Por: Octavio Díaz García de León
México necesita un crecimiento económico acelerado para que las
personas más desfavorecidas puedan salir de la pobreza y el resto de la
población alcance mejores niveles de vida. La estrategia de repartir dinero en
programas sociales sin contar con una fuente de ingresos creciente y sostenible
para el gobierno que solo se logra con crecimiento económico, conduce a un
endeudamiento cuyo límite ya estamos alcanzando.
Este reto fue analizado en un seminario de perspectivas económicas en
la Universidad Panamericana al que asistí. Una de las ponentes fue la
empresaria Altagracia Gómez, cercana a la presidenta Sheinbaum y nombrada
coordinadora del Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización. Este
organismo busca fungir como enlace entre el gobierno y el sector empresarial,
promoviendo una política industrial que, entre otras
tareas, define dónde y cómo deben instalarse ciertas industrias
Es de señalarse que el colocar a empresarios destacados como
representantes del gobierno puede no ser adecuado. Por un lado, su papel de
defender políticas gubernamentales que podrían afectar al sector privado
resulta incómodo, como lo experimentó Alfonso Romo durante la cancelación del
aeropuerto de Texcoco, una decisión que fue muy perjudicial para todos. Por
otro lado, la empresaria Gómez podría enfrentar cuestionamientos si sus
empresas reciben beneficios por esa relación privilegiada con el gobierno. Un modelo más transparente sería que esta
interlocución recayera solo en el Secretario de Economía y este fuera el
responsable del diseño de la política industrial.
En el seminario, Altagracia Gómez, de 32 años, abogada, heredera y
directiva de un importante conglomerado industrial jalisciense que incluye a
MINSA, DINA, ALMER y Grupo PEO, propuso medidas clave para impulsar el crecimiento
económico el cual, según otro panelista, el Dr. Julio Santaella, ha sido menos
que mediocre al promediar solo un 1% anual entre 2017 y 2024.
Para revertir esta tendencia,
Gómez subrayó la necesidad de fortalecer el ecosistema empresarial, lo que
requiere infraestructura adecuada, energía asequible, una fuerza laboral
calificada y certeza jurídica. En cuanto a infraestructura, enfatizó que el país
necesita carreteras modernas, ferrocarriles de carga, puertos marítimos funcionales
y aeropuertos avanzados para garantizar la competitividad logística, ya que
México ni siquiera está entre los 50 países más competitivos en este rubro.
Gómez señaló que la articulación de los elementos antes mencionados,
incluyendo energía barata, puede crear un ecosistema favorable para la
inversión. Sin embargo, no mencionó otros aspectos igualmente fundamentales, tales
como garantizar la seguridad jurídica, el estado de derecho, el combate a la
corrupción, una educación básica de alta calidad, una mejor seguridad pública y
un sistema de salud eficiente, los cuales también son condiciones
indispensables para el crecimiento económico.
Dijo que es conveniente desarrollar corredores industriales, como el
Bajío, y polos de desarrollo en ciudades atractivas para industrias
específicas, como Aguascalientes en el sector automotriz o Querétaro en el
aeroespacial y desarrollar proveedores locales para que las empresas que
manufacturan en México utilicen insumos nacionales, cumpliendo con los
estándares de calidad, precio y logística exigidos por las grandes
multinacionales.
El gobierno, por su parte, debe reforzar su banca de desarrollo para
apoyar a las PYMES y simplificar los trámites administrativos, los cuales,
según comentó la Lic. Gómez, ascienden a más de 22,000, y que actualmente son
un obstáculo para el crecimiento empresarial y fomentan la corrupción, por lo
que urge un programa ambicioso de simplificación administrativa.
Sugiere la empresaria el que empresas y gobierno compren de manera
preferente a PYMES. A este respecto hay que señalar que desde hace años se
incorporó esta obligación para el gobierno en la Ley de Adquisiciones y con
ello ha surgido el fenómeno de favorecer a PYMES que no tienen las capacidades
y que son fachada para realizar actos de corrupción, aspecto que habrá que
evitar.
En cuanto a la relación con Estados Unidos, Gómez se mostró optimista
respecto al presidente Trump, confiando en que muchas de sus promesas de
campaña que son perjudiciales para México, no se materializarán, aduciendo que
tampoco cumplió sus amenazas en su administración anterior y que las economías
de ambos países son complementarias, lo que favorece acuerdos como el TMEC.
Finalmente, subrayó que son los empresarios nacionales quienes mueven
la economía de México, implicando que no es el gobierno quien lo hace, por lo
que será importante dar los apoyos necesarios a la iniciativa privada.
Aunque las propuestas de Gómez no son novedosas y han sido intentadas
en administraciones previas, con su experiencia empresarial, Altagracia Gómez
tiene claridad sobre lo que México necesita para crecer. Si bien su papel
podría asemejarse al de Alfonso Romo como interlocutora entre la iniciativa
privada y el gobierno, queda por ver si desde su encargo podrá realmente
impulsar el crecimiento económico que el país requiere.
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