Por: Octavio Díaz García de León
Con frecuencia escucho a personas que se quejan de la corrupción que
existe en el gobierno. Pero también noto un tono de resignación, por lo que personas normalmente honorables, prefieren convivir con ella dando mordidas
para agilizar trámites, no pagar multas, hacer cosas que no permiten las normas
o para obtener favores de funcionarios de gobierno, entre muchas otras formas
de corrupción.
Siempre hay un mecanismo de justificación: “me sale más barato”,
“pierdo menos tiempo”, “no puedo hacer nada al respecto”, “ si no pago me van a
perjudicar”, “de nada sirve denunciar”, “todo sigue igual y no castigan a los corruptos”.
El argumento suele ser en el fondo: “ellos son los malos, no yo”. Pero la
realidad es que se necesitan dos partes para que haya corrupción: el que la
ofrece y el que la recibe y del lado del que la ofrece, hay muchos cómplices en
los procesos de corrupción.
Hay formas de corrupción que más bien son extorsiones, como las que
realizan los policías o la Guardia Nacional cuando detienen a conductores y
transportistas para exigirles dinero, aún si todo está en regla. En esto se
distinguen poco de la delincuencia organizada que cobra derecho de piso, por
ejemplo. De hecho, compiten con ella.
Por otra parte, tenemos a la gran corrupción la cual es enormemente
dañina porque no solo los montos involucrados son mucho mayores, sino la afectación
al bien público se multiplica. Un tren o un metro mal hecho, o un sistema de salud que no funciona, causa
muertes.
Pero esta corrupción se oculta mejor, pues para descubrirla se
requieren investigaciones especiales de lavado de dinero, auditorías forenses y
otro tipo de herramientas que solo están al alcance del propio gobierno, ya sea
través de la Secretaría de la Función Pública, de la Unidad de Inteligencia
Financiera o a través de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando estas
instancias no funcionan o su libertad de acción se ve coartada, la gran
corrupción prolifera.
Recientemente se han dado a conocer reportajes que implican a la
familia del presidente López Obrador en actos de corrupción y tráfico de
influencias. También se han publicado recientemente varios casos de posibles
actos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno.
Llama la atención que ante estos
reportajes y notas periodísticas, las instancias de fiscalización e
investigación correspondientes, tales como la Fiscalía General de la República
a través de la Fiscalía Anticorrupción o la Secretaria de la Función Pública, no hayan manifestado públicamente que se
investigará estas denuncias.
Tampoco observamos una instrucción presidencial para que se investiguen
estos reportajes por las instancias mencionadas, para ver si tienen méritos las denuncias y
las supuestas pruebas. Lo que hay es una gran ausencia de acciones por parte de
las autoridades encargadas de combatir la corrupción en torno a estas
revelaciones o, por lo menos, un gran silencio en torno a ellas. Ni que decir
del Sistema Nacional Anticorrupción que tampoco se ha pronunciado al respecto y
con lo cual se manifiesta una vez más, su falta de eficacia.
En contraste, recuerdo el caso de la "Casa Blanca de las
Lomas" en donde el presidente Peña salió a disculparse y a ordenar una
investigación al Secretario de la Función Pública para dilucidar si existió
conflicto de interés en la adquisición de dicha mansión. Como era de esperarse, dado el propio conflicto de interés que había en que
un subordinado investigara al presidente y no una instancia independiente, la
investigación acabó exonerando al presidente Peña y su esposa.
Pero por lo menos hubo investigación y los resultados de esta se pusieron
a disposición de todo el público a través de internet, aunque ya no están
disponibles. Estas revelaciones detuvieron la construcción del tren a Querétaro
y la ex primera dama tuvo que deshacerse de esa casa.
Finalmente es importante señalar la participación de empresarios en
estos actos de corrupción. En chats y conversaciones diversas me percato que algunos
de ellos están contentos con esta administración porque les están dando
negocios, algunos de ellos de manera ilícita.
Estos empresarios no tienen escrúpulo alguno en participar en actos de
corrupción, pues lo ven como algo natural, como el costo de hacer negocios con
el gobierno y no se paran a pensar en que violan la ley y en el daño que le
hacen al país. Los gobernantes corruptos saben que a los empresarios con los
que hacen negocios no les interesa el país, sino enriquecerse, y se aprovechan
de ello.
Urge retomar el combate a la corrupción de manera decidida para evitar
el enorme daño que ésta le causa al país. Esperemos que sea una prioridad para
la próxima presidente y ojalá los empresarios que hacen negocios mediante la corrupción,
tomen conciencia del daño que le hacen al país, para que dejen de ser cómplices
en estos procesos.
