10 de noviembre de 2025

EL SICARIO DESECHABLE


                                                        Por: Octavio Díaz García de León


La tragedia de Uruapan

    El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una profunda indignación en Michoacán y resonó en todo el país. Su muerte —junto con la del líder limonero Bernardo Bravo— evidencia el grado de descomposición social y el avance del crimen organizado en territorios que deberían ser gobernados por el Estado.

Dos tragedias, dos rostros del mismo país

    La muerte de hombres como Manzo y Bravo duele profundamente: líderes comunitarios que intentaban mejorar su entorno pese a amenazas constantes. Pero también debería dolernos la suerte de esos jóvenes sicarios desechables, quienes pudieron haber sido hombres de bien y terminaron convertidos en instrumentos de los señores de la muerte. Son víctimas de una sociedad indiferente, de autoridades omisas y de familias quebradas. Carne de cañón reclutada por la pobreza, la marginación y el abandono.

 El verdugo sin historia

    El caso impactó por su brutalidad y por la edad del asesino: un joven de 17 años, originario de Paracho y adicto a las metanfetaminas. Su nombre se conoce, pero no pienso repetirlo por respeto a la víctima. Es un rostro anónimo que emergió fugazmente de la invisibilidad para matar y morir en el mismo instante. Nadie sabe con certeza por qué lo hizo. Tal vez fue por dinero; quizá lo amenazaron o le prometieron drogas para alimentar su adicción. O, más probablemente, actuó siguiendo órdenes que no comprendía, bajo la lógica del miedo o la obediencia ciega.

 Un joven que pudo haber sido distinto

    Si hubiera crecido en un entorno más sano, aquel adolescente tal vez tocaría la guitarra —como las que se fabrican en su pueblo—, estudiaría la preparatoria, tendría amigos, ilusiones, una novia, y sueños de futuro. Pero no fue así. Su adicción, su contacto con bandas criminales y su destreza con las armas hablan de una vida deformada por el entorno, por la ausencia familiar y por un Estado incapaz de ofrecer alternativas. Tampoco tuvo conciencia de que lo que estaba en juego era su propia vida; o quizá simplemente no le importaba; tan degradada era esta que podía ser irrelevante cualquier cosa que le ocurriera. Su tragedia no fue solo morir; fue haber dejado de importar mucho antes.

 Una sociedad rota

    El fenómeno de los jóvenes sicarios refleja una sociedad en descomposición. Una sociedad que permite el secuestro y reclutamiento forzoso de adolescentes; que normaliza la violencia y desprecia la vida. Estos jóvenes salieron a buscar un trabajo; lo que encuentran es un entrenamiento despiadado para matar o morir. Igualmente podrida está la otra cara de la comunidad: aquella que tolera y convive con los capos como si fueran empresarios exitosos. Esa complicidad cotidiana sostiene al crimen tanto como las armas. Tenemos una sociedad descompuesta y cómplice, de lo que ocurre en nuestro país. Que elige autoridades que no hacen nada al respecto, o son incapaces o,  peor aún,  son parte de las bandas criminales.

 La economía del mal

    Lo que mueve a los criminales es la codicia desmedida, el deseo de placer inmediato y de poder que da el dinero. Son producto de una cultura consumista que ha sustituido los valores espirituales por el afán de poseer. En su lógica, matar o traficar son solo medios para obtener lo que el mercado promete: lujo, respeto y dominio. Los capos operan como empresarios sin escrúpulos. Dirigen sus negocios con eficiencia y cálculo, salvo que sus reglas se imponen con sangre, fuego y dinero. Para ellos, sus sicarios y sus víctimas, son personas sin valor alguno.

 El reflejo de una nación desgarrada

    Los más de 120 000 desaparecidos y más de 30 000 homicidios dolosos al año no son solo cifras: son síntomas de una sociedad rota. Cuando lo material vale más que la vida, surgen individuos que ven en el crimen una vía de ascenso, personas que prefieren esa vida a una vida centrada en el respeto a las demás personas, a su comunidad y basada en bienes espirituales y no materiales.  Y así, mientras algunos buscan el éxito a través del esfuerzo, otros lo hacen a través de la violencia.

 Educar para rescatar

    La raíz de esta ruptura está en la falta de educación formal y moral, en la ausencia de hogares que enseñen valores y comunidades que ofrezcan esperanza. Sin educación, sin oportunidades y sin dignidad, los jóvenes quedan expuestos al reclutamiento criminal, incapaces de entender que el valor de la vida no solo está en lo que se consume: lo que se consume acaba también por consumirlos.

     Rescatarlos no solo es un deber ético; es una necesidad nacional. Porque si el Estado y la sociedad siguen desentendiéndose, los sicarios desechables y sus víctimas, seguirán siendo el rostro más doloroso de un país que parece acostumbrarse ya a la violencia.

