Por:
Octavio Díaz García de León
El ex
presidente Fox, respondiendo a un reclamo social muy extendido, prometió
durante su campaña y en los primeros años de su gobierno, el atrapar a los
“peces gordos” de la corrupción. Una expresión que luego se le atribuyó
incorrectamente al entonces Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
(SECODAM), Francisco Barrio. El presidente Fox le encargó al secretario Barrio el
combate a la corrupción desde la SECODAM y además se creó la Comisión
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la
Administración Pública Federal. Pero el secretario Barrio se encontró con obstáculos
insalvables que en aquél entonces impidió atrapar a los “peces gordos”. Tal y
como lo expresó en una entrevista con la revista Proceso en diciembre de 2001 (http://www.proceso.com.mx/238721/para-ir-tras-peces-gordos-barrio-terrazas-pide-cambios-a-la-ley), Barrio encontró que el sistema legal
le impedía sancionar a funcionarios de alto nivel que probablemente cometieron
actos de corrupción, entre otras razones, porque quienes firmaban los documentos
comprometedores eran siempre los funcionarios de menor rango ( digamos, los “charales”),
los procedimientos jurídicos eran lentos y no había un marco jurídico adecuado
para combatir la corrupción. Por ello, Barrio urgió el realizar los cambios
legales necesarios.
Tuvieron que pasar
15 años para que se reconociera que, efectivamente, uno de los obstáculos para
combatir la corrupción es el no tener un marco jurídico adecuado. Si bien he
afirmado en estas páginas que utilizando muchos de los elementos legales e
institucionales con que ya se cuenta se podría combatir de inmediato la
corrupción, es muy deseable que se perfeccione el marco legal y se fortalezcan
las instituciones que la combaten.
Se
intentó atacar el problema al inicio de la administración del presidente Peña con
la propuesta de establecer una Comisión Nacional Anticorrupción la cual, sin
embargo, quedó congelada en el Congreso. Fue hasta el año pasado al promulgarse
las reformas constitucionales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) cuando se inició el fortalecimiento del marco jurídico anticorrupción. El
Congreso aún no aprueba las leyes secundarias que instrumentarán ésta reforma, pero
ya está previsto convocar a una sesión extraordinaria.
Algo
que ha cambiado significativamente con respecto al 2001, es que, en ésta
ocasión, diversas organizaciones de la sociedad civil como la Red por la
Rendición de Cuentas, el IMCO y Transparencia Mexicana, entre otras, han logrado
convocar a la sociedad a manifestarse contra la corrupción impulsando la llamada
“Ley 3de3” - la cual logró recabar más de 630,000 firmas – y presentarla como
iniciativa ciudadana ante el Congreso. También han impulsado con otras
propuestas, a través del esquema de parlamento abierto, el resto de las
reformas faltantes.
Estas
reformas son muy importantes y uno de sus retos será el atrapar a los “peces
gordos” que sigue reclamando la sociedad. Uno de los obstáculos para ello es que
las instituciones que conforman el SNA, aunque se les dé la autonomía institucional,
están vinculadas con la clase política a través de sus funcionarios. Esto es, quienes
dirijan estas instituciones serán nombrados por los mismos a quienes tendrán
que vigilar, lo cual plantea un posible conflicto de interés. Un antídoto
contra ello sería instaurar un procedimiento de nombramiento de los más altos
funcionarios del SNA que sea intachable, transparente y a prueba de influencias
políticas, vigilado por la sociedad civil y expertos en el tema; para el resto
de sus colaboradores, aplicar un servicio profesional de carrera que funcione. De
no ser así, se podrían dar casos como algunos comisionados designados en organismos
autónomos quienes no tienen el perfil técnico necesario o bien se puede rastrear
su filiación política, lo cual debilita su independencia.
De no
superarse estas deficiencias, la alternativa más eficaz para atrapar “peces
gordos” sería el tener una fiscalía internacional anticorrupción como la que
existe en Guatemala, la cual ha sido capaz de procesar a un presidente en
funciones.
Es muy
necesario atrapar a los “peces gordos”, porque el mal ejemplo permea hacia
abajo en las instituciones y atrapar a los corruptos de más alto nivel también
tiene un efecto disuasorio para el resto de los funcionarios. No es posible
pedir a funcionarios de menor rango que se abstengan de cometer actos de
corrupción cuando ven que los titulares de sus dependencias y entidades lo
hacen cotidianamente con total impunidad. Por ejemplo, si los titulares de
gobiernos estatales o de entidades del gobierno federal usan los helicópteros a
su cargo como taxis particulares, no se puede pedir que los funcionarios de
niveles inferiores no usen vehículos e instalaciones públicas para su uso
personal. Tiene más impacto en el comportamiento ético de los empleados del
gobierno el que los jefes den ejemplo y se aseguren de que los demás lo sigan, que
el implantar otros mecanismos preventivos como códigos de ética, los cuáles, si
no los acata el jefe, se quedan solo en buenos propósitos.
Para
tener éxito en el combate a la corrupción se requiere atrapar a los “peces
gordos” quienes son los principales culpables de la gran corrupción que afecta
al país. Las reformas que se están discutiendo solo serán útiles para atrapar a
los “charales” si no se logra que las instituciones y quienes las conformen
tengan capacidad técnica, independencia y los recursos necesarios para actuar. _____________________________________________________________ Twitter: @octaviodiazg http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/ Correo: odiazgl@gmail.com
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