31 de marzo de 2025

LA BRUTALIDAD DEL NARCO

  

Por: Octavio Díaz García de León


El hallazgo de un rancho convertido en campo de entrenamiento y exterminio, atribuido a uno de los cárteles más poderosos del crimen organizado y ubicado en Teuchitlán, Jalisco, visibilizó nuevamente el fenómeno de los desaparecidos, que lleva décadas ocurriendo en México.

Se estima que existen más de 125,000 personas desaparecidas en el país, de los cuales casi la mitad en los últimos 6 años. Los grupos criminales suprimen a las víctimas, partiendo de la premisa de que “sin cuerpo, no hay delito”, llegando así la impunidad en este delito a tasas del 99%.

Son impactantes los testimonios respecto a lo ocurrido en dicho rancho: reclutamiento forzado, métodos de entrenamiento violentos, rituales salvajes,  formas de disciplina inhumanas y la facilidad con la que los reclutados eran desechados. Todo ello muestra la extrema brutalidad del narco en lo que académicos como el Dr. Carlos Alberto Sánchez, de la Universidad Estatal de San José en California, han denominado “la cultura del narco”.

En su libro A Sense of Brutality. Philosophy after narco-culture, Sánchez aborda desde una perspectiva filosófica el problema de esta brutalidad extrema. El autor propone que, más allá de ser únicamente un fenómeno criminal, la cultura del narco constituye un nuevo paradigma de pensamiento y vivencia que desafía las concepciones tradicionales sobre la moral, la estética y la existencia.

La cultura del narco se manifiesta en todas las facetas de la vida cultural: en las artes plásticas, la música, la religión, la literatura, el cine, las series de televisión, los estilos de vida y los códigos de conducta, acompañada de una violencia extrema. Lo paradójico es que esta cultura es creada por personas consideradas racionales e incluso inteligentes, lo que puede resultar incomprensible, vista desde fuera.

A su vez, la sociedad mexicana está profundamente impregnada de la cultura del narco. Por ejemplo, en plataformas como Netflix predominan las series sobre narcos, como si ese fuera el reflejo cotidiano de México y los narco corridos se han ido adueñando del gusto popular.

El narcotráfico es una manifestación extrema de un capitalismo desenfrenado y un consumismo llevado al límite. Los narcos buscan obtener riqueza a toda costa para gastar sin restricciones durante su breve carrera profesional, e incluso tras su muerte, como se evidencia en el panteón Jardines del Humaya en Culiacán, repleto de mausoleos de figuras del crimen organizado.

 Sánchez describe cómo, en contextos de ausencia o debilitamiento del Estado, el narcotráfico se transforma no solo en una fuente de ingresos y poder, sino también en un referente cultural que moldea la identidad y el comportamiento social. La narrativa del sicario o del capo se difunde ampliamente, y la violencia, en lugar de limitarse a ser un instrumento de represión, se convierte en un lenguaje simbólico capaz de comunicar mensajes de poder, resistencia y fortaleza.

 El rasgo más oscuro, y a la vez definitorio, de esta cultura es su brutalidad. Se evidencia en la manera en que se inflige la muerte a las víctimas: no se ejecuta de forma “funcional” y rápida, sino mediante un sufrimiento prolongado e inimaginable, que culmina en finales atrozmente violentos, como decapitaciones y amputaciones.

 Quizás este fenómeno de violencia extrema derive de la cultura castrense, como ilustra Stanley Kubrick en su película Full Metal Jacket, dado que muchos grupos del crimen organizado han sido formados o reforzados por exmilitares.

 Tanto para los militares que entrenan soldados como para los narcos, la brutalidad funciona para cosificar al ser humano: al convertir a la víctima en objeto, se deshumaniza. El sicario ya no está matando a otro ser humano como él, sino deshaciéndose de un pedazo de carne que obstaculiza su negocio. 

 Para ello establecen métodos para eliminar a las “personas molestas”. Así nació la especialidad de los “pozoleros”, encargados de disolver los cuerpos para no dejar huella, aunado a la proliferación de miles de fosas clandestinas y campos de exterminio equipados con hornos crematorios.

 Para el narco, la ejemplaridad y el infundir terror no siempre constituyen el objetivo principal. Aunque circulen videos en internet que muestran ejecuciones terribles y, en los noticieros se presenten imágenes de cuerpos torturados y desmembrados, lo más aterrador y frecuente es la desaparición de los cuerpos, lo cual añade una dimensión adicional de terror para los familiares y la sociedad.

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 Cuando un fenómeno tan violento rebasa nuestra capacidad de explicación, es comprensible que los filósofos traten de encontrarle sentido. Se busca identificar vías para erradicar esta cultura nacida del consumismo y el capitalismo extremo, facilitada por un Estado débil y una sociedad indiferente y frecuentemente cómplice.

