ESFUERZOS ANTICORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

     La Ministra Norma Piña Hernández, quien cuenta  con una destacada trayectoria en el Poder Judicial,  fue elegida como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo la primera mujer en presidirla. En el plan de trabajo que expuso la entonces candidata a presidir la Corte, la Ministra Piña incluye un capítulo llamado “Consolidación en el Combate a la Corrupción”, destacando así su preocupación por este problema que afecta a todo el gobierno y del que no está exento el Poder Judicial.

     La ministra Piña propone lo siguiente en materia de combate a la corrupción:

 1.   Incluir a la SCJN y al Tribunal Electoral (TEPJF) en los esfuerzos anticorrupción que ya realiza el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Para ello propone conformar una Comisión Anticorrupción integrada por representantes de los tres órganos.

2. No publicar sanciones de servidores públicos del Poder Judicial hasta que queden firmes, para evitar un daño reputacional a los procesados. 

3. Emitir un nuevo acuerdo general en materia de responsabilidades administrativas que garantice la autonomía y separación de funciones en las etapas de investigación, substanciación y resolución evitando la interacción entre las instancias responsables de cada etapa. También agregar herramientas tecnológicas para acelerar estos procesos. 

4.   Emitir normatividad para regular las obligaciones a cargo de los servidores públicos tales como las declaraciones patrimoniales y las actas entrega-recepción. 

5.   Incentivar la presentación de quejas y denuncias mediante la emisión de un catálogo amplio de medidas cautelares que protejan a los denunciantes. 

6.    Emitir un nuevo código de ética tomando en consideración que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas,  la violación de dicho código constituye una falta administrativa no grave. 

7.    Fortalecer la Visitaduría Judicial proponiendo la emisión de un acuerdo general que se ocupe de sus funciones.

    Me parece importante  que la ahora presidente de la SCJN haya enfatizado en su propuesta de trabajo el combate a la corrupción como una de sus prioridades, especialmente a través de formar una Comisión Anticorrupción que abarque a todos  los  órganos del Poder Judicial.  

   Existen áreas de oportunidad para mejorar el combate a la corrupción en el Poder Judicial. Por ejemplo,  sería conveniente la  separación de  las funciones de control interno de las de combate a la corrupción. Por lo que se refiere al control interno, estas actividades son importantes para el cumplimiento de los objetivos institucionales y hoy recaen parcialmente  en los órganos internos de control (OIC)   del Poder Judicial. Sin embargo, a los OIC se les ha enfocado al control administrativo, siendo que es más importante el cumplimiento de objetivos de las  áreas jurisdiccionales, por lo que habría que reforzar el control interno jurisdiccional.  

    Por lo que respecta a  la responsabilidad de combatir la corrupción, se ha tratado de asignar esa tarea a los OIC, a la Visitaduría Judicial y a las unidades responsables de la investigación de responsabilidades administrativas, estas últimas  creadas en tres órganos del Poder Judicial a raíz de la reforma anticorrupción de 2016. Sin embargo, ninguna de estas instancias es idónea para esa tarea.

    Se requieren otro tipo de herramientas y una nueva unidad administrativa enfocada especialmente al combate a la corrupción que tenga capacidades de investigación e inteligencia, entre otras, para judicializar eficazmente los casos, de preferencia por la vía penal, más que por la vía administrativa, ya que resulta más disuasiva la  primera.

    He presentado en esta columna las áreas de oportunidad y lo  complejo que resulta el régimen de responsabilidades  del TEPJF,   el cual tiene muchas similitudes con lo que aplica a todo el Poder Judicial,  por lo que vale la pena revisarlo de manera integral como lo propone la ministra presidente Piña, emitiendo un acuerdo general en materia de responsabilidades administrativas que abarque a todo el Poder Judicial. Hay que recordar que el Acuerdo General en esta materia para el TEPJF no ha sido emitido, siendo que el plazo  para hacerlo se venció en diciembre de 2018.

    Un aspecto a revisar podría ser el que actualmente se da un trato diferenciado al personal jurisdiccional y al personal administrativo, cosa que no ocurre en otros ámbitos de gobierno. También existen diferencias en cuanto al procedimiento de responsabilidades,  dependiendo del rango de los servidores públicos, lo cual podría plantear  posibles conflictos de interés y trato discriminatorio.

    Las propuestas de la Ministra Piña abren la puerta a un combate a la corrupción más eficaz en el Poder Judicial. No solo enfocado a la corrupción administrativa, sino a los otros riesgos de corrupción derivados de  los asuntos jurisdiccionales, pues allí suelen concentrarse las mayores intereses  económicos y políticos. Los montos que se manejan en los asuntos jurisdiccionales llegan a ser mucho más cuantiosos que los recursos que maneja para su operación el Poder Judicial y, por lo tanto,  es donde se pueden presentar los mayores riesgos de corrupción. Ojalá la ministra presidente sea exitosa también en esta tarea.