En mi artículo anterior en esta columna mencioné la
existencia del malware de intervención telefónica llamado Pegasus, desarrollado por
la empresa israelita NSO. Este programa permite espiar a través de teléfonos
celulares, sin que la persona atacada se entere, con el cual se puede tener
acceso a toda la información que está en el aparato y escuchar y leer todas sus
comunicaciones.
Además, permite tener acceso al micrófono para
escuchar lo que ocurre en el entorno del teléfono y a las cámaras del aparato
para observar lo que estas captan, sin importar si está el aparato apagado. Con este malware, el smartphone se convierte en
uno de los aparatos de espionaje más poderosos que se han desarrollado.
De acuerdo con notas publicadas en el periódico
Reforma y Animal Político, en días recientes
ha sido llevado a juicio un empleado de una filial de la empresa Grupo KBH propiedad
de dos personas de origen israelita, la cual, bajo contrato con autoridades del gobierno
mexicano, en el sexenio de Peña Nieto intervino con Pegasus a periodistas como
Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y
empresarios destacados como Germán Larrea, Carlos Slim y directivos de
Televisa.
Un testigo protegido que proporcionó esta
información dijo que la lista de los objetivos de espionaje contenía 1,500
teléfonos, pertenecientes a personajes relevantes de la vida nacional. Las
intervenciones las realizaba esta empresa por del entonces
Secretario de Gobernación y del entonces Director General del CISEN.
Según el libro Pegasus recién publicado y
escrito por quienes encabezan a la organización Forbidden Stories, quienes dirigieron
a un consorcio de periodistas de todo el
mundo para investigar el uso ilegal de Pegasus, revela como
recibieron una lista de 50,000 teléfonos intervenidos, de los cuales 15,000
números eran de México, haciendo a nuestro país el usuario más grande del mundo
de Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto.
De acuerdo con notas del New York Times, Pegasus continúa siendo utilizado de forma exclusiva
por los militares mexicanos y ahora ellos son el usuario más grande a nivel mundial, de
este malware. Entre las personas espiadas en esta administración se encuentran defensores
de derechos humanos, periodistas, funcionarios, etc. El gobierno de México ha pagado 60 millones de
dólares por usarlo.
Seguramente Pegasus ha sido adquirido mediante
las partidas presupuestales, dedicadas a
gastos de seguridad nacional, las cuales en el sexenio de Peña crecieron significativamente, ya que entre 2013 y
2018 ascendieron a 65 mil millones de pesos, de los cuales 14 mil millones fueron
ejercidos por el CISEN, cifra que representó el 45% de su presupuesto.
Estas partidas se manejan con un alto grado de
secrecía y carecen de una rendición de cuentas adecuada. Actualmente buena parte de este dinero se
utiliza para pagar bonos extraordinarios a funcionarios que se supone corren
riesgos, aunque revisando la lista, para muchos de ellos es solo un sobresueldo
que no se justifica.
Este malware es de gran utilidad para combatir a la
delincuencia organizada, a funcionarios y empresarios corruptos y a otros malhechores.
Pero que sea utilizado para espiar a
ciudadanos inocentes representa una falla en la operación de la inteligencia
gubernamental, al estarse violando leyes y con ello, amenazar a nuestro régimen
democrático.
Por ello, requiere que haya supervisión y
vigilancia independiente sobre su uso, para evitar espiar a personas sin
vínculos criminales o que se pretenda utilizar esta información para poner en
riesgo vidas o someter a presiones y amenazas a personas que pueden ser
molestas para el régimen en turno.
Sería conveniente una revisión a la Ley de
Seguridad Nacional ya que actualmente la única instancia que puede solicitar
intervenciones de comunicaciones es el Centro Nacional de Inteligencia, antes
CISEN, y darle un sustento legal adecuado a las actividades de espionaje que
legítimamente realiza el gobierno federal.
Es conveniente, a la vez, que haya un estricto
control de las importaciones tanto de hardware como de software para el
espionaje, las cuales deben ser tratadas
con las restricciones propias de armas ofensivas de uso militar, pues ya se vio
que la empresa israelita NSO operó libremente en México vendiendo este malware
a gobiernos estatales y empresas privadas.
También se requiere una mayor supervisión y
limitación a los gastos de las partidas de seguridad nacional, ya que como se vio,
los gastos al amparo de estas partidas en el sexenio de Peña Nieto se
convirtieron en la nueva partida secreta del presidente o de los secretarios
que la ejercieron y, más recientemente, en pretexto para pagar importantes
sobresueldos.
Es conveniente que el gobierno use estas
herramientas de espionaje de grado militar para combatir a la delincuencia
pero, a su vez, debe existir una regulación estricta que impida su uso para
violar los derechos humanos de personas inocentes.
