MIGRACIÓN INDOCUMENTADA: DEPENDENCIA Y CRIMINALIZACIÓN

 

Por: Octavio Díaz García de León

     El gobierno de Estados Unidos ha intensificado recientemente las redadas contra inmigrantes indocumentados en lugares donde antes no solía hacerlo: centros de trabajo y alrededor de los juzgados donde acuden a regularizar su situación. Aunque estas operaciones no han producido un número significativo de detenciones, el hecho de ejecutarlas en espacios de uso cotidiano ha provocado indignación entre las comunidades migrantes y desató protestas en algunas ciudades, a las que la autoridad respondió con mano dura.

  Este endurecimiento contra los inmigrantes no es un fenómeno único de Estados Unidos. En Europa occidental, los discursos contrarios a la llegada de migrantes, particularmente de origen musulmán, se basan en acusaciones de que “traen costumbres incompatibles” o de que incrementan los índices de delincuencia.

 Desafortunadamente, el sentimiento de muchos estadounidenses hacia los migrantes latinoamericanos indocumentados es de rechazo, similar a lo que ocurre en Europa con otras poblaciones migrantes. Esto se debe, en parte, a que los migrantes no se asimilan fácilmente a la cultura estadounidense, pues suelen conservar su idioma, religión y costumbres de origen, a su apariencia étnica y a que existe la percepción de que les quitan empleos a los nativos.

   En América Latina también emergen dinámicas similares. Hablando con un grupo de chilenos recientemente, comentan que perciben mucha mayor inseguridad desde 2022 en su país. Atribuyen parte del problema al ingreso masivo de migrantes, incluidas bandas criminales venezolanas como el “Tren de Aragua” y a la falta de medidas eficaces por parte del gobierno de Gabriel Boric.

   Si rastreamos las causas profundas de la migración en nuestro continente, descubrimos que la pobreza, la inseguridad, la falta de libertades y la ausencia de oportunidades en los países de origen,  empujan a millones a buscar un mejor nivel de vida. México vive movimientos que combinan la emigración económica —la llamada “búsqueda del sueño americano” de trabajadores agrícolas, empleados de hotelería y servicios, e incluso profesionistas altamente calificados— con flujos forzados por la violencia del narcotráfico.

   El programa de maquiladoras iniciado en los sesenta y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) ha generado empleo en el norte de México y ha traído enormes beneficios a los consumidores de todo el mundo. Si bien la demanda de mano de obra barata ha desplazado fábricas de Estados Unidos hacia México, revirtiendo así la necesidad de importar esa mano de obra, la diferencia salarial entre los dos países sigue impulsando la salida de personas hacia el norte.

   Esta situación permite a los migrantes sostener económicamente a sus familias en América Latina, lo que ha generado una fuerte dependencia de las remesas. Por ejemplo, en 2024, las remesas enviadas por mexicanos en el extranjero ascendieron a 64,745 millones de dólares, convirtiéndose en la principal fuente de divisas del país, representando un 44% del total.

   No sorprende, entonces, que algunos políticos estadounidenses planteen gravar las remesas con la intención de desalentar la migración indocumentada. Pero imponer un impuesto a cualquier flujo de dinero que salga de ese país no solo debilita el sustento de millones de familias latinoamericanas, sino que también desalienta a inversionistas, desde pequeños ahorradores hasta grandes fondos, al poner en riesgo la rentabilidad y la seguridad de sus capitales.

   Resulta paradójico que, mientras se criminaliza al inmigrante indocumentado, la economía norteamericana dependa de su mano de obra,  ya que existen tareas que rechaza la fuerza laboral local: labores agrícolas exigentes, limpieza de hoteles y servicios en restaurantes,  o líneas de ensamble excesivamente tediosas.

   Sin embargo, cuando los puestos manufactureros se trasladan a otros países o se automatizan, los trabajadores estadounidenses no siempre encuentran opciones de reconversión. Por ello, sería deseable que el gobierno estadounidense provea capacitación que les permita acceder a empleos en la economía digital o en la manufactura de alto valor agregado, evitando que el descontento social derive en más rechazo hacia quienes llegan en busca de hacer el trabajo que nadie más quiere.

   La experiencia de la amnistía migratoria de 1986 en Estados Unidos, con el presidente Reagan,  muestra que la legalización masiva de los indocumentados no solo mejora sus condiciones de vida, sino que amplía la base contributiva y disminuye la vulnerabilidad a la explotación. Un mecanismo similar, acompañado de controles fronterizos racionales y cooperación binacional, podría reducir la mano de obra oculta y trasladar la discusión de la clandestinidad a la regulación ordenada.

   La vecindad norteamericana ofrece enormes posibilidades de crecimiento conjunto a los tres países. Pero para aprovecharlas es imprescindible reconocer la contribución de los millones de inmigrantes dispuestos a trabajar en las tareas menos atractivas, darles vías de regularización y dotar a los trabajadores desplazados de herramientas para su reinserción. Solo así la migración dejará de verse como un problema que fractura sociedades y se convertirá en una fuerza que impulsa la prosperidad compartida en todo el continente.

LA REFORMA JUDICIAL PENDIENTE

 

Por: Octavio Díaz García de León

    Con una participación cercana al 13 % del electorado y apenas alrededor del 10 % de votos válidos, se llevó a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, cuyo propósito es sustituir a quienes hoy ocupan esos cargos, proceso que culminará en 2027. Este ejercicio, casi sin precedentes a nivel mundial, corre el riesgo de politizar la impartición de justicia y comprometer la imparcialidad de las resoluciones judiciales.

 El abstencionismo tuvo varias causas. Primero, los candidatos fueron preseleccionados conforme a su afinidad con el partido en el poder, por lo que muchos electores consideraron que no existían opciones reales. Segundo, la complejidad de las boletas disuadió a quienes no conocen el funcionamiento del sistema judicial. Tercero, el Instituto Nacional Electoral (INE) careció de recursos adecuados para garantizar una contienda transparente y, además, tomó decisiones tales como no anular las boletas no utilizadas en las casillas, lo que minó la confianza ciudadana

   No hubo sorpresas en cuanto a quienes resultaron electos, pues se recurrió al uso de acordeones, acarreo y prácticas clientelares para inducir el voto. Con ello, el Poder Ejecutivo y el partido en el gobierno consolidan su control sobre el Poder Judicial; existe incluso la posibilidad de que la delincuencia organizada haya introducido personas afines.

   Además de la elección de ministros, magistrados y jueces, la reforma al Poder Judicial de 2024 incluye otros cambios:

1. Tribunal de Disciplina Judicial. Se crea un órgano independiente que centraliza funciones antes dispersas en las tres instituciones del Poder Judicial federal, tales como la visitaduría judicial y la investigación de responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional. Integrado por cinco magistrados electos, este tribunal tendrá las facultades que ya tenían las visitadurías y las áreas de investigación de responsabilidades, esto es, investigar, substanciar y resolver procedimientos de responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional, resolver recursos de revisión en los procedimientos  administrativos del personal no jurisdiccional -- tratándose de faltas graves --, evaluar y dar seguimiento al desempeño de magistrados de circuito y jueces de distrito, y resolver conflictos laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, así como entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus empleados.

    2. Órgano de Administración Judicial. Se instituye una instancia que tendrá bajo su mando las áreas administrativas de las tres instituciones del Poder Judicial federal, con cinco titulares: uno designado por la Presidencia de la República, otro propuesto por el Senado y tres electos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo su mando queda la Contraloría de Administración Judicial —desaparecen las tres contralorías internas—, encargada de auditar e investigar faltas administrativas del personal no jurisdiccional. Asimismo se le incorporan diversos órganos auxiliares que antes dependían de cada institución por separado.

   En esencia, la reforma sustituye a ministros, magistrados y jueces para colocar nuevas personas en los cargos, y reestructura bajo el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración diversas funciones antes dispersas. A primera vista, parece una reforma de forma y no de fondo, a diferencia de la de 2008.

   Sin embargo, incorpora riesgos adicionales: la politización de la vigilancia del personal jurisdiccional, al otorgar mayor relevancia al Tribunal de Disciplina encabezado por magistrados electos que podrían responder a intereses políticos; y la concentración de funciones de fiscalización administrativa en el Órgano de Administración, que actúa como juez y parte al perseguir faltas administrativas del personal a su cargo, a través de la Contraloría de Administración Judicial.

   La reforma de 2008, que instauró el sistema penal acusatorio oral, fue un avance garantista en derechos humanos, pero se implementó sin recursos ni capacitación suficientes a los responsables de aplicarla. Como resultado, las carpetas de investigación que arman los ministerios públicos se integran de forma deficiente siendo desestimadas por los jueces y, en gran medida, en ello radica el problema de la impunidad, no en el Poder Judicial.

  Por su parte, la reforma de 2024 fue criticada a nivel nacional e internacional por la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la cual viene a sustituir a personal con una larga carrera judicial e incorpora a personas sin experiencia. Además,  tuvo un costo muy elevado y, al ser esencialmente una reforma superficial,  difícilmente mejorará la impartición de justicia. En cambio, aumenta el riesgo de sentencias politizadas y la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.

   Para lograr una verdadera transformación en la impartición de justicia, se requieren otras medidas: revisar el enfoque garantista, reformar y fortalecer a las procuradurías, capacitar a sus responsables y aplicar ingenierías de procesos para optimizar la administración judicial. Ojalá pronto llegue la auténtica reforma de fondo que tanta falta hace.