Por: Octavio Díaz García de León
La idea: Todos los días se discute si los
gobiernos están logrando el fin para el que fueron creados. Para ello se
requieren metas claras y un sistema de control que permita corregir el rumbo en
caso necesario. Los organismos encargados del control interno ayudan en esa
labor, pero se han burocratizado y se les pone a realizar tareas para las que
no fueron diseñados. Es tiempo de revisar todo el andamiaje de planeación y
control del gobierno.
En mi colaboración pasada mencioné aspectos
operativos que dificultaron la actuación de la Secretaría de la Función Pública
(SFP) durante la gestión de la secretaria saliente, la Dra. Sandoval. Sin
embargo, más allá de los problemas operativos, quizás es tiempo de que el nuevo
secretario, el Mtro. Salcedo, replantee el papel de dicha Secretaría.
Actualmente las funciones de la SFP están bien
delimitadas: auxiliar en el control interno del gobierno federal a través de
organizar, coordinar, supervisar, normar y vigilar el cumplimiento del control
interno; fiscalizar a las instituciones; recibir quejas y denuncias, investigarlas
y turnarlas a las autoridades correspondientes; y procesar y sancionar a los
servidores públicos que violen la Ley de Responsabilidades.
Adicionalmente, tiene otras funciones tales como
resolver inconformidades en procedimientos de adquisiciones y obra pública y
sancionar a proveedores del gobierno. También propone mejoras a la gestión
pública y registra y autoriza las estructuras organizacionales del gobierno. Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción
y del Sistema Nacional de Fiscalización.
Para realizar estas labores, la SFP se apoya en sus
213 órganos internos de control (OIC) y dos unidades de responsabilidades,
quienes emplean a alrededor de 5,000 personas que están en la nómina de secretarías
y paraestatales. Las oficinas centrales de la SFP tienen 2,500 plazas de las
cuales alrededor de 1,300 corresponden a personal de los OIC transferidos a la
SFP. En total, esta Secretaría tiene a más de 7,000 funcionarios púbicos.
Sin embargo, habría que revisar que tan eficaz ha
sido este aparato burocrático. Por una parte, como hemos visto, no está diseñado para combatir la
corrupción, así que es de esperarse pocos resultados en este aspecto. Por otra parte,
en lo que respecta a sus funciones sustantivas, enfrenta diversos retos.
La normatividad de control interno que aplica al
gobierno federal está plasmada en un acuerdo emitido por la SFP
que si bien está apegado a las mejores prácticas internacionales, no se aplica
cabalmente, resulta muy complejo, está burocratizado y parte del supuesto que
las instituciones de gobierno cuentan con planes, objetivos y metas adecuadas a
lo que requiere la población. Como esto no ocurre así, el control interno
pierde buena parte de su eficacia.
Además, no existen consecuencias por incumplir esas
metas y objetivos. No me imagino a SFP sancionando a los más altos funcionarios
de la Secretaría de Salud por el más de medio millón de muertos por la pandemia,
por la falta de medicamentos y la lenta aplicación de vacunas; o de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana por el número récord de asesinatos y la pérdida de territorios, que ahora
son controlados por la delincuencia organizada, cuando el derecho a la vida, la
salud y la libertad de los mexicanos deberían ser objetivos primordiales del
gobierno.
En cuanto a las capacidades de la SFP como
autoridad investigadora de faltas administrativas, estas son limitadas, lentas y
pocas veces resultan en casos de responsabilidades contra servidores públicos.
La gran mayoría de los casos que llevan son por incumplimientos a la
presentación de declaraciones patrimoniales; ni siquiera por investigaciones
derivadas de estas declaraciones que pudieran detectar enriquecimientos
ilícitos. Además, está saturada por denuncias que no dan elementos para
investigar o son intrascendentes.
Quizá lo más rescatable son las labores de fiscalización
que realiza la SFP, pero esta capacidad se ha visto disminuida por decisiones
de la Secretaría al hacer énfasis en auditorías al desempeño y en disminuir el
tiempo de trabajo de los OIC, como lo señalé.
Otra área de oportunidad es el proceso
disciplinario de los servidores públicos mediante el cual se les sanciona por
violaciones a la Ley de Responsabilidades. He señalado el retroceso que representó
la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
cual amerita una reforma a fondo. Expertos han señalado sus deficiencias y en
la práctica ha sido poco eficaz.
Ahora que llega el nuevo secretario de la Función
Pública es oportuno plantearse cuál es el papel que debe jugar esta Secretaría,
hacer una revisión a fondo de su marco normativo, revisar el diseño de sus
procesos de trabajo y reorientarla a que sea una Secretaría que, a través del control
interno, ayude al presidente y a la población guiando las acciones de todo el gobierno
federal en el cumplimiento de sus objetivos. Constituye un gran reto para el
nuevo secretario de la Función Pública ya que solo quedan tres años de esta
administración.