 

MICHOACÁN: UN ESTADO ENLUTADO POR LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

 

Por: Octavio Díaz García de León


    El homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una profunda indignación en Michoacán y reverberó a nivel nacional e internacional. Su muerte —junto con la del líder limonero Bernardo Bravo —evidencia el grado de descomposición social y el avance del crimen organizado en territorios que deberían ser gobernados por el Estado.  

 Un alcalde confrontado con la inseguridad

    Manzo se caracterizó por un discurso y una práctica de enfrentamiento a la delincuencia en su municipio. Su llamado de auxilio a instancias federales no encontró respuesta efectiva; esa soledad institucional expone la debilidad de los gobiernos locales frente a la violencia. Era, además, una figura con trayectoria política diversa: ligado al PRD y a MORENA, fue parte del grupo que apoyó a Marcelo Ebrard en su precampaña presidencial. Ganó la alcaldía como candidato independiente y desplegó un programa local con medidas de seguridad y sociales, tales como farmacias con medicamentos gratuitos.

 Cambio en la economía del crimen

    Históricamente, la actividad delictiva en México se concentró en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. En años recientes se han diversificado: grupos criminales han incorporado actividades como el robo de combustible, el huachicol fiscal y, de manera creciente, la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y pequeñas empresas. Según el INEGI, se cometieron 747,000 delitos de extorsión a empresas en 2023 y es una de las formas de victimización que más ha crecido en los últimos años.

 Pequeños empresarios como víctimas

    La extorsión no solo es el pago de piso: somete al pequeño empresario a pagar por producir, vender o transportar; a comprar insumos de proveedores impuestos y a vender en condiciones controladas por los grupos criminales. Esa presión erosiona el tejido productivo local y desplaza la lógica del mercado hacia una economía de cuotas forzadas. Eso sucede de manera destacada en Michoacán, aunque también en el Estado de México.

 Captura del poder municipal

    El control del territorio pasa también por la captura de autoridades. Los grupos delictivos imponen o condicionan la designación de alcaldes y mandos policiales; e incluso desvían presupuestos municipales.  Esa penetración institucional convierte al municipio en el eslabón más vulnerable de la cadena de seguridad pública: un alcalde aislado y valiente, por sí solo, tiene capacidad limitada para romper redes criminales que cuentan con recursos, armamento y protección interestatal y corre graves riesgos como ya se vio.

 No a la guerra al narco

    La presidenta Sheinbaum dijo recientemente que “Regresar a la guerra contra el narco no es opción” y propone a cambio, que prevalezca el estado de derecho. Pero esto puede resultar ingenuo ante la incapacidad del Estado mexicano y la agresividad de los cárteles. Es mejor plantear que el país se enfrenta a un problema de seguridad nacional que requiere un estado de excepción y que una guerra de baja intensidad como la que vivimos se debe combatir con las mismas armas y reglas que se requieren en una guerra de este tipo. 

 Romper las complicidades: prioridad estratégica

    Un punto de partida ineludible es combatir la corrupción y las complicidades que permiten la impunidad: investigar y sancionar a funcionarios corruptos, transparentar el manejo de recursos, y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas. Un programa serio de combate a la corrupción debilitaría una de las bases de apoyo del crimen organizado y restauraría la confianza ciudadana.

 El riesgo de la autodefensa

    Cuando el Estado se percibe incapaz, la población puede optar por fórmulas de autodefensa como las que se han experimentado en Michoacán. Esa opción, comprensible desde la desesperación, conlleva riesgos graves: tardarían en organizarse, pero pueden escalar las armas y la violencia a niveles comparables al de los grupos criminales, y erosionar aún más el monopolio legítimo de la fuerza que debe residir en el Estado. La disputa por territorios y rentas descendería a una lógica de confrontación con consecuencias humanitarias y económicas devastadoras.  

 Hacia un enfoque de seguridad nacional

    El asesinato de Carlos Manzo es, más que un hecho aislado, un síntoma de un problema estructural: la penetración del crimen en ámbitos locales y la persistente fragilidad de las instituciones. El desafío requiere una lectura de seguridad nacional. La estrategia debe incluir: desarticulación financiera y logística de las organizaciones criminales; fortalecimiento institucional: autonomía y capacidad operativa de municipios, coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y depuración de cuerpos policiacos: programas de desarrollo y sustitución de economías ilícitas en regiones afectadas; transparencia y sanción contra servidores públicos corruptos que facilitan la criminalidad. De lo contrario, la violencia continuará cobrando vidas y dejando territorios fuera del control del Estado hasta convertir al país en un narcoestado.

