26 de marzo de 2026

EN BUSCA DE LA MEXICANIDAD

 

 

Por: Octavio Díaz García de León

                                                                 “El mexicano no quiere ser ni indio ni español.

Tampoco quiere descender de ellos.  Los niega.

Y no se afirma en tanto que mestizo

sino como abstracción: es un hombre.

Se vuelve hijo de la nada.

Él empieza en sí mismo”

Octavio Paz (El Laberinto de la Soledad)

 

    El encontrar que es la mexicanidad ha sido una de las grandes preocupaciones intelectuales de los mexicanos.  Es la consecuencia de una historia marcada por la Conquista, la fusión de pueblos, la herencia virreinal, la independencia y el prolongado esfuerzo por construir una nación unificada a partir de una realidad plural.

 Construcción de la identidad nacional

   Durante el virreinato se fue configurando una sociedad nueva, en la que el español se consolidó como lengua predominante, enriquecida por vocablos indígenas, mientras que el catolicismo se extendió mediante un amplio proceso de sincretismo religioso. Esto lo vislumbraron intelectuales del siglo XVI como Sor Juana Inés de la Cruz quien escribió los poemas mas hermosos del idioma español, a la vez que escribió poemas en náhuatl.

   La independencia no resolvió el problema de la identidad nacional. En sus primeras etapas, el movimiento insurgente fue una reacción a la invasión napoleónica de España y en defensa de la monarquía española, antes de transformarse en un proyecto político emancipador, encabezado por criollos que buscaban autonomía y poder propio.

   Tras la consumación de la independencia, México buscó distanciarse del pasado virreinal. Aun así, innumerables instituciones virreinales que reconocían diferencias y privilegios a los diferentes grupos que integraban la sociedad novohispana, prevalecieron hasta la Reforma de los liberales a mediados del siglo XIX, cuando se impuso una concepción igualitaria y abstracta del ciudadano. Como señala Octavio Paz: “La República no está compuesta por criollos, indios y mestizos […] sino por hombres, a secas. Y a solas.” Esta idea refleja la aspiración liberal de eliminar distinciones legales basadas en origen étnico o condición social.

 El mestizaje como explicación de la nación

   A partir del siglo XX y hasta el presente, una de las interpretaciones más influyentes de lo que define la mexicanidad ha sido la del mestizaje, que tiene un fuerte contenido racial al referirse a la fusión de dos “razas”:  indígenas y europeos. Así, el mestizo fue elevado a figura central de la nación. Esta narrativa fue promovida como eje de cohesión e identidad pero a costa de minimizar la pluralidad étnica y cultural del país.

 El problema del concepto de raza

   El concepto de “raza” que en su origen sustentaba el concepto de mestizo,  presenta problemas fundamentales. Surgido en el siglo XIX, este término fue utilizado para clasificar a los seres humanos según características físicas. Sin embargo, la genética contemporánea ha desacreditado esa visión. A nivel de ADN, los seres humanos compartimos aproximadamente más del 99.9% de su material genético, lo que invalida cualquier jerarquización racial. Hoy se reconoce que se trata de una construcción social e ideológica, históricamente empleada para justificar el colonialismo y, en casos extremos, políticas genocidas como las impulsadas por Hitler durante el nazismo.

Vasconcelos y la “raza cósmica”

   José Vasconcelos llevó la idea del mestizaje a su formulación más ambiciosa con el concepto de la “raza cósmica”. En esa visión, el mestizaje no era solo una realidad histórica, sino el anuncio de una nueva síntesis civilizatoria y ofrecía una narrativa optimista de integración nacional.  Ahora, la discusión contemporánea sobre la mexicanidad ha evolucionado hacia el reconocimiento de la pluralidad cultural: desde los pueblos indígenas hasta las comunidades menonitas y mormonas, que conservan prácticas culturales propias.

 Diversidad cultural y derechos humanos

   El reconocimiento de la diversidad cultural no implica la aceptación irrestricta de todas las prácticas sociales ni aceptar sin más cualquier práctica en nombre de la tradición. En un Estado moderno, el respeto a los derechos humanos constituye un límite infranqueable. No pueden justificarse prácticas que vulneren derechos fundamentales bajo el argumento de usos y costumbres. La diversidad merece respeto; la violación de derechos, no.

