Por: Octavio Díaz García de León
Transparencia Internacional publicó recientemente su evaluación anual
de la percepción de la corrupción en el mundo, revelando que México ha caído a
los niveles más bajos en 30 años. El país se ubicó en el puesto 140 de 180
evaluados, con una calificación de 26 sobre 100 (siendo 100 la ausencia total
de corrupción). La percepción general es que en México hay mucha corrupción.
Desde la época del presidente Miguel de la Madrid, con su propuesta de
Renovación Moral de la Sociedad y la creación de la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación, han surgido numerosas iniciativas
gubernamentales para combatir la corrupción.
Por ejemplo, con Fox se creó la Comisión Intersecretarial para la
Transparencia y el Combate a la Corrupción, el Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI), el Servicio Profesional de Carrera y se digitalizaron
innumerables trámites, como la obtención de la CURP. Con Peña se instauró el
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se creó la Fiscalía Anticorrupción y se
otorgó autonomía al IFAI, transformándolo en el INAI. En este sexenio se está cambiando
el nombre de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y
Buen Gobierno, aunque casi no cambian sus atribuciones, mientras que se elimina
al INAI.
Todo ello acompañado a lo largo de los años, de innumerables reformas a la Constitución, a
la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, al código penal, a la ley de adquisiciones, a la
de obra pública, a la de transparencia, etc.. Estos programas y cambios a las
leyes no han servido para disminuir la corrupción.
La razón es que estos intentos que hace el gobierno adolecen de un
grave defecto: la falta de una autoridad anticorrupción realmente independiente.
Instituciones como la Secretaría Anticorrupción (y su predecesora, la
Secretaría de la Función Pública) dependen del presidente de la república; la
Fiscalía Anticorrupción tiene muy pocos recursos y casi no se ha notado su
actuación; el Comité de Participación Ciudadana que encabeza al SNA, no cuenta con la fuerza política necesaria
para coordinar eficazmente el combate a la corrupción.
Además, las instituciones que integran el SNA, salvo una, no tienen
como mandato principal erradicar la corrupción, sino que abordan temas que
inciden marginalmente en ella. Asimismo, intereses políticos impiden que
contribuyan eficazmente a combatir la corrupción.
Si a esto se le suma la falta de voluntad política para atacar la
corrupción –como se evidenció en casos como Segalmex o la Estafa Maestra–
resulta evidente que el combatir la corrupción desde adentro del gobierno no ha
funcionado. Esto se agrava al considerar
que con la reforma judicial, el Poder Judicial ha dejado de funcionar como
contrapeso al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al estar en manos del
partido en el poder, impide la existencia de mecanismos internos al gobierno
que sean eficaces para enfrentar la corrupción.
Ante este panorama, el único contrapeso viable parece ser la sociedad
civil. Los casos sonados de corrupción han salido a la luz principalmente
gracias a investigaciones realizadas por organizaciones ciudadanas y
periodistas de investigación. Ejemplos notables incluyen el “Toallagate” en el
sexenio de Fox; la “Estela de Luz” en el sexenio de Calderón; los casos de la
“Casa Blanca de las Lomas” y la “Estafa Maestra” durante el sexenio de Peña; y
grandes irregularidades en Segalmex, así como en las obras emblemáticas del
sexenio de AMLO.
Entre las organizaciones que han contribuido a revelar estos hechos se
encuentran Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como medios de
comunicación como Latinus, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso
quienes constantemente exponen casos de corrupción. Otros actores, como los
observatorios ciudadanos, el Instituto Mexicano para la Competitividad y
Transparencia Mexicana también han contribuido.
Ante la ineficacia del gobierno para combatir desde adentro la
corrupción, lo que queda es seguir
impulsando y fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil, apoyar al
periodismo de investigación –en el que muchos arriesgan su vida– y crear y robustecer,
a nivel estatal y municipal, a aquellas organizaciones capaces de vigilar y
denunciar los malos manejos de los funcionarios públicos corruptos.
Las investigaciones de estos organismos de la sociedad civil se pueden
convertir en denuncias públicas, aunque quedaría pendiente el que las autoridades
investigaran y sancionaran a funcionarios y empresarios corruptos. Por lo menos
la presión de la opinión pública se haría sentir y se podrían inhibir algunos
de estos comportamientos.
La sociedad civil
debe participar más activamente en este y otros temas fundamentales que le
afectan, como es el caso de la
seguridad, salud y educación. Con su intervención, quizás algún día el indicador de Transparencia
Internacional muestre que nuestro país ha mejorado en el combate a la
corrupción. De lo contrario, la sociedad
seguirá siendo dañada gravemente por este fenómeno