 Figuras como Nayib Bukele han manifestado que “México lo puede hacer”, haciendo uso, irónicamente, de la misma cultura de brutalidad para combatirla. Sin embargo, es fundamental que existan caminos más racionales y éticos para enfrentar esta problemática. Quizás en los planteamientos filosóficos del Dr. Sánchez podamos encontrar algunas respuestas.

 

17 de marzo de 2025

NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

   El presidente Trump busca redefinir el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Estados Unidos ha sido un pilar en la seguridad global, desplegando su fuerza militar y promoviendo la democracia en diversas regiones, ahora parece adoptar una postura más aislacionista y perseguir nuevas ambiciones territoriales.

   La retórica y la actitud de Trump hacia Ucrania muestra un acercamiento importante con Rusia, lo que permitiría que este país avance en sus reivindicaciones territoriales y en la reconfiguración del extinto imperio soviético, a cambio de que Putin lo apoye en sus propios reclamos territoriales que incluyen el incorporar a Canadá a la “Unión Americana”, tomar el Canal de Panamá y anexarse Groenlandia, aunque dichas amenazas no se han traducido en una política formal. 

   Trump aún no ha mostrado cuáles son sus ambiciones geográficas hacia México, más allá de cambiar unilateralmente el nombre del Golfo de México,  pero no sería extraño que manifestara el querer anexarse Baja California y podría, aventurándonos un poco, decir que quiere crear un “protectorado” en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a fin de poner una barrera territorial entre su país y el sur del continente para evitar la “invasión de personas y drogas.” Suena descabellado, pero así suenan las ambiciones territoriales que ya ha manifestado.

  El impacto de estos cambios en la geopolítica mundial se traduce en algo que hasta hace unos meses se veía como impensable: la posibilidad de que México vea amenazada su seguridad nacional por parte de Estados Unidos, el cual podría intentar incursionar con su ejército en nuestro país en busca de narcotraficantes y querer apoderarse de territorio mexicano.

  Es importante recordar que la seguridad nacional se refiere a la defensa del Estado mexicano y su soberanía, mientras que la seguridad pública se enfoca en la protección de los individuos y sus propiedades. Distinguir entre ambas es fundamental para una adecuada formulación de políticas.

   En este sentido, se ha expresado en discursos oficiales y debates públicos la necesidad de reforzar nuestra soberanía nacional. Por ejemplo, recientemente se reformó la Constitución, de manera inocente, para prohibir intervenciones extranjeras. Pero a una potencia militar agresiva, lo que menos le preocuparía es cumplir con nuestras leyes. Tampoco es de esperarse un levantamiento popular generalizado contra un posible invasor, invocando nuestro himno nacional. Esto no ocurrirá,  pero si se diera algún grado de oposición impulsado por un discurso patriotero, dada la diferencia de fuerzas militares, acabaría en un baño de sangre de mexicanos, no de invasores.

  Pero las nuevas amenazas a la seguridad nacional no solo vienen del exterior. Del interior provienen las disputas por agua y tierras, la actuación en territorio nacional de servicios de inteligencia extranjeros contrarios al interés nacional, así como la presencia de grupos islámicos radicales y otras organizaciones terroristas.

   Finalmente, otro factor de preocupación es el control de extensos territorios por parte del crimen organizado como ha ocurrido en el “Triángulo Dorado”, ubicado en la confluencia de Chihuahua, Sinaloa y Durango, desde hace décadas y que se ha extendido a gran parte del país. Además, el fenómeno delincuencial se ha tornado cada vez más violento, lo cual se evidencia con el descubrimiento de campos de exterminio y las miles de fosas clandestinas a donde van a parar los restos de las víctimas de los criminales.

   A pesar de que el crimen organizado es un problema que compete a las instancias de seguridad pública, también representa una grave amenaza para la seguridad nacional. Por ello, se requiere un esfuerzo coordinado del Estado para desmantelar las redes de narcopolítica y recuperar el control territorial.

   Esto ocurre en un contexto en que instituciones como SEDENA, la Marina Armada y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están debilitadas por dedicarse a resolver problemas de seguridad pública y las primeras dos por atender asuntos de carácter civil tales como la construcción de obras públicas y la administración de trenes, aeropuertos, hoteles, aduanas, puertos, etc., lo cual diluye su capacidad para proteger la seguridad nacional.

    A su vez el CNI debería volver a ser la institución de inteligencia civil dedicada a salvaguardar la seguridad nacional,  mientras que las funciones de inteligencia para la seguridad pública se deberían concentrar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.   

