Por: Octavio Díaz García de León
El país enfrenta una grave crisis de seguridad pública, al culminar el
sexenio más violento de su historia reciente, con casi 200 mil homicidios
dolosos y más de 50 mil personas desaparecidas. Este nuevo sexenio comienza con
episodios de gran violencia en lugares como Chilpancingo, Villahermosa,
Culiacán, Durango, Guanajuato y Michoacán, entre otros.
Ante este reto, el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
García Harfuch, ha presentado su programa para abordar la seguridad pública,
basado en cuatro ejes.
El primer eje se centrará en atacar las causas subyacentes de la
violencia, una estrategia que fue prioritaria en el sexenio de Calderón, aunque
sin lograr una reducción significativa en los niveles de criminalidad. Este
enfoque requiere constancia y recursos considerables para ofrecer alternativas
viables frente a los beneficios económicos que la delincuencia organizada
brinda a sus reclutas. Los resultados, de alcanzarse, serían a largo plazo y
dependen de un compromiso sostenido.
El segundo eje busca la consolidación de la Guardia Nacional, que, a
pesar de haber sido creada hace cinco años, aún no ha cumplido con las
expectativas en materia de seguridad. Este organismo está bajo control militar,
lo que limita la influencia directa que el Secretario de Seguridad puede tener
en su operación por lo que la efectividad de este eje dependerá en gran medida
de las acciones que realicen las fuerzas armadas.
El tercer eje se enfocará en fortalecer la inteligencia y la
investigación sobre la delincuencia organizada, fortaleciendo a las
instituciones civiles en este ámbito. Durante el sexenio pasado, esta tarea
estuvo mayormente en manos de la inteligencia militar. Para abordar esta área,
se planea crear una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, que
posiblemente supervise al antiguo CISEN, ahora conocido como el Centro Nacional
de Inteligencia (CNI). Aunque no está claro si la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) se integrará a este esfuerzo, su participación será crucial para las
investigaciones.
A lo largo de la historia, las instituciones de inteligencia civil han
operado con luces y sombras. Por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad,
predecesora del CISEN y el CNI, se convirtió en una policía política y estuvo
implicada en actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas. El reto
será evitar que se repitan estos errores, estableciendo controles de confianza rigurosos
para mantener la integridad de estas instituciones.
El cuarto eje se centrará en la coordinación entre el gabinete de
seguridad y las autoridades estatales, una estrategia que ha sido intentada
desde el sexenio de Zedillo con resultados limitados. El programa también
destaca la intención de enfocar esfuerzos en los estados y municipios más
violentos, buscando su pacificación y reducción de actos delictivos. Sin
embargo, no se han detallado las acciones específicas para lograrlo y ya se ha
visto que no basta la presencia de numerosas fuerzas militares, como en Sinaloa,
para disminuir la violencia.
Expertos en seguridad han
señalado que este programa no presenta innovaciones ni detalles claros sobre
cómo se implementarán estos cuatro ejes. No obstante, el hecho de que ya no se
mencione la estrategia de “abrazos, no balazos” es considerado un avance
significativo.
El fortalecimiento
de la inteligencia debe ser una prioridad. Aunque la inteligencia actualmente
está dominada por las fuerzas armadas, es crucial reconstruir la inteligencia
civil y policial para llevar a juicio a los delincuentes de manera efectiva.
La reforma judicial
podría apoyar estos esfuerzos al permitirle al Poder Ejecutivo colocar jueces
menos estrictos en cuanto a la solidez de las carpetas de investigación y menos
garantistas de los derechos humanos de los acusados, con lo cual se facilitaría el encarcelamiento
de estos, aunque con ello se podrían
violentar sus derechos humanos.
La posible
ratificación de la Titular de la Comisión de Derechos Humanos también podría
facilitar el trabajo de las fiscalías, al estar más orientada a apoyar al
gobierno en turno que a la defensa de
los derechos humanos.
En este contexto,
la población podría estar más dispuesta a aceptar una estrategia similar a la
de Bukele en El Salvador, enfocada en un control más firme sobre el crimen, que
a seguir permitiendo la impunidad de los delincuentes.
Aún queda por ver cómo se reclutarán miles de investigadores de campo,
analistas y expertos en técnicas de investigación, así como la creación de
plataformas tecnológicas que conviertan la información en pruebas utilizables
en procesos judiciales. El presupuesto de 2025 será un indicador clave del
compromiso del gobierno con la reconstrucción de la inteligencia civil.
La nueva
administración hereda una situación extremadamente difícil en términos de
seguridad pública y corrupción. Se requieren acciones inmediatas y contundentes
para recuperar los territorios controlados por el crimen organizado. El
programa anunciado por el Secretario de Seguridad es solo el primer paso; el
éxito dependerá de la capacidad del gobierno para implementar medidas eficaces
y sostenidas que lleguen a la raíz del problema.
