Imaginemos que usted olvida pagar a tiempo la
mensualidad de su casa; se retrasa en el pago de una tarjeta de crédito; se
retrasa con su hipoteca; invade con su automóvil una línea de tránsito que no
debía cruzar; rebasa el límite de velocidad en su auto; entrega tarde un
proyecto en su trabajo; deja de visitar a sus padres adultos mayores, que
requieren cuidados especiales; en un chat de amigos critica a políticos del
partido gobernante. Todo ello registrado cuidadosamente por su gobierno en un
sistema de puntuación global.
De pronto, un día le anuncian su despido del
trabajo; lo echan de su casa; le quitan el coche, le prohíben viajar en tren o
en avión; le quitan el pasaporte. En su sistema de “afinidad social” (por
ponerle nombre), el gobierno detecta que su puntuación negativa rebasa los
límites tolerados y por ello se han tomado esas medidas. De inmediato también
se ve objeto de ostracismo y se le señala como indeseable.
En sistemas tradicionales, cada uno de esos hechos
tendría consecuencias distintas y por separado. El riesgo surge cuando todas estos
incidentes empiezan a integrarse en un esquema unificado de vigilancia,
registro y evaluación. La vida entera de una persona se convierta en una
secuencia de datos acumulables, comparables y sancionables, bajo criterios
definidos por gobiernos o corporaciones con gran capacidad tecnológica.
La
reputación como mecanismo de control
La ciencia ficción ya ha planteado escenarios
parecidos. En el episodio “Nosedive”, de la serie Black Mirror, las
personas viven en una sociedad donde cada interacción social se califica con
estrellas. Entre más se agrade a otras personas, más estrellas. La puntuación determina
el acceso a vivienda, transporte, empleo, servicios y estatus. Quien baja de
calificación pierde oportunidades y empieza a ser tratado como una persona indeseable.
El episodio critica una sociedad en la que la reputación digital se convierte
en una forma de control social.
China
y el Sistema de Crédito Social
Actualmente algo similar empieza a surgir en el
mundo. El ejemplo más citado es China, aunque conviene precisarlo. No existe,
al menos como sistema nacional unificado, una sola puntuación social que sume
todos los comportamientos de una persona y determine automáticamente su
destino. Lo que sí existe es algo más complejo: un Sistema de Crédito Social
formado por registros públicos, listas negras, mecanismos administrativos,
sanciones y restricciones específicas para personas o empresas incumplidas. Una persona que se niega a cumplir una sentencia
puede ser incorporada a listas de incumplimiento y enfrentar restricciones para
ciertos gastos o actividades, como viajar en avión, usar trenes de alta
velocidad o acceder a ciertos servicios. No se trata de una “calificación
total” de la persona, pero no está lejano el día en que se convierta en un
sistema de control social integral.
La
acumulación de datos personales
El avance de la digitalización facilita este
proceso. Dejamos rastros digitales constantemente: trámites en línea, compras
electrónicas, uso de redes sociales, pagos con tarjeta, geolocalización del
teléfono, cámaras de vigilancia ubicuas, aplicaciones de transporte,
plataformas de hospedaje, servicios bancarios, expedientes médicos, historiales
laborales y comunicaciones digitales, entre otros. Por separado, muchos de
estos registros parecen inofensivos o incluso útiles. El problema surge cuando
esos datos se usan con propósitos de control social.
Los
ejemplos cercanos
Pero no hace falta ir hasta China para encontrar
mecanismos de calificación. En México por ejemplo, el buró de crédito califica el
comportamiento financiero de las personas y con ello se condiciona el acceso a
préstamos, tarjetas o arrendamientos. En la Ciudad de México existe el sistema
de Fotocívicas, que asigna puntos a los vehículos locales y los descuenta
cuando se cometen infracciones captadas por cámaras o radares. Al traspasar
ciertos límites, el propietario debe tomar cursos o realizar trabajo
comunitario para recuperar el derecho a verificar.
El
peligro de una sociedad calificadora
El problema no está en toda calificación. Sin ellas,
sería difícil otorgar créditos, sancionar infracciones, detectar fraudes o
administrar servicios públicos. El problema surge cuando empiezan a invadir la
totalidad de la vida social. El riesgo mayor es su uso político. En manos de
gobiernos autoritarios, estas tecnologías pueden servir para frenar las
protestas, identificar disidentes, castigar opiniones críticas y premiar la
obediencia. En lugar de recurrir a formas visibles de represión, el poder puede
operar mediante mecanismos más sutiles: negar oportunidades, degradar
reputaciones, dificultar trámites, limitar movilidad o aislar socialmente a
quien incomoda.
Sociedad
eficiente o vigilante
La pregunta de fondo es ¿qué tipo de sociedad
queremos construir? La tecnología puede
facilitar la vida, pero también puede convertirse en una infraestructura de
vigilancia permanente. La diferencia dependerá de los límites que se impongan
desde la ley, la democracia y la cultura cívica. Es tiempo de poner límites.
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