   Ante estos escenarios sin precedentes, derivados de desafíos externos y peligros internos, es imperativo colocar la protección de nuestra seguridad nacional en la agenda pública e institucional. Además, se debe regresar a los civiles las tareas administrativas; reconstruir a la policía civil federal;  y reenfocar con los recursos necesarios, a las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

3 de marzo de 2025

DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO

                                                                         Por: Octavio Díaz García de León


    Estados Unidos continúa presionando a México para detener el flujo de drogas ilícitas hacia su territorio. La entrega de 29 capos trasladados a Estados Unidos, hecho inédito en la política mexicana, posiblemente no bastará para apaciguar a Trump y su gabinete. Exigen, además, la detención de políticos de alto nivel, cómplices de narcotraficantes, y podrían recurrir incluso a la intervención militar en territorio mexicano.

   En un artículo reciente de Letras Libres, "Fentanilo y Narcopolítica", Guillermo Valdés ofrece un panorama de las dificultades para frenar el tránsito de drogas de México a Estados Unidos, sin mencionar, por otra parte, que las autoridades estadounidenses han fracasado en contener la demanda y el tráfico en su propio territorio. De ese fracaso se deriva el resto del problema.

   Valdés plantea, en un ejercicio hipotético, que con 150 laboratorios produciendo fentanilo se podría generar, en 8 días, la demanda anual de Estados Unidos. Puesto que estos laboratorios pueden instalarse en cualquier domicilio y, una vez producido lo necesario, cerrarse, afirma que la probabilidad de erradicarlos es prácticamente nula.

   Por su parte, Estados Unidos nada podrá hacer con drones, portaaviones patrullando las costas mexicanas o enviando una expedición punitiva. Esta última medida sería muy contraproducente, como se evidenció en la expedición infructuosa contra Pancho Villa hace más de 100 años, cuando más de 10,000 soldados incursionaron en Chihuahua sin dar con Villa, generando un gran rechazo popular. Lo mismo sucedería ahora. También intentarán capturar capos, lo cual es bueno para la imagen, pero, como se ha visto, de nada sirve, pues los capos se sustituyen tan rápido como son capturados. Valdés propone algunas soluciones interesantes y yo agregaría una.

   Recordemos que lo que impulsa este fenómeno ilegal es el beneficio económico, gran incentivo para los delincuentes que les permite una vida de lujos, fiestas y diversiones. Además, estas ganancias financian precursores, sicarios, armas, autoridades corruptas y toda la infraestructura de inmuebles, vehículos, equipos de espionaje, etc., necesaria para operar; por ello, el esfuerzo debe concentrarse en combatir los flujos ilícitos de dinero.

   El dinero es el flujo vital que motiva y posibilita estos negocios ilegales. No existe motivación más poderosa para que se den estos fenómenos.

 Con la declaración de organizaciones terroristas a varios cárteles de narcotraficantes mexicanos, adquiere primordial importancia el combatir ese flujo transnacional de dinero. Se requiere reforzar tanto a las autoridades responsables como a la legislación especializada. En México, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera no se ha destacado por detener flujos ilegales de dinero provenientes del narcotráfico, sino por su uso político, lo que exige un urgente reenfoque de prioridades y un gran reforzamiento.

   En Estados Unidos existen instituciones como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que si bien está muy atenta a operaciones financieras relevantes, enfrenta grandes dificultades para distinguir entre operaciones legítimas e ilegítimas.

  Estas normas e instituciones enfrentan grandes problemas tales como la adaptación y sofisticación criminal, ya que las organizaciones de narcotraficantes evolucionan continuamente para burlar controles, aprovechando vacíos legales y tecnológicos.

   Otro problema es la jurisdicción transnacional, pues las redes criminales operan en numerosos países, dificultando la coordinación y el intercambio de información entre autoridades de distintas naciones. Además, la corrupción y las complicidades dentro de las instituciones encargadas de combatir el fenómeno, debilitan la eficacia de los mecanismos de control y sanción.

   También existen limitaciones en recursos y capacidad investigativa. De nada sirven leyes y organismos especializados si carecen de recursos humanos, tecnológicos o financieros suficientes para enfrentar la magnitud del problema. Un caso en México es,  por ejemplo,  los escasos recursos con que cuenta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que le impide dar resultados.

    Otro obstáculo es la diversificación y atomización de actividades ilícitas: el dinero del tráfico de drogas se invierte en múltiples actividades , lo que complica su rastreo y el desmantelamiento de las redes de lavado. Además, la mayor parte del lavado de dinero ocurre en Estados Unidos.

    Ante estos problemas,  se debe aumentar el número de personas dedicadas a estas tareas, reforzar sus capacidades tecnológicas y profesionales, y cubrir vacíos legales, tales como la complicidad de notarios corruptos en la adquisición de inmuebles, o en la creación de empresas con capital de fuentes ilegales y tantas otras formas de lavar dinero.

   A diferencia de lo difícil que es erradicar la producción y el tráfico de drogas ilícitas, atacar el flujo ilegal de dinero podría resultar una estrategia más eficaz para combatir el fenómeno. Reducir la demanda de drogas y adoptar otras soluciones propuestas por expertos como Valdés,  también ayudarán a disminuir el tráfico de drogas.