Hacia una nueva concepción de lo mexicano

  La mexicanidad no puede definirse únicamente en función del pasado. Una nación no se explica únicamente por su origen; también se define por el proyecto de futuro que es capaz de construir. El mexicano deberá ser, ante todo, un ciudadano cosmopolita: abierto al mundo, receptivo a las ideas científicas y tecnológicas, y comprometido con la democracia, la libertad y el desarrollo de su comunidad.

  México continúa buscando una identidad que no excluya, sino que integre; que no se ancle en el pasado, sino que proyecte una visión moderna hacia el futuro. La mexicanidad no debería entenderse como una esencia fija ni como una herencia racial, sino como una tarea colectiva: la de articular memoria, ciudadanía, diversidad y futuro dentro de un moderno proyecto nacional.

 

16 de marzo de 2026

EL NUEVO AUDITOR SUPERIOR: FISCALIZACIÓN O POLÍTICA

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    La Cámara de Diputados eligió por amplia mayoría al nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, para un periodo de ocho años. Se trata de una designación relevante porque marcará el rumbo de una institución clave para la supervisión del uso de los recursos públicos en México.

    Se anticipa que podría existir continuidad respecto a la gestión anterior, ya que el nuevo Auditor formó parte del equipo del Auditor Superior anterior. También se ha señalado su cercanía política con la presidenta Sheinbaum, lo que ha generado cuestionamientos sobre el grado de independencia que ejercerá la institución frente al Poder Ejecutivo.

 Independencia formal y realidad política

     La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue concebida como un órgano técnico dependiente de la Cámara de Diputados para garantizar un mayor grado de autonomía frente a los Poderes Ejecutivo y Judicial. Desde esta posición institucional tiene la facultad de fiscalizar el gasto federal ejercido en todo el país, no sólo por las dependencias del gobierno federal sino también por los gobiernos estatales y municipales cuando administran recursos federales. Sin embargo, la independencia formal no siempre se traduce en independencia efectiva. En el pasado reciente se ha cuestionado si la institución ha actuado con suficiente independencia frente al poder político.

     También podría ser que, dada la cercanía política del nuevo Auditor Superior con la presidenta, la ASF podría hacer revisiones sobre irregularidades heredadas de la administración anterior, para desplazar a actores políticos indeseables. En todo caso, el nuevo Auditor Superior cuenta con preparación técnica y experiencia en la administración pública, lo que permite esperar una gestión con cierto grado de profesionalismo.  Pero todavía es demasiado pronto para anticipar cuál será el rumbo que tomará su gestión.

 Resultados recientes de la fiscalización

     De acuerdo con los informes del resultado de la fiscalización superior correspondientes a la Cuenta Pública 2024, cuyos resultados se presentaron en diversas entregas durante 2025 y febrero de 2026, la ASF contaba con aproximadamente 2,560 plazas entre personal de base y de confianza. Durante ese proceso de fiscalización se realizaron 2,264 auditorías y se generaron alrededor de 2,028 acciones u observaciones derivadas de los procesos de revisión. En conjunto, los montos por aclarar ascendieron a aproximadamente 65,169 millones de pesos. Esta cantidad representa cerca del 0.71 por ciento del presupuesto público federal ejercido en 2024, que fue el ejercicio fiscal revisado.

 Fiscalizar no es lo mismo que combatir la corrupción

    A menudo se atribuye a la ASF la función de combatir la corrupción. Sin embargo, esta interpretación resulta imprecisa. El propósito fundamental de la ASF es fiscalizar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable. Cuando en el proceso de auditoría se detectan irregularidades que podrían constituir actos de corrupción, ello suele ser un resultado indirecto del proceso de revisión.

    Las auditorías se concentran en verificar el cumplimiento de normas administrativas y presupuestales, mientras que muchos esquemas de corrupción se diseñan precisamente para aparentar legalidad. Por esa razón, los actos de corrupción rara vez son detectados directamente mediante auditorías tradicionales. Su identificación requiere herramientas propias de las investigaciones criminales, como análisis patrimoniales, inteligencia financiera o técnicas de investigación especializadas que normalmente corresponden a instituciones de procuración de justicia.

Desafíos de la nueva gestión

    El nuevo Auditor Superior inicia su mandato en un momento en el que la exigencia social de transparencia y rendición de cuentas es cada vez mayor. Su principal desafío será fortalecer la credibilidad de la institución y demostrar que la fiscalización del gasto público puede realizarse con rigor técnico y sin sesgos políticos. También deberá hacer uso más amplio de las facultades que fueron ampliadas a partir de las reformas de 2016, las cuales permiten a la ASF investigar, substanciar y resolver faltas administrativas no graves e investigar faltas graves para prevenir e inhibir de irregularidades administrativas.

    Al mismo tiempo, será necesario atender diversos señalamientos formulados por exfuncionarios de la propia ASF sobre presuntas irregularidades internas durante la gestión del Auditor Superior saliente. Aclarar cualquier duda sobre el funcionamiento interno de la institución será fundamental para fortalecer su legitimidad.

Una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas

    La responsabilidad que asume el nuevo Auditor Superior es considerable. Si la nueva administración logra ejercer sus facultades con independencia, profesionalismo y transparencia, la ASF podrá ser uno de los pilares del sistema de rendición de cuentas del país. No queda sino desear que la gestión del Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel se distinga por su rigor técnico y deje una huella positiva en la supervisión del uso de los recursos públicos federales y, en la medida de lo posible, contribuya también a mitigar prácticas de corrupción en la administración pública.Principio del formulario

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7 de marzo de 2026

LA MUERTE DEL “MENCHO”: PUNTO DE QUIEBRE

 

Por: Octavio Díaz García de León


    La captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, sacudió al país. No solo por la relevancia de la noticia al haber eliminado a uno de los lideres criminales más notorios, sino por la oleada de ataques que siguió a su caída. La respuesta violenta mostró el alcance del CJNG: su presencia territorial, sus recursos, su capacidad operativa, su armamento y, sobre todo, el factor sorpresa con el que logró desbordar a la Guardia Nacional y poner contra las cuerdas a buena parte de las fuerzas de seguridad. Lo más grave, sin embargo, fue el saldo humano y social: la pérdida de 28 integrantes de la Guardia Nacional, decenas de víctimas adicionales, daños considerables a propiedades y una parálisis temporal de todo tipo de actividades en varios estados.

 La sorpresa y la débil respuesta

     Más allá del impacto mediático, el episodio dejó una lección: el Estado sigue teniendo dificultades para responder con rapidez y coordinación ante ataques simultáneos en distintos puntos del país. La logística criminal —bloqueos, agresiones, incendios y hostigamiento directo a instalaciones— se desplegó con una sincronía que evidenció planeación, mando y disciplina operativa. Fue una ofensiva diseñada para generar confusión, exhibir fuerza y, de paso, enviar un mensaje: aun sin su líder, el CJNG conserva capacidad de hacer daño.

 Estados Unidos: presión creciente

     Este golpe no redujo la presión del presidente Trump. Su primera reacción apuntó a que México “debe hacer más” contra el narcotráfico, acompañada de su insistencia en una participación más directa de tropas estadounidenses. Tras el despliegue de poder mostrado por el CJNG, esta propuesta debería tomarse en cuenta.

 Logro táctico, pero no el fin del CJNG

     Sin demeritar el logro de las fuerzas armadas mexicanas, conviene no confundir un golpe táctico con una victoria estratégica. La muerte de un líder desorganiza, reconfigura y abre disputas, pero no elimina el entramado que sostiene a la organización. Mientras permanezcan las condiciones que dieron origen a esta fuerza narco-militar, esta seguirá existiendo, quizá bajo nuevos dirigentes, con otro nombre o con nuevas alianzas, pero con la misma vocación de control territorial y desafío al Estado.

 Causas estructurales  

     El fenómeno se explica por los factores que la alimentan: la enorme demanda de drogas en el país vecino; la facilidad para contrabandear armas de alto poder; la corrupción de autoridades; la captura de municipios y gobiernos estatales mediante elecciones financiadas por los narcos; las complicidades con mandos de seguridad; y el desgaste institucional que implicó asignar a las fuerzas armadas, desde el sexenio pasado,  tareas ajenas a su función principal, que las distraen, las debilitan y, en algunos casos, las corrompen.

 Del “dejar hacer” a la confrontación

    El cambio de enfoque en la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum es relevante. Se ha transitado de una política tolerante a los criminales, resumida en el lema “Abrazos, no balazos”, que ya tenía 7 años de vigencia, hacia una estrategia de confrontación abierta que tiene similitudes con la estrategia de Calderón. Con este paso dado, será difícil volver a esa política de tolerancia con delincuentes.  Además, la presión de Estados Unidos vuelve políticamente inviable reabrir espacios de negociación informal con los cárteles.  Al mismo tiempo, el costo interno de tolerar la libertad con la que los estos asaltan, extorsiona y asesinan empieza a erosionar el sustento político de MORENA. Recuperar territorios ya no es solo una necesidad de seguridad: es una necesidad de gobernabilidad, y también de supervivencia política.

 La “Guerra de Sheinbaum”

    Las repercusiones políticas para la presidenta se reflejan en la reacción del crimen organizado. Los ataques a instituciones emblemáticas del sexenio anterior —como el Banco del Bienestar y la Guardia Nacional— pueden interpretarse como una señal de que hay un rompimiento, aunque haya tratado de suavizarlo permitiendo un sepelio de lujo exorbitante a "El Mencho",  protegido por las mismas fuerzas que lo abatieron y a las cuales causó tantas bajas.  En paralelo, se percibe un ambiente de alerta en el gobierno que confirma que podrían esperarse nuevas confrontaciones ya sea entre las facciones del CJGN para asegurar nuevos liderazgos y/o con las fuerzas federales.  

     Estamos quizás ante un punto de quiebre. Podría ser el inicio de una nueva etapa, con el precio político, institucional y humano que implica enfrentar al narco para recuperar gobernabilidad y apoyo popular. Si la confrontación con la delincuencia organizada se sostiene, podría llevar a la liberación del país de su yugo y la recuperación de la paz. Tal vez este sea el parteaguas que muchos esperaban del gobierno de la presidenta Sheinbaum, y quizá con el tiempo, esta decisión de enfrentar al crimen organizado acabe por conocerse con el nombre de “La Guerra de Sheinbaum”. Pero sin importar etiquetas, lo perdurable será pasar a la historia como la presidenta que pudo quitar a los delincuentes el control de buena parte del país.

14 de febrero de 2026

EMPODERAR AL CIUDADANO: LA NUEVA REFORMA ANTICORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León


    Recientemente, la presidenta Sheinbaum anunció la intención de reformar al Sistema Nacional Anticorrupción. En sus declaraciones señaló que el objetivo es empoderar al ciudadano en el combate a la corrupción, al considerar que el sistema no ha funcionado adecuadamente y que se requieren modificaciones para que las denuncias presentadas por la población tengan consecuencias efectivas. Su anuncio es relevante, ante la muy baja calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (Calificación 27/100 y lugar entre países: 141/182) pero exige una transformación más profunda del sistema anticorrupción.

 Antecedentes históricos

   La posibilidad de denunciar actos indebidos de servidores públicos no es una innovación reciente. Desde la época virreinal existía la figura del Visitador que recibía denuncias de cualquier súbdito, y era el encargado de inspeccionar, corregir y, si era necesario, sancionar a las autoridades locales, incluido el propio virrey. Durante el siglo XIX se desarrollaron diversas disposiciones sobre responsabilidades administrativas. Posteriormente, la Constitución de 1917 incorporó en su Título Cuarto las bases del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, estableciendo un marco constitucional que sigue vigente.

    En la etapa contemporánea, un punto de inflexión se dio en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando se fortalecieron los mecanismos para recibir y atender denuncias ciudadanas desde la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, posteriormente denominada Secretaría de la Función Pública y ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno,  y sus equivalentes en estados y municipios. Desde entonces, la recepción de denuncias forma parte estructural en los tres órdenes de gobierno.

La reforma de 2015-2016

    La transformación institucional más significativa ocurrió en 2015 y 2016 con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas reformas redefinieron competencias, establecieron la separación entre autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras, y dotaron a los procedimientos de una estructura más formal y garantista. Sin embargo, el rediseño procesal incrementó la complejidad de los expedientes sin que se fortalecieran los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales de los encargados de aplicarla. La consecuencia fue un sistema más complejo en lo normativo e ineficaz en los resultados.

 La denuncia ciudadana

   Como vimos, la posibilidad de presentar denuncias ciudadanas ha existido a lo largo de nuestra historia. Así, los órganos internos de control reciben miles de quejas y denuncias cada año y cuentan con atribuciones para investigarlas. El problema central no radica en la ausencia de mecanismos de denuncia, sino en la calidad de las investigaciones, la capacidad probatoria y la obtención de sanciones firmes.  

   Hablar de empoderamiento ciudadano requiere definir con claridad su alcance. Facilitar la presentación de denuncia es deseable, pero no debe traducirse en la afectación de garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Problemas estructurales en la práctica

    Uno de los desafíos más frecuentes es la baja calidad de muchas denuncias. En numerosos casos los escritos carecen de datos verificables o elementos mínimos para iniciar una investigación formal. Otras denuncias corresponden a conflictos laborales o personales que no constituyen faltas administrativas. También existen denuncias anónimas que, aunque legítimas, dificultan la ampliación de información cuando no contienen pruebas suficientes. Otro elemento crítico es la falta de homologación y robustez tecnológica en los sistemas de recepción y gestión de denuncias. Además, no se cuenta con acceso ágil a bases de datos patrimoniales y herramientas analíticas que permitan investigar redes complejas de corrupción.

    A esto se suma la carga de trabajo derivada de incumplimientos formales, como la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales o actas de entrega-recepción, que absorben gran parte de la capacidad operativa de las áreas investigadoras.

 Hacia una reforma sólida

    Si se pretende que las denuncias tengan consecuencias reales, la reforma debería orientarse a fortalecer las capacidades técnicas de investigación, profesionalizar al personal, homologar sistemas y mejorar la coordinación entre la vía administrativa y la penal.

    Incrementar el número de denuncias sin mejorar su calidad ni dotar de mejores herramientas a las autoridades podría traducirse en mayor saturación, pero no necesariamente en más sanciones efectivas.  La administración de la presidenta Sheinbaum podría aprovechar la experiencia de décadas para encontrar las mejores prácticas e introducir herramientas de investigación más adecuadas para descubrir actos de corrupción y que permitan ser judicializados para que puedan ser sancionados.  

 El combate a la corrupción exige fortaleza institucional. Es indispensable garantizar canales accesibles para la ciudadanía y asegurar que toda denuncia sea atendida con seriedad. Pero también es fundamental preservar la presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica.

 Solo mediante procedimientos sólidos, con sustento probatorio suficiente y capacidad real de judicialización, el empoderamiento ciudadano podrá traducirse en resultados tangibles y en un fortalecimiento auténtico del estado de derecho.

7 de febrero de 2026

¿SIGUE CUBA DESPUÉS DE VENEZUELA?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    El deterioro de la industria petrolera de Venezuela hizo que en los últimos años se redujera de manera significativa el suministro energético a Cuba,  a quien el régimen chavista siempre apoyó. Con la caída de Maduro, el control sobre el petróleo venezolano ha permitido a Estados Unidos reducir aún más el suministro de petróleo a la isla y el presidente Trump ha amenazado con aplicar aranceles significativos a los países que vendan petróleo a Cuba.  

     México intentó sustituir parcialmente a Venezuela como proveedor de petróleo pero a un costo muy elevado. Entre julio de 2023 y septiembre de 2025, México envió a Cuba crudo y derivados con un valor cercano a los 26 900 millones de pesos. Todo indica que una parte relevante de estas operaciones terminarán como cuentas incobrables para Pemex, profundizando la crisis financiera de esta empresa. Sin embargo, recientemente la presidenta Sheinbaum suspendió el suministro a Cuba a petición del presidente Trump, acentuando la crisis cubana.

     El embargo estadounidense

     En el contexto de la Guerra Fría y tras la expropiación de propiedades estadounidenses, Estados Unidos impuso un embargo económico y financiero a Cuba. Si bien el embargo ha tenido costos reales para la isla, no explica por sí solo el colapso económico del país. No se trató de un bloqueo total que impidiera cualquier comercio con terceros países, sino de una ruptura bilateral y de restricciones a la inversión y al financiamiento. Cuba ha comerciado y comercia con múltiples países, incluido México, e incluso mantiene intercambios limitados con el propio Estados Unidos en rubros como alimentos y medicinas. Si bien el embargo ha tenido costos reales para la isla, no explica por sí solo el colapso económico del país. Su economía fallida fue sostenida muchos años por la Unión Soviética hasta el colapso de esta.

     Más de seis décadas en el poder

     El régimen castrista suma 67 años en el poder. Durante este periodo se instauró un sistema comunista de partido único, sin elecciones competitivas y con libertades civiles severamente restringidas, en el que las decisiones se toman de manera centralizada por una élite política.  

     En lo político, el modelo se asemeja al de China o Vietnam; sin embargo, mientras China y Vietnam abandonaron la planificación central rígida y permitieron la expansión del mercado, la inversión y la iniciativa privada, Cuba mantuvo un sistema económico mayoritariamente estatizado, con apenas espacios marginales para pequeñas empresas. Este modelo ha demostrado su fracaso desde el colapso de la Unión Soviética y hoy solo sobrevive, con matices, en Corea del Norte y Cuba, con un deterioro severo del nivel de vida de sus poblaciones. A los dirigentes cubanos pareció no importarles nunca la miseria en la que sumieron a su país, sino únicamente su permanencia en el poder. Optaron por preservar un modelo económico fallido y hoy están a punto de perder el poder al que tanto se aferraron.

     Dificultad para regresar a la democracia

     La historia demuestra que para las sociedades sometidas a regímenes autoritarios perniciosos es extremadamente difícil deshacerse de las camarillas enquistadas en el poder. Algunos de los casos más longevos incluyen: Corea del Norte (78 años) China (77 años), la Unión Soviética (74 años), México bajo el PRI (71 años), Cuba (67 años), Singapur (67 años), Siria (61 años), Vietnam (50 años), Irán (47 años), Rusia con Putin (27 años) y Venezuela con Chávez y Maduro (27 años).

     Lo central para los dictadores es perpetuarse en el poder, aunque, como en el caso de China o Singapur, cuando hay dirigentes inteligentes, logran sacar de la pobreza a sus ciudadanos, que no ha sido el caso de Cuba.  Por ello,  el régimen castrista podría estar acercándose a su fase final, ante la miseria extrema de su pueblo y el interés de Estados Unidos por reconfigurar su influencia hemisférica y de paso,  transformar  el sistema político y económico cubano para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

     Cuba sin aliados

     Bajo la renovada doctrina de seguridad hemisférica de Washington, Estados Unidos considera a América Latina y el Caribe como su zona de influencia estratégica.  En ese contexto, resulta improbable que Rusia, China, Irán o México apoyen a la dictadura cubana, ante una transformación del orden mundial en zonas de influencia de las grandes potencias.  Por ello, Cuba queda prácticamente aislada, profundizando gravemente su crisis económica.

     Una lección para México

     Para México, el caso cubano deja una lección clara: el riesgo de caer de nuevo en un autoritarismo, como en la época del PRI hegemónico, que frene el desarrollo y lleve al país a la pobreza, en beneficio de una camarilla. Cuando esto ocurre, quedan pocas opciones para recuperar la prosperidad y la democracia: el recurso a la violencia o la intervención de potencias extranjeras para poder recuperar libertades y prosperidad perdidas. Ojalá no sea necesario.

 

27 de enero de 2026

ESTADOS UNIDOS: ¿PODER LIMITADO O PRUDENCIA ESTRATÉGICA?

 

Por: Octavio Díaz García de León


El presidente Trump y su administración siguen causando asombro y controversia a nivel global.  La reciente captura y traslado del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para responder por cargos como narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, representa un hecho de enorme impacto político y geoestratégico.

 ¿Qué motivó la acción?

     Se ha debatido extensamente sobre las motivaciones de Washington para derrocar a Maduro. Sin embargo, no se trata de reestablecer un régimen democrático en dicho país, como lo esperaban los demócratas de América Latina. Por lo menos no en el corto plazo. La intervención puede ser para:  lograr el control del petróleo venezolano; reafirmar la influencia geopolítica de Estados Unidos en el continente americano (Doctrina “Donroe”);  limitar la presencia e influencia de países como China, Rusia e Irán en la región; y para quitar apoyos económicos y políticos a Cuba.

Operación limitada ante falta de apoyos

    Lo que sorprende es el carácter reducido de la intervención militar para capturar a Maduro. La acción estadounidense indica que no existe actualmente el respaldo interno suficiente en Estados Unidos para una invasión a gran escala, ni la capacidad militar para sostenerla, ni el apoyo internacional necesario. La memoria de invasiones a Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, las cuales costaron enormes recursos y muchas vidas de soldados americanos, sigue pesando negativamente en la opinión pública estadounidense.

 Los aliados internos de Trump

     Ante estas limitaciones,  la intervención estadounidense habría requerido aliados con poder dentro del gobierno venezolano —incluido el alto mando militar— para facilitar la operación y evitar un conflicto prolongado. En este sentido, Trump encontró un aliado interno dispuesto a traicionar a Maduro, en la ahora presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, como ya se ha revelado en los medios. Estas negociaciones fueron necesarias porque, aunque existe gran inconformidad con el régimen chavista entre los venezolanos, aparentemente la oposición no tiene todavía la capacidad de controlar al país.

 El petróleo como objetivo

     Uno de los objetivos estratégicos de Trump tras la captura de Maduro es reconstruir,  para beneficio de Estados Unidos, la capacidad de producción de petróleo venezolano, ya que ésta ha caído dramáticamente bajo el chavismo y requiere inversiones masivas para su recuperación, mismas que Trump quiere que realicen las empresas petroleras estadounidenses.  Sin embargo, los directivos de estas compañías han expresado que no podrán hacerlo pronto ante la persistente inestabilidad política y la falta de garantías jurídicas para sus inversiones.

 Implicaciones para México

     La captura de Maduro, ofrece un escenario de cómo podría ser la actuación de Estados Unidos hacia México. Por una parte, no se ve factible una invasión militar masiva a territorio mexicano: no existe apoyo político interno en Estados Unidos, ni una capacidad militar y logística que lo haga viable,  dados el tamaño poblacional,  la extensión geográfica y el contexto geopolítico de México.

     Por otra parte, podrían efectuarse operaciones militares “quirúrgicas” para capturar a líderes del narcotráfico o a funcionarios mexicanos coludidos con redes criminales. Estas acciones se inscribirían más en una lógica similar a la empleada en Venezuela y que no implican una ocupación territorial. Quizá Estados Unidos esté buscando aliados dentro de MORENA para un golpe así, aunque la presidenta Sheinbaum parece ser la mejor aliada de Trump, quien está accediendo a todas sus peticiones.

     De cualquier forma las presiones no cesarán dada la falta de certidumbre jurídica y estado de derecho derivada de la reforma al Poder Judicial en México, con la consecuente incertidumbre para inversionistas extranjeros, y para aceptar intervenciones militares en nuestro país que combatan eficazmente a los cárteles de la droga, ante la incapacidad de nuestras autoridades

     Por otra parte, Estados Unidos no ha manifestado interés en el petróleo mexicano, quizá porque el deterioro de Pemex, la disminución de reservas y la ausencia de exploración de nuevos campos petroleros, no le ofrecen atractivo. Además, Pemex, al estar quebrado, no tiene la capacidad de revertir este deterioro, ni es un socio confiable. Tampoco existen certeza jurídica ni políticas públicas que sean atractivas para la inversión extranjera.

 Que se puede esperar

     El caso de Venezuela demuestra que Estados Unidos posee la capacidad de usar su poder en México de manera “quirúrgica” y ya se observa un incremento de la presencia militar estadounidense, con la llegada de un avión militar a Toluca, la captura en México por parte del FBI de un delincuente canadiense asociado al Cártel de Sinaloa y la advertencia de las autoridades estadounidenses de posibles operaciones militares en espacio aéreo mexicano.

     El mejor escenario sería que estas intervenciones se hagan en coordinación con el gobierno de México, como se ha hecho hasta ahora --- aunque en el discurso se niegue --- porque de cualquier forma, con o sin anuencia de las autoridades mexicanas, ya se vio que Estados Unidos está dispuesto o ya lo hace, a actuar militarmente o  a través de sus agencias (CIA, DEA, FBI) en territorio mexicano.