Por: Octavio Díaz García de León
En las últimas semanas, dos noticias
han llamado la atención sobre lo que sucede en los órganos internos de control
(OIC) federales, instancias clave para el control interno de las instituciones
públicas.
En la Fiscalía General de la República (FGR), su titular solicitó la
renuncia al titular del OIC y a sus nueve colaboradores principales, algunos de
ellos señalados por presuntos actos de corrupción que incluyen tráfico de
influencias, omisiones graves y otros delitos.
En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el nuevo titular
del OIC cesó a 15 funcionarios del OIC. La razón: descubrió que estas personas,
contratadas por su antecesor, tenían redes de nepotismo, incumplían con horarios, no iban a trabajar y carecían
de los perfiles técnicos para el cargo. De acuerdo con reportes periodísticos,
algunos de estos “aviadores” operaban políticamente para el Partido del Trabajo
en Jalisco.
Un
problema de origen: designación y supervisión
Los titulares de OIC de organismos autónomos como los citados
anteriormente, son designados por la Cámara de Diputados. Esto debería
garantizar perfiles idóneos, pero los casos recientes muestran deficiencias en
los filtros de selección.
Además, estas autoridades sólo pueden ser removidas por la propia Cámara y carecen de mecanismos claros de rendición de cuentas. Apenas a principios de julio de este año, se le dio facultades a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para investigar y sancionar por la vía administrativa a estos funcionarios, a pesar de que los primeros fueron nombrados hace más de seis años.
Por otra parte, en abril de este año, el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) publicó un estudio que
identifica los puestos con mayor riesgo de corrupción en la administración
pública federal. Entre ellos, posiciones
clave de los OIC que dependen de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
(SABG). Aunque los hallazgos no son novedosos, sí pone el foco nuevamente en
una problemática conocida: la vulnerabilidad de los OIC a presiones políticas y
a prácticas irregulares.
Cuando
el control interno se convierte en complicidad
Dicho estudio informa acerca de lo sucedido en el sexenio pasado,
cuando la entonces Secretaría de la Función Pública instruyó a las áreas de
auditoría a realizar “acompañamientos” a las dependencias auditadas. En la
práctica, esto derivó en “negociaciones” para suavizar o eliminar observaciones
que podían tener impacto negativo en el erario o en la imagen política de las
instituciones. Si bien la función de un OIC incluye asesorar a las
instituciones que fiscaliza y prevenir riesgos, estas prácticas no deben cruzar
la línea hacia la complicidad, debilitando la autonomía del OIC y la confianza
ciudadana.
Reformas
y retos pendientes
Dados estos acontecimientos, la Cámara de Diputados debe mejorar sus
procesos de selección, asegurando que los candidatos a titulares de OIC —en
instancias donde tiene jurisdicción como FGR, INEGI e INE— y para la próxima
elección del Auditor Superior de la Federación, cuenten con trayectoria
probada, pasen exámenes técnicos y de control de confianza, y estén sujetos a
evaluaciones periódicas de desempeño.
Por su parte, la SABG ha emprendido cambios internos para revertir el
esquema operativo ineficaz heredado del sexenio pasado. Su nuevo Reglamento
Interno clarifica procesos y permite a los OIC que dependen de ella, funcionar
mejor que en el pasado.
Además, separa la labor de supervisión de entidades y dependencias y la
de coordinar a los OIC —que antes realizaban los “comisarios” -- en dos
figuras: Directores Generales de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua
y titulares de Unidades de Vigilancia. Esto facilita el vigilar a las instituciones
del gobierno federal y la gestión de casi 200 OIC´s y oficinas de
representación.
También la SABG está retomando procesos meritocráticos de selección para
nuevos titulares de OIC y oficinas de representación, asegurando mejores
perfiles. Falta que el tablero de control de los OIC vuelva a tener la fuerza
que tuvo en sexenios anteriores y con la cual se medía la eficiencia y eficacia
de los OIC, asegurándose de que cumplieran con sus objetivos.
Finalmente, está por entrar en operación el centro de control de
confianza de la SABG que instrumentará el proceso de evaluación de confianza
de los servidores públicos que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto
nivel en el gobierno federal, con lo cual
podrá orientar sus esfuerzos a las áreas más vulnerables a la corrupción
que no siempre son las administrativas, sino aquellas sustantivas que manejan
programas, recursos y decisiones de alto impacto en las instituciones del
gobierno federal.
Con estas reformas y la intervención decidida del OIC en la SABG, cuyo
titular fue nombrado por la Presidenta Sheinbaum, la SABG podrá reforzar
controles internos, garantizar la
independencia de los OIC para mitigar los riesgos de corrupción dentro de los OIC
y que puedan realizar con eficacia el trabajo para el que fueron creados. Falta
que la Cámara de Diputados haga lo que le corresponde.