REZAGADOS EN INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    México enfrenta un serio rezago en materia de innovación gubernamental, de acuerdo con diversos indicadores nacionales e internacionales. Según datos del INEGI, en 2023 solo el 16.2 % de los trámites gubernamentales se realizaron por internet, lo que evidencia un bajo nivel de digitalización. Este atraso resulta especialmente grave si se considera que el gobierno es el principal proveedor de servicios del país. Su eficiencia, o la falta de ella, incide directamente en el bienestar nacional: desde facilitar el cumplimiento de obligaciones ciudadanas hasta ofrecer servicios de calidad en salud, educación, seguridad e infraestructura.

     Además, la innovación administrativa representa una herramienta fundamental para combatir la corrupción. De acuerdo con el INEGI, el 25.3 % de los trámites con el gobierno en 2023, implicaron algún acto de corrupción, con un costo promedio de 3,368 pesos anuales por persona afectada.

 Austeridad mal entendida y deterioro institucional

     En los últimos siete años, México ha experimentado retrocesos importantes derivados de una visión que no valora adecuadamente el papel del Estado en el bienestar social. Una austeridad mal entendida ha debilitado la capacidad del gobierno para prestar servicios de calidad, al preferir repartir dinero directamente al ciudadano para que este se las arregle solo, en lugar de fortalecer la infraestructura y la gestión pública.

     El caso del sector salud es ilustrativo. Los consultorios privados adyacentes a farmacias aumentaron su participación en la atención médica de 17.4 % en 2018 a 24.3 % en 2024, según datos de El Economista, lo que refleja una creciente privatización de la atención médica. Tras la desaparición del Seguro Popular, el número de personas sin acceso a servicios médicos pasó de 20.1 a 44.5 millones; en paralelo, el gasto de las familias en salud creció 7.9 % anual en términos reales entre 2022 y 2024.

     A esto se suma el colapso del sistema público de adquisición y distribución de medicamentos. Una operación que antes de 2019 requería por su extrema complejidad alrededor de 500 expertos,  fue concentrada a inicios de 2019, en un grupo de menos de 10 personas, lo que derivó en un desabasto crónico de medicinas y vacunas que dura hasta la fecha, afectando gravemente la salud pública e incrementando los riesgos epidemiológicos por los 6 millones de niños que se dejaron de vacunar el sexenio pasado. Si se usara la tecnología logística de empresas como Amazon, tendríamos un surtido óptimo de medicinas e insumos médicos.

 Impunidad e ineficiencia judicial

     La falta de innovación también afecta al sistema de justicia. En México, solo el 1 % de los delitos concluye con una sentencia condenatoria, reflejo de la saturación e ineficiencia que caracteriza a ministerios públicos y juzgados. En este contexto, la justicia mexicana podría beneficiarse de la incorporación de especialistas en procesos —como ingenieros industriales— quienes podrían  usar herramientas como la teoría de colas para  determinar el personal requerido para atender  los casos  en tiempo; utilizar modelos de localización para ubicar juzgados y ministerios públicos donde se requieren; usar técnicas de programación lineal para distribuir recursos de manera óptima;  o bien,  utilizar simulación de procesos, modelos de control de inventarios, tiempos y movimientos, etc. Incluso nuevas tecnologías como la inteligencia artificial ya permiten generar automáticamente documentos procesales y sentencias, acelerando el trabajo judicial sin sacrificar su rigor.

 Blockchain y la transparencia pública

     Una de las herramientas tecnológicas más prometedoras para combatir la corrupción y aumentar la confianza en las instituciones es la cadena de bloques o blockchain, tecnología empleada por las criptomonedas. Su mayor virtud es la transparencia: todas las transacciones quedan registradas de manera verificable y no pueden alterarse sin consenso. Además, ofrece un nivel muy alto de seguridad gracias a su cifrado, elimina intermediarios y mantiene la información descentralizada. Cada operación conserva un historial rastreable, lo que garantiza trazabilidad y control.

     Aplicada al ámbito gubernamental, esta tecnología permitiría transparentar las contrataciones públicas, asegurar registros confiables de propiedad y tierras —al punto de que podrían sustituir la función notarial— y ofrecer una trazabilidad completa del gasto público desde su origen hasta el beneficiario final. También facilitaría la creación de identidades digitales seguras, auditorías automáticas e inalterables, y un seguimiento preciso de los recursos destinados a programas sociales.

 Hacia una administración pública moderna

     Los ciudadanos que pagan impuestos, cuotas de seguridad social o aportaciones a la vivienda tienen derecho a servicios públicos eficientes, dignos, confiables y sin corrupción. La innovación en el sector público no es un lujo, sino una necesidad. Con ella se puede mejorar la calidad de los servicios, reducir la corrupción, optimizar los recursos y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. Para lograrlo, México necesita una administración pública moderna, profesional y tecnológicamente avanzada que incorpore herramientas como las mencionadas y adopte una cultura de gestión basada en evidencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas.