RETOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

 

Por: Octavio Díaz García de León

    México necesita un crecimiento económico acelerado para que las personas más desfavorecidas puedan salir de la pobreza y el resto de la población alcance mejores niveles de vida. La estrategia de repartir dinero en programas sociales sin contar con una fuente de ingresos creciente y sostenible para el gobierno que solo se logra con crecimiento económico, conduce a un endeudamiento cuyo límite ya estamos alcanzando.

    Este reto fue analizado en un seminario de perspectivas económicas en la Universidad Panamericana al que asistí. Una de las ponentes fue la empresaria Altagracia Gómez, cercana a la presidenta Sheinbaum y nombrada coordinadora del Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización. Este organismo busca fungir como enlace entre el gobierno y el sector empresarial, promoviendo una política industrial que, entre otras tareas, define dónde y cómo deben instalarse ciertas industrias

    Es de señalarse que el colocar a empresarios destacados como representantes del gobierno puede no ser adecuado. Por un lado, su papel de defender políticas gubernamentales que podrían afectar al sector privado resulta incómodo, como lo experimentó Alfonso Romo durante la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una decisión que fue muy perjudicial para todos. Por otro lado, la empresaria Gómez podría enfrentar cuestionamientos si sus empresas reciben beneficios por esa relación privilegiada con el gobierno.  Un modelo más transparente sería que esta interlocución recayera solo en el Secretario de Economía y este fuera el responsable del diseño de la política industrial.

    En el seminario, Altagracia Gómez, de 32 años, abogada, heredera y directiva de un importante conglomerado industrial jalisciense que incluye a MINSA, DINA, ALMER y Grupo PEO, propuso medidas clave para impulsar el crecimiento económico el cual, según otro panelista, el Dr. Julio Santaella, ha sido menos que mediocre al promediar solo un 1% anual entre 2017 y 2024.

  Para revertir esta tendencia, Gómez subrayó la necesidad de fortalecer el ecosistema empresarial, lo que requiere infraestructura adecuada, energía asequible, una fuerza laboral calificada y certeza jurídica. En cuanto a infraestructura, enfatizó que el país necesita carreteras modernas, ferrocarriles de carga, puertos marítimos funcionales y aeropuertos avanzados para garantizar la competitividad logística, ya que México ni siquiera está entre los 50 países más competitivos en este rubro.

  Gómez señaló que la articulación de los elementos antes mencionados, incluyendo energía barata, puede crear un ecosistema favorable para la inversión. Sin embargo, no mencionó otros aspectos igualmente fundamentales, tales como garantizar la seguridad jurídica, el estado de derecho, el combate a la corrupción, una educación básica de alta calidad, una mejor seguridad pública y un sistema de salud eficiente, los cuales también son condiciones indispensables para el crecimiento económico.

   Dijo que es conveniente desarrollar corredores industriales, como el Bajío, y polos de desarrollo en ciudades atractivas para industrias específicas, como Aguascalientes en el sector automotriz o Querétaro en el aeroespacial y desarrollar proveedores locales para que las empresas que manufacturan en México utilicen insumos nacionales, cumpliendo con los estándares de calidad, precio y logística exigidos por las grandes multinacionales.

    El gobierno,  por su parte,  debe reforzar su banca de desarrollo para apoyar a las PYMES y simplificar los trámites administrativos, los cuales, según comentó la Lic. Gómez, ascienden a más de 22,000, y que actualmente son un obstáculo para el crecimiento empresarial y fomentan la corrupción, por lo que urge un programa ambicioso de simplificación administrativa.

   Sugiere la empresaria el que empresas y gobierno compren de manera preferente a PYMES. A este respecto hay que señalar que desde hace años se incorporó esta obligación para el gobierno en la Ley de Adquisiciones y con ello ha surgido el fenómeno de favorecer a PYMES que no tienen las capacidades y que son fachada para realizar actos de corrupción, aspecto que habrá que evitar.

   En cuanto a la relación con Estados Unidos, Gómez se mostró optimista respecto al presidente Trump, confiando en que muchas de sus promesas de campaña que son perjudiciales para México, no se materializarán, aduciendo que tampoco cumplió sus amenazas en su administración anterior y que las economías de ambos países son complementarias, lo que favorece acuerdos como el TMEC.

   Finalmente, subrayó que son los empresarios nacionales quienes mueven la economía de México, implicando que no es el gobierno quien lo hace, por lo que será importante dar los apoyos necesarios a la iniciativa privada.

   Aunque las propuestas de Gómez no son novedosas y han sido intentadas en administraciones previas, con su experiencia empresarial, Altagracia Gómez tiene claridad sobre lo que México necesita para crecer. Si bien su papel podría asemejarse al de Alfonso Romo como interlocutora entre la iniciativa privada y el gobierno, queda por ver si desde su encargo podrá realmente impulsar el crecimiento económico que el país requiere.

LOS COSTOS DE LA RADICALIZACIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

   Desde hace varias décadas, ningún presidente en México había concentrado tanto poder como la actual administración. Esto se debe a las reformas judiciales y de supremacía constitucional, así como a la mayoría que mantiene en el Congreso y en los gobiernos de las entidades federativas. Esta combinación le otorga una capacidad notable para intervenir en la ley y la Constitución.

   Si el gobierno de la presidenta Sheinbaum optara por una agenda de corte radical que afecte a amplios sectores de la población, aumentaría el riesgo de fracturas sociales. Ejemplos históricos demuestran las consecuencias de estas divisiones, como la Guerra Cristera en México (1926-1929) o la rebelión de la Vendée en Francia (1792). Ambos conflictos surgieron de imposiciones ideológicas que desconocían los valores y tradiciones de la sociedad en su momento.

   La Constitución de 1917 introdujo medidas radicales que reflejaban la visión de una élite intelectual, pero no el sentir popular. Dentro de estas medidas se incluyeron las que imponían restricciones a la libertad religiosa en un país eminentemente católico. La educación fue declarada laica, prohibiendo la participación de instituciones religiosas en la enseñanza (artículo 3), y las órdenes religiosas quedaron proscritas (artículo 5). Además, el artículo 24 restringió la libertad de culto, mientras que el artículo 27 estableció que el Estado podría controlar las propiedades de la Iglesia. Finalmente, el artículo 130 limitó los derechos políticos del clero y restringió el número de sacerdotes por región.

   Inicialmente estas leyes se aplicaron con moderación, salvo en casos como los gobiernos de Tomás Garrido Canabal en Tabasco o Adalberto Tejeda en Veracruz. Sin embargo, el frágil equilibrio se rompió en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles decidió regular los artículos anticlericales con la llamada "Ley Calles". Esta legislación impuso severas restricciones a la Iglesia Católica. La reacción de la Iglesia fue inmediata: en julio de 1926, suspendió el culto público en México, a lo que el gobierno respondió cerrando templos y prohibiendo el culto en hogares.

   Como consecuencia de estas acciones, el 3 de agosto de 1926 ocurrió el primer enfrentamiento entre campesinos católicos y el ejército, iniciando la Guerra Cristera. Este conflicto se extendió principalmente por Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, aunque el descontento se esparcía por todo el país. Esta guerra duró tres años, dejando entre 150,000 y 250,000 muertos.

   Finalmente, el conflicto se estancó militarmente, hasta que el Papa ordenó una negociación. El gobierno mexicano, que buscaba evitar que el movimiento armado apoyara la candidatura opositora de José Vasconcelos y quería consolidar al candidato oficial, Ortiz Rubio, aceptó la negociación que acabó con la guerra en 1929. Sin embargo, el anticlericalismo gubernamental persistió hasta que el presidente Lázaro Cárdenas, en 1938, logró contener a los sectores más radicales de su administración. (Referencia: “La Cristiada” de Jean Meyer)

   Consciente de las posibles consecuencias de una política radical, Cárdenas eligió como sucesor a Manuel Ávila Camacho, evitando a Francisco Mújica, un candidato que quizás hubiera dividido más al país y así logró estabilidad política y religiosa.

  Las leyes anticlericales continuaron vigentes, pero su aplicación se relajó mediante la práctica virreinal de "Obedézcase, pero no se cumpla". Este sistema de simulación legal continuó hasta las reformas de 1992 impulsadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien adecuó los artículos anticlericales de la Constitución y estableció un régimen de tolerancia más acorde con la realidad del país.

   Estas reformas pusieron fin a una simulación de 75 años y corrigieron las tensiones originadas en 1917, que habían costado muchas vidas y generado una constante fricción entre el gobierno y una sociedad mayoritariamente católica. La Guerra Cristera advierte sobre los riesgos de imponer reformas sin tener en cuenta la opinión y las costumbres de la mayoría,  e incluso, de minorías numerosas.

   Hoy en día, aunque el riesgo de una rebelión armada es menor porque la población que se pueda ver afectada no está armada, como sí estaba al final de la Revolución, factores tales como el acceso a armas provenientes de Estados Unidos y el contexto de violencia relacionado con el crimen organizado complican el panorama.

   Actualmente, vivimos en una guerra de baja intensidad que, solo en el sexenio anterior, dejó alrededor de 200,000 muertos. Se estima que unos 175,000 individuos forman parte de grupos delictivos, la mayoría de ellos con acceso a armamento militar, lo que hace viable la posibilidad de armar y alimentar una revuelta en el país.

   Si la presidenta Sheinbaum utilizara su poder para imponer reformas radicales, o si no lograra controlar a los sectores más extremos de su administración, el país podría enfrentarse a una fragmentación interna similar a la de la Guerra Cristera.

  Concentrar un poder tan amplio en una sola persona implica la gran responsabilidad de utilizarlo con moderación y respeto hacia el sentir de la población. De lo contrario, el país podría enfrentarse a una crisis social y humanitaria, cuyos costos serían incalculables.