EMPODERAR AL CIUDADANO: LA NUEVA REFORMA ANTICORRUPCIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Recientemente, la presidenta Sheinbaum anunció la intención de reformar al Sistema Nacional Anticorrupción. En sus declaraciones señaló que el objetivo es empoderar al ciudadano en el combate a la corrupción, al considerar que el sistema no ha funcionado adecuadamente y que se requieren modificaciones para que las denuncias presentadas por la población tengan consecuencias efectivas. Su anuncio es relevante, ante la muy baja calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (Calificación 27/100 y lugar entre países: 141/182) pero exige una transformación más profunda del sistema anticorrupción.

 Antecedentes históricos

   La posibilidad de denunciar actos indebidos de servidores públicos no es una innovación reciente. Desde la época virreinal existía la figura del Visitador que recibía denuncias de cualquier súbdito, y era el encargado de inspeccionar, corregir y, si era necesario, sancionar a las autoridades locales, incluido el propio virrey. Durante el siglo XIX se desarrollaron diversas disposiciones sobre responsabilidades administrativas. Posteriormente, la Constitución de 1917 incorporó en su Título Cuarto las bases del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, estableciendo un marco constitucional que sigue vigente.

    En la etapa contemporánea, un punto de inflexión se dio en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando se fortalecieron los mecanismos para recibir y atender denuncias ciudadanas desde la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, posteriormente denominada Secretaría de la Función Pública y ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno,  y sus equivalentes en estados y municipios. Desde entonces, la recepción de denuncias forma parte estructural en los tres órdenes de gobierno.

La reforma de 2015-2016

    La transformación institucional más significativa ocurrió en 2015 y 2016 con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas reformas redefinieron competencias, establecieron la separación entre autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras, y dotaron a los procedimientos de una estructura más formal y garantista. Sin embargo, el rediseño procesal incrementó la complejidad de los expedientes sin que se fortalecieran los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales de los encargados de aplicarla. La consecuencia fue un sistema más complejo en lo normativo e ineficaz en los resultados.

 La denuncia ciudadana

   Como vimos, la posibilidad de presentar denuncias ciudadanas ha existido a lo largo de nuestra historia. Así, los órganos internos de control reciben miles de quejas y denuncias cada año y cuentan con atribuciones para investigarlas. El problema central no radica en la ausencia de mecanismos de denuncia, sino en la calidad de las investigaciones, la capacidad probatoria y la obtención de sanciones firmes.  

   Hablar de empoderamiento ciudadano requiere definir con claridad su alcance. Facilitar la presentación de denuncia es deseable, pero no debe traducirse en la afectación de garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Problemas estructurales en la práctica

    Uno de los desafíos más frecuentes es la baja calidad de muchas denuncias. En numerosos casos los escritos carecen de datos verificables o elementos mínimos para iniciar una investigación formal. Otras denuncias corresponden a conflictos laborales o personales que no constituyen faltas administrativas. También existen denuncias anónimas que, aunque legítimas, dificultan la ampliación de información cuando no contienen pruebas suficientes. Otro elemento crítico es la falta de homologación y robustez tecnológica en los sistemas de recepción y gestión de denuncias. Además, no se cuenta con acceso ágil a bases de datos patrimoniales y herramientas analíticas que permitan investigar redes complejas de corrupción.

    A esto se suma la carga de trabajo derivada de incumplimientos formales, como la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales o actas de entrega-recepción, que absorben gran parte de la capacidad operativa de las áreas investigadoras.

 Hacia una reforma sólida

    Si se pretende que las denuncias tengan consecuencias reales, la reforma debería orientarse a fortalecer las capacidades técnicas de investigación, profesionalizar al personal, homologar sistemas y mejorar la coordinación entre la vía administrativa y la penal.

    Incrementar el número de denuncias sin mejorar su calidad ni dotar de mejores herramientas a las autoridades podría traducirse en mayor saturación, pero no necesariamente en más sanciones efectivas.  La administración de la presidenta Sheinbaum podría aprovechar la experiencia de décadas para encontrar las mejores prácticas e introducir herramientas de investigación más adecuadas para descubrir actos de corrupción y que permitan ser judicializados para que puedan ser sancionados.  

 El combate a la corrupción exige fortaleza institucional. Es indispensable garantizar canales accesibles para la ciudadanía y asegurar que toda denuncia sea atendida con seriedad. Pero también es fundamental preservar la presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica.

 Solo mediante procedimientos sólidos, con sustento probatorio suficiente y capacidad real de judicialización, el empoderamiento ciudadano podrá traducirse en resultados tangibles y en un fortalecimiento auténtico del estado de derecho.

¿SIGUE CUBA DESPUÉS DE VENEZUELA?

 

Por: Octavio Díaz García de León

 

    El deterioro de la industria petrolera de Venezuela hizo que en los últimos años se redujera de manera significativa el suministro energético a Cuba,  a quien el régimen chavista siempre apoyó. Con la caída de Maduro, el control sobre el petróleo venezolano ha permitido a Estados Unidos reducir aún más el suministro de petróleo a la isla y el presidente Trump ha amenazado con aplicar aranceles significativos a los países que vendan petróleo a Cuba.  

     México intentó sustituir parcialmente a Venezuela como proveedor de petróleo pero a un costo muy elevado. Entre julio de 2023 y septiembre de 2025, México envió a Cuba crudo y derivados con un valor cercano a los 26 900 millones de pesos. Todo indica que una parte relevante de estas operaciones terminarán como cuentas incobrables para Pemex, profundizando la crisis financiera de esta empresa. Sin embargo, recientemente la presidenta Sheinbaum suspendió el suministro a Cuba a petición del presidente Trump, acentuando la crisis cubana.

     El embargo estadounidense

     En el contexto de la Guerra Fría y tras la expropiación de propiedades estadounidenses, Estados Unidos impuso un embargo económico y financiero a Cuba. Si bien el embargo ha tenido costos reales para la isla, no explica por sí solo el colapso económico del país. No se trató de un bloqueo total que impidiera cualquier comercio con terceros países, sino de una ruptura bilateral y de restricciones a la inversión y al financiamiento. Cuba ha comerciado y comercia con múltiples países, incluido México, e incluso mantiene intercambios limitados con el propio Estados Unidos en rubros como alimentos y medicinas. Si bien el embargo ha tenido costos reales para la isla, no explica por sí solo el colapso económico del país. Su economía fallida fue sostenida muchos años por la Unión Soviética hasta el colapso de esta.

     Más de seis décadas en el poder

     El régimen castrista suma 67 años en el poder. Durante este periodo se instauró un sistema comunista de partido único, sin elecciones competitivas y con libertades civiles severamente restringidas, en el que las decisiones se toman de manera centralizada por una élite política.  

     En lo político, el modelo se asemeja al de China o Vietnam; sin embargo, mientras China y Vietnam abandonaron la planificación central rígida y permitieron la expansión del mercado, la inversión y la iniciativa privada, Cuba mantuvo un sistema económico mayoritariamente estatizado, con apenas espacios marginales para pequeñas empresas. Este modelo ha demostrado su fracaso desde el colapso de la Unión Soviética y hoy solo sobrevive, con matices, en Corea del Norte y Cuba, con un deterioro severo del nivel de vida de sus poblaciones. A los dirigentes cubanos pareció no importarles nunca la miseria en la que sumieron a su país, sino únicamente su permanencia en el poder. Optaron por preservar un modelo económico fallido y hoy están a punto de perder el poder al que tanto se aferraron.

     Dificultad para regresar a la democracia

     La historia demuestra que para las sociedades sometidas a regímenes autoritarios perniciosos es extremadamente difícil deshacerse de las camarillas enquistadas en el poder. Algunos de los casos más longevos incluyen: Corea del Norte (78 años) China (77 años), la Unión Soviética (74 años), México bajo el PRI (71 años), Cuba (67 años), Singapur (67 años), Siria (61 años), Vietnam (50 años), Irán (47 años), Rusia con Putin (27 años) y Venezuela con Chávez y Maduro (27 años).

     Lo central para los dictadores es perpetuarse en el poder, aunque, como en el caso de China o Singapur, cuando hay dirigentes inteligentes, logran sacar de la pobreza a sus ciudadanos, que no ha sido el caso de Cuba.  Por ello,  el régimen castrista podría estar acercándose a su fase final, ante la miseria extrema de su pueblo y el interés de Estados Unidos por reconfigurar su influencia hemisférica y de paso,  transformar  el sistema político y económico cubano para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

     Cuba sin aliados

     Bajo la renovada doctrina de seguridad hemisférica de Washington, Estados Unidos considera a América Latina y el Caribe como su zona de influencia estratégica.  En ese contexto, resulta improbable que Rusia, China, Irán o México apoyen a la dictadura cubana, ante una transformación del orden mundial en zonas de influencia de las grandes potencias.  Por ello, Cuba queda prácticamente aislada, profundizando gravemente su crisis económica.

     Una lección para México

     Para México, el caso cubano deja una lección clara: el riesgo de caer de nuevo en un autoritarismo, como en la época del PRI hegemónico, que frene el desarrollo y lleve al país a la pobreza, en beneficio de una camarilla. Cuando esto ocurre, quedan pocas opciones para recuperar la prosperidad y la democracia: el recurso a la violencia o la intervención de potencias extranjeras para poder recuperar libertades y prosperidad perdidas. Ojalá no sea necesario.

 

ESTADOS UNIDOS: ¿PODER LIMITADO O PRUDENCIA ESTRATÉGICA?

 

Por: Octavio Díaz García de León

El presidente Trump y su administración siguen causando asombro y controversia a nivel global.  La reciente captura y traslado del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para responder por cargos como narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, representa un hecho de enorme impacto político y geoestratégico.

 ¿Qué motivó la acción?

     Se ha debatido extensamente sobre las motivaciones de Washington para derrocar a Maduro. Sin embargo, no se trata de reestablecer un régimen democrático en dicho país, como lo esperaban los demócratas de América Latina. Por lo menos no en el corto plazo. La intervención puede ser para:  lograr el control del petróleo venezolano; reafirmar la influencia geopolítica de Estados Unidos en el continente americano (Doctrina “Donroe”);  limitar la presencia e influencia de países como China, Rusia e Irán en la región; y para quitar apoyos económicos y políticos a Cuba.

Operación limitada ante falta de apoyos

    Lo que sorprende es el carácter reducido de la intervención militar para capturar a Maduro. La acción estadounidense indica que no existe actualmente el respaldo interno suficiente en Estados Unidos para una invasión a gran escala, ni la capacidad militar para sostenerla, ni el apoyo internacional necesario. La memoria de invasiones a Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, las cuales costaron enormes recursos y muchas vidas de soldados americanos, sigue pesando negativamente en la opinión pública estadounidense.

 Los aliados internos de Trump

     Ante estas limitaciones,  la intervención estadounidense habría requerido aliados con poder dentro del gobierno venezolano —incluido el alto mando militar— para facilitar la operación y evitar un conflicto prolongado. En este sentido, Trump encontró un aliado interno dispuesto a traicionar a Maduro, en la ahora presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, como ya se ha revelado en los medios. Estas negociaciones fueron necesarias porque, aunque existe gran inconformidad con el régimen chavista entre los venezolanos, aparentemente la oposición no tiene todavía la capacidad de controlar al país.

 El petróleo como objetivo

     Uno de los objetivos estratégicos de Trump tras la captura de Maduro es reconstruir,  para beneficio de Estados Unidos, la capacidad de producción de petróleo venezolano, ya que ésta ha caído dramáticamente bajo el chavismo y requiere inversiones masivas para su recuperación, mismas que Trump quiere que realicen las empresas petroleras estadounidenses.  Sin embargo, los directivos de estas compañías han expresado que no podrán hacerlo pronto ante la persistente inestabilidad política y la falta de garantías jurídicas para sus inversiones.

 Implicaciones para México

     La captura de Maduro, ofrece un escenario de cómo podría ser la actuación de Estados Unidos hacia México. Por una parte, no se ve factible una invasión militar masiva a territorio mexicano: no existe apoyo político interno en Estados Unidos, ni una capacidad militar y logística que lo haga viable,  dados el tamaño poblacional,  la extensión geográfica y el contexto geopolítico de México.

     Por otra parte, podrían efectuarse operaciones militares “quirúrgicas” para capturar a líderes del narcotráfico o a funcionarios mexicanos coludidos con redes criminales. Estas acciones se inscribirían más en una lógica similar a la empleada en Venezuela y que no implican una ocupación territorial. Quizá Estados Unidos esté buscando aliados dentro de MORENA para un golpe así, aunque la presidenta Sheinbaum parece ser la mejor aliada de Trump, quien está accediendo a todas sus peticiones.

     De cualquier forma las presiones no cesarán dada la falta de certidumbre jurídica y estado de derecho derivada de la reforma al Poder Judicial en México, con la consecuente incertidumbre para inversionistas extranjeros, y para aceptar intervenciones militares en nuestro país que combatan eficazmente a los cárteles de la droga, ante la incapacidad de nuestras autoridades

     Por otra parte, Estados Unidos no ha manifestado interés en el petróleo mexicano, quizá porque el deterioro de Pemex, la disminución de reservas y la ausencia de exploración de nuevos campos petroleros, no le ofrecen atractivo. Además, Pemex, al estar quebrado, no tiene la capacidad de revertir este deterioro, ni es un socio confiable. Tampoco existen certeza jurídica ni políticas públicas que sean atractivas para la inversión extranjera.

 Que se puede esperar

     El caso de Venezuela demuestra que Estados Unidos posee la capacidad de usar su poder en México de manera “quirúrgica” y ya se observa un incremento de la presencia militar estadounidense, con la llegada de un avión militar a Toluca, la captura en México por parte del FBI de un delincuente canadiense asociado al Cártel de Sinaloa y la advertencia de las autoridades estadounidenses de posibles operaciones militares en espacio aéreo mexicano.

     El mejor escenario sería que estas intervenciones se hagan en coordinación con el gobierno de México, como se ha hecho hasta ahora --- aunque en el discurso se niegue --- porque de cualquier forma, con o sin anuencia de las autoridades mexicanas, ya se vio que Estados Unidos está dispuesto o ya lo hace, a actuar militarmente o  a través de sus agencias (CIA, DEA, FBI) en territorio mexicano.