Por: Octavio Díaz García de León
Una de las formas
clave para combatir el tráfico de drogas y la corrupción es seguir la pista del
dinero, como lo he sostenido en esta
columna. Durante la Convención Bancaria celebrada en mayo, circuló
discretamente la versión de que FinCEN —la Unidad de Inteligencia Financiera de
Estados Unidos— preparaba sanciones contra instituciones mexicanas que habrían
facilitado operaciones sospechosas vinculadas al narcotráfico.
El 25 de junio pasado, ese rumor se confirmó.
El Departamento del Tesoro designó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de
Bolsa como “instituciones de preocupación principal” por su presunta
participación en esquemas de lavado de dinero asociados al tráfico de
fentanilo. Como consecuencia, a partir del 4 de septiembre de 2025, todas las
instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido recibir
transferencias de estas tres empresas mexicanas.
Las sanciones
desataron efectos inmediatos. Clientes alarmados comenzaron a retirar sus
fondos, y ante el riesgo de una corrida bancaria, la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) intervino de forma temporal a CIBanco e Intercam. Sin
embargo, el daño reputacional ya estaba hecho, y es muy probable que estas
instituciones tengan que cerrar.
El riesgo para los
bancos radica en su estructura financiera: el capital de los dueños representa
apenas el 10 % de los recursos que utiliza la institución para prestar e
invertir; el restante 90 % proviene principalmente de los depósitos de personas
y empresas. Si los depositantes pierden la confianza y deciden retirar su
dinero de forma masiva, el banco no cuenta con la liquidez para hacer frente a
esa demanda.
Por eso existen dos
mecanismos de protección: el Seguro de Depósitos administrado por el IPAB, que
cubre hasta 400 mil UDIs (equivalentes a más de 3 millones de pesos actuales)
por cuentahabiente y por institución; y las intervenciones que realiza la CNBV.
En una columna
reciente, la periodista Peniley Ramírez reveló que FinCEN detectó cuentas
sospechosas de lavado en al menos trece bancos adicionales ligadas al caso de
García Luna. Esto incrementó el temor de que nuevas medidas del gobierno
estadounidense puedan extenderse a otros bancos más grandes.
Además, la reciente cooperación de Ovidio Guzmán, hijo
de “El Chapo" Guzmán, con las autoridades de Estados Unidos, hace previsible que se revelen más nombres,
rutas de dinero y vínculos con instituciones financieras mexicanas, lo que
podría detonar nuevas sanciones. Estas revelaciones podrían afectar no sólo a
bancos, sino a políticos y funcionarios que
han sido cómplices del narcotráfico.
La posibilidad de que haya más sanciones
representa un enorme desafío para el país. Si el IPAB se viera obligado a
cubrir los depósitos asegurados de un banco mediano, tendría que emitir miles
de millones de pesos en Bonos de Protección al Ahorro o recurrir a
financiamiento directo de la Secretaría de Hacienda, incrementando así la deuda
pública y generando presión adicional sobre el presupuesto federal. A ello se
sumaría un potencial deterioro de la gobernabilidad, al combinarse el temor
económico con la desconfianza institucional.
La Asociación de Bancos de México emitió un
comunicado en el que subraya que el sistema bancario mexicano es sólido y
cuenta con el respaldo de las autoridades nacionales. Enfatiza que las
sanciones impuestas por Estados Unidos sólo afectan operaciones con ese país,
sin impacto directo en las transacciones internas. Sin embargo, este comunicado
refleja la preocupación del sector: cualquier nueva sanción puede desencadenar
una pérdida de confianza que derive en retiros masivos de fondos.
Para evitar que la incertidumbre se convierta
en pánico, las autoridades mexicanas deben actuar con anticipación y firmeza.
Una primera medida podría ser ampliar temporalmente la cobertura del IPAB más
allá del límite actual de 400 mil UDIs, e informar sobre los mecanismos de
acceso al seguro de depósitos. En segundo lugar, el Banco de México podría
activar líneas de liquidez que permitan a los bancos responder a retiros sin
tener que vender activos con pérdidas. Tercero, las autoridades deberán mostrar
datos sólidos sobre capitalización, liquidez y solvencia del sistema.
Otras acciones incluyen la posible
implementación de límites temporales de retiro, así como estimular el uso de
medios de pago electrónicos para reducir la presión sobre las sucursales.
Para la banca
mexicana, este episodio representa un fuerte llamado de atención. Es
indispensable reforzar los controles internos, modernizar los sistemas de
monitoreo, mejorar la detección de transacciones inusuales y revisar con rigor
las relaciones con intermediarios y corresponsales extranjeros.
El riesgo de una
crisis de confianza en el sistema bancario no es remoto. En un contexto marcado
por la presión de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la cual incluye
amenazas comerciales, sanción a instituciones financieras y la amenaza de
encarcelar a políticos mexicanos cómplices, el Estado mexicano debe responder de
inmediato para contener el temor de los depositantes y garantizar que el
sistema bancario continúe siendo un pilar de estabilidad y crecimiento para el
país.
