Por: Octavio Díaz García de León
El sistema de salud de México ha sufrido un
deterioro más acentuado a partir de 2018,
el cual ha causado centenares de miles de muertes derivadas de la
pandemia y de la falta de atención de enfermos con cáncer, entre otros
padecimientos, así como millones más de
personas que han carecido de atención médica adecuada.
Entre las acciones que han resultado dañinas al
sistema de salud pública e incluso han afectado también al sector privado, están:
el desmantelamiento del sistema de abastecimiento de medicinas, vacunas e
insumos médicos y el fracaso para
sustituirlo; la desaparición del seguro popular y su fallida sustitución con el
INSABI por lo que se ha tenido que recurrir a un ya muy saturado IMSS, con el
consecuente deterioro en la calidad de
sus servicios; el manejo anticientífico y con negligencia de la pandemia de
Covid-19, lo cual ocasionó la muerte de más de 800 mil personas; la saturación de los servicios públicos de
salud; y la falta de recursos para atender las necesidades actuales de atención
médica y vacunas de diversos tipos, entre otras.
El desabasto de medicinas ha sido documentado en el
libro La Tragedia del Desabasto de Xavier Tello y
el pésimo manejo de la pandemia en los libros de la Dra. Ximénez Fyvie. Como decía un
conocido articulista en una reunión privada reciente, sorprende que los
responsables de la salud pública en México, con un alto grado de preparación
científica, hayan renunciado a aplicar sus conocimientos y hayan caído en la tentación
sicofante, sin importar el costo en vidas humanas y la salud de millones de
personas.
En relación al grave problema de desabasto, hace
unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo determinar la inconstitucionalidad de la reforma que
se hizo a la Ley de Adquisiciones con la cual se permitía contratar instituciones
intergubernamentales, tales como la UNOPS.
La UNOPS es un organismo de
las Naciones Unidas cuyo fin es ayudar a países muy subdesarrollados que no
tienen capacidades, por ejemplo, para hacer compras de medicinas, que de
ninguna manera es el caso de México.
El argumento de los senadores que presentaron la
acción de inconstitucionalidad era que dicha reforma violentaba al Art. 134 de
la Constitución, en donde se pide que el Estado obtenga las mejores condiciones
para sus adquisiciones. Esta reforma a
la Ley de Adquisiciones tuvo el único propósito de poder contratar a la
UNOPS, para que en las compras que
manejara este organismo no se tuviera que aplicar la Ley de Adquisiciones y,
por lo tanto, estuviera exenta de lograr
las mejores condiciones para el Estado Mexicano en sus procesos de adquisición.
Al día siguiente de la aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones, se
firmó un convenio con la UNOPS.
Como lo expresé en un artículo anterior, la
contratación de la UNOPS resultó demasiado cara; más cara que todo el
presupuesto anual de la Secretaría de la Función Pública; fue ineficaz y
disfuncional pues esta pequeña oficina de Naciones Unidas no tenía las
capacidades ni experiencia para realizar adquisiciones tan grandes, ni la
logística para distribuir las medicinas. La UNOPS no está exenta de corrupción
como se ha documentado; opera en la opacidad pues no está sujeta a las leyes de
transparencia de nuestro país; no rinde
cuentas pues ningún organismo fiscalizador del gobierno mexicano puede revisar
su actuación; y no se concursó su contratación para ver si existían otras
agencias intergubernamentales más capaces.
Si la Suprema Corte solo pudo reunir 7 de los 8
votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad, esperamos que una
legislatura más razonable pueda modificar la Ley en el futuro, ya que quedó
demostrado el fracaso de usar un organismo intergubernamental para las
adquisiciones de medicinas con el consecuente daño ocasionado al sector salud.
Ante la crisis del desabasto de insumos médicos, el
Estado Mexicano deberá obtener mejores precios, entregas completas y a tiempo.
También es necesario reforzar la fiscalización de las compras del gobierno, en
especial porque recientemente ha habido fallas en el sistema CompraNet y
existen indicios de que las fallas han sido para manipular el sistema, descalificar
proveedores y asignar contratos a modo.
Es muy importante que la vigilancia, rendición de
cuentas y fiscalización de los procesos de contratación se incrementen ante el aumento
en las adjudicaciones directas, la discrecionalidad que se está dando al
invocar de manera excesiva y sin justificación, razones de seguridad nacional
para ocultar información de las compras y las fallas en CompraNet, que se pueden
prestar a opacidad y actos de corrupción.
Es de
esperarse que, dada la mala experiencia, ya no se vuelva a contratar a la
UNOPS. Falta ver si habrá consecuencias para los responsables de la mala
decisión de contratarla.
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