes, derivados de desafíos externos y peligros internos, es imperativo colocar la protección de nuestra seguridad nacional en la agenda pública e institucional. Además, se debe regresar a los civiles las tareas administrativas; reconstruir a la policía civil federal;  y reenfocar con los recursos necesarios, a las instituciones encargadas de la seguridad nacional.