Por: Octavio Díaz García de León
Escándalos diarios, respuestas escasas
Casi todos los días, los medios de comunicación publican nuevas
denuncias de corrupción en el gobierno federal. Sin embargo, el eco
institucional es mínimo: poco se sabe de investigaciones, sanciones o medidas
emprendidas por organismos como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, la
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) o la Auditoría Superior de la
Federación.
Durante agosto de 2025,
titulares de la prensa nacional exhibieron la magnitud del problema: “Otro
Segalmex: 2 mil millones de pesos entregados a empresas fachada”; “Durante 45
años el Mayo sobornó a políticos y militares”; “La gobernadora de Veracruz
protege a auditor de Pemex acusado de recibir sobornos”; “Gasolineros acusan
extorsión de agencias del gobierno”; “Regalo de libros de texto y gasolina, más
pago de médicos, a Cuba”; “Titular del
órgano interno de control de la FGR acusado de corrupción”; “Sobornos a
funcionarios de Pemex, acusados en Estados Unidos”; “Red de contrabandistas
ligada a mando aduanal”; “Ingresos ilegales del presidente del Senado”.
Instituciones
bajo la lupa
La SABG ha impulsado reformas internas que prometen
mayor eficacia, pero la ciudadanía exige resultados tangibles. También genera
expectativa la nueva institución “Transparencia
para el Pueblo”, que sustituyó
al extinto INAI y de la cual se sabe poco acerca de su actuación. La
transparencia es clave para inhibir la corrupción, y se espera que este
organismo supere el desempeño de su antecesor, cuya desaparición fue muy
controvertida.
El Sistema Nacional
Anticorrupción también atraviesa
cambios relevantes: el INAI dejó de formar parte de ella; está por desaparecer
la representación del Consejo de la Judicatura; y se avecinan relevos en la presidencia del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Auditor Superior de la
Federación. Además, su Secretaría Ejecutiva permanece acéfala desde febrero de
2025. La Fiscalía Anticorrupción,
por su parte, carece de recursos suficientes y no se sabe gran cosa sobre los
resultados de esta institución.
La sociedad requiere certezas: ¿están funcionando las instituciones
creadas para contener la corrupción o solo existen en el papel?
El
deterioro en los indicadores
El problema de la corrupción se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional. México
perdió cinco puntos respecto a 2023, al pasar de 31 a 26 sobre 100, la calificación más baja de su historia.
Con ello cayó 14 lugares en el ranking global, hasta el lugar 140 de 180
países. Entre los miembros de la OCDE, México ocupa el último sitio; en el G20, solo supera a Rusia.
Estos datos confirman lo que la prensa y organizaciones civiles
documentan a diario: la corrupción en México no disminuye, al contrario, se
percibe como un problema cada vez más extendido.
Promesas incumplidas y
cuentas pendientes
El expresidente López Obrador convirtió el combate a la corrupción en la
bandera de su gobierno. No obstante, incumplió su promesa de “acabar con ella”.
Durante su sexenio quedaron impunes los grandes casos heredados de Peña Nieto, tales
como La Estafa Maestra y La Casa Blanca de las Lomas, y explotaron
nuevos escándalos, siendo el de Segalmex uno de los actos de
corrupción más graves en la historia de nuestro país.
Tampoco hubo rendición de cuentas por los sobrecostos de las megaobras: la refinería de Dos Bocas más que duplicó su costo estimado inicialmente
y la cancelación del NAIM costó casi
medio billón de pesos (332 mil millones de costos de cancelación y 115 mil
millones por construir el AIFA), deuda que aún compromete las finanzas públicas
y la operación del saturado y deteriorado Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, mientras que el AIFA tiene una capacidad de operación sumamente
limitada y se encuentra subutilizado.
El
reto de Sheinbaum
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta la
tarea de demostrar, en los hechos y no solo en el discurso, que el combate a la
corrupción es una prioridad. Hasta ahora se registran pocas señales: la destitución
de cinco funcionarios de Birmex por
sobreprecios en medicamentos y la reapertura de cinco investigaciones
contra funcionarios de Pemex, que
habían sido cerradas en 2024 y fueron retomadas tras denuncias de autoridades
de Estados Unidos. Aunque positivas, estas escasas acciones aún están lejos de derivar
en sanciones o en la recuperación de recursos desviados. La duda persiste: ¿se
quedarán en gestos políticos o marcarán un cambio de rumbo?
Conclusión:
hechos, no palabras
México enfrenta un problema estructural de corrupción que erosiona la
confianza ciudadana, desvía recursos y pone en riesgo la calidad de los
servicios públicos. El discurso oficial ya no basta: la sociedad exige acciones contundentes, sanciones efectivas y un uso responsable de los recursos públicos.
El próximo informe del Índice
de Percepción de la Corrupción en 2026
será un termómetro para evaluar si las instituciones y el gobierno responden
con hechos o si, una vez más, el combate a la corrupción se quedará en promesas
incumplidas